En las últimas semanas, el miedo y la muerte han asolado a la población brasileña, especialmente en las favelas de Río de Janeiro, Estado que ha decidido adoptar una política de seguridad alineada con las directrices del gobierno federal. La misma habla de eliminar a los sujetos considerados “peligrosos” y ha disparado el número de homicidios a manos de agentes de seguridad. Asimismo, el paquete de seguridad pública propuesta por el actual Ministro de Justicia y de Seguridad Pública da cabida en el ámbito interno a garantizar que las ejecuciones sumarias cometidas por agentes de seguridad permanezcan en la impunidad.
Pero las masacres claramente no ocurren sobre las arenas de Leblon. La lucha contra el crimen organizado en Brasil ha sido utilizada como justificación para atacar a la población civil afrodescendiente que habita en las favelas y periferias.
Si consideramos los datos oficiales de letalidad, los principales blancos de estas acciones son jóvenes negros. Para poner la situación en perspectiva, de acuerdo con los datos del Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro, sólo en los tres primeros meses de este año el número de personas muertas por la policía fue de 434 en el Estado de Río de Janeiro.
