Calle en Bogotá, Colombia. Anthony Devlin / PA Archive/Press Association Images

La clase media en Colombia ha crecido a partir de factores explicativos similares al resto de América Latina: el crecimiento económico y, en menor medida, la adopción de políticas sociales focalizadas en la disminución de la pobreza extrema. Lejos de constituirse en una clase consolidada, se trata de una clase media vulnerable, por cuanto en la base de su ascenso social está el incremento de su capacidad de consumo por vía del acceso a créditos. Es una clase media endeudada.

A partir de esta premisa, y en relación con el crecimiento de la clase media en Colombia, que de acuerdo con Angulo, Gaviria y Morales (2014), pasó de 16% al 27% entre 2002 y 2011, se subrayan aquí tres aspectos: en primer lugar, de cara al gobierno del presidente Santos, conviene precisar hasta qué punto los pilares del Plan Nacional de Desarrollo –PND- responden a las expectativas de prosperidad prometida por el presidente y en qué medida contribuyen, o no, a la consolidación de la clase media. En segundo lugar, nos preguntamos por el tipo de demandas presentes en las más recientes movilizaciones sociales y su relación o no, con reivindicaciones específicamente de clases, en cuanto un eventual proceso de constitución de la clase media no garantiza en sí mismo su adscripción a una agenda particular de reivindicaciones. Finalmente, una aproximación ineludible a los desafíos que supone el actual proceso de negociación del conflicto armado con las FARC, sobre el  impacto que supone las reformas allí pactadas sobre las reivindicaciones y expectativas de los sectores sociales emergentes.

Las promesas de prosperidad y la incertidumbre de los sectores emergentes

Colombia ha mantenido un crecimiento moderado de su economía, pese al impacto de la crisis económica global. Entre 2005 y 2015, el país ha registrado un índice de crecimiento de su Producto Interno Bruto PIB que oscila entre 3,3 y 4,8. Este crecimiento ha servido a la retórica delos dos periodos de gobierno del presidente Santos, “prosperidad para todos” y “todos por un nuevo país”, y especialmente, a la meta de consolidar la clase media colombiana durante su gobierno. Si bien se reconocen ejecuciones específicas en favor de sectores históricamente vulnerables, especialmente en materia de generación de empleo y del programa de vivienda, es visible también que el crecimiento no se ha visto revertido en mejoramiento de las condiciones de las llamadas clases medias,“asentadas y emergentes”, sobre las cuales recae gran parte del peso de políticas tributarias que afectan de manera directa y sensible su situación socioeconómica.

El propósito del PND de construir una Colombia en paz, equitativa y educada, encuentra para su cumplimiento serios desafíos, que devienen en expectativas frustradas en el decurso  del segundo mandato del presidente Santos. Asuntos como mejorar la cobertura y calidad del sistema educativo, disminuir las diferencias socio-económicas, cerrar las brechas históricas poblacionales y sociales, son entre otros, factores que evidencian lolejos que está la meta de una “sociedad educada, con una fuerza laboral calificada, sin grandes diferencias de ingresos y con ciudadanos que resolverían sus conflictos sin recurrir a la violencia”.

La reducción de la pobreza significó el aumento de la franja de población en condición de vulnerabilidad, al pasar de 8,1 a 8,7 millones de personas entre 2010 y 2013. Para lograr que la población transite de la franja vulnerable hacia la franja superior, se requiere mejorar las condiciones socioeconómicas de este grupo poblacional y asegurar su estabilidad. Reducir la pobreza es una condición necesaria pero no suficiente para consolidar la clase media y lograr una mayor equidad. No obstante, esta tendencia de reducción de la pobreza no se refleja en un incremento importante de la clase media asentada, sino en un aumento de la población que está en una situación vulnerable[1]o sea, propensa a caer nuevamente en la pobreza.

En el análisis de las clases medias debe considerarse, además, la estrategia de construcción de la clase media en el campo mediante la inclusión productiva del campesinado en la economía. Para lograr mayor impacto en la reducción de la pobreza en el área rural, también es necesario el fortalecimiento de las instituciones con un enfoque territorial que considere los impactos diferenciados del conflicto en los territorios.

Así las cosas, la promesa de prosperidad aparece detenida por lo inexorable de una precaria situación socioeconómica en sectores urbanos y rurales, que si bien, van dejando atrás la pobreza, transitan por los límites de una situación que los hace profundamente vulnerables.

Actores y agendas de las protestas sociales

El crecimiento de las clases medias y su relación con la movilización social en Colombia presentan algunas similitudes, pero también, claras diferencias respecto a las tendencias generales de Latinoamérica. Por una parte, los movimientos sociales colombianos comparten agendas y repertorios, pero a diferencia de sus vecinos, es problemático establecer hasta qué punto las movilizaciones colombianas constituyen expresiones de clase, particularmente de clase media, como sí es posible hacerlo en otros países (Argentina, Chile y Brasil).

El modelo económico hegemónico ha sido contestado por distintos actores sociales en América Latina; estos actores han establecido lazos formales e informales que han contribuido a una mayor organización así como a la apertura y aprovechamiento de nuevas oportunidades políticas para la movilización. Las movilizaciones colombianas de los últimos años pueden ser comprendidas como una expresión de este fenómeno, porque desde el decenio de 1990 fueron adoptadas medidas de apertura al comercio internacional, propias de la actual tendencia de la globalización en sentido neoliberal. La contienda política en Colombia ha estado relacionada con los impactos del desarrollo del sector minero-energético, los tratados de libre comercio TLC, los sistemas de salud y educación superior, los derechos laborales y los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, esto no significa que las movilizaciones en Colombia hayan sido protagonizadas por actores adscritos específicamente a las clases medias. Durante 2013, la mayor movilización fue protagonizada por los campesinos, insatisfechos frente a las condiciones sociales y económicas en el marco de la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio.  A las protestas se fueron sumando distintos actores, no necesariamente campesinos, lo cual dio lugar a una amplia movilización social de distintos sectores sociales en un paro nacional.

La diversidad de los actores de la protesta muestra que éstos no han construido un discurso político común ni se auto-identifican como una clase social en particular. Los antagonismos  sobre los cuales se han constituido los actores sociales en contienda si bien pueden aludir a factores de clase no se centran en estos. Como lo ha afirmado el historiador Mauricio Archila, los actores que protagonizan las luchas sociales en Colombia son multiclasistas. Esto es evidente aún en las luchas urbanas, en donde  confluyen agentes de posiciones sociales diversas y se unifican alrededor de demandas ciudadanas transversales a las posiciones de clases bajas, vulnerables y medias. El estado de las vías, la prestación del servicio de energía, del servicio de agua (y de agua potable), de gas domiciliario y servicios básicos en general, así como las afectaciones por construcción de infraestructura, generalmente relacionadas con la contaminación producida por proyectos mineros, han sido fuente de conflictos[2], incorporados a la agenda dedemandas de la ola de protestas ciudadanas. Los actores que han protagonizado tales manifestaciones son habitantes urbanos (de barrios, sectores o comunas) y rurales (campesinos, indígenas, pescadores, y habitantes de corregimientos o veredas), articulados alrededor del tipo de reivindicaciones que venimos señalando.

De este modo, las protestas sociales en Colombia, responden especialmente a un carácter multiclasista, cuya agenda oscila entre reivindicaciones de orden estructural (tierra) y situaciones coyunturales (TLC).Como lo advierte Barrero, las protestas colombianas de los últimos años, con mayor fuerza desde inicios del 2013, reflejan la incapacidad del modelo de desarrollo para traducir el crecimiento económico en reducción de la desigualdad y la inequidad; la brecha entre las demandas sociales y la dirigencia política –a causa de la desconexión entre partidos y sociedad o entre los niveles nacional y sub-nacional de los partidos-  y, la oportunidad política que se deriva del vacío de los partidos políticos para politizar espacios sociales.

Las expectativas y los desafíos del post acuerdo con las FARC

Las expectativas de prosperidad no satisfechas y la creciente movilización social, muestran la incapacidad del gobierno para tramitar y encauzar las demandas sociales. Incapacidad no imputable exclusivamente al gobierno, si consideramos la precaria comunicación con los partidos políticos, no sólo ausentes de las movilizaciones, sino incluso, apartados de éstas por los mismos sectores movilizados. Los partidos políticos no proponen mecanismos, alternativas, fórmulas para solucionar los conflictos, y con frecuencia, ven en las movilizaciones una oportunidad para renegociar su participación burocrática.

El ambiente que genera el actual proceso de negociación con las FARC, conlleva una demanda de reformismo social y de modernización política, que se esperase traduzca en una democratización efectiva del país. Sin embargo, este panorama no se refleja todavía en una agenda que responda específicamente a las demandas de los distintos actores movilizados, especialmente del sector agrario,factor que sería favorable al proceso de paz, en cuanto respuesta a demandas históricas a través de reformas concretas. Esto significa que si bien la agenda presente en las protestas ciudadanas es también, una demanda de paz, ésta debe ir acompañada de respuestas –reformas- que garanticen la consulta e incorporación de la gente y nola persistente respuesta represiva a la movilización.

Alejandro Reyes afirma que “en el proceso de paz no se ha negociado el modelo de desarrollo concentrador y excluyente que caracteriza al país, pero sí se ha pactado una apertura democrática para que los dilemas y conflictos que encierra tengan una salida civilizada y ordenada”. En el mismo sentido, el jefe negociador del gobierno, Humberto De la Calle, ha insistido en que los acuerdos derivarán en la adopción de  reformas que deberían haberse realizado desde tiempo atrás. Con ello se estaría asegurando el tránsito de una sociedad en la cual ha persistido la confrontación armada a un escenario de construcción de paz, en el que se asuman los desafíos que supone ir más allá de los avances alcanzados en materia de desarrollo, atención de expectativas y demandas sociales y, particularmente, en cuanto reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

Los acuerdos en materia de restitución de tierras, atención y reparación a víctimas y participación política, comprometen una serie de transformaciones históricamente aplazadas, que se convirtieron en justificación de la lucha armada y que hoy estarían encaminadas a reforzar los principios de ese Estado Social de Derecho acuñado en la Constitución de1991. Se trata de adelantar, con o sin la firma del acuerdo, las tareas que lleven a lograr su plena vigencia en el sentido de establecer las capacidades institucionales para fortalecer la confianza, generar acuerdos, dirimir conflictos y garantizar el orden constitucional. Resulta simplemente circunstancial que las reformas que se están negociando en La Habana logren impactar a los sectores medios, entre otras cosas, porque las expectativas frustradas de estos sectores sociales, convertidas en descontento ciudadano, vienen siendo instrumentalizadas por la oposición al proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Santos. Pero además, las que se vislumbran como políticas progresistas a partir de la negociación, se ven amenazadas por el imaginario de  sectores sociales que no encuentran en ellas una respuesta a necesidades históricas de la sociedad colombiana, sino la pérdida de la supuesta seguridad conquistada, a la que le han conferido un lugar central y  que sienten en riesgo por los alcances previsibles de la negociación.

[1] La clase vulnerable pasó de 32% a 37% entre 2002 y 2011 (Angulo, Gaviria y Morales, 2014)

[2]Una lectura a las cronologías de conflictividad social elaboradas por el Observatorio Social de América Latina permite afirmar que, durante el primer semestre de 2012, las protestas en Colombia se realizaron en torno a demandas por servicios básicos y vivienda (63 protestas), seguidas de demandas educativas (43), laborales (32),  salud (23) y en relación con la presencia y capacidad de respuesta del Estado (20).