Como todos los días desde el 4 de diciembre, Aurora Coronado Ugarte, se despertó en Lima a más de 300 kilómetros de su chacra, situada en Junín (sur). Aurora es vicepresidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap) y, tras casi dos meses, al igual que 50 de sus compañeros, duerme, cocina y se organiza en la sede del partido Nuevo Perú (izquierda), en el corazón de la capital.

Las integrantes de la Federación viajaron a Lima desde diversas provincias para participar en una asamblea de su organización y antes de que esta concluyera, el entonces presidente Pedro Castillo disolvió el Congreso, fue depuesto y detenido.

“En ese contexto nos quedamos y nos prestaron este local de Nuevo Perú, y aquí coordinadamente hemos venido trabajando y albergando a los compañeros y compañeras de diferentes regiones y cocinando en las ollas comunes, con apoyo de la población de diferentes regiones, especialmente del sur”, relató.

Aurora, junto a otras coordinadoras nacionales de la Federación, se encarga de participar en foros y debates sobre democracia, exponer denuncias de derechos humanos ante organizaciones regionales, apoyar la capacitación de mujeres para que se cuiden durante las manifestaciones, y a la vez recibe donaciones para quienes se mantienen en Lima en protesta contra el Congreso y las acciones de la presidenta Dina Boluarte.

“Hemos servido hasta de enfermeras, porque acá llegaban los heridos. Nos han metido bombas lacrimógenas al local y seguimos presentes, porque esta es una lucha política, y estamos conscientes de que, como mujeres indígenas y campesinas, tenemos que estar presentes en este proceso, tenemos que defender nuestra voz”, expuso.

La representante de Fenmucarinap recuerda así las protestas que se registraron entre diciembre y febrero en diversas regiones del país, y en las que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 48 personas fallecieron en choques directos con las fuerzas de seguridad.

Dos caras de Perú

Amnistía Internacional indicó, en un informe publicado el pasado 16 de febrero, que recibieron denuncias sobre el uso en manifestaciones de armas “de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas”.

“No es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz,” dijo Erika Guevara Rosas, durante la presentación del documento.

En Perú existe una marcada división entre la población capitalina y los que representan el denominado Perú profundo, que son los residentes de la Amazonía, de la Sierra (campesinos, indígenas, aimaras y quechuas); quienes expresan sentirse marginados y olvidados por las autoridades.

“Los limeños nos tratan de cholas, patas rajadas, nos dicen ‘¿qué cosa hacen aquí?, vayan a pasear su ganado, sus alpacas’. Nosotros nos hemos puesto fuertes, porque de nosotros comen ellos. Por eso yo he pensado que hay que cerrar Lima para que valoren quiénes somos”, dijo Valentina Churkemamane, de origen quechua, y secretaria de derechos humanos de Fenmucarinap de Puno (sur).

Castillo llegó a la presidencia en 2021, con casi el 20 por ciento de los votos, que provenían principalmente de zonas rurales del sur de Perú.

La exministra de la Mujer y el Desarrollo Social (julio – diciembre 2011) de Perú, Aida García-Naranjo, explicó que Castillo se convirtió en un líder identitario para las comunidades rurales.

“Yo creo que el triunfo de Castillo (…) fue un triunfo identitario, y eso efectivamente le identifica con el ser humano del mundo rural (…) La realidad es que están gobernando los que perdieron las elecciones, o sea que de facto se ha producido una reversión del triunfo producido, no sin responsabilidad del propio Castillo”, expresó en entrevista con Open Democracy la exministra.

La llegada de Castillo a la presidencia, consideró Aurora, “se transformó en un logro” para poblaciones que han estado poco involucradas en la política y por ello, han salido a defenderlo.

Brechas en la igualdad

Esta división se profundiza si se habla de las mujeres rurales, explican las integrantes de Fenmucarinap, quienes aseguran que la segregación de género persiste.

García-Naranjo refiere que la mujer urbana tiene ventajas en relación a la rural, y explica que esto se debe al poco tiempo de participación política que tiene ese sector de la población.

“Hay razones históricas, no podemos ignorar que la mujer peruana vota por primera vez en 1955 y las mujeres analfabetas del mundo rural, lo hacen por primera vez en el 80, hay una brecha de 30 años en acumulación del ejercicio y la representación política, esa brecha no está cerrada”, afirmó.

Para Primitiva Rojas Campo, quien es indígena de la provincia de Pasco (sur), estar en Lima “ha sido duro”, porque ha vivido de forma directa la discriminación.

“No nos aceptan ni nos respetan como peruanas. Las mujeres estamos acá porque no queremos que nos discriminen más. Nos tratan de cholas, de indias, de campesinas, nos mandan a cocinar, porque como somos mujeres pareciera que nos quieren ver todo el tiempo en la cocina”, afirmó.

Churkemamane explicó que el proceso de empoderamiento a través de Fenmucarinap le permitió conocer sus derechos.

Yo por ser indígena no soy ignorante, no soy todo lo pésimo que ellos dicen, yo soy profesional en mi área, yo sé tejer, sé hacer chacra, sé sacar leche, sé hacer muchas cosas, y por eso me valoré, y digo: ‘la valentina no es ignorante, es una profesional y eso es causa para que yo integre Fenmucarinap”, expuso.

Seguimientos policiales

Las integrantes de Fenmucarinap también denuncian que han afrontado seguimientos de los cuerpos de seguridad.

“La policía viene todos los días a la puerta (…) los Ternas (Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional) nos siguen y es un proceso difícil”, señaló Aurora.

Aida Naranjo resaltó que Boluarte “no ha sabido romper las estructuras del sistema sexo género patriarcal y colonial y represivo y autoritario y policiaco”.

Aunque tienen precaución al caminar por Lima, Primitiva afirma que el miedo lo perdieron hace mucho, al afrontar las injusticias que viven las poblaciones indígenas y campesinas.

“Las indígenas y campesinas no sentimos miedo y ¿cómo sentir miedo? Si nuestras niñas deben recorrer hasta tres horas de camino para estudiar, algunas veces las matan, las violan, ¿qué miedo vamos a tener nosotras? Esa es nuestra lucha como mujeres del campo, nuestra lucha es por las niñas que vienen, las niñas que vienen merecen que sus derechos sean respetados, merecen ser tomadas en cuenta”, acotó.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2018, más de la mitad de la población femenina indígena ha sufrido alguna vez violencia familiar y casi 7 de cada 100 mujeres (6.8 por ciento) sufrió violencia sexual.

La exministra consideró que la lucha de las mujeres rurales se ha fortalecido.

“Yo diría que no ha perdido el miedo, sino que ha adquirido mucho más valor del que tenía. Son mujeres que siempre han enfrentado de manera fuerte, consecuente, solidaria y organizada, las situaciones más adversas. Yo no conozco a las mujeres andinas o a las mujeres Amazónicas como mujeres de miedo, sino como mujeres de coraje”, acotó.

Aurora, quien lleva más de 30 años como activista, aseguró que las mujeres del campo decidieron permanecer en Lima pensando en las generaciones futuras: “esta es una lucha a largo plazo, las generaciones que vienen lo recordarán, porque quienes seguimos aquí no permitiremos que se nos arrebaten nuestros derechos”.

En el marco del Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria, en mayo de 2022, la Defensoría del Pueblo de Perú instó a las autoridades a promover una mayor participación política de las mujeres indígenas.

Más allá de exigir elecciones generales, las integrantes de Fenmucarinap, sostienen que la mujer peruana demanda una asamblea constituyente, en la que se imponga un enfoque de género con respeto a la interculturalidad del país. Por ello, aseguran que se mantendrán en la protesta hasta avanzar hacia sus objetivos.