Nicaragua cumple dos años desde el inicio de la crisis de derechos humanos más importante de su historia reciente. Su inicio puede rastrearse al 18 de abril de 2018, cuando inició una serie de manifestaciones cívicas y sociales como protesta a distintas decisiones gubernamentales. Las movilizaciones fueron reprimidas intensamente por el Gobierno, ocasionando múltiples violaciones a derechos humanos. La gravedad de los hechos, llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara al Estado de Nicaragua constituir un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los hechos de violencia acaecidos en el país entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. Esto fue aceptado por el gobierno de Nicaragua. El GIEI comenzó su tarea en ese país el 3 de julio de 2018 y, a fines de diciembre de ese mismo año, publicó el informe final con los principales hallazgos y recomendaciones.

En el informe del GIEI documentamos que las protestas que iniciaron el 18 de abril, no fueron producto de un acontecimiento asilado, sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando las instituciones públicas y concentrando el poder en el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El informe también describe como “sometieron a los otros poderes públicos, - legislativo, judicial y electoral a la voluntad del gobierno” e instauraron “un modelo de control absoluto”.

Durante los seis meses de nuestro mandato, documentamos los patrones de violencia, en especial el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales y grupos paraestatales con capacidad letal como forma de represión, y el aval a la represión por parte del Presidente Ortega, la Vicepresidenta Murillo, así como de otros altos funcionarios de Nicaragua. El GIEI constató, al menos, 109 muertes violentas, más de 1400 heridos y 690 detenidos en los 43 días investigados, así como la actuación cómplice del sistema de salud, la falta de investigación y la ausencia de garantías del debido proceso por parte de la Fiscalía y del poder Judicial. Si bien el periodo investigado por el GIEI abarcó hechos sucedidos hasta el 30 de mayo, la represión se extendió mucho más allá, tal como consta en numerosos informes de la CIDH, la ONU y diversas organizaciones de DDHH. La gravedad de la represión llevó a que miles de nicaragüenses optaran por el exilio.

En el informe del GIEI se decriben los patrones de violencia, la actuación coordinada de las distintas estructuras del Estado para la represión y el aval político para la comisión de los crímenes. Esas características, sumadas a la la gravedad y la extensión de los hechos, tanto en el tiempo como en el territorio del país, determinan que los hechos deban ser considerados crímenes de lesa humanidad, con todas las consecuencias que ello implica.

Desafortunadamente, no existe ningún avance en el juzgamiento y la sanción de las graves violaciones de derechos humanos mencionadas en el informe del GIEI. Por el contrario, la garantía de impunidad para esos crímenes fue reforzada en junio de 2019 mediante la sanción, por parte de la Asamblea Nacional, con mayoría de representantes oficialistas, de una Ley de Amnistía que pretende impedir su juzgamiento.

Por otra parte, las autoridades nicaragüenses no han avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI. Su cumplimiento es crucial para reestablecer un estado de derecho y garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir, en tanto se dirigen a reformar instituciones tales como la Policía Nacional, la Fiscalía General y el Sistema de Administración de Justicia.Tampoco se han dado pasos para garantizar los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión. Hasta la fecha las manifestaciones siguen proscritas, y no ha cesado el hostigamiento a defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas.

La violencia desatada a raíz de la protesta social iniciada el 18 de abril de 2018 ha ocasionado un profundo daño a las familias, a las comunidades y a la sociedad nicaragüense. Ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizando la polarización social. Las heridas siguen sin sanar si no se atienden de manera integral con verdad, justicia y reparación a las personas que han perdido a seres queridos.

En tanto numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones que configuran crímenes de lesa humanidad, existe la posibilidad de que sean investigados en las jurisdicciones de otros Estados en virtud del principio de jurisdicción universal. Con la finalidad de evitar la impunidad, consideramos importante que los Estados miembros del sistema regional, la OEA, así como del sistema internacional, la ONU, inicien investigaciones; y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal, conforme el derecho internacional vigente y la legislación interna de cada país.

Corresponde a la comunidad internacional, de la mano de los colectivos de víctimas, personas defensoras y organizaciones, dar el siguiente paso de investigación internacional.

Finalmente, recordamos nuestra última recomendación incluida en el informe del GIEI: consideramos “imprescindible que la sociedad nicaragüense en general y, en particular, los sectores más favorecidos y menos vulnerables, no dejen solas a las víctimas de los graves hechos de violencia y las acompañen en el reclamo de justicia y reparación”.