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¿Qué queda después del estallido peruano?

Después de que la movilización más grande en la historia del Perú lograra la renuncia de Manuel Merino -presidente ilegítimo-, varios esperaban que volviese la calma y se retornara al status quo. Sin embargo, la movilización popular sigue.

Omar Coronel
22 diciembre 2020, 8.58am
Gahela Tseneg Cari Contreras, ex candidata al Congreso de la República y mujer trans, se enfrenta a la policía durante las manifestaciones en contra de la destitución del presidente Martín Vizcarra, en Lima, Perú, Noviembre 2020
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Alex Rosemberg/DPA/PA Images

Hay un ánimo movimientista en Perú luego del estallido de noviembre. Después de que la movilización más grande en la historia del país lograra la renuncia de Manuel Merino -presidente ilegítimo- y el nombramiento de Francisco Sagasti -uno de los pocos congresistas que se opuso a la vacancia de Martín Vizcarra- como presidente, varios esperaban que volviese la calma y se retornara al status quo.

Sin embargo, miles de ciudadanos siguieron movilizados por motivos vinculados al estallido, como la lucha por justicia y reparación a las víctimas de la represión. La crisis también generó que la demanda por la Asamblea Constituyente se popularizara y llegara a las calles. Otros conflictos que permanecían latentes se volvieron activos. E inclusive aparecieron nuevos conflictos, como la lucha contra la Ley de Promoción Agraria, derogada luego de cinco días de protesta.

Entre otros, cuatro factores ayudan a entender este ánimo movimientista: el contexto de la pandemia, el ejemplo del estallido peruano, la nueva estructura de oportunidades y la tozudez de las élites políticas y económicas.

La pandemia está calentando la olla de presión

En países tan desiguales como el Perú siempre hay muchos motivos por qué protestar, pero la pandemia ha sobrecalentado esa olla de presión. Desde la transición a la democracia en el 2000, el ciclo del crecimiento económico peruano estuvo acompañado permanentemente de conflictos sociales.

Sin embargo, la gran masa de estos conflictos eran locales y por temas muy puntuales, solo algunos se volvían regionales y captaban la atención de los medios. Muchos de ellos permanecen en estado latente.

Pero la pandemia en 2020 ha implicado un cambio: se han incrementado múltiples desigualdades que cada vez más empujan más la activación de varios de esos conflictos y la formación de nuevos (por bonos, devolución de aportes, bioseguridad, suspensión perfecta, etc.).

Esta conflictividad por la pandemia es una tendencia global, como señala Geoffrey Pleyers (2020), y en Perú ya venía manifestándose con uno de los incrementos más altos de protesta durante la crisis sanitaria, como registra el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos (ACLED) y un reporte de protestas durante la cuarentena del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades de la PUCP (GICO).

Haber alcanzado la tasa de mortalidad más alta del mundo por la pandemia y el fin del “milagro económico peruano” son clave para entender el mayor ánimo movimientista en Perú.

El ejemplo del estallido peruano

Pero si bien los efectos de la pandemia son un cambio que ayuda a entender el porqué del incremento del malestar, necesitamos tener en cuenta los efectos del estallido peruano para comenzar a entender el cuándo de este ánimo movimientista.

El estallido peruano se dio como respuesta a la vacancia ilegítima del presidente Vizcarra por parte del Congreso, que nombró presidente interino a Merino. Como he argumentado antes, la toma del poder de la coalición de sectores ultraconservadores y otros vinculados a intereses mafiosos fue percibida como una gran amenaza (94% se opone, IPSOS), lo que empujó una movilización masiva.

El estallido peruano demostró que robustas organizaciones previas no son imprescindibles para grandes movilizaciones, generó una alta percepción de eficacia de la protesta, y fomentó la politización de nuevos sectores en la sociedad.

En un segundo momento, la salvaje represión en Lima contra la protesta pacífica generó tal indignación que logró incrementar aún más la participación en la protesta, reafirmar su legitimidad, y consolidar la oposición a Merino. El 86% de peruanos apoyó las protestas y el 76% cree que hubo represión abusiva e injustificada -la aprobación de la policía cayó del 88% en abril, al inicio de la cuarentena, al 44% en diciembre (IEP).

El estallido peruano demostró que robustas organizaciones previas no son imprescindibles para grandes movilizaciones, generó una alta percepción de eficacia de la protesta, y fomentó la politización de nuevos sectores en la sociedad.

Entre el 13% (IPSOS) y el 20% (IEP) participaron en las marchas. Esto significa que habrían marchado entre 2.7 y 4.2 millones de peruanos entre el 9 y el 14 de noviembre, la campaña de protestas más grande y descentralizada en la historia del país. Al igual que en otros estallidos en la región, esta cascada de acción colectiva se logró a través de autoconvocatorias y en redes informales de amistad o trabajo.

Si bien fueron importantes organizaciones previas vinculadas al movimiento de derechos humanos y feminista, el estallido es propulsado por grupos que no estaban previamente politizados, lo que incluyó a diversas tribus digitales juveniles (k-popers, otakus, gamers, influencers, etc.), barras de fútbol, y estudiantes que terminan generando organización en el camino. No hubo detrás grandes sindicatos ni partidos que, por el contrario, eran rechazados en las marchas.

De otro lado, el estallido ha generado una alta percepción de eficacia de la protesta. Si bien aún no hay encuestas que midan esta percepción, que el 86% las apoye y la masiva participación sugieren que el 42% (IEP) que las creía efectivas hace un año debe haberse elevado.

Hay además numerosos registros que dan cuenta del orgullo movimientista de quienes participaron en las manifestaciones. Inclusive el estado, a través del discurso del nuevo presidente Sagasti y del Lugar de la Memoria que inauguró la exposición “Generación bicentenario en marcha”, ha legitimado la protesta dotándola de una épica similar a la que tuvo hace 20 años la Marcha de los 4 Suyos en oposición a la dictadura de Alberto Fujimori.

Uno de los efectos más importantes ha sido la politización de nuevos sectores. El 72% (IEP) de quienes declaran haber participado en las protestas indican que fue la primera que lo hicieron. En los centennials (de 18 a 24 años) este porcentaje sube a 89%. Igualmente, el interés en política ha pasado del 43% en febrero al 60% en noviembre post-estallido (y llega al 75% entre centennials).

Múltiples registros, como el de memoriasdelbicentenario.com, recogen testimonios sobre cómo la experiencia ha marcado a quienes participaron en las protestas. Esto ha generado que un importante sector comience a interesarse en temas como la reforma policial e inclusive la necesidad de una Asamblea Constituyente. De acuerdo al IEP, el 49% cree que se deben hacer cambios a la Constitución y el 48% opina que debe haber una nueva Constitución.

Los siguientes gráficos construidos en base a los reportes de conflictos de la Defensoría del Pueblo muestran cómo el estallido ha incrementado tanto los conflictos sociales (de 191 a 198) como los eventos de protesta (de 138 a 395). Los 11 nuevos conflictos incluyen la oposición a proyectos mineros (5), luchas comunales contra desalojos (3), emergencia de seguridad alimentaria (1), oposición a discriminación a turistas nacionales en Cusco (1), y demanda de derogación de la Ley de Promoción Agraria (1).

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Fuente: Reportes de la Defensoría del Pueblo, elaboración propia

Como se muestra en el gráfico 2, inclusive cuando ya concluye el estallido, el número de protestas sigue elevado y sube a un pico de 51 el 30 de noviembre, con la marcha nacional de las rondas campesinas en contra de la limitación de sus funciones.

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Fuente: Reportes de la Defensoría del Pueblo, elaboración propia

La nueva estructura de oportunidades

En tercer lugar, el ánimo movimientista responde también a los cambios en la estructura de oportunidades post-estallido. Como menciono arriba, la legitimación que el nuevo gobierno ha hecho de la protesta envió la señal de apertura a las movilizaciones, lo que se reflejaba también en la promesa de reforma de la Policía Nacional del Perú.

Aunque el gobierno ha tenido limitaciones para avanzar en la reforma y en las investigaciones de los asesinatos a los manifestantes Inti Sotelo (24 años) y Brian Pintado (22 años), su discurso ha seguido valorando las protestas.

Una señal importante fue el nombramiento de Eduardo Vega, ex defensor del pueblo y aliado del movimiento de Derechos Humanos, como ministro de justicia -sobre todo en un país acostumbrado a la criminalización de la protesta. De otro lado, la elección de Mirtha Vásquez, militante de izquierda y activista de derechos humanos, como presidenta del Congreso envió también señales de nuevos aliados influyentes para sectores movilizados.

El estallido hizo que incluso medios conservadores terminen cubriendo positivamente las protestas, un cambio notable que también hacía esperar menos rechazo a futuras movilizaciones. La rápida y amplia difusión de la etiqueta “generación del bicentenario” para nominar a los jóvenes centennials que protestaron por primera vez indicaba un cambio en la habitual distancia mediática hacia las protestas ciudadanas.

Finalmente, a pesar de que varios sectores vinculados a intereses empresariales le retiraron su apoyo a Merino cuando la represión se hizo intolerable, se terminaron manchando del desprestigio del gobierno ilegítimo por su respaldo inicial. Esta debilidad y cierta división de las élites como consecuencia de la vacancia representan una oportunidad para desafiarlas.

La tozudez de las elites

La respuesta de un sector de las elites políticas y económicas al estallido peruano y a las protestas que le siguieron no ha hecho más que favorecer la polarización. Del lado político, el expresidente Merino, junto a la coalición que lo apoyó, ha mantenido la narrativa de que el estallido fue resultado de una manipulación por parte de partidos de izquierda y grupos vinculados al movimiento terrorista Sendero Luminoso.

En esa línea, estos grupos han acusado a los jóvenes asesinados por la represión de delincuentes. Grupos vinculados al fujimorismo llegaron incluso a destruir uno de los memoriales y borrar murales dedicados a Inti y Brian.

Más recientemente han atacado también el Ojo que Llora, monumento dedicado a las víctimas tanto del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, como de la represión estatal durante el conflicto armado interno. Todo esto en una campaña por asociar las protestas con el terrorismo.

En el contexto de la pandemia y el estallido, negarse a discutir reformas reales incrementa la percepción en muchos de que sus demandas solo pueden ser escuchadas a través de la acción directa.

Del lado económico, las elites que intentaron desmarcarse al final del breve gobierno de Merino también han usado la etiqueta de “terroristas” para deslegitimar las protestas que se dieron luego del estallido.

Cuando las protestas fueron por recuperar la democracia, estos sectores las aplaudieron o acabaron tolerándolas. Pero cuando luego del estallido comenzaron movilizaciones por la Asamblea Constituyente, la paralización de algunas empresas mineras, o la derogación de la Ley de Promoción Agraria, inmediatamente retornó la hipótesis de la “manipulación de la izquierda radical”.

La izquierda peruana, al igual que todas las “fuerzas” políticas en el Perú, son sumamente débiles e incapaces de movilizar a amplios sectores de la población por sí solas. El malestar acumulado, incrementado con la pandemia, tiene múltiples razones para protestar.

Si a esto se suma el grave problema de representación y de canales efectivos para procesar demandas, las protestas no pueden ser una sorpresa. Al atentar contra la memoria e intentar imponer una narrativa sin ninguna base en la realidad, las elites solo incrementan el ánimo movimientista.

En el contexto de la pandemia y el estallido, negarse a discutir reformas reales incrementa la percepción en muchos de que sus demandas solo pueden ser escuchadas a través de la acción directa.

La protesta contra la Ley de Promoción Agraria (LPA)

La derogación en cinco días de la LPA, uno de los pilares del modelo neoliberal peruano, es un buen ejemplo de cómo confluyen los cuatro elementos señalados para favorecer la movilización. La LPA, una de las últimas políticas que dejó Fujimori, brindaba una importante reducción de costos tributarios y laborales a las empresas agroexportadoras.

Con esas facilidades, esta industria creció sostenidamente desde el 2000 y generó empleo formal que, sin embargo, escondía un alto nivel de precarización de los trabajadores. La región sureña de Ica fue el emblema del éxito del modelo: pleno empleo y crecimiento.

Pero la pandemia incrementó el malestar que ya existía en Ica. Debido a su importancia para la economía nacional, la agroexportación fue una de las industrias que no se detuvo durante la cuarentena. Ica se convirtió en la región con la tasa de mortalidad más alta del país desde junio y, por ende, una de las localidades con mayor mortalidad a nivel mundial.

La región del pleno empleo y el crecimiento no tenía hospitales con suficiente infraestructura para atender a los contagiados; obreros y trabajadores de salud hicieron varios plantones demandando esta infraestructura inclusive durante la cuarentena obligatoria. Era una olla de presión.

Las protestas contra la LPA se dan dos semanas luego del estallido. Varios grupos de Facebook donde se informó sobre esta protesta habían difundido también las protestas durante el estallido. También son autoconvocadas.

A pesar de que algunos sindicatos participan, ellos no inician ni dirigen la protesta. Si la tasa de sindicalización en Perú ya es bajísima (5%), es aún más baja en el sector agroexportador (3%). De otro lado, siendo una protesta sectorial que no podía tener la misma fuerza numérica del estallido, utilizan repertorios más disruptivos para presionar, como el bloqueo de carreteras e inclusive la destrucción de propiedad privada.

Trabajadores industriales probablemente ven un gobierno débil y un congreso dispuesto a apoyar demandas populares para recobrar legitimidad. A pesar de la promesa de reforma policial para limitar la violencia en el control de las protestas hubo represión fuerte en Ica: el joven Jorge Muñoz (19 años) es asesinado.

Una vez más, la represión solo incrementa la participación indignada de más trabajadores. De otro lado, las bancadas en el Congreso que apoyaron a Merino aprovecharon el conflicto y se convirtieron en aliadas estratégicas de los agricultores para golpear al gobierno de Sagasti. Finalmente, el 88% del parlamento vota a favor de derogar la LPA.

Las elites políticas y económicas echaron leña al fuego al no reconocer ningún problema con la LPA y acusar a los manifestantes de terroristas. El hijo de uno de los empresarios agroexportadores más exitosos señaló que la violencia en sus fundos le hacía recordar el tiempo del terrorismo. Sin embargo, esta vez algunos periodistas rechazaron la ofensiva comparación.

Esto sería un efecto del estallido, una menor tolerancia al “terruqueo”, que ayudó a que la protesta en el campo contase con la simpatía de la mayoría: 15% está de acuerdo con las protestas y los bloqueos, y otro 75% también apoya las protestas, pero rechaza los bloqueos (IPSOS). A pesar de este último dato, el 73% cree que, en general, la policía no debe detener a quienes bloquean las carreteras porque la gente está en su derecho de protestar.

Perspectivas

¿Significan estas condiciones que debemos esperar más protestas grandes y exitosas en Perú? No necesariamente, la gestión de la pandemia puede volverse más efectiva, los aliados disponibles pueden perder poder, y las elites podrían comenzar a plantear o discutir reformas que solucionen problemas de fondo. Es posible también que la campaña electoral del 2021 canalice -momentáneamente- el conflicto y acapare la atención de la opinión pública.

El Congreso, encerrado en su propia cámara de ecos, podría volver a generar un detonante al intentar una nueva vacancia u otras medidas impopulares.

Pero también es posible que la gestión de la pandemia se mantenga igual de deficiente o que empeore, calentando más la olla de presión de las desigualdades. El contexto electoral podría leerse como oportunidad para presionar más buscando promesas de los candidatos.

El Congreso, encerrado en su propia cámara de ecos, podría volver a generar un detonante al intentar una nueva vacancia u otras medidas impopulares. Las elites también podrían seguir tan cerradas al cambio como hace medio siglo, cuando se resistieron a una necesaria reforma agraria hasta que ya fue demasiado tarde.

El estallido peruano ha politizado a un nuevo sector de la población en el sentido de que hay mayor interés tanto en información como participación política. Pero esto no significa que se haya politizado la desigualdad, como en Chile, por ejemplo. Hay sectores que se han comenzado a interesar en esto, pero no son la mayoría.

Por lo pronto, las protestas han comenzado a poner en el debate temas que antes no se discutían, como la Asamblea Constituyente y reforma laboral. Luego del estallido, sí parece más posible que la interpretación de la crisis de la pandemia comience a cuestionar la desigualdad.

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