El triunfo en Chile del candidato de la izquierda Gabriel Boric contra el representante de la extrema derecha pinochetista José Antonio Kast es, sin duda, el acontecimiento político más importante de América Latina en 2020. De hecho, el éxito o fracaso de su futuro gobierno afectará la capacidad de la izquierda en la región para proyectar un ciclo político renovador.

Teniendo como meta la conformación de un gobierno eco-feminista que se inspira en el socialismo democrático de Salvador Allende, el futuro gobierno de Boric se depara con un desafío inédito en Chile: consolidar un proyecto transformador que establezca las bases para la superación del modelo neoliberal. Para eso, es claro que la relación con los movimientos sociales será fundamental. El ciclo político actual está íntimamente ligado al ciclo de movilizaciones de los últimos 10 años en el país andino y del cual el propio Gabriel Boric es resultado.

Chile, de laboratorio del neoliberalismo a caldera de luchas

Desde la década de 1990, Chile fue colocado como el paradigma, para los países emergentes, de un desarrollo que combinaba apertura económica con estabilidad democrática. Sin embargo, la vía chilena al neoliberalismo fue súbitamente desacreditada para una serie de movilizaciones sociales que encontraron en el estallido social de octubre de 2019 su expresión más aguda. El ciclo de movilizaciones recientes reveló al mundo el lado oculto del modelo chileno: altos niveles de desigualdad, precariedad de la vida, endeudamiento y desacople entre demandas sociales e institucionalidad política.

¿Cómo fue posible el paso del país modelo del neoliberalismo al actual momento de cuestionamiento? Las movilizaciones de estudiantes secundarios en 2006 y de universitarios en 2011 son un marco para comprender este giro. Precisamente, el nuevo presidente de Chile, el más joven de su historia y el más votado (en términos absolutos), construyó su trayectoria política en esas rebeliones educacionales, principalmente como dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en 2012.

Dos de sus más estrechos colaboradores y aliados políticos fueron los líderes más destacados del 2011, la comunista y vocera del nuevo gobierno Camila Vallejo (Presidenta FECH en 2011) y el fundador del partido Revolución Democrática y también futuro ministro, Giorgio Jackson, quien fuera en 2011 Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). Todos ellos, se movilizaron contra la mercantilización de la educación durante el primer mandato de Sebastián Piñera. Diez años después de esa “primavera chilena”, es el propio Piñera quien tendrá que traspasarle el mando del país a ese grupo de dirigentes.

Por lo mismo, el triunfo de Boric muestra que la relación entre ciclos de movilización y ciclos político-electorales es más sinuosa que lo que se podría esperar. A pesar de que las movilizaciones estudiantiles tuvieron efectos políticos inmediatos: se creo una bancada estudiantil en la Cámara de Diputados, que incluía, entre otros, a los dirigentes ya citados, y que la demanda por cambios pavimentó la llegada por segunda vez de Michelle Bachelet a La Moneda con un proyecto político más reformista; también la insatisfacción con las reformas de ese gobierno y el retorno de Piñera al poder en 2018 llevaron apresuradamente a creer que el efecto político de 2011 se había agotado.

Lejos de eso, las movilizaciones estudiantiles abrieron un cuestionamiento a la mercantilización de los derechos sociales heredada de la dictadura de Pinochet y a las lógicas meritocráticas que supuestamente operaban en la educación. Paralelamente, una serie de movilizaciones de habitantes de "zonas de sacrificio” evidenciaron los límites ambientales del extractivismo chileno, siendo el punto de partido las marchas con el mega proyecto eléctrico “Hidroaysén” en la Patagonia en 2011. El movimiento “No más AFPs”, contra el sistema de pensiones basado en la capitalización individual, mostró que uno de los pilares del modelo chileno – sea por su contribución financiera a la economía o por ser una política pública de exportación del modelo chileno – tenía una fuerte erosión en su base de legitimidad, principalmente por entregar jubilaciones que son un pasaporte a la pobreza.

El mayo feminista de 2018 marcó la irrupción con una magnitud inédita de este influyente movimiento, inyectando fuertes dosis de desnaturalización y de cuestionamiento al modelo y, sobre todo, empoderando políticamente a las mujeres, las que fueron determinantes para inclinar la balanza electoral contra Kast en la segunda vuelta presidencial, pues su programa promovía un retroceso de todas las pautas feministas. Además, el movimiento Mapuche se movilizó permanentemente por la recuperación de sus tierras ancestrales y por mayores grados de autonomía. Todas estas movilizaciones fueron acumulando presión sobre el sistema político para finalmente escapar de manera volcánica el 18 de octubre de 2019, combinando esos descontentos de forma inorgánica, pero avasalladora.

El principal efecto político de esa explosión fue generar las condiciones para el cambio constitucional. A diferencia de las democratizaciones de otros países de la región, la chilena tuvo como característica el hecho de no realizar una Asamblea Constituyente que reorganizara la institucionalidad política después de la dictadura, a pesar de que la Constitución hecha por el régimen de Pinochet fue fuertemente programática y limitadora de la voluntad popular. De este modo, la democracia chilena quedó condicionada constitucionalmente: se mantuvo un Estado subsidiario, así como la privatización de los derechos sociales y, al mismo tiempo, se imposibilitaba la realización de grandes reformas por los principios contra-mayoritarios preestablecidos por la Ley Fundamental.

Intentos de reformas sociales previas fracasaron, como durante el segundo gobierno de Bachelet, porque eran consideradas inconstitucionales por el Tribunal ad-hoc con mayoría de representantes de la derecha. Por eso, a pesar no haber una única demanda aglutinadora durante las movilizaciones de 2019, parecía claro que no habría salida institucional posible a la crisis sin una nueva Constitución. Aunque el Acuerdo por la Paz y por la Nueva Constitución firmado el 15 de noviembre de 2019 por el mismo Gabriel Boric, con la oposición de su propio partido (Convergencia Social), fue fuertemente cuestionada por grupos movilizados y por el Partido Comunista, la realización del plebiscito constitucional abrió un camino de victorias electorales para los sectores transformadores, permitiendo una fuerte presencia de los movimientos sociales en la Convención Constitucional que hoy redacta la Carta Magna.

El estallido social y la victoria de Gabriel Boric

¿En qué medida el triunfo electoral de la coalición de Gabriel Boric, Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio, formado por partidos derivados de la movilización estudiantil de 2011, y el centenario Partido Comunista, es producto del Estallido Social? El propio Boric ha reconocido que el futuro gobierno proviene de los movimientos sociales, principalmente del estudiantil. También es claro que sin el Estallido sería inimaginable la llegada a La Moneda de esta nueva generación política. Sin embargo, la relación con el Estallido es más ambivalente de lo que se podría pensar inicialmente.

La propia primaria para definir al candidato presidencial de Apruebo de Dignidad realizada en julio de 2021 entre Boric y Daniel Jadue, el alcalde comunista que encabezaba por ese entonces las encuestas electorales, parecieron una disputa entre un Boric que buscaba encarnar el espíritu de entendimiento del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre versus un Jadue que transmitía el tono más contencioso del 18 de octubre.

Con todo, sería erróneo calificar el resultado de esa primaria como una derrota de la revuelta popular del 2019. En buena medida, porque uno de los principales efectos políticos del estallido fue establecer un consenso social sobre la necesidad de cambios estructurales. Excluyendo a José Antonio Kast, todas las candidaturas, incluyendo la de la derecha democrática, buscaban de alguna manera presentarse como alternativas de cambio. En ese marco, Gabriel Boric consiguió afirmarse durante la campaña como la persona más capacitada para generar los acuerdos políticos y sociales necesarios para viabilizar las transformaciones exigidas por la ciudadanía en las calles y en las urnas.

Lo anterior, a pesar de que una parte importante del electorado parecía distanciarse de la discursividad y estética del Estallido Social durante la campaña presidencial. De hecho, el desgaste de las movilizaciones, la experiencia de la Pandemia, las consecuencias de la crisis económica asociada a ella y la crisis migratoria en el norte del país provocaron una cierta saturación de incertidumbre en parte de los electores, quienes comenzaron a ser seducidos por el discurso de orden del candidato de la extrema derecha José Antonio Kast.

A pesar de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en las movilizaciones de 2019-2020 durante el gobierno de Piñera, Kast prometía orden dándole más atribuciones a las policías, al mismo tiempo que explotaba la xenofobia y el autoritarismo, asegurando que aplicaría mano dura contra la migración ilegal, la delincuencia y el vandalismo.

Parecía ilógico que después de las masivas manifestaciones contra el gobierno de Piñera un candidato como Kast pasase en primer lugar a la segunda vuelta presidencial. Pero, la demanda por certezas era tan fuerte como la demanda por cambios en la sociedad chilena. Y Kast consiguió no solo ofrecer seguridad durante la primera vuelta como logró distanciarse exitosamente del gobierno de Piñera, a quien criticaba por su debilidad y falta de convicción.

Sin embargo, Boric fue hábil a la hora de transmitir que la única manera de recuperar la estabilidad perdida era a través de la realización de reformas transformadoras. No hacer los cambios, solo produciría más inestabilidad, más aún con la amenaza de Kast de encabezar desde el palacio presidencial la campaña de rechazo a la Nueva Constitución. Así, si Boric consiguió encarnar la idea de cambio, Kast, con su trayectoria pinochetista y con fuerte apoyo del gobierno de Piñera en la segunda vuelta, no logró evitar ser asociado al retroceso. Kast iba en la dirección contraria de lo que la sociedad venía demandando y representaba una amenaza real para las pautas de los movimientos sociales, particularmente para el movimiento feminista y de disidencias sexuales.

De ese modo, si por un lado, Boric conseguía activar un sentimiento movilizador de esperanza, por otro, complementariamente Kast provocaba un sentido de responsabilidad entre sectores menos politizados y en aquellos que históricamente han rechazado la participación electoral. Todos estos factores influyeron para que más de un millón de nuevos electores, particularmente mujeres jóvenes y sectores populares, inclinasen el resultado a favor del candidato de la izquierda.

Los movimientos sociales en el futuro gobierno

¿Qué se puede esperar de la relación de los movimientos sociales con el gobierno de Gabriel Boric? Para responder a esta pregunta es necesario considerar que el nuevo gobierno asumirá en un escenario político adverso. Sin mayoría en el Congreso, con la pandemia aún activa, con una crisis económica y migratoria fuertes y con una escalada bélica en Europa; el gobierno deberá gestionar con mucho cuidado las expectativas que generó su elección. Además, durante la primera parte de su gobierno continuará con las restricciones de la Constitución de Pinochet todavía vigente y deberá concentrar energías en aprobar la nueva Ley Fundamental e implementar en el corto plazo una agenda legislativa que luego la haga operativa.

Las primeras señales del gabinete apuntan a la ampliación de la base de gobierno a la antigua Concertación de partidos de centro-izquierda que gobernó durante la mayor parte de la democratización. Es claro que sin el apoyo de esos partidos no sería posible el triunfo de Boric y que la gobernabilidad futura sería más precaria. Sin embargo, la rehabilitación de los partidos a los que el Frente Amplio y el Partido Comunista impugnan el fortalecimiento de las lógicas neoliberales del modelo chileno provoca escepticismo entre sectores de izquierda.

Sin duda, el gobierno de Boric requerirá de la antigua centro-izquierda para poder gobernar, pero eso no será suficiente para implementar los elementos más relevantes de su programa: reforma tributaria, de pensiones y de salud. Por otra parte, aunque la derecha está en crisis, se rearticulará para promover el rechazo de la nueva Constitución en el plebiscito de salida, así como para intentar bloquear las iniciativas gubernamentales.

En ese sentido, los movimientos sociales pueden ser el fiel de la balanza para que el proyecto transformador del nuevo gobierno logre realizarse. Sin embargo, el equilibrio será inestable. Una parte de la sociedad chilena, a pesar de haber apoyado las movilizaciones de 2019-2020, espera que este momento sea de construcción y no de manifestación. Solo que sin el impulso de las calles es más difícil que el futuro gobierno sea exitoso en su esfuerzo renovador.

Por otro lado, aunque la sociedad chilena ha ganado en historicidad, o sea, en capacidad de autoconstrucción conflictiva, esta fuerza de los movimientos sociales no se ha estabilizado en formas más orgánicas que permitan predecir cómo se comportarán.

La relación entre los movimientos sociales y el nuevo gobierno tendrá tensiones y contradicciones, pero ambos dependen uno del otro. Ciertamente, habrá desencuentros respecto de la velocidad de los cambios, la ponderación de las dificultades, las fronteras de autonomía e identificación con el gobierno y la dualidad de roles que éste tendrá, pues a veces será visto como aliado y otras como contraparte.

Simultáneamente, el gobierno Boric necesitará de la presión de los movimientos sociales como un factor para dinamizar el avance de su programa y los movimientos sociales requerirán del éxito de las reformas propuestas durante la elección para que sus demandas por fin se expresen institucionalmente. Para que esta relación llegue a ser simbiótica es necesario construir un escenario de confianza y dar las señales que garanticen que será el cambio el sello del nuevo gobierno.

No obstante, este escenario complejo podría ser una oportunidad para que la sociedad chilena construya una nueva forma de relación entre movimientos sociales y Estado, dejando atrás dinámicas que limitaron el potencial democrático del ciclo progresista anterior: subordinación al liderazgo presidencial, cancelación de las críticas y de las diferencias y reducción del pluralismo.

Son tan altas las expectativas como las restricciones del futuro gobierno de Gabriel Boric. Sin duda, para su éxito será fundamental la presencia de la sociedad movilizada que hizo posible este momento político. Por eso, hoy Chile vuelve a ser un laboratorio del cambio social.