Este artículo forma parte del especial "Elecciones Colombia 2018: despolarización y desinformación" producido en alianza con la Revista Nueva Sociedad y La Fundación Friedrich Ebert.

La matriz de conflictos ambientales en Colombia podría verse, en perspectiva, como un tema polarizador: lleno de aristas y opiniones diversas. Pero es, ante todo, una discusión necesaria para el futuro del país. No sólo por la posición privilegiada que tenemos frente a otros países en materia de biodiversidad, sino por la forma en que estamos gestionando nuestros recursos naturales y la inequidad que esta gestión genera.

En estas elecciones, los ciudadanos demandan de las campañas respuestas y propuestas frente a un amplio espectro de problemas ambientales: la minería ilegal, la conservación de las zonas antes ocupadas por la guerrilla, la deforestación, la calidad del aire en las ciudades, el uso de sistemas de transporte no contaminantes, la disposición de basuras a cielo abierto y la protección de la reserva Van der Hammen, una reserva ambiental en Bogotá que el alcalde Peñalosa busca urbanizar. 

No obstante, tal vez el tema ambiental sobre el que más se ha discutido en la contienda electoral, y que ha generado más polarización, es la minería y la explotación de hidrocarburos. Frente a ese tema se debaten, sobre todo, dos aspectos: el uso de la técnica fracking y el derecho de la ciudadanía a determinar si permite actividades extractivas en su territorio, es decir el derecho a la consulta previa.

La industria petrolera y carbonera ha tenido una bonanza en los últimos años en Colombia: los precios del crudo han estado alrededor de los 100 dólares por barril y su producción ha alcanzado hasta el millón de barriles al día. Sin embargo, la bonanza no ha representado una reducción de los índices de desigualdad: Colombia sigue siendo el segundo país más desigual en América Latina y el Caribe. Tampoco se ha reflejado en un aumento del presupuesto para ciencia y tecnología, una inversión que permitiría desarrollar modelos de transición hacia la diversificación de actividades económicas que aprovechen la diversidad biológica y cultural del país. Y la lista de áreas que podrían beneficiarse de los réditos de la bonanza, y que no lo han hecho, es larga: proyectos de producción agropecuaria, proyectos de turismo, mejora de la infraestructura de transporte, proyectos de energía alternativa, etc.

Los ciudadanos demandan de las campañas respuestas y propuestas frente a un amplio espectro de problemas ambientales: la minería ilegal, la deforestación, la calidad del aire en las ciudades.

Se estima que con la producción actual, que rodea los 850.000 barriles por día, las reservas de petróleo convencional en Colombia se agotarán en más o menos cinco años. La presión de mantener los niveles de producción, y de saber paralelamente que las reservas de petróleo pueden estar próximas a acabarse, ha llevado a la industria y a sectores de la esfera política a poner sobre la mesa el tema de la exploración y producción de petróleo no convencional o fracking —una técnica que permite extraer petróleo de difícil acceso alojado en capas profundas de tierra—. Y esas discusiones no han cesado ni siquiera en los casos en que la explotación afectaría zonas de importancia ambiental como el piedemonte oriental o los parques naturales Sumapaz y Chingaza, en la región andina.

Y, por otro lado, y puramente desde el punto de vista económico, ¿qué tan estratégico es que la economía del país se sostenga sobre una actividad a la que le espera un rápido agotamiento de sus reservas? ¿A qué competitividad comercial puede aspirar Colombia si su estructura económica se basa en la exportación del petróleo?

Otro factor que estaría ignorando una política de Estado basada en la economía extractiva, es la voluntad ciudadana. En varias regiones del país, los megaproyectos mineros han despertado grandes movilizaciones de gente que se les ha opuesto y que han solicitado la realización de consultas populares que les permitan rechazar la presencia de los mismos. Lo que pasó en Cajamarca es una prueba de eso: en 2017 casi el 98 por ciento de la población de ese municipio del Tolima le dijo no, en una consulta, a la llegada de la empresa AngloGold para la explotación de oro.

¿A qué competitividad comercial puede aspirar Colombia si su estructura económica se basa en la exportación del petróleo?

El ejemplo más reciente del rechazo de la ciudadanía por las actividades extractivas, y del tipo de debate que ha generado en épocas electorales, es el derrame de petróleo en la región del Magdalena medio proveniente de un pozo de Ecopetrol. El derrame generó la contaminación de dos fuentes hídricas, el caño La Muerte y la quebrada La Lizama, con lodos e hidrocarburos: una emergencia ambiental que además afectó a poblaciones cercanas al río y a varias especies de animales. Si bien aún se desconocen los mecanismos que originaron el fallo del pozo —que se encontraba fuera de funcionamiento desde hace meses—, el desastre provocó un incremento del rechazo de las comunidades a la industria extractiva —con manifestaciones y protestas— y además puso el tema en boca de los candidatos presidenciales.

Frente a todo este panorama, y a las posiciones opuestas, es claro que el próximo presidente de Colombia tiene la responsabilidad de aclarar cuál será su posición ante la explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking). Las primeras campañas que dijeron no al fracking fueron la de Humberto De La Calle y la de Gustavo Petro. La  Coalición Colombia de Sergio Fajardo al principio decía ‘moratoria’, y al final se decidió por el no rotundo. Lo que ha sido evidente hasta el momento es que las campañas presidenciales que no habían rechazado el fracking, han venido endureciendo su posición: la campaña de Iván Duque ha pasado de posiciones ambiguas frente al fracking a un rechazo total; la de Germán Vargas Lleras pasó de aceptar la técnica a asegurar que la acepta pero con condiciones. Y es muy probable que, en los dos casos, el cambio de opinión sea una respuesta al cada vez más visible rechazo ciudadano frente a la economía extractiva.

De la mano de esta decisión, el próximo presidente deberá tener en cuenta y emprender la diversificación económica. Sobre ese punto no hay tanta disputa entre los candidatos, pues todos coinciden en la importancia del fortalecimiento de la agroindustria y del turismo, por ejemplo, para reemplazar el petróleo de la balanza comercial.

Y finalmente, deberá decidir si respalda los procesos de consultas populares o si  modifica el mecanismo.

Las primeras campañas que dijeron no al fracking fueron la de Humberto De La Calle y la de Gustavo Petro.

Sea cual sea el escenario, aceptar el fracking en Colombia es continuar con una economía basada en el extractivismo y, además, es poner en riesgo las fuentes de agua: pues la técnica usa grandes cantidades del recurso y trae consigo un alto riesgo de contaminación del agua. No afrontar el reto de emprender la diversificación económica puede mantener un sistema productivo depredador de la tierra, los bosques y el agua. Por otro lado, someter el proceso de consulta popular a revisión, es retroceder en el avance de la democracia participativa: es enterrar un mecanismo que apenas comienza a ser usado antes de que pueda madurar. Y finalmente, el próximo mandatario deberá diseñar y legislar sobre los mecanismos que garanticen que no asumiremos en el futuro pérdidas ambientales en beneficio del sector petrolero por procedimientos deficientes, como en el caso del derrame de Ecopetrol.

Todos estos temas son fundamentales para el futuro ambiental y económico del país, y las posturas de los candidatos frente a dichos temas dejan claro qué tipos de gobierno tenemos como opción y cuáles son los que más se ajustan a un futuro más amable con el ambiente, las comunidades y los recursos naturales. Infórmese y tenga claro que el voto, su voto, tiene efectos sobre el país que seremos.