Banderas UE-CELAC. Foto: Unión Europea. Algunos derechos reservados.

Las sociedades occidentales se enfrentan hoy a cambios radicales y a un nuevo escenario de incertidumbre. Las democracias liberales están expuestas a presiones externas e internas, y los sistemas de partidos se ven particularmente afectados.

Esto pone en dificultades a las grandes agrupaciones tradicionales, sobre todo las “moderadas”. 

En Europa, por ejemplo, surgen nuevas alianzas y movimientos de lo más variopinto, que desplazan en las urnas a los antiguos partidos “tradicionales”. El ejemplo actual más destacado es el de Emmanuel Macron y su movimiento En Marcha, fundado pocos meses antes de su triunfo electoral. Pero el Movimiento 5 Estrellas en Italia, Podemos en España o Alternativa para Alemania también emergen entre los nuevos protagonistas. 

Este fenómeno no es ajeno a América Latina, donde existe una amplia presión sobre las agrupaciones históricas (especialmente las de centroizquierda). El desmoronamiento del sistema de partidos tradicional puede observarse desde hace tiempo en la región. En los países andinos, este proceso comenzó hace ya unos 10-15 años y últimamente ha ido agudizándose.

Así es que en el “superaño” electoral de 2018, aparecen outsiders con posibilidades presuntas o reales. Su principal herramienta es una retórica orientada contra el establishment.

Así es que en el “súper-año” electoral de 2018, aparecen outsiders con posibilidades, presuntas o reales. Su principal herramienta es una retórica orientada contra el establishment. En general, se trata de personas que incluso han sido miembros de uno o varios partidos tradicionales, pero que ahora los critican con dureza. 

A todos los grupos dominantes se les tilda de populistas: a menudo se trata de una maniobra de distracción, aunque en muchas ocasiones la acusación también resulta justificada.

Dificultades de la socialdemocracia

En los países industrializados, los partidos del campo progresista se ven presionados, sobre todo por cuestiones vinculadas a una demanda de configuración más justa de la globalización. 

Los trabajadores, que solían adherir a estas tendencias políticas, ya no se sienten representados por las fuerzas socialdemócratas y se vuelcan cada vez más hacia alternativas, sean de derecha o de izquierda. En tiempos de producción digital y migración, temen perder sus puestos de trabajo y su identidad cultural. 

En la senda de la globalización no aparecen, en modo alguno, como ganadores. Esto plantea un dilema a los socialdemócratas, que tradicionalmente se han caracterizado por defender la solidaridad internacional. 

Las izquierdas de Europa (y los demócratas en Estados Unidos) no encuentran respuesta frente a la contradicción que supone, por un lado, proteger a la clase trabajadora local y, por el otro, sostener las aspiraciones de desarrollo de las sociedades del Sur, enfrentando a la vez, de manera convincente, el cambio climático y el derroche de recursos.

En este marco, el populismo autoritario insinúa que algunos instrumentos sencillos pueden ser suficientes para resolver la sensación generalizada de pérdida de control.

El compromiso solidario se define hoy más bien a escala nacional, lo que implica que la derecha en Europa logra arrastrar consigo a socialdemócratas y socialistas. En este marco, el populismo autoritario insinúa que algunos instrumentos sencillos pueden ser suficientes para resolver la sensación generalizada de pérdida de control.

Deriva autoritaria y riesgos para la democracia

Además de su peso en los países occidentales industrializados, la democracia liberal ha alcanzado una gran expansión, sobre todo en América Latina. Pero también allí se ve hoy sometida a diferentes presiones. Hay preocupación, no solo en torno a Cuba, sino especialmente por lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Brasil. 

Los casos de Venezuela y Brasil evidencian que, en algunos países latinoamericanos, la democracia corre verdadero peligro y que es vulnerable frente a posibles ataques procedentes de la izquierda o la derecha. El abismo al que se asoma Brasil es impresionante. Lo ocurrido allí era, hasta hace poco, inimaginable. Lo mismo puede decirse del colapso económico venezolano. 

Sin embargo, desde el punto de vista político, hace tiempo que se viene esbozando un camino hacia el autoritarismo, aunque al parecer las señales de alarma no han podido verse, con tanta claridad, en la propia región. Uno de los obstáculos que impide su percepción es el pensamiento polarizado. 

La derecha muestra la situación desoladora de Venezuela y la presenta como el fracaso natural de quienes intentaron reeditar el socialismo, mientras sostiene que, en Brasil, lo único que se ha hecho es restablecer el orden. 

La izquierda, por su parte, tiende a realizar un análisis inverso. Acosado por el imperialismo extranjero, al gobierno de Nicolás Maduro no le queda más opción que defenderse y apartarse en cierta medida del esquema democrático. 

Todos los males se atribuyen a los enemigos, que buscan impedir a cualquier precio el resurgir del socialismo. Ante esa situación, el fin justifica los medios. 

Corrupción y credibilidad

En Brasil, en cambio, las fuerzas imperialistas habrían concretado sus oscuras intenciones – e intentan ahora hacer lo mismo en otros países. Según esta interpretación, las investigaciones por corrupción son un mero instrumento de desestabilización política. Y no cabe duda de que las denuncias en cuestión han generado efectivamente un desequilibrio en Brasil.

La derecha aprovecha cada vez más su posición dominante para quedar a salvo ante cualquier investigación dirigida hacia sus propias filas. 

Pero resulta torpe refugiarse en el papel de víctima ante cada acometida judicial sobre casos de corrupción y argumentar que se trata de los latigazos de una derecha revanchista, orientada a ajustar cuentas con una izquierda que lucha denodadamente por la justicia. 

Si se observa el caso Odebrecht y los países afectados, queda muy claro que no tiene demasiada importancia cuál era la tendencia política de turno.

Este relato hipoteca además el desarrollo de la izquierda y sus futuras posibilidades electorales. Por un lado, porque admite de manera negligente aquello que afirma la derecha, sin fundamentos: que la corrupción sería sobre todo un problema de la izquierda. Si se observa el caso Odebrecht y los países afectados, queda muy claro que no tiene demasiada importancia cuál era la tendencia política de turno.

Con sus gobiernos conservadores, México, Colombia, República Dominicana y Perú también figuran en la lista de funcionarios sobornados. Sin embargo, quien sostiene que las investigaciones sobre el caso Odebrecht sólo son un arma dirigida contra el campo progresista no hace más que consolidar en la opinión pública la idea de que es más fácil corromper a la izquierda. 

El segundo problema está vinculado a la credibilidad. El electorado latinoamericano está harto de la corrupción; por lo tanto, todo indica que en el futuro solo podrán tener éxito las fuerzas políticas en las que se deposite la confianza para combatirla. Esta cuestión podría convertirse en una prueba de fuego para la izquierda. 

Tensión entre política de partido y agenda política

La misma sospecha se teje en los países industrializados: en lugar de servir a las personas de a pie, los actores políticos favorecen a los grandes grupos económicos y financieros. 

La Unión Europea se ha convertido en un sinónimo de estas prácticas. Por lo tanto, en los próximos años, y en ambas regiones, una tarea esencial de la izquierda será reformular, sobre una nueva base, la relación entre el pueblo y las élites. 

En América Latina, la indignación por la corrupción alimenta el desencanto ante la democracia. En Europa, se acusa a la izquierda tradicional de haberse alejado por completo de sus bases históricas. 

Al mismo tiempo, aumentan las críticas al trato preferencial generalizado del que gozan los ricos y las grandes empresas. La situación actual exige reformas urgentes y profundas que, por ejemplo, graven a las compañías transnacionales y establezcan nuevas normativas para regular a los lobbies. 

Tanto en Europa como en América Latina, los políticos se enfrentan a un dilema. Por un lado, si quieren mantener o aumentar sus posibilidades electorales, deben abordar numerosos retos de manera inmediata. 

Por el otro, sin embargo, dado que sus partidos tienen graves problemas internos –que en algunos casos ponen en peligro su propia supervivencia –, casi no les queda tiempo ni energía para dedicarse a las exigencias de la agenda política. 

En este contexto, la lista de reformas necesarias es larga y con muchas coincidencias entre ambas regiones - aunque los puntos de partida son evidentemente muy distintos. 

La política fiscal es la clave

Al evaluar a las fuerzas progresistas de ambas regiones, hay que ver entre otras cosas si apuestan por un Estado fuerte y operativo, que garantice a sus ciudadanos los bienes y servicios públicos necesarios, como seguridad, educación y salud. La clave para lograr estos objetivos comunes es una política fiscal progresiva. 

En América Latina y el Caribe, solo en casos excepcionales los impuestos constituyen un medio para incrementar la justicia social. La distribución de la riqueza es la más desigual a nivel mundial y el grueso de la recaudación proviene de gravámenes indirectos, como el IVA y otros impuestos al consumo, que representan una carga desproporcionada para las personas pobres. 

Se registra un alto grado de evasión fiscal y una baja participación de los impuestos en el PBI. Por ende, no hay recursos para atender las tareas de interés público y mejorar las infraestructuras. 

Hace tiempo que la población percibe que existe una gran desigualdad a la hora de pagar impuestos. Y esa sensación generalizada impulsa el populismo

En Europa, durante los tiempos de Tony Blair y Gerhard Schröder, se bajaron las tasas tributarias sobre los ingresos más altos y los derivados de actividades empresariales. 

Supuestamente, se intentaba reaccionar así a las demandas de la globalización. El politólogo Wolfgang Merkel escribió que la socialdemocracia sencillamente cayó en la tentación (incluso antes de las reformas liberales en materia social y laboral) y el Estado se quitó poder a sí mismo. 

Como consecuencia, la socialdemocracia europea anda agobiada desde entonces. Hace tiempo que la población percibe que existe una gran desigualdad a la hora de pagar impuestos. Y esa sensación generalizada impulsa el populismo. 

La educación y el mercado de trabajo, amenazados

El leitmotiv de todos los discursos socialdemócratas ha sido desde siempre el acceso integral y libre a la educación, como clave para garantizar la igualdad de oportunidades.

Precisamente en un contexto marcado por la llegada de inmigrantes procedentes de otras regiones, esa norma es el elemento más convincente para la integración. 

Además, debido a la producción digital, el aprendizaje permanente se torna indispensable. Es necesario que los europeos realicen grandes esfuerzos e inversiones para asegurar la viabilidad de sus sociedades y sus economías nacionales. En América Latina, la educación y la capacitación también juegan un papel central. 

Aunque en los últimos años se han logrado avances en los niveles de enseñanza primaria y secundaria, la proporción general de estudiantes universitarios continúa siendo baja y muy pocos se dedican a alguna de las disciplinas englobadas bajo el concepto CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

Los sistemas educativos no se ajustan a las exigencias del mercado laboral y la formación profesional resulta deficiente en relación a los parámetros internacionales. Con el creciente proceso de comercialización que afecta al sector, el acceso a establecimientos educativos de alta calidad depende cada vez más del nivel de ingresos de la familia.

La producción digital producirá un cambio radical en el mundo laboral. Hoy se debate intensamente cuáles serán sus consecuencias no sólo sobre la oferta de puestos de trabajo y la exigencia de capacitación, sino también sobre determinadas cuestiones sociales (como la compatibilidad entre familia y profesión). 

El espectro de opiniones abarca desde promesas eufóricas de salvación hasta advertencias alarmistas que vaticinan el fin del trabajo, con sus correspondientes repercusiones económicas negativas para amplias franjas de la población. 

En las sociedades industrializadas, existe una gran incertidumbre. Y los partidos socialdemócratas se someten a prueba: habrá que ver si pueden afrontar esta cuestión con audacia y diseñar escenarios viables para el futuro, que otorguen una orientación justa a las políticas laborales y sociales. 

En el mercado de trabajo latinoamericano se acentúa todavía más la dicotomía a consecuencia de la digitalización. Hasta ahora no aparecen opciones para enfrentar el momento en el que los productos agrícolas y las materias primas también puedan obtenerse en gran medida de forma sintética - lo que suprime, al menos en parte, las ventajas comparativas de la región. 

Las políticas industriales todavía no contemplan las consecuencias de la producción 3D, que impulsa la relocalización de los centros de producción situados en países con costos laborales bajos y su regreso a los países industrializados.

La derecha de la región no cuenta con un programa para el futuro. Sus recetas continúan siendo las del Consenso de Washington: apuntan a fortalecer la economía mediante la desregulación y la reducción de los impuestos.

El tema de la producción digital está estrechamente vinculado a la urgente necesidad de reestructurar las economías nacionales. En tiempos de cambio climático y escasez de recursos, los partidos y movimientos de izquierda tampoco cuentan con la visión ni la audacia necesaria para mostrar cómo asegurar (en Europa) o mejorar (en América Latina) el nivel de vida y cómo desarrollar las economías. 

Las declaraciones gubernamentales y los programas de los partidos coinciden en que es inevitable emprender una transición socio-ecológica. Pero no se está dispuesto a salir de los caminos trazados habituales.

Esto ocurre tanto en Europa (donde los trabajadores industriales conformaban el núcleo del electorado socialdemócrata) como en América Latina (donde la exportación de materias primas y de productos agrícolas permite obtener efectivo con mayor rapidez).

Si se compara la década de gobiernos de izquierda con la situación actual en América Latina, queda muy claro que las administraciones de derecha y/o liberales siguen este camino sin siquiera un atisbo de crítica. 

La derecha de la región no cuenta con un programa para el futuro. Sus recetas continúan siendo las del Consenso de Washington: apuntan a fortalecer la economía mediante la desregulación y la reducción de los impuestos. 

El problema es que la competitividad de las economías nacionales latinoamericanas no se resuelve con una aceleración de la puja a la baja (en el plano tributario, ambiental y social). 

A primera vista, dadas las condiciones iniciales tan distintas, se podría pensar que es imposible formular soluciones en común. Pero esta impresión resulta engañosa.

Lo que hay que hacer es mejorar el nivel educativo y combatir la informalidad en el mercado laboral. La calidad de los bienes y servicios públicos es insuficiente. El desarrollo de las infraestructuras está paralizado.

Soluciones en común

A las fuerzas progresistas latinoamericanas se les castiga también hoy por no haber realizado suficientes reformas sustanciales en materia de educación, infraestructuras y servicios públicos. 

Aunque evidentemente los países occidentales industrializados siguen exhibiendo un nivel muy superior en estos terrenos, no se deben subestimar los grandes déficits que pueden observarse también allí en dichas materias. 

Aunque parten de un nivel alto, los países del Norte están bajando cada vez más sus estándares. Eso también explica el creciente descontento del electorado.

Los desafíos en Europa y América Latina son similares. A primera vista, dadas las condiciones iniciales tan distintas, se podría pensar que es imposible formular soluciones en común. Pero esta impresión resulta engañosa. 

Las tareas descritas – la reestructuración de las economías nacionales bajo una premisa socio-ecológica, la necesidad de afrontar la producción digital, la creación de un sistema migratorio moderno, el encauzamiento del poder de las corporaciones transnacionales y otros grupos económicos globales, la reforma del sistema fiscal internacional – son desafíos que deben abordarse y resolverse a escala mundial.