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La vacuna contra la Covid-19 y la falta de transparencia de la industria farmacéutica

En un ejercicio de transparencia, la institución pública brasileña Fiocruz publicó el acuerdo con AstraZeneca para 100 millones de dosis de su eventual vacuna, aunque preocupa saber por cuánto tiempo operará “sin fines de lucro”. Este es el desafío de los países en desarrollo.

Médicos Sin Fronteras
11 November 2020
Un hombre camina frente a los headquarters de Pfizer, después de que la farmacéutica anunciara que su vacuna es 90% efectiva
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Anthony Behar/SIPA USA/PA Images

A finales de octubre el organismo público de investigación Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil divulgó los términos del acuerdo alcanzado con la farmacéutica AstraZeneca para producir al menos 100 millones de dosis de la vacuna que esta empresa desarrolla junto a la Universidad de Oxford.

En una declaración pública, Fiocruz señaló que el acuerdo brinda una oportunidad positiva para que el país produzca y suministre la vacuna a un precio más asequible.

Aunque este paso debería alentar a otros gobiernos a seguir su ejemplo y tomar medidas para lograr una mayor transparencia, también dejó en el aire algunos interrogantes. El manejo de los derechos de propiedad intelectual y las facultades para definir el "período pandémico” generan inquietud, pues al parecer AstraZeneca se ha otorgado el poder de declarar la pandemia como terminada en julio de 2021. Esto quiere decir que, después de esa fecha, podría cobrar a los gobiernos y a otros compradores precios elevados por una vacuna que fue financiada en su totalidad por dinero público.

Las empresas farmacéuticas como AstraZeneca dependen en gran medida de los fondos públicos para la investigación y el desarrollo (I+D) y la producción de posibles vacunas contra la Covid-19. Sin embargo, ninguna de ellas ha revelado sus costos de I+D, los datos de los ensayos clínicos y los acuerdos de licencia, incluida, por ejemplo, la licencia exclusiva original entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford (cuyos términos definen en gran medida los acuerdos posteriores de la farmacéutica con otros fabricantes de vacunas de todo el mundo).

Las personas con conocimiento de la licencia AstraZeneca-Oxford han cuestionado el compromiso "sin fines de lucro" de AstraZeneca, diciendo que ésta puede cobrar hasta un 20% adicional a los costos asociados con la producción de la vacuna. Además del acuerdo con Fiocruz, tampoco se han revelado sublicencias con otros fabricantes en Sudáfrica, India y otros países. El escrutinio público de los términos de estos acuerdos es fundamental para garantizar un acceso equitativo y asequible a estas futuras vacunas que salvarán vidas.

Por esa razón, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) llamó a los gobiernos a exigir urgentemente a las corporaciones farmacéuticas que sean transparentes sobre todos los acuerdos de licencias de vacunas contra la Covid-19, así como en los costos y datos de los ensayos clínicos, especialmente considerando los miles de millones de dólares de dinero público de los contribuyentes que se han destinado al desarrollo de estas posibles vacunas.

El escrutinio público de los términos de los acuerdos con las farmacéuticas es fundamental para garantizar un acceso equitativo y asequible a estas futuras vacunas que salvarán vidas.

Las corporaciones farmacéuticas tienen un historial muy deficiente de transparencia en todos los ámbitos, desde acuerdos de licencia y transferencias de tecnología, hasta costos de investigación y desarrollo (I + D) y datos de ensayos clínicos. “La poca información que se ha revelado sobre las promesas de una vacuna ‘sin fines de lucro’ de AstraZeneca debería ser una señal de advertencia para recordarnos que no se puede confiar en que la industria actúe en interés de la salud pública, incluso en estos tiempos sin precedentes”, dice Roz Scourse, asesora de políticas de la campaña de Acceso a Medicamentos de MSF.

Los acuerdos sobre licencias alcanzados por varias compañías más que compiten por desarrollar vacunas contra la Covid-19 también permanecen en secreto, a pesar de niveles sin precedentes de financiación pública. Se han invertido más de 12.000 millones de dólares en investigación y desarrollo (I + D), ensayos clínicos y fabricación de las seis vacunas contra la Covid-19 que llevan la delantera, desarrolladas por AstraZeneca / la Universidad de Oxford (más de $ 1.700 millones) Johnson & Johnson / BiologicalE ($ 1.500 millones), Pfizer / BioNTech ($ 2.500 millones), GlaxoSmithKline / Sanofi Pasteur ($ 2.100 millones), Novavax / Serum Institute of India (casi $ 2 mil millones) y Moderna / Lonza ($ 2.480 millones).

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Inversión pública | democraciaAbierta

AstraZeneca ha llegado a afirmar varias veces que el desarrollo de la vacuna no tendrá implicaciones financieras para la empresa, ya que "se prevé que los gastos para hacer progresar la vacuna se compensen con fondos de gobiernos y organizaciones internacionales". MSF también instó a los desarrolladores de vacunas contra la Covid-19 a revelar los costos y los datos de sus ensayos clínicos.

Sin esta información es imposible que las personas, los proveedores de tratamiento y los gobiernos exijan precios asequibles y examinen datos críticos sobre su seguridad y eficacia. Dado que los costos de la I + D y fabricación se han compensado en gran parte, o en su totalidad en el caso de AstraZeneca y Moderna, con contribuciones públicas, el público merece ver un desglose transparente de estos costos y datos.

"Incluso con miles de millones de dólares de dinero público de los contribuyentes que están pagando por estas vacunas, y a pesar de haber miles de millones de vidas en juego, seguimos siendo dejados en la oscuridad mientras luchamos por determinar información crítica como el precio y la oferta de cualquier futura vacuna. Mientras esto no cambie, la industria farmacéutica seguirá teniendo el poder de decidir quiénes tienen acceso, cuándo y a qué precio. Sin una acción decisiva por parte de los gobiernos exigiendo más transparencia a las empresas, el acceso equitativo a las vacunas contra la Covid-19 está en peligro. El público tiene derecho a saber qué contienen estos acuerdos: no hay lugar para los secretos durante una pandemia, hay demasiado en juego", concluye Scourse.

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