El "invierno chileno" de 2011 fue la mayor movilización social que ha vivido este país desde el fin de la dictadura en 1990. En un momento de movilización global, el movimiento estudiantil chileno atrajo la atención del mundo porque desafiaba la mercantilización de la educación en una sociedad neoliberal madura como la chilena, con poca participación de los actores sociales.

El sistema universitario chileno, a pesar de su crecimiento reciente, es conocido por ser uno de los más privatizados y costosos de América Latina, lo que provoca altas tasas de endeudamiento estudiantil y una clara tendencia a reproducir las desigualdades sociales. Es por ello que la demanda de los estudiantes de transformar la educación de un bien de consumo privado a un derecho social obtuvo apoyos importantes en la sociedad chilena.

Esto cambió la agenda política e influyó en la elección presidencial de 2013 - es decir, en el proyecto político de Michelle Bachelet. Su gobierno tiene ahora como objetivo aprobar sus promesas programáticas, inspiradas en las reivindicaciones del movimiento estudiantil de 2011: educación pública, gratuita y de calidad, con eliminación gradual de las matrículas universitarias.

Desde marzo de este año, el 50% de los estudiantes más pobres tiene acceso a una educación superior sin tasas en las universidades estatales y en aquellas universidades privadas que aceptan las condiciones del gobierno en materia de financiación pública. Al final del mandato de este gobierno en 2018, las expectativas de la Subsecretaría de Educación es que la educación gratuita se haya ampliado al 70% de los estudiantes en dichas instituciones.

¿Es esta implementación una victoria del movimiento estudiantil de 2011? Teniendo en cuenta las posiciones de la dirección del movimiento, la respuesta es no.

En primer lugar, el principio de la educación gratuita es sólo el resultado de una asignación presupuestaria, pero no está recogido todavía en ninguna ley. Por consiguiente, se espera que la oposición conservadora y los sectores neoliberales de la coalición gubernamental adopten una posición de obstrucción legal a la medida.

En segundo lugar, la posibilidad de una educación 100% gratuita no está claramente definida, menos aún incluso si tenemos en cuenta el anuncio de ajustes fiscales por la caída del precio del cobre. El Secretario de Hacienda ya declaraba que los recortes anunciados afectarán principalmente el presupuesto de educación.

De hecho, para el movimiento estudiantil, la política del gobierno se reduce a poco más que una extensión de beca. Si la posibilidad de acceso a una educación gratuita depende de la pobreza de los estudiantes, entonces la educación no es un derecho universal. Por otra parte, dos de los principios básicos de la educación según la visión neoliberal, el bono y la lógica focalizada, siguen vigentes. Queda claro, por consiguiente, que el movimiento estudiantil no ha visto aún plasmada su influencia en la reforma educativa.

Si una educación parcialmente gratuita no supone una victoria, ¿supone entonces una derrota? En esta pregunta se refleja un debate ya clásico en los estudios sobre movimientos sociales: ¿cómo se mide el impacto político de un movimiento social? Por un lado, algunas investigaciones pasan por alto los efectos electorales (a menudo ausentes) de los ciclos de movilización en el sistema político. Por otra parte, tienden a centrarse en los cambios a largo plazo de creencias, normas y patrones culturales, descuidando la dimensión política de la acción colectiva. Es preciso integrar ambas visiones para obtener una imagen más precisa de los movimientos sociales. Concretamente, el caso del movimiento estudiantil chileno ofrece una posibilidad empírica para articular claramente la necesidad de ambos enfoques, cultural y político.

El movimiento estudiantil ha dejado su huella en el sistema político. Cuatro de sus líderes se convirtieron en diputados. Por ejemplo: Camila Vallejo (expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2011) es una de las diputadas más conocidas; Giorgio Jackson (expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en 2011) es uno de los políticos más queridos del país; Gabriel Boric (expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2012) es una de las figuras más importantes de la izquierda política fuera del gobierno. Pero el impacto político del movimiento va más allá del Congreso.

El ciclo de movilización del movimiento estudiantil que comenzó en 2011 introdujo en Chile un "imaginario social" - en la concepción de Castoriadis - que consiste en encuadrar la cuestión como un derecho - el derecho a la educación - y como una demanda que cuestiona la lógica neoliberal dominante en Chile desde la dictadura.

El desafío que representa el movimiento estudiantil para el statu quo político alimenta altas expectativas de reforma social entre el electorado que votó por Michelle Bachelet como presidenta. Sin embargo, el mandato de institucionalizar este nuevo "imaginario" ha trasladado la disputa a un terreno sobre el que el movimiento estudiantil no tiene control.

La importancia del debate sobre las leyes reformistas en el Congreso coincide con el declive del ciclo de movilización de los estudiantes y con la reticencia de éste a aprovechar la oportunidad para movilizar e influir en el debate. Los líderes estudiantiles han rechazado además todas las iniciativas del gobierno, porque no quieren verse asociados con él. Pero sus críticas a la reforma universitaria se han diluido ante la oposición más coherente de los sectores neoliberales, que hegemonizan la resistencia a la reforma.

Varios investigadores han destacado, en cambio, las claves del éxito de los movimientos estudiantiles chilenos de 2011. Por un lado, su capacidad para resolver "la tensión entre unidad interna y apoyo creciente" por la vía de la participación legítima en sus deliberaciones internas y por la vía de asociaciones creativas y cooperación con otros agentes sociales: sindicatos de profesores, movimiento obrero, asociaciones de padres y movimiento medioambiental. Los analistas hacen hincapié, por otra parte, en su capacidad de participar simultáneamente en la protesta y en la negociación política.

Sin embargo, después del “invierno chileno”, el movimiento estudiantil minimizó su capacidad de ir más allá que sus propias organizaciones. Renovó a sus líderes, apartando a los más cercanos al gobierno de Bachelet, pero la estrategia de rechazar el camino de la negociación no conllevó un aumento de la movilización.

El aumento de la autonomía del movimiento a través de su relación con el sistema político contribuirá a su aislamiento en este contexto de radicalización sin movilización. Pero en un año que se define como educativamente decisivo por las anunciadas propuestas de ley sobre esta cuestión, es probable que se construyan puentes con el sistema político, a la vez que se intensifiquen las movilizaciones.

Mientras tanto, este cambio de estrategia tiene consecuencias para la relación de los movimientos estudiantiles con otros actores sociales. En 2015, durante el conflicto entre el gobierno y los sindicatos de profesores sobre la ley de carrera (otro producto derivado del "invierno chileno"), importantes dirigentes del movimiento estudiantil tomaron posición contra el presidente del sindicato de profesores y a favor de los disidentes internos que le acusaban de ser un agente del gobierno.

Se utilizó un argumento similar para no apoyar las recientes huelgas nacionales organizadas por los principales sindicatos de trabajadores que exigían cambios en la propuesta nueva ley laboral. Además, el movimiento estudiantil perdió iniciativa política, por ejemplo, cuando los diputados conservadores se opusieron a la asignación presupuestaria que puso en marcha la matrícula universitaria gratuita y la llevaron al Tribunal Constitucional (uno de los legados institucionales de la dictadura). Pese a que el veredicto de este tribunal puede ser contrario a los intereses de los estudiantes, que en teoría se benefician de la educación gratuita, los líderes del movimiento estudiantil no se posicionan ya que, como dicen, "no es nuestra reforma". Los estudiantes argumentan que sus planteamientos no quedan reflejados en la reforma educativa propuesta, y se niegan por lo tanto a apoyarla ante el Tribunal Constitucional.

¿Representa la suma de todos estos elementos una renuncia política del movimiento estudiantil? No necesariamente. Como afirmaron algunos investigadores: "En términos políticos, los protagonistas del movimiento estudiantil chileno de 2011 pertenecen a una nueva generación de líderes que no se sienten comprometidos con los límites impuestos por la transición política de la dictadura a la democracia, y que se sienten capaces de cuestionar las disposiciones institucionales heredadas de dicho periodo, incluyendo la educación orientada al mercado ".

La sociedad chilena se encuentra en un proceso de auto-construcción política, definiendo nuevos parámetros para su democracia y cuestionando la herencia institucional de la dictadura. El resultado puede que no cumpla con las exigencias del movimiento estudiantil, pero lo cierto es que si este momento es posible, es gracias a la presión de los estudiantes. De hecho, este nuevo ciclo político no ha concluido, y continuará su curso en relación discursiva con el movimiento estudiantil.

El autor agradece a la politóloga Leesa Raps y a los editores de openMovements sus perspicaces comentarios.