Rukesh Dutta/Flickr. CC (by-nc-nd)
Nuevas formas de trabajos forzosos han proliferado en las últimas décadas ocultas tras la retórica de los mercados libres. Los millones de trabajadoras y trabajadores migrantes precarios que realizan los trabajos más duros en hogares, campos, hoteles y zonas de construcción representan solo la versión más reciente de un proceso centenario que ha visto cómo decenas de millones de personas eran expoliadas y luego trasplantadas para trabajar en minas, proyectos ferroviarios, plantaciones y fábricas clandestinas. Desde la captura y venta de 12 millones de personas africanas transportadas a América hasta la conocida migración culí —que, a partir de 1880, movió a no menos de 17 millones de hombres y mujeres indias y de otras regiones de Asia que fueron sometidas a una situación de esclavitud—, la gente pobre que habita fuera del corazón del capitalismo ha sido siempre el alimento de la industria y el comercio modernos. Sin embargo, se pensaba que la Segunda Guerra Mundial y el régimen de los derechos humanos (DDHH), que emergieron durante las décadas de 1940 y 1950, lo habían cambiado todo al prohibir expresamente las prácticas esclavistas en varias cartas internacionales, recoger derechos fundamentales y abrir el camino hacia la obtención de la ciudadanía en países «de acogida» del Norte global.
Si bien sabemos que estos gobiernos mantienen una retórica de apoyo a dichos principios, la realidad de sus prácticas es diametralmente opuesta. El actual sistema neoliberal sostenido por el trabajo de personas migrantes —firmemente afianzado gracias a las democracias liberales y que es fundamental para la continua expansión del capitalismo— es un régimen de facto de trabajos forzosos. Es al mismo tiempo producto directo de la expulsión de millones de personas de sus tierras en el sur y de la demanda masiva en el norte de suministros de fuerza de trabajo barata. El capital no quiere solo trabajadoras y trabajadores, sino mano de obra precaria y con salarios bajos. La migración y los regímenes fronterizos son eficaces en esta labor, ya que a la gente que cruza las fronteras o emigra internamente hacia zonas liberalizadas se le priva sistemáticamente de su derecho a votar, cambiar de empresa, afiliarse a un sindicato o acceder a los sistemas educativo y sanitario. También se aprovecha la amenaza constante de deportación para garantizar la observancia de estas condiciones. Además de facilitar la explotación severa de trabajadores y trabajadoras migrantes, este sistema castiga también a la mano de obra ciudadana, que ve rebajada sus demandas y expectativas recordándole que siempre puede ser sustituida por migrantes vulnerables.
