La violencia desatada a raíz de la protesta social iniciada el 18 de abril de 2018 ha ocasionado un profundo daño a las familias, a las comunidades y a la sociedad nicaragüense. Ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizando la polarización social. Las heridas siguen sin sanar si no se atienden de manera integral con verdad, justicia y reparación a las personas que han perdido a seres queridos.
En tanto numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones que configuran crímenes de lesa humanidad, existe la posibilidad de que sean investigados en las jurisdicciones de otros Estados en virtud del principio de jurisdicción universal. Con la finalidad de evitar la impunidad, consideramos importante que los Estados miembros del sistema regional, la OEA, así como del sistema internacional, la ONU, inicien investigaciones; y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal, conforme el derecho internacional vigente y la legislación interna de cada país.
Corresponde a la comunidad internacional, de la mano de los colectivos de víctimas, personas defensoras y organizaciones, dar el siguiente paso de investigación internacional.
Finalmente, recordamos nuestra última recomendación incluida en el informe del GIEI: consideramos “imprescindible que la sociedad nicaragüense en general y, en particular, los sectores más favorecidos y menos vulnerables, no dejen solas a las víctimas de los graves hechos de violencia y las acompañen en el reclamo de justicia y reparación”.