De no ser así, no puede obligarse a que se confinen en sus hogares a quienes viven al día, no tienen agua corriente durante semanas, sufren de cortes de electricidad durante horas o días y tienen que hacer colas semanales por bombonas de gas. El contexto venezolano no es el mismo que el de los países cuyas poblaciones pueden soportar cuarentenas o aislamientos obligatorios.
Este momento de urgencia y de alta responsabilidad nos apremia a exigir a quienes tienen hoy ejercen la conducción política en Venezuela a llegar a acuerdos para preservar la vida de la mayoría vulnerable de la población venezolana y de garantizarle condiciones de vida digna, mientras nos enfrentamos a los graves impactos de la pandemia del COVID-19.
En primer lugar, es imperativo designar un grupo de alto nivel, interdisciplinario e interinstitucional, conformado por personas expertas nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas, provenientes de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para coordinar la respuesta nacional al COVID- 19. Este grupo debe tener capacidad e independencia de acción y de vinculación con agencias humanitarias internacionales y con organizaciones de sociedad civil nacional e internacional. Las acciones de la Fuerza Armada Nacional y órganos de orden público deben estar subordinadas a sus mandatos.
Dicho grupo debe contar con acceso irrestricto a la información pública y llevar además la vocería conjunta de la respuesta. La población debe estar informada regularmente sobre los retos que plantea la situación sanitaria, económica y humanitaria y las brechas de capacidades en todo el territorio nacional así como de los adelantos en las decisiones y acciones, por los medios públicos y privados, en ruedas de prensa abiertas. Esta será la manera de generar confianza a la población.
La respuesta urgente y necesaria a la amenaza que presenta el COVID-19 solo será posible mediante acuerdos entre los factores que hoy se disputan el espacio de poder político en el país. Por una parte, el gobierno del Sr. Nicolás Maduro, con control fáctico de la respuesta interna y capacidad para abrir al país a una respuesta humanitaria con apoyo de toda la comunidad internacional, en las dimensiones que hace falta y sin restricciones indebidas, para la entrada de medicinas, insumos, alimentos, y su posterior distribución en todo el territorio nacional.
Por su parte, la Asamblea Nacional y su Presidente, el Sr. Juan Guaidó, tienen la confianza y el reconocimiento de 60 gobiernos e instituciones financieras multilaterales, y podrían muy rápidamente solicitar la flexibilización condicionada de sanciones generales y aprobar recursos financieros y en especies para socorrer a la población. Gobierno y Asamblea Nacional son imprescindibles para dar viabilidad a la respuesta necesaria para salvar vidas y ofrecer condiciones de dignidad para las mayorías vulnerables del país.
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