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El «modelo sueco» en la política de prostitución penaliza la compra de servicios sexuales bajo la creencia de que solo se puede proteger a las trabajadoras sexuales terminando con la demanda. Países como Suecia, Irlanda del Norte y Noruega han adoptado este modelo, y la cobertura de los medios de comunicación con frecuencia cita el enfoque de forma positiva. Organizaciones feministas como la Coalición Contra la Trata de Mujeres («CATW», por sus siglas en inglés) y el Grupo de Presión de Mujeres Europeas también promueven este enfoque. Su postura es que el trabajo sexual contribuye a la violencia contra las mujeres, ya que fomenta la deshumanización de la mujer y las ideas de privilegio masculinas.

Las trabajadoras sexuales, sin embargo, creen que el modelo sueco pone sus vidas en riesgo y menoscaba sus derechos humanos. Si bien existen críticas a este modelo, es raro encontrar cobertura del mismo sobre la base de evidencia empírica y auténticas experiencias de vida alternativas. Desde el 2003 la sociedad neozelandesa ha experimentado silenciosamente un exitoso modelo radicalmente diferente y singularmente tolerante que despenaliza el trabajo sexual.

La Ley de reforma de la prostitución de Nueva Zelanda («PRA», por sus siglas en inglés) despenalizó por completo el trabajo sexual en 2003. En este país, es legal para cualquier nacional mayor de 18 años vender servicios sexuales. El trabajo sexual en la calle es legal, como lo es administrar un burdel. Los derechos de las trabajadoras sexuales están garantizados a través de la legislación laboral y de derechos humanos.

El camino a la despenalización

Tim Barnett y Catherine Healy saben más que nadie sobre la batalla por la despenalización, y este artículo se basa en las entrevistas que llevé a cabo con ambos a principios de este año. Barnett, un antiguo miembro del Parlamento y el actual secretario general del Partido Laborista, se involucró con la PRA poco después de ganar su primera campaña por el escaño parlamentario de Christchurch Central en 1996. Lo hizo a solicitud de Catherine Healy, la coordinadora nacional del New Zealand Prostitutes Collective (Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, NZPC por sus siglas en inglés), quien solicitó activamente su apoyo para la despenalización. El NZPC fue fundado en 1987 como parte de una estrategia nacional para combatir el VIH/SIDA. Es un organismo financiado por el gobierno que trabaja para mejorar la salud, la educación y los derechos de las trabajadoras sexuales. Tim Barnett accedió, y se adentró en un ámbito político ya vibrante.

Casi una década después de su implementación, la Ley de salones de masaje de 1978 estaba causando controversia porque la policía había anunciado que la legislación efectivamente permitía el trabajo sexual comercial en espacios interiores. Como resultado, un grupo compuesto por el NZPC y grupos feministas liberales bien establecidos, como el Consejo Nacional de Mujeres de Nueva Zelanda y el Colectivo Nacional de Refugios de Mujeres Independientes, empezó a trabajar en una enmienda de ley a favor de la despenalización. Barnett presentó ese proyecto de ley a su partido, que lo respaldó como un voto de conciencia. Posteriormente, poco después de la elección de 1999, se encontró a sí mismo en la situación de poder presentar el proyecto de ley al parlamento. Fue aprobada en el primer debate con 87 votos frente a 21.

Un comité escuchó 222 presentaciones de aportaciones durante los dos años siguientes, de las cuales 56 podrían considerarse feministas. Cuarenta de estas presentaciones, que vinieron de grupos tan diversos como NZPC, la New Zealand Federation of Business and Professional Women (Federación de mujeres de negocios y profesionales de Nueva Zelanda), la Young Women’s Christian Association (Asociación de mujeres jóvenes cristianas), y la AIDS Foundation (Fundación SIDA) apoyaron la despenalización. Las otras 16 apoyaron el modelo sueco y vinieron de CATW internacional, Ruth Margerison de CATW NZ, y la defensora anti-aborto Marilyn Prior, entre otras. Al final, el comité se pronunció a favor de la despenalización, y el proyecto de ley fue aprobado por un escueto margen de 8 votos en su segundo debate en 2002.

En 2003 Nueva Zelanda estaba gobernado por un parlamento más conservador y el proyecto de ley generó una intensa oposición de la comunidad cristiana evangélica. «Se podría escribir un libro entero sobre la última semana, con gente cambiando de opinión a favor y en contra», dijo Barnett. Sin embargo hubo un amplio apoyo público a favor de la despenalización por parte de la Asociación de Planificación Familiar, el sector de salud pública y la comunidad homosexual. En el tercer y final debate, la PRA fue aprobada por 60 votos contra 59 y una abstención.

Barnett cree que el apoyo se debe a una variedad de motivos, «esto suponía quitar el peso del estado de los hombros de las personas, lo que apelaba a los liberales», explicó. «Al mismo tiempo promovía la igualdad de las mujeres, y la gran mayoría de trabajadoras sexuales son mujeres, y dirige los recursos de la policía hacia donde pueden ser utilizados más provechosamente».

En retrospectiva

Quienes se oponían a la PRA, temían que su introducción llevara a una explosión de burdeles y de trata de personas, y en respuesta a esto se incorporó una revisión en la nueva legislación. Diez años después de su introducción el Comité de revisión de la Ley de prostitución concluyó:

La industria del sexo no ha aumentado en tamaño, y muchos de los males sociales vaticinados por quienes se oponían a la despenalización de la industria sexual no se han hecho realidad. En general, la PRA ha sido efectiva en lograr su propósito, y el Comité tiene confianza en que la vasta mayoría de personas involucradas en la industria del sexo están mejor con la PRA de lo que estaban previamente.

El comité de revisión también encargó a la Escuela de Medicina de Christchurch la tarea de llevar a cabo una revisión independiente. Métodos cuantitativos y cualitativos concluyeron que el 90 por ciento de las trabajadoras sexuales creían que la PRA les había dado empleo, derechos legales y de salud y seguridad. Un sustancial 64 por ciento encontró más fácil rechazar clientes. Significativamente, el 57 por ciento dijo que las actitudes de la policía hacia las trabajadoras sexuales habían cambiado para mejor. 

Healy ve estos resultados como evidencia de éxito. «Nueva Zelanda ha tenido quince años para implementar la despenalización», dijo. «Creo que hay situaciones que necesitan ser mejoradas, pero creo que en general hemos visto una industria que ha evolucionado y desarrollado nuevas e importantes relaciones». Barnett fue más conciso en su evaluación de la PRA: «Protege los derechos de las personas que se propuso proteger».

De hecho, uno de los impactos legislativos más significativos ha sido la relación entre la policía y las trabajadoras sexuales. «Antes de la despenalización, existían relaciones, pero usualmente no eran de confianza», explicó Healy. «No sentías que la policía estuviera ahí para protegerte». Esta relación desafortunada obviamente no es exclusiva de Nueva Zelanda, algo que demuestra ampliamente el informe de 2009 Frenar la violencia: violaciones de los derechos humanos de trabajadoras sexuales en 22 países en Europa Central y Oriental, y Asia Central. Sin embargo, Healy detectó un marcado cambio en las relaciones entre la policía y las trabajadoras sexuales después de la promulgación de la PRA. «Con la despenalización la dinámica cambió de forma radical y, lo más importante, el foco de atención ya no estaba en la idea de las trabajadoras sexuales como delincuentes, sino en sus derechos, su seguridad y su bienestar».

Erosionar el estigma, exigir derechos

Si bien la despenalización no ha resultado la cura para todos los males —empleadores todavía discriminan sobre la base de ocupación previa; recientemente ha surgido controversia por trabajadoras de la calle menores de edad en Auckland—, las trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda están empezando a hacer valer sus derechos, ahora que el estigma asociado con el trabajo sexual ha comenzado a disminuir.

El año pasado, por ejemplo, una trabajadora sexual de Wellington demandó con éxito al propietario de un burdel por acoso sexual a través del Tribunal de revisión de derechos humanos. Se le concedieron 25.000 dólares neozelandeses por daño emocional. «A medida que una nueva generación de trabajadoras sexuales empiece a trabajar en un entorno más justo», explicó Barnett, «se irán dando cuenta poco a poco de que ese comportamiento no es tolerable».

Barnett ve como desacertada la persistente campaña por el modelo sueco puesto que la criminalización de las trabajadoras sexuales aumenta su vulnerabilidad al reforzar la percepción de que de alguna manera son víctimas. «Algunas de las personas que venden servicios sexuales son personalmente realmente vulnerables, pero es la ley la que puede protegerlas. Es la ley y su estatus legal lo que puede defender sus derechos», dijo. «[Su] falta de humanidad es reforzada por leyes perjudiciales. [En estos casos,] el estado en realidad está promoviendo el que sean vistas como objetos, el estado está favoreciendo la opresión». Barnett se opone a una legislación enfocada en la demanda ya que cree que su único efecto es empujar a las trabajadoras a la clandestinidad.

Healy tampoco tiene mucha paciencia con quienes continúan defendiendo el modelo sueco. «Hay un esfuerzo determinado por parte de algunas feministas radicales de socavar los derechos de las mujeres que son trabajadoras sexuales por decisión propia en el contexto del trabajo sexual", dijo. «Afortunadamente la ley de NZ ensalza los derechos de las trabajadoras sexuales y no busca debilitarlos».

El modelo sueco fue considerado pero rotundamente rechazado en Nueva Zelanda. En cambio, el parlamento dio prioridad a los derechos de las trabajadoras sexuales y escuchó las voces de las feministas y de las trabajadoras sexuales antes de votar por la despenalización, confiando en que ellas estaban mejor preparadas para hablar sobre su propio trabajo. En verdad, la importancia de escuchar es, con diferencia, la lección más importante que se puede extraer de la experiencia de Nueva Zelanda. «A menudo las comunidades afectadas saben mejor cómo mejorar sus vidas», dijo Healy. «Como trabajadoras sexuales pudimos llevar nuestras ideas a un miembro del parlamento comprensivo y trabajar de cerca con otras personas, dentro y fuera del gobierno, para influir en los cambios legislativos que afectarían directamente no solo nuestro trabajo, sino también nuestras vidas».

BTS en Español has been produced in collaboration with our colleagues at the Global Alliance Against Traffic in Women. Translated with the support of Translators without Borders. #LanguageMatters