La noche del 19 de febrero de 2025, la policía despertó a Rosalina González, de 59 años y madre de tres hijos, en su casa de Chilamates, una zona rural del noroeste de El Salvador. Ella vio cómo se llevaban a sus dos hijos adultos y a su nuera embarazada. "Apenas ella tenía como dos meses de embarazo", dice.
Los tres fueron acusados de estar vinculados a las pandillas. "Mis hijos eran de trabajo", dice González, quien hasta el día de hoy defiende con firmeza su inocencia. "Mis hijos son honrados, así se lo digo, no porque sean mis hijos. Acá podría dejar hasta un billete en esta mesa y ellos no lo tocaban".
La nieta de González nació unos meses después en la penitenciaría de Izalco, una prisión de máxima seguridad en Sonsonate, en el oeste de El Salvador, con un historial documentado de torturas y abusos. La bebé, que ahora tiene nueve meses, sigue recluida allí con su madre, su padre y su tío.
Acusados de agrupación ilícita – un cargo habitual utilizado bajo el régimen de excepción que rige en El Salvador para encarcelar a personas por supuestas conexiones con pandillas –, los hijos y la nuera de González no han sido condenados por ningún delito.
Sin embargo, al igual que a miles de personas detenidas por el régimen de excepción, se les niega el derecho a comunicarse con alguien fuera de la prisión.
Aunque González denunció la detención de sus familiares ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, no ha habido avances en el caso.
“¿Qué hizo el bebé? Eso es lo que se pregunta uno”, dice Sylvia Portillo, suegra del hijo menor de Rosalina González. "Los bebés no tienen nada que ver".
El régimen de excepción, que el gobierno de El Salvador impuso el 27 de marzo de 2022, permitió detener y encarcelar a más de 90.000 personas, entre ellas los hijos y la nuera de González.
La medida, que sigue vigente, suspendió derechos constitucionales fundamentales con el declarado objetivo de desmantelar redes criminales que ejercían un poder considerable en el país centroamericano.
El régimen permitió operar cambios sin precedentes en El Salvador. El presidente Nayib Bukele, que se autodenominó "el dictador más cool del mundo" en su perfil de X, presume ahora de un supuesto índice de aprobación del 94%, mientras que la tasa de homicidios del país pasó de ser una de las más altas de América Latina a la más baja de la región.
Pero Bukele es blanco de críticas generalizadas de organizaciones de derechos humanos, que afirman que el régimen de excepción propició un alarmante retroceso democrático y una explosión de detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia.
Andrés Dimas
Entre las personas arrastradas por la ola de detenciones se encuentran miles de niños y mujeres embarazadas.
"Tenemos el caso de los niños que han nacido en la cárcel, que sus madres fueron capturadas embarazadas; hay otros niños que han muerto por falta de atención médica en la cárcel", dice a democraciaAbierta el activista Samuel Ramírez, fundador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR). “Por más que la familia, la abuela pedía que se lo devolvieran, no se lo devolvieron".
En febrero, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su profunda preocupación por las condiciones de las mujeres embarazadas en el sistema penitenciario salvadoreño, y subrayó la falta de atención pre y posnatal adecuada, así como un entorno inadecuado para niñas y niños detenidos.
Al menos cuatro bebés murieron debido a las malas condiciones y a la escasa atención médica en las cárceles, con causas que incluyen neumonía e insuficiencia hepática.
No se sabe cuántos bebés están creciendo en el sistema penitenciario salvadoreño, pero más de 3.000 niñas y niños han sido detenidos bajo el régimen de excepción, según un informe de Human Rights Watch. Algunos, que fueron liberados, han relatado que sufrieron torturas y malos tratos mientras estaban bajo custodia.
La abogada defensora Lucrecia Landaverde recuerda vívidamente los primeros días del régimen de excepción.
"Cuando empezó, allá en marzo de 2022, se hicieron capturas masivas sin ningún control", dice Landaverde a democraciaAbierta. "[En nuestro despacho] parecíamos una clínica de salud, donde 24 horas llenísimo de gente llorando en la sala de espera porque les habían capturado a niños pequeños".
Landaverde cree que muchos de los niños detenidos nunca tuvieron nada que ver con las pandillas. Describe el caso de un adolescente de 13 años que fue detenido por negarse a compartir su pollo frito con unos agentes de policía.
“Capturaron al niño, le quitaron el pollo y lo llevaron preso y lo acusaron de agrupaciones ilícitas; y se comieron el pollo", dice.
En marzo de este año, un grupo internacional de expertos acusó al gobierno de Bukele de crímenes contra la humanidad, incluido el encarcelamiento de menores.
Pero el régimen no parece que esté dando marcha atrás.
El 26 de abril entró en vigor una reforma que introdujo la cadena perpetua para menores de tan solo 12 años por delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a una banda criminal. Antes de esta reforma, los adolescentes de entre 12 y 15 años podían recibir una pena máxima de 10 años por pertenencia a pandillas, y de hasta 20 años si tenían entre 16 y 18 años. Esos límites ya no existen.
La medida generó "profunda preocupación" de UNICEF y del Comité de los Derechos del Niño de la ONU que, en una declaración conjunta, advirtieron que "contraviene los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño".
En El Salvador, hay quienes ven este endurecimiento como parte de la continua represión de Bukele contra la libertad de expresión. "Este es un mensaje para la juventud, que nadie tiene que llevarle la contraria al régimen, nadie tiene que expresarse aquí", dice Samuel Ramírez.
Lucrecia Landaverde teme que el cambio sea especialmente peligroso en un sistema judicial que, según ella, ya está muy sesgado contra los acusados. Muchos salvadoreños, asegura, han sido condenados exclusivamente en base al testimonio de un agente de policía o de un ‘testigo colaborador’, un miembro de una banda condenado al que se le ofrece reducción de la pena a cambio de testificar a favor de la fiscalía.
“El premio consiste en que le disminuimos la sentencia o hasta perdonamos sus delitos a cambio de que nos ayude a testificar y a señalar a todos, sin importar que se esté inventando todo", afirma Landaverde. "El delincuente se protege él y protege a los suyos, a los de su familia, y empieza a señalar a gente que ni conoce".
Este tipo de testimonios, argumenta Landaverde, rara vez se examinan adecuadamente. La abogada asegura que un juez llegó a solicitar su detención durante una audiencia pública porque ella interrogó a un testigo de la acusación.
"Es muy probable que niños inocentes van a terminar con cadena perpetua", dice.
Rosalina González pasa gran parte de su tiempo sola, sin poder visitar ni hablar con sus familiares detenidos. "Lo que siente uno que se está muriendo por dentro", dice. "Me destruyeron la vida. Me destruyeron mis hijos".
González vive en el esqueleto de la casa que sus hijos estaban levantando cuando los arrestaron. Sin nadie que continúe la obra, la sala principal sigue sin techo.
Ella está en lo que una vez fue el dormitorio de su hijo menor. Con cuidado, saca algunas de sus pertenencias de una bolsa de plástico y las coloca en fila sobre la cama. Contra una pared cuelga una fotografía del joven, junto a una colección de juguetes infantiles y dibujos de su hija de 6 años.
La niña, ahora al cuidado de su otra abuela Sylvia Portillo, está de visita en la casa de González.
"Mi papá siempre me quitaba el sombrero cuando me lo ponía, para jugar”, recuerda la niña. Ella no conoce a su prima, la bebé de nueve meses.
Se desliza por el piso de tierra de la sala sin techo, saltando alegremente entre las franjas de sol y sombras que forman las vigas. De una mano le asoma un abanico rosado. Bailando de puntillas sobre el polvo, lo usa para taparse la cara ante un público imaginario.
Adentro, la abuela vuelve a guardar las pertenencias de su padre.
democraciaAbierta envió preguntas a la presidencia de El Salvador sobre los abusos del régimen de excepción y las críticas a la detención de bebés y niños y a la prisión perpetua para niños desde 12 años, pero no obtuvo respuestas.
Euan Wallace es periodista y fotógrafo independiente. Su trabajo se centra en los derechos humanos y la crisis climática en América Latina. Actualmente reside en Bogotá, Colombia.
Martina Mariano es periodista independiente y aspirante a antropóloga, y reside en Bogotá, Colombia. Su cobertura es sobre derechos humanos y migración.
