Nicolás Maduro, que ocupa la presidencia de Venezuela por medio de unas elecciones no reconocidas como justas por gran parte de la comunidad internacional, busca ahora controlar la Asamblea Nacional, último bastión de pluralismo democrático que queda en el país. Después de fracasar en el intento de instaurar un parlamento alternativo que le fuera favorable, los comicios del día 6 se presentan como una nueva oportunidad para que el chavismo tome el legislativo y culmine su control total del poder en Venezuela.

Por parte de la oposición, Juan Guaidó ha denunciado la nula honestidad del proceso electoral y ha llamado a boicotearlo, como también lo ha hecho Henrique Capriles, otro líder opositor. En múltiples ocasiones, Guaidó y buena parte de la oposición han proclamado que las elecciones no serán libres sino fraudulentas, declaraciones que han tenido eco en el gobierno de Estados Unidos, en la Organización de Estados Americanos (OEA), e incluso en la Unión Europea, que han hecho pública su preocupación por la democracia de los próximos comicios y no los reconocen como legítimos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela informó que todo está listo para que los ciudadanos voten y reiteró que las votaciones contarán con todos los elementos de bioseguridad para no empeorar la pandemia. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), sin embargo, llamó la atención sobre el relajamiento de las medidas de seguridad sanitaria ante la crisis de la Covid-19. La organización ha advertido que, durante la campaña, “Ha habido lugares donde los actos de campaña y las reuniones han sido bastante discretas, con ciertos cuidados con la pandemia, pero ha habido otras, no muchas, la verdad (…) donde ha habido aglomeración y descuido completo”.

Aunque están llamados a votar 20.710.421 venezolanos, se estima que sólo un tercio saldrán a votar. A finales de octubre el órgano electoral divulgó un reglamento para regular la campaña y la propaganda. Más allá de la irregularidad que supone el hecho de que se hiciera a última hora, directivos de la OEV aseguran que se incumple la normativa y que el ventajismo por parte del régimen es “absoluto”.

Si bien ningún partido puede contar con financiamiento estatal, los candidatos del partido de Maduro, el PSUV, han venido entregando durante la campaña regalos que, con toda evidencia, les han sido entregados previamente por el gobierno.

Guaidó, mientras tanto, convocó una consulta popular paralela. Ésta no es vinculante, pero busca medir el nivel de rechazo de los ciudadanos frente a Maduro y su administración. La consulta preguntará a los venezolanos si rechazan o no las elecciones legislativas del 6 de diciembre, y si aprueban o no que se ejerza “toda la presión” nacional e internacional para obligar al dirigente chavista dejar el poder.

Maduro, por su parte, se ha mostrado dispuesto a intensificar las medidas represivas que ha venido ejerciendo contra instituciones democráticas, sociedad civil, ONGs y ciudadanos y ciudadanas nacionales y extranjeros, con el único fin de mantenerse en el poder.

Hostigamiento a ONGs

El pasado 5 de noviembre, las ONG Alimenta La Solidaridad y Caracas mi Convive, fundadas y coordinadas por el miembro de la organización política Primero Justicia, Roberto Patiño, denunciaron hostigamiento por parte de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. Mediante un comunicado denunciaron que una delegación identificada con la Policía Nacional contra la Corrupción allanó la antigua sede de las ONG, ubicada en El Rosal, Caracas, así como la vivienda de los padres de Patiño.

El mismo 5 de noviembre, el gobierno del “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, denunció el hostigamiento de las ONG Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive, y sus directivos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

El 6 de noviembre, Anatoly Kurmanaev, reportero de The New York Times, aseguró en sus redes sociales que Nicolás Maduro quisiera que las sanciones de Estados Unidos se relajen, pero semanas antes de que Joe Biden tome el poder, la policía secreta y los reguladores bancarios de Maduro, toman medidas enérgicas contra una ONG patrocinada por Jill Biden, esposa del presidente electo.

El 26 de noviembre, la ONG denunció, a través de sus redes sociales, que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) les congeló todas las cuentas bancarias, una medida que, aseguran, afecta a más de 25.000 niños que se benefician de la organización.

¿Por qué atacar una organización que le entrega comida a niños? La ONG utiliza canales de distribución no son los del gobierno Maduro y, además, está dirigida por Roberto Patiño, oponente político al régimen chavista.

Encarcelación y juicio de ciudadanos estadounidenses

En 2017 seis ejecutivos estadounidenses viajaron a Venezuela y fueron arrestados por cargos de corrupción.

Vadell, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Alirio José Zambrano, José Luis Zambrano y José Ángel Pereira son los nombres de los seis empleados de Citgo 6, compañía de refinería de petróleo, que llegaron Caracas para una reunión presupuestaria con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Cuando llegaron, agentes de seguridad armados y enmascarados los arrestaron por cargos de malversación de fondos derivados de una propuesta que nunca se ejecutó para refinanciar cerca de 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo ofreciendo una participación del 50% de la empresa como garantía.

Mientras Venezuela se hundía más en la confusión y las relaciones con Estados Unidos se deterioraron, se fue perdiendo la pista del caso a pesar de que había rumores de que los detenidos estaban en una prisión de contrainteligencia militar en condiciones inhumanas.

Finalmente, en un juicio a puerta cerrada, fueron declarados culpables. Algunos observadores han visto en el caso una maniobra del régimen para elevar la tensión con los Estados Unidos en vísperas de los comicios con fines de propaganda electoral.

La oposición anunció que desplegará una comisión de observación en todo el país para fiscalizar los comicios y hacerle control a la ejecución de la consulta popular que, para ellos, servirá para “registrar la realidad de la participación” y denunciar las “irregularidades”.

Cualquiera que sea el resultado electoral, el próximo 5 de enero el mandato actual de la Asamblea Nacional y el gobierno de Guaidó terminan. Con toda probabilidad, Maduro tomará el control de la cámara para consolidar su poder absoluto y neutralizar a la oposición con vistas a una nueva negociación política.

El 20 de enero Biden tomará posesión del cargo de presidente de Estados Unidos. Probablemente, Maduro intente enviar señales positivas a la nueva administración con el objetivo de mejorar las condiciones internas rebajando la dureza de las sanciones que actualmente ahogan, no tanto al régimen, que vive dolarizado, sino a una población que vive una crisis humanitaria sin precedentes.

A lo largo de su campaña, Biden fue claro en cómo quiere manejar las relaciones con Venezuela. Apoyará a los migrantes venezolanos en Estados Unidos y en el mundo, y no responderá a presiones de parte del gobierno venezolano. Para él, así como para los organismos multilaterales y el resto de la región suramericana, lo más importante es ver avances en cuanto a la reconstrucción de la democracia y los derechos humanos.

Las elecciones del domingo deberían haber significado una oportunidad para recuperar espacios de democracia en Venezuela y abrir un escenario propicio para la negociación inclusiva, cuando es más urgente que nunca encontrar una salida efectiva a la profunda crisis política y social que vive el país desde hace demasiado tiempo.

Desgraciadamente, parece que al régimen chavista, cada vez más “cubanizado”, solo le importa una cosa: mantenerse en el poder contra viento y marea.