Alrededor de 1.200.000 migrantes de Venezuela se encuentran hoy en Colombia. La crisis social y económica en Venezuela los empuja en busca de mejores opciones de vida, que al final parecen difusas en un país que se esfuerza por brindar soluciones, pero que no consigue integrarlos efectivamente en la sociedad.

Entender la migración en números, sin embargo, nos aleja de una realidad más cotidiana, esa de miles de familias que llegan sin dinero, con niños, muchas veces atravesando ríos y caminando por trochas.

Son personas que en muchas ocasiones no tienen forma de regularizar su estatus migratorio en Colombia, y por tanto no pueden aspirar a un empleo en el mercado formal, afiliarse al sistema de salud pública, ni contar con el respaldo estatal como garante de sus derechos.

Desde 2015, cuando comenzó la migración masiva desde Venezuela, Colombia se ha enfocado en políticas para diagnosticar y regularizar a los migrantes, y para mantener la seguridad dentro del territorio nacional, según la estrategia para la atención de la migración desde Venezuela, publicada en noviembre de 2018 por el gobierno nacional.

El Permiso Especial de Permanencia -PEP- surgió precisamente como una manera de crear un mecanismo de acceso a la oferta institucional y a todos los derechos sociales que le corresponden a un Estado, en aras de la protección de los derechos humanos.

Con el PEP, los migrantes venezolanos pueden tener un trabajo formal, una cuenta bancaria, afiliarse al sistema de salud y a la educación.

Esta medida, no obstante, no se encuentra vigente, y aplica solo para los venezolanos que hayan ingresado a Colombia hasta el 17 de diciembre del año pasado, a través de un puesto de control migratorio y sellando su pasaporte.

¿Qué pasa con los venezolanos que entran al país por trocha? ¿Qué pasa con los que no tienen pasaporte o los que no entraron al país en las fechas estipuladas? Esta medida es en principio excluyente.

Es atípica en contextos migratorios que usualmente dificultan la regularización de las personas, como suele suceder en países tradicionalmente receptores de migrantes, por ejemplo en Europa y Estados Unidos, pero también está condicionada por el tipo y la fecha de entrada en el país.

La realidad de los venezolanos que no logran regularizar su residencia en Colombia se ve marcada entonces por el trabajo informal y la falta de cubrimiento en salud, dos pilares básicos de supervivencia.

Muchos de ellos, incluso cuando tienen altos niveles educativos, se dedican a la venta en calle de dulces, empanadas, café, entre otros, que les genera ingresos apenas para pagar donde dormir y para comer tal vez una o dos veces al día.

Pueden recibir atención médica gratuita en la red de hospitales públicos, solo si se trata de una emergencia, pero ¿qué es una emergencia? ¿quién define si es o no una emergencia? Esto deja un vacío en el cual son los mismos hospitales quienes a su discreción catalogan una situación como de emergencia o no, y deja desprotegidos a los migrantes

Lo cierto es que el gobierno colombiano se ha esforzado por responder al fenómeno migratorio en términos de asistencia en salud. El Ministerio de Salud creó un plan de respuesta para los migrantes procedentes de Venezuela, que define lineamientos básicos para garantizar la salud de las personas.

Esta asistencia se garantiza, independientemente del estatus migratorio, cuando se trata de mujeres embarazadas y lactantes, y niños hasta los 5 años. Para otros tratamientos de igual relevancia, como el de enfermedades crónicas como el cáncer, el VIH/Sida o la diabetes, no existe cubrimiento desde el Estado a menos de que se cuente con una residencia legal en el país.

En otros sectores, la política pública aun no está muy desarrollada. En educación, por ejemplo, el Estado solo ha garantizado el acceso a los colegios públicos para niños y adolescentes sin importar si tienen una residencia regular o irregular en el país.

De hecho, a julio de 2018 había 21.746 menores nacidos en Venezuela matriculados en instituciones educativas en Colombia. Los adultos, por el contrario, no tienen respaldo para ingresar en la educación superior si no cuentan con un estatus migratorio regular. Esto dificulta no solamente la oportunidad de fortalecer capacidades, sino también la inserción laboral.

En empleo, entonces, los migrantes de Venezuela terminan relegados en el mercado informal, que conduce con frecuencia a la explotación laboral y sexual.

Al no poder trabajar de manera formal, estos migrantes no cuentan con contratos laborales que garanticen condiciones de trabajo dignas, y además no pueden afiliarse y contribuir con su salario a los sistemas de seguridad social como las pensiones o la salud.

Al final, el limbo en este sentido los vulnera en sus derechos y también supone una carga fiscal para el Estado, que en últimas no puede dejar de atender a estas personas en casos de emergencias médicas, ni puede negarles a sus hijos el acceso a la educación primaria y secundaria.

Siendo la informalidad la única solución de subsistir que tienen muchos venezolanos, los sectores donde usualmente se desempeñan no requieren niveles educativos altos, y por ello suponen una gran competencia con los colombianos que también buscan trabajos de este tipo.

Así, muchos casos de xenofobia se han originado en un país cuya tasa de desempleo en febrero de este año fue de 11,8%. De hecho, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- publicó recientemente un informe que evidenciaba que, de cada 10 puestos nuevos de trabajo, 7 habían sido para venezolanos. Las reacciones a la difusión de esta noticia estuvieron atiborradas de comentarios xenófobos, y fomentan los problemas de integración de los venezolanos.

¿Cómo solucionar la situación de los migrantes? No existe una respuesta única, pero sí se pueden percibir tendencias que podrían ayudar a consolidar una política pública de recepción más sólida. El primer paso es establecer mecanismos adicionales de regularización, que permitiría incluir a estas personas que no dejarán de llegar por la crisis en Venezuela.

Luego, se trata de generar rutas de atención en sectores primordiales como la educación, el empleo, la salud y la vivienda, entendiendo que no solo la salud es clave en la integración de los migrantes, y que el acceso a los derechos no puede condicionarse con base en el estatus migratorio irregular. La política pública, en estos sectores transversales al proceso de integración, debe ir acompañada de un trabajo para combatir los prejuicios y la xenofobia.

Lo cierto es que Colombia se ha esforzado por recibir adecuadamente a los migrantes de Venezuela. Falta mucho por hacer, y mucho por mejorar, pero las intenciones del país no han sido nunca de cerrarse frente a la crisis social de un país vecino no solo en términos geográficos, sino también culturales e históricos.