A finales de 1949, mineros del carbón de Enugu, la ciudad del sudeste nigeriano que por entonces era la capital administrativa de la Región Oriental Británica, iniciaron una protesta de ‘trabajo a reglamento’. Reclamaban por malas condiciones laborales, escasos beneficios sociales y atraso en el pago de salarios.
No era la primera vez que protestaban. Cuatro años antes, los mineros habían participado en una huelga general nacional contra el elevado costo de vida junto con los trabajadores de otros sectores. En aquel entonces, las autoridades coloniales habían bloqueado el acceso de los mineros a las minas, por temor a que tomaran el control de la lucrativa producción de carbón.
Esta vez, en 1949, los mineros ocuparon su lugar de trabajo y montaron piquetes. Insistían en que las autoridades coloniales los escucharan. No iban armados.
En respuesta, el 18 de noviembre, las autoridades enviaron a la policía para "sofocar la huelga" y retirar explosivos de la mina, supuestamente por temor a que los huelguistas pudieran utilizarlos. Los mineros continuaron su protesta no violenta, atándose tiras de tela roja a los cascos como símbolo de unidad y entonando canciones de solidaridad.
Al parecer, el superintendente de policía británico F.S. Philip se puso nervioso ya que consideró que las tiras de tela roja eran "insignias paramilitares". Abrió fuego contra los huelguistas, y sus hombres lo siguieron con decenas de disparos durante varios minutos.
Cuando el tiroteo terminó, 21 mineros y un transeúnte habían muerto y otros 51 resultaron heridos, según Coal Atlas, un informe de 2015 elaborado por las oficinas alemana y nigeriana de la Fundación Heinrich Böll, y Amigos de la Tierra Internacional, una red de organizaciones ecologistas de base.
Poco después, la administración colonial creó la Comisión Fitzgerald para investigar las muertes. Su informe, publicado en junio de 1950, concluyó que Philip había cometido "un error de juicio" y que sus acciones "no estaban a la altura de lo que cabría esperar de su rango y antigüedad". El informe también culpaba a los manifestantes, alegando que ellos provocaron tal reacción.
Ni Philips ni ningún otro oficial británico fue procesado jamás por la muerte de los mineros. Casi ocho décadas después, las familias de los mineros siguen luchando por justicia, y a principios de este año parecía que por fin podrían conseguirla.
En febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Enugu ordenó al gobierno británico pagar 420 millones de libras esterlinas en concepto de indemnización (20 millones de libras a cada una de las familias de los 21 mineros del carbón) en un plazo de 90 días, y publicar un pedido de disculpas en los periódicos nacionales de Nigeria y del Reino Unido en un plazo de 60 días.
"Me sentí muy bien y satisfecho [con la sentencia]. Los amos coloniales nunca consideraron lo que hicieron como un delito, sino como su derecho", dijo Mazi Greg Onoh, activista de derechos humanos y residente en Enugu que presentó la demanda contra el gobierno británico.
Pero ambos plazos vencieron, y el gobierno británico no se disculpó – ni siquiera respondió – por su responsabilidad en la muerte de los mineros, y tampoco pagó indemnización alguna.
Exigir responsabilidades al gobierno británico
La masacre de 1949 es una de las mayores injusticias de la historia colonial de Nigeria. Los historiadores creen que fue un catalizador del movimiento anticolonial que finalmente condujo a la independencia en 1960.
"Ya existían reclamos de independencia y las conversaciones estaban en marcha. La masacre fue un punto de referencia para quienes insistían en que los colonialistas se marcharan", declaró el historiador Oludamola Adebowale a la BBC cuando se anunció la sentencia judicial a principios de este año.
El activista Greg Onoh cree que la masacre puso de relieve la brutal represión de la administración colonial, que mientras tanto obtenía inmensos beneficios de la producción de carbón en la región.
El ingeniero de minas británico Albert Kitson descubrió carbón en Enugu en 1909, mientras buscaba plata. Mediante trabajo forzoso, las autoridades coloniales comenzaron a explotar el carbón, que utilizaban para mover los trenes en Nigeria y para exportar.
Los mineros, mal pagados y a menudo obligados a esperar salarios atrasados, eran el principal sustento de sus familias. Sus muertes sumieron a sus seres queridos en una profunda pobreza.
"Mataron a mi padre", dijo Mercy Ekeowa, de 78 años, llorando y golpeándose el pecho con rabia. Ekeowa, que entonces solo tenía un año, dijo que llora cada vez que recuerda el incidente. "No podíamos ir al colegio. Mi madre me educó, pero dejé los estudios en primaria porque no había dinero. Mi madre sufrió mucho antes de morir en 2013".
Desde 2001, un grupo de mineros liderado por Hyacinth Ohagwu, jubilado de Enugu, ha cuestionado los registros oficiales de la masacre, alegando que el número de víctimas mortales fue mucho mayor que las 21 oficiales.
El grupo visitó las comunidades afectadas, habló con los líderes tradicionales, obtuvo fotos y documentos de trabajo relevantes y realizó entrevistas a familias que perdieron al menos a un miembro en la masacre. Gracias a su labor de documentación, afirma el grupo, descubrieron que muchas muertes no se registraron oficialmente, por ejemplo las de quienes fallecieron en el hospital por sus heridas.
El activista Greg Onoh se basó en el trabajo del grupo de Ohagwu para recabar más información de los archivos y realizó nuevas entrevistas a personas que recordaban los asesinatos. Armado con estas pruebas, el 2 de junio de 2025 interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Enugu, pero solo en nombre de las familias de las 21 víctimas iniciales, por ser las únicas oficialmente reconocidas.
Los demandados son los gobiernos británico y nigeriano y sus representantes, entre ellos Yvette Cooper, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido, y el rey Charles, en su calidad de jefe de la Mancomunidad.
En febrero de este año, el magistrado del Tribunal Superior de Enugu, Anthony Onovo, falló a favor de Greg Onoh. El juez dictaminó que las acciones de la policía colonial habían violado leyes nacionales e internacionales, y ordenó un pedido de disculpas y una indemnización al gobierno del Reino Unido.
Patrick Agazie, uno de los abogados de Greg Onoh, cree que la sentencia representa un hito significativo en la búsqueda de justicia por los agravios y las injusticias coloniales. Dado que el gobierno británico no envió abogados ni representantes a las audiencias del juicio, se lo notificó con una copia certificada de la sentencia.
Sin embargo, hay una preocupación creciente. Es posible que el gobierno británico no acate la sentencia judicial. Agazie insiste en que está legalmente obligado a hacerlo, o se enfrentará a un proceso de "ejecución de sentencia", en el que los abogados de Greg Onoh solicitarán al Tribunal Superior de Londres que la sentencia se registre y se ejecute en el Reino Unido.
"También podríamos embargar propiedades [del Gobierno británico] en territorio nigeriano", añadió.
El magistrado Onovo también ordenó al gobierno nigeriano que iniciara y mantuviera un diálogo diplomático con su homólogo británico sobre justicia, medidas correctivas efectivas y reparación en un plazo de 90 días.
Así, el juez aceptó el argumento del demandante Greg Onoh de que si bien el gobierno de Nigeria no existía en 1949, ahora tiene el deber constitucional de defender y hacer valer los derechos fundamentales de los nigerianos, incluidos los 21 mineros y sus familias. El plazo para cumplir este fallo también venció sin que el gobierno nigeriano haya respondido públicamente.
No es la primera vez que se ordena al Reino Unido pagar por las brutalidades cometidas en el extranjero durante su dominio colonial. En 2013, Londres acordó pagar 20 millones de libras a kenianos torturados por las fuerzas coloniales durante el levantamiento de los Mau Mau contra el dominio colonial británico en la década de 1950, en el que murieron miles de personas mientras luchaban por la libertad y por recuperar tierras robadas.
"La indemnización se pagó directamente a unas 5.000 víctimas identificadas por la Comisión de Derechos Humanos de Kenia y el bufete de abogados londinense Leigh Day. Se les pagó inmediatamente después del acuerdo", dijo a openDemocracy Daniel Leader, abogado y socio de Leigh Day.
openDemocracy intentó entrevistar al Ministerio de Asuntos Exteriores, de Mancomunidad y de Desarrollo sobre el juicio nigeriano, pero no hubo respuestas.
Mantener vivo el nombre de la familia
Para las familias de los mineros, la falta de respuesta del gobierno británico a la sentencia significa que su dolorosa lucha por la justicia continúa.
La madre de Sylvia Amu estaba embarazada de siete meses de su tercer hijo cuando su padre murió en la mina. El padre de Amu trabajaba en turnos de noche, recuerda ella, y cuando llegó a casa la mañana del 18 de noviembre, regresó a la mina casi de inmediato para unirse a la protesta de sus compañeros, a pesar de que su esposa le suplicó que no lo hiciera.
"Nunca volvió", dijo ella. Cuando su hermano gemelo, único hijo varón, falleció sin casarse ni tener hijos, Amu decidió no contraer matrimonio y, en cambio, adoptar a dos niños varones para perpetuar el linaje y el apellido de su padre.
"Adopté [a los niños] para que el nombre de mi padre siguiera vivo. No es fácil porque cuidar de los niños [sola] es difícil", dijo Amu, cuya madre falleció en septiembre de 2015.
Azuibuike Anyasodo, cuyo tío Sunday Anyasodo fue la primera persona asesinada en la masacre, dijo que todavía se siente triste por no poder escuchar los cuentos de hadas que hacía su tío.
"Lo habría visto si no lo hubieran matado", dijo. "¿Cómo pueden venir a la tierra de alguien a matar?".
