Border Field State Park / Imperial Beach, San Diego, California. Tony Webster/Flickr. CC (by)

La movilidad se entiende ampliamente como parte integral de la libertad humana, tanto que cuando lesiones, enfermedades o la vejez restringen nuestra capacidad de movimiento, se nos suele llamar «personas discapacitadas». Esto también es lo que hace que el encarcelamiento, o incluso el arresto domiciliario, sea un castigo tan significativo y aterrador. Ya sea para ir de tiendas, al trabajo o viajar por placer, la movilidad es y siempre ha sido una parte esencial de la vida económica, social, cultural y política de la humanidad. Ser capaz de moverse libremente es un bien. Sin embargo, en un mundo injusto, también es un privilegio otorgado y distribuido de manera desigual.

Históricamente, la movilidad de aquellas personas que carecen de poder social y político ha sido fuertemente restringida por quienes sí ostentan ese poder. Personas esclavas, sirvientas, pobres, mujeres, niñas y niños han visto su movilidad restringida en un momento u otro por quienes están a cargo. Las razones son obvias: la libertad de movimiento permite a la persona subordinada la oportunidad de escapar de la dominación, evadir el control o subvertir el orden social. Controlar la movilidad es controlar a la gente.

Los estados liberales modernos no están menos dispuestos a ejercer este control que sus antepasados no liberales. En todo Occidente, los gobiernos criminalizan de forma rutinaria a las personas sin hogar, atan a las trabajadoras del hogar con sus empleadoras y empleadores, y obligan a las familias que reciben asistencia social a mudarse a un lugar donde la vivienda sea más barata. Estas políticas están diseñadas para disciplinar a las poblaciones «indeseables» y para subordinarlas a los órdenes sociales, económicos y raciales dominantes.

Donde más claramente encontramos esta injusticia es en las políticas de migración contemporáneas. Los estados ricos venden la nacionalidad literalmente a los mejores y más ricos postores extranjeros mientras gastan miles de millones para mantener a raya a las personas pobres y no deseadas. Como vimos durante el año 2015 en el Mediterráneo, y como probablemente seguiremos viendo, esto tiene un costo inmenso de vidas humanas. Estas muertes no son una anomalía. La Organización Internacional para las Migraciones ha estimado que más de 40.000 personas han muerto entre 2000 y 2013 durante traspasos «irregulares», incluyendo 22.000 en las fronteras de la UE. En cualquier otra circunstancia, a esto se le llamaría un crimen contra la humanidad.

Es importante destacar que la violencia de los Estados en contra de las personas que podrían ser migrantes no se da únicamente en las fronteras. Aquellas personas migrantes que sobreviven a viajes peligrosos, o que se vuelven «ilegales» como resultado de visados expirados, fallos en sus solicitudes de asilo o porque no son capaces de navegar la burocracia kafkiana, a menudo se encuentran en situaciones que se hacen eco de ciertas características de la esclavitud histórica. Despojadas de su dignidad y sus derechos, son recluidas en centros de detención con fines de lucro para personas migrantes, coaccionadas violentamente a través de las fronteras durante la deportación y separados a la fuerza de su familia y seres queridos.

Para aquellas personas «afortunadas» que logran evadir a las autoridades e ingresar a Occidente, e incluso para quienes logran obtener visas de trabajo y llegan por canales legales, lo que les espera a menudo es una vida de exclusión y explotación en los sectores más abusivos de la economía. Con frecuencia se les niega o impide acceder a la protección social básica. Si su presencia es ilegalizada, se les prohíbe contribuir a la economía. Si están presentes legalmente, los visados de trabajo a menudo les niegan la libertad de movimiento entre diferentes mercados laborales. En cualquier caso, son empujadas y empujados al siempre necesitado ejército de reserva de mano de obra.

Todo esto es ocultado por el discurso político dominante sobre «trata de personas» y «tráfico de migrantes», una distinción entre lo que supuestamente son dos tipos diferentes de movimientos no autorizados. El «tráfico de migrantes», se nos dice, es voluntario y consensual, la «trata de personas» es coaccionada y es el equivalente contemporáneo de la trata transatlántica de esclavos. Pero los términos también se usan indistintamente. Cuando aparecen cuerpos en la costa o se encuentran descomponiéndose en el desierto, la clase política culpa a «los tratantes» que están «traficando con la miseria humana». Hacen lo mismo cada vez que nos encontramos con cuadrillas de personas migrantes no remuneradas trabajando en nuestros campos. Este encuadre permite que las personas sean vistas como «vulnerables a los tratantes» o «en riesgo de ser esclavizadas» cuando se mueven sin la bendición del estado. También es la razón por la cual «proteger a las personas» se traduce en impedir que se muevan, o en rescatarlas y hacerlas retornar una vez rescatadas. Es lo que permite que el uso de la fuerza letal se presente como una necesidad moral, como en las propuestas de acción militar de la UE para aplastar «redes de tráfico/trata» que operan desde Libia, incluso cuando es más que sabido que el «daño colateral» será la pérdida de vidas humanas. Y sin embargo, en la gran mayoría de los casos, estas personas migrantes y trabajadoras abandonaron su hogar voluntariamente en busca de un futuro mejor. El hecho de que se les haya negado este futuro es una consecuencia de la política, no de la criminalidad.

BTS en Español has been produced in collaboration with our colleagues at the Global Alliance Against Traffic in Women. Translated with the support of Translators without Borders. #LanguageMatters