La asunción de la política derechista Keiko Fujimori como presidenta de Perú, prevista para el 26 de julio, consolida la regresión democrática de este país.
El escrutinio definitivo, casi un mes después de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, le otorgó a Fujimori una ventaja de 0,3% de los votos frente al candidato de izquierda, Roberto Sánchez. En la primera vuelta del 12 abril, Fujimori había conseguido 17%, y Sánchez,12%.
Cabeza de la dinastía familiar más polarizante del país, Fujimori pudo ganar la presidencia en su cuarto intento, luego de muchos años de cogobernar desde el Congreso con su partido Fuerza Popular.
El padre de Keiko, Alberto Fujimori, gobernó Perú entre 1990 y 2000. En esa década se convirtió en dictador, disolvió el Congreso y el Poder Judicial y desplegó a los militares en las calles. Durante su régimen se cometieron numerosas violaciones de derechos humanos en el combate contra grupos armados de izquierda, y se ejecutó un programa de esterilizaciones forzadas. En 2010 fue condenado a 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que fueron asesinadas 25 personas, y por delitos de corrupción. Sin embargo, en 2023 fue liberado por orden del Tribunal Constitucional, alegando razones humanitarias, y murió libre en 2024.
Desde 2006, cuando fue elegida legisladora, Keiko Fujimori se fue convirtiendo en la líder del fujimorismo y en la principal defensora del régimen de su padre – y de su inocencia.
Para la activista Victoria Vigo, víctima de las esterilizaciones forzadas de la década de 1990, una Fujimori en el gobierno representa la vuelta de un modelo de Estado "racista y profundamente opresor".
“El Perú se ha dividido, y un país dividido de esta manera no va a tener un gobierno demasiado bueno o pacifista”, dijo Vigo a democraciaAbierta. A Keiko Fujimori, “le va a ser difícil gobernar; va a empezar a crear fantasmas donde no hay y a recurrir a la opresión”.
Fujimori apunta a consolidar desde la presidencia una estrategia que su partido viene ejecutando desde el Congreso. Apoyó la ley de de amnistía de 2024, que declaró prescritos los crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002, y otra que blinda a militares y policías de ser juzgados por tribunales civiles.
En una región donde la suspensión de garantías constitucionales se normaliza, con los casos de El Salvador, Ecuador y el propio Perú, existe riesgo de que el nuevo gobierno orqueste la captura definitiva de las instituciones en favor de intereses particulares y de la impunidad.
El desafío de la presidenta electa no será solo reactivar una economía estancada, sino convencer a buena parte de la ciudadanía, escéptica de que su apellido puede operar dentro de los límites de una democracia liberal.
Keiko Fujimori, de 51 años, asumirá la presidencia con el capital político y los resentimientos de su padre. A diferencia de aquél, que ejerció un control monolítico, ella recibe un país atomizado y exhausto tras haber devorado a ocho presidentes en apenas una década (Keiko es la novena).
Según el politólogo peruano Alberto Vergara Panigua, a pesar de las diferencias entre los dos candidatos, Fujimori y Sánchez son como dos caras de la misma moneda. “Representan un modelo político contemporáneo ya bien conocido… la búsqueda de la erosión del estado de derecho, el particularismo y, obviamente, la lealtad bajísima respecto a la democracia”, dijo Vergara a democraciaAbierta.
En 2021, cuando perdió las elecciones en su tercer intento, Fujimori denunció que había sufrido un fraude electoral, aunque no presentó pruebas. Este año, antes de la segunda vuelta, puso en duda si reconocería los resultados y solo se distanció de la narrativa de fraude cuando pasó a encabezar el escrutinio.
De modo análogo, Roberto Sánchez denunció que las elecciones no fueron limpias y se negó a reconocer el triunfo de Fujimori.
“Es esencial ver que los dos candidatos son producto del sistema político prevaleciente. Son hijos del statu quo, y en muchos sentidos, con sus matices, abocados a la reproducción del statu quo”, dijo Vergara, docente, escritor e investigador en la Universidad del Pacífico de Lima.
Una trayectoria poco democrática
A Vergara no le extrañaría que Fujimori gobernara con suspensión total o parcial de garantías constitucionales.
“Ni siquiera usaría la expresión ‘podría ir hacia allá’. Ya está ahí, porque ella ha apoyado todas las violaciones de derechos humanos de los últimos tres o cuatro años en el Perú, como las matanzas [de 50 manifestantes bajo la presidencia de] Dina Boluarte, y su bancada ha hecho pasar [la ley] de amnistía, en la peor tradición latinoamericana autoritaria, y otra que tiene efectos para relajar el control civil sobre los abusos de las fuerzas del orden. Antes lo hacía desde el Legislativo y ahora va a hacerlo desde el Ejecutivo”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó el año pasado a Perú a anular la ley de amnistía, pues contraviene el derecho internacional. Desde entonces la tensión con la Corte Interamericana fue creciente, y Perú amenazó con retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Fujimori se mostró favorable a ese retiro, con la promesa de un presunto retorno, pero sin aceptar la plena jurisdicción de las convenciones de derechos humanos y de la Corte.
Uno de los crímenes que entrarían en la amnistía es el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de Alberto Fujimori, que esterilizó a más de 272.000 mujeres y 22.000 hombres entre 1996 y 2000, según registros oficiales. Esa política constituyó “una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas”, determinó en 2024 el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Diana Cariboni
Vigo pasó por una esterlización en 1996, cuando estaba embarazada de su tercer hijo y le practicaron una cesárea de emergencia.
"En pleno gobierno de Fujimori, cuando yo tuve la desgracia de caer en manos de esta política de planificación familiar… me sacan un hijo prematuro, que muere, y ahí me esterilizan, pero no me informan ni me consultan, y en la historia clínica no lo ponen. Y yo me entero porque yo los escucho a los médicos. El médico jamás se acercó a mí a decirme lo que iba a hacer. Pero él dijo ‘yo recibía órdenes de arriba’", relató.
Para Vigo se trató de “una política racista y colonialista, porque esta llamada planificación familiar solamente fue para un sector, para los lugares más pobres, para las personas quechuahablantes”. Muchas víctimas eran muy jóvenes. “Y los incentivos eran alimentarios; les daban comida, era un trueque que hacían. Eso se explica por una discriminación muy grande".
A partir de un proyecto universitario que investigaba las esterilizaciones forzadas, Vigo dimensionó que su caso era uno entre miles. Luego de años de procedimientos judiciales logró ganar su caso y obtener una reparación económica. Así comenzó su vida como activista. Llegó a visitar Estados Unidos con organizaciones internacionales para denunciar que el gobierno de Fujimori utilizaba dinero de la agencia de desarrollo USAID para su programa.
Como activista, ha sufrido amenazas y agresiones. “El insulto era terrorismo, que yo defendía el terrorismo y eso fue muy agresivo”, dijo. Oriunda de la norteña localidad de Piura, Vigo vive ahora en Canadá, al que se mudó tras pedir ayuda a Amnistía Internacional. “Recibí amenazas por Internet, pero después ya amenazas físicas".
El peligro más inminente es que, con este marco legal y Fujimori en el gobierno, se estanquen los juicios por estos y otros crímenes, pero también una activa campaña de revisionismo, con el nuevo gobierno promoviendo narrativas que relativicen los crímenes de Estado, y debilitando el lugar que ocupa la memoria histórica en la educación pública y los espacios civiles.
Vigo también teme por sus hijos y por sus compañeras de la Asociación de Mujeres Sobrevivientes de las Esterilización del Perú, que ella ayudó a fundar.
“Ellas me dicen ‘nos da miedo, Victoria, porque ahora puede haber controversia con nuestra familia’. Tengo que ser cuidadosa ahora porque ellas están expuestas. Yo las entiendo porque mi familia estuvo con mucha presión hasta ahora en Perú. Mi hija me dice ‘mamá, es muy terrible lo que sucede’”, dijo.
Vigo espera seguir denunciando los retrocesos de derechos humanos de su país desde Canadá. "Algo que le dije al gobierno canadiense fue que el hecho de que yo esté pidiendo asilo aquí, porque no me siento segura en mi país, es porque yo quiero seguir ayudando; voy a seguir desde acá y no me van a callar".
La marca del ‘fujimorismo’
El llamado fujimorismo es una criatura política particular, pero cada vez más frecuente en América Latina: una amalgama de populismo de derecha, conservadurismo social y una fe sin límites en el libre mercado.
En campaña, Keiko Fujimori se presentó como la única capaz de salvar a Perú del abismo del “radicalismo de izquierda”, un argumento que resonó en Lima, capital temerosa de la inestabilidad económica. Su plataforma prometió restablecer “el orden” bajo una doctrina de "mano dura" inspirada en los modelos punitivos que hoy ganan terreno en la región.
Pero este fujimorismo renovado carga con una crisis de identidad. Por un lado, reclama el crédito por la estabilidad macroeconómica del país, el llamado “milagro” peruano basado en una economía primarizada de minería y agroexportación, con cifras muy bajas de inflación, déficit fical y endeudamiento público. Por el otro, se niega a hacer un mea culpa por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la corrupción que caracterizaron al régimen de Alberto Fujimori y determinaron su colapso en 2000.
Esta dualidad es la que hace sonar las alarmas. No se trata del riesgo de un golpe militar, como los que abundaron en la región en el siglo pasado, sino de una erosión interna de las instituciones mediante el uso legal del aparato estatal.
Vergara y el politólogo Rodrigo Barrenechea observaban en un artículo publicado en 2023 que “el proceso político peruano reciente podría tener relevancia teórica” para entender los acontecimientos en otros países. En ese y otros artículos, los autores sugerían que mientras la academia asume que las democracias mueren por concentración del poder, el caso de Perú revela “que las democracias pueden deteriorarse por lo opuesto: la dilución del poder”.
Perú no solo tuvo ocho presidentes en una década, también tuvo elecciones con 35 candidatos presidenciales, niveles de aprobación del Congreso y la presidencia entre los más bajos de la región y apatía de la ciudadanía ante la política. En la recta final de la última campaña electoral, ocho de cada 10 personas dijeron no saber cómo se debía votar, según una encuesta de Datum Internacional para diario El Comercio.
Vergara observó que “no hay que olvidar que en el Perú, el objetivo principal que tienen los políticos es sobrevivir; todos saben que la política es muy inestable, sujeta a golpes de timón que provienen de pequeños escándalos y de cambios de ánimo”. En ese contexto, “si les conviene alinearse con Trump y sacrificar lo que sea, lo van a hacer; con Trump, como con cualquiera”.
Keiko Fujimori se alineó con la política migratoria de Trump, y apoyó el ataque a Venezuela y el secuestro del expresidente Nicolás Maduro. El secretario de Estado, Marco Rubio, la felicitó por su triunfo.
En Perú, los fantasmas de la década de 1990 nunca se fueron realmente. Dos décadas y media después, están de vuelta en la presidencia.
Dacil Lanza es periodista especializada en política internacional, actualmente en France 24 en español. Colabora y ha colaborado en medios como el diario italiano Il Manifesto, la revista Nueva Sociedad y Cenital, entre otros. En Argentina, trabajó en la agencia Télam y El Destape. Realizó coberturas en Brasil, Chile, Colombia y España, y en países de Medio Oriente, entre ellos Israel, Palestina y Egipto.
