Marcha pacífica en México por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Débora Poo Soto/Demotix. All rights reserved.
El pasado 2 de enero fue ejecutada en su casa Gisela Mota, alcaldesa de Temixco (Morelos), a pocas horas de asumir su cargo; el 23 de diciembre fue asesinado cerca de su casa Alberto Guzmán, dirigente de colonias populares de Chilpancingo; el 19 de diciembre fue asesinado cerca de sus oficinas Martín Negrete, dirigente de la Unión Campesina Obrero Popular Independiente (UCOPI) de Guanajuato; el 25 de diciembre el hijo del dirigente de El Barzón en Chihuahua (Heraclio Rodríguez) fue atacado a balazos en el Ejido Juárez; el 21 de diciembre ejidatarios nahuas de Ayotitlán (Jalisco) solicitaron protección ante amenazas de muerte por una lucha de su tierra.
Al mismo tiempo, las Abejas de Acteal nos recuerdan cómo a 18 años de la masacre de 45 indígenas, ese delito sigue en la impunidad total, incluso con los paramilitares liberados gracias al incumplimiento del “debido proceso”. En Morelos están a punto de liberar con un amparo, también por faltas al “debido proceso”, a los asesinos materiales del activista social del Frente Popular Revolucionario (FPR) Gustavo Salgado y siguen en la impunidad sus autores intelectuales, uno de los cuales, denuncia esa organización, es José Tablas, entonces presidente municipal de Ayala.
