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Postconflicto en Colombia (4). Sin previa invitación: mujeres en La Habana

La participación e incidencia de mujeres en negociaciones de paz ha sido escasa. ¿Cuál es la situación en los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana? English Português

Isabela Marín Carvajal
3 February 2016
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Guerrilleros de las FARC. Ricardo Mazalan /AP/Press Association Images. All rights reserved.

Para el segundo semestre de 2013 y cerca de cumplir un año de avanzado el proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, la Mesa de Negociaciones de La Habana estaba conformada por voces casi exclusivamente masculinas, contando para ese momento con una sola mujer entre sus negociadores –Judith Simanca Herrera alias “Victoria Sandino”, quien entró a hacer parte de la Mesa de Negociación desde abril de 2013. Sin embargo, durante los dos años subsiguientes el panorama se ha ido transformando notablemente.

Factores como las acciones realizadas por las mujeres para incrementar su influencia sobre las negociaciones de paz, la presencia de actores con influencia sobre la toma de decisiones en las negociaciones que asuman un papel de aliados/as de las mujeres y la instalación de mecanismos formales para garantizar la participación de la sociedad civil, ubican al proceso de negociación de La Habana en un lugar “ejemplar” en cuanto a participación de mujeres en negociaciones de paz y en la apertura de espacios para su incidencia en la planeación del postconflicto y la construcción de paz. Así las cosas, Colombia ha pasado a ser uno de los pocos casos, junto con países como Filipinas, Guatemala e Irlanda del Norte, en los que se ha logrado encontrar factores como los mencionados que han permitido alterar un poco la balanza de inequidad que se da en este tipo de espacios de toma de decisión.   

La lucha de las organizaciones de mujeres y sus logros frente al proceso de paz

Un primer acontecimiento que marcó la diferencia en el transcurso de las negociaciones de paz, fue la realización de la Cumbre de Mujeres y Paz en octubre de 2013. La Cumbre tuvo lugar por la iniciativa de diez organizaciones de mujeres del país y el apoyo de ONU Mujeres, que buscaban mediante este espacio la confluencia de una gran multiplicidad de organizaciones de mujeres para presionar por una mayor presencia de mujeres en las negociaciones de paz. En la Cumbre participaron más de 500 mujeres pertenecientes a diferentes sectores sociales. A partir de la realización de la Cumbre de Mujeres y Paz, se elabora un documento que recoge las 810 propuestas que las mujeres presentaron en dicho espacio, el cual fue presentado a la Mesa de Negociación en 2015. Éste incluyó unas consideraciones generales incluyendo los principios básicos para la incorporación del enfoque de género en todos los puntos del acuerdo.

Los esfuerzos de las organizaciones de mujeres en el marco de la realización de la Cumbre y el apoyo de ONU Mujeres, atrajeron la atención de otros miembros de la comunidad internacional, quienes también empezaron a ejercer presión sobre el gobierno colombiano sobre la importancia de incluir más mujeres en la mesa de negociaciones y en la verificación y ejecución de los acuerdos. De esta manera, un mes después de la Cumbre, a finales de noviembre de 2013, se anunció el nombramiento de dos plenipotenciarias que entrarían a reemplazar a Luis Carlos Villegas (quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia durante varios años, antes de ser nombrado como plenipotenciario en septiembre de 2012) en la mesa de negociaciones en representación del gobierno. Por un lado, se nombró a Nigeria Rentería, Alta Consejera para la Mujer, y por otro lado, se nombró a María Paulina Riveros, para el momento Directora de derechos humanos del Ministerio del Interior.  

Por otra parte, entre noviembre de 2012 y septiembre de 2013, se instalaron los Foros y Mesas de Trabajo a nivel nacional y regional en el que las mujeres pudieron dejar por sentado sus propuestas sobre los temas del Acuerdo General, conocido como las consultas ciudadanas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Según información disponible sobre los eventos, la participación de mujeres en estos espacios formales fue de 4.276, lo que representa el 45% del total de participantes[1]. Los foros tuvieron representación de mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, jóvenes, raizales, LGBTI, mujeres víctimas del conflicto armado, empresarias, defensoras de derechos humanos, activistas de paz, sindicalistas, de partidos y movimientos políticos. Los resultados fueron sistematizados por la ONU y entregados a la Mesa de Conversaciones a través de los países garantes, Cuba y Noruega.

Los temas priorizados por las mujeres en los foros fueron verdad, reparación y justicia, contenido en el punto sobre Víctimas, así como, desarrollo social rural y medidas efectivas para promover una mayor participación política. Algunas de las propuestas consistieron en que, conocida la verdad, los actores legales e ilegales asuman la responsabilidad de los hechos victimizantes. También se resaltó la necesidad de crear comisiones de la verdad que deben contar con mujeres en el equipo y con subcomisiones especiales para tratar los asuntos de género. Y en cuanto al componente de reparación, la creación de programas de protección de las mujeres víctimas y lideresas en situación de riesgo, en las que se adopte medidas especiales de prevención, protección y garantías de no repetición sobre todo en zonas de reintegración de combatientes.

En las propuestas enmarcadas en el punto de desarrollo agrario se centraron en las necesidades en educación, salud, vivienda e ingresos. Adicionalmente, en este punto, se recomendó como algo fundamental incluir un capítulo específico de Mujer Rural (articulado a la ley 731 de 2002 que busca favorecer a la mujer rural) en la futura ley de tierras y desarrollo rural. Y, sobre participación política las exigencias van dirigidas a cerrar las brechas de género en la participación en los espacios de toma de decisión como los partidos, la administración pública y los espacios de participación ciudadana, así como, transformar las prácticas discriminatorias de los partidos y otras expresiones de participación política y ciudadana. Por último, en las consultas se destacó una propuesta que hace parte de los temas transversales al Acuerdo, que se refiere a los aportes en cultura de paz mediante el rechazo de la militarización, la guerra, y la violencia contra la mujer, como expresión de culturas patriarcales en las que prevalecen los patrones de discriminación.

Finalmente, en septiembre de 2014 se anunció la instalación de una Subcomisión de Género en La Habana. La Subcomisión es una instancia de carácter técnico y se encarga de revisar los acuerdos a la luz de recomendaciones presentadas por expertas/os en género. Está conformada por cinco representantes del gobierno y cinco de la guerrilla, y quienes la encabezan son María Paulina Riveros, en representación del gobierno, y Victoria Sandino, en representación de la guerrilla. En el marco de la creación de la Subcomisión, viajaron a La Habana organizaciones nacionales y regionales de mujeres víctimas del conflicto, de empoderamiento y defensa de los derechos de las mujeres, de construcción de paz desde el arte, de excombatientes, de lucha por el reconocimiento de los derechos LGBTI, y de organizaciones indígenas, campesinas y negras (en representación de las organizaciones viajaron 16 mujeres y 2 hombres).

Los viajes tuvieron como objetivo darle un espacio a que cada representante presentara  sus posiciones y reivindicaciones, principalmente ante la Subcomisión de Género y, en algunos casos, ante parte de los negociadores. De igual manera, los representantes hicieron entrega de una propuesta colectiva sobre los acuerdos que están siendo negociados. Y en los ciclos de visitas de las delegaciones de víctimas también hubo una participación bastante alta de mujeres: de las 60 personas que hicieron parte de las 5 delegaciones de víctimas, 36 eran mujeres, es decir el 60%. En el marco de este mecanismo, se logró plantear con fuerza el tema de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, que es uno de los asuntos de mayor interés para las organizaciones entre lo que se discute en las negociaciones de paz. Una de las preocupaciones es la falta de reconocimiento de este delito por parte de los actores armados ilegales –si bien el Registro Único de Víctimas tiene documentados 1.724 hechos de violencia sexual ocurridos entre 1985 y 2012, en el caso de los paramilitares, durante el proceso Justicia y Paz con las AUC solo confesaron un total de 96 casos.

Una de las expertas en género, que viajó a La Habana, entrevistada en Marzo de 2015, planteó lo siguiente refiriéndose a las ventajas de la creación de la subcomisión de género:

“(…) yo creo que realmente esta subcomisión de género está logrando cosas; se ha ganado un reconocimiento y legitimidad de la mesa en forma tal que la agenda efectivamente los puntos acordados, cuando uno lee los puntos acordados uno sabe que alguien alzo la mano a favor de la perspectiva de los derechos de las mujeres, no porque sean los más feministas, pero claramente ahí hay la evidencia de un trabajo que ha hecho, fundamentalmente la subcomisión de género.”

No todo es “color de rosa”

A pesar de lo anterior, aún hay varios espacios paralelos a la mesa de negociación en los que se discuten temas fundamentales en términos de verdad, justicia transicional y planeación del postconflicto en los que la representación de mujeres sigue siendo mínima. Algunos de esos espacios son: el Consejo Nacional de Paz, que cuenta únicamente con un cupo para organizaciones de mujeres; la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en la que de los doce comisionados y los dos relatores convocados para escribir los informes, sólo se contó con una mujer; y de los especialistas nacionales e internacionales que han estado en La Habana asesorando a las delegaciones, ni de los asesores que discuten los temas de fondo de la negociación, ni los expertos que fueron convocados para discutir cada uno de los temas de la agenda ha habido mujeres, a excepción del componente de Víctimas.

Por otra parte, las organizaciones de mujeres tienen una visión pesimista de lo que se puede lograr en el marco de las negociaciones y el Acuerdo de paz, en cuanto a sus reivindicaciones alrededor del tema de violencia sexual, por razones como, la dificultad de que sus perpetradores acepten la responsabilidad en este tipo de hechos, la poca documentación e investigación que hay sobre cómo se ha expresado la violencia sexual en el conflicto armado en Colombia, y las barreras que existen para interponer las denuncias, en parte por el estigma social que recae sobre la víctima y por la revictimización que sufren de parte de los funcionarios públicos que las atienden. Como lo expresó una de las expertas en género que viajó a la Habana, entrevistada en Bogotá en marzo de 2015, a importancia de que los actores reconozcan su responsabilidad en hechos de violencia sexual es fundamental a nivel simbólico para el proceso de reparación y empoderamiento de las víctimas:

“Nosotras resaltamos mucho más el efecto de la justicia en las mujeres víctimas de violencia sexual porque resulta que de entrada, la mujer que es violada no considera que tiene derechos. Aún la gente más discriminada de este país tiene conciencia de que la guerra le ha violado fuertemente sus derechos, pero es que las mujeres parten de que no es un derecho suyo de que no las violen, no es un derecho suyo que no las maltraten, no es un derecho tener una vida libre de violencia. Piensan que es que él me pegó porque yo no le tenía la comida lista, es que el señor me violó porque tal cosa. En el único caso en el cual la víctima es la que se siente culpable y con vergüenza es la violencia sexual. Y si a la mujer se le llega a olvidar que ella es la culpable de lo que le pasó o lo empieza a superar, se lo recuerda la comunidad, la familia, la administración de justicia.”

Sin embargo, asociado a este tema, se puede interpretar como un logro parcial el hecho que la violencia sexual haya sido declarada como uno de los delitos sobre los que no habrá amnistía o indulto en la Jurisdicción Especial para la Paz y en el borrador conjunto del Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto, publicado en diciembre de 2015, donde también se establece que la Unidad de Investigación y Acusación contará con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual, y que se “atenderán las disposiciones especiales sobre práctica de pruebas en la materia incluidas en el Estatuto de Roma”.

Así las cosas, la experiencia que ha tenido Colombia en cuanto a inclusión de mujeres y una perspectiva de género en las negociaciones y el Acuerdo de paz de La Habana, es al menos alentadora. Aún queda por verse si este ímpetu se mantiene durante el periodo de implementación de acuerdos y en los mecanismos que se establezcan para su diseño, o si nuevamente se debe presionar desde  las organizaciones de mujeres para asegurar que su voz y su agenda sean tenidas en cuenta en la construcción de un país en paz.


[1] Información tomada de los balances generales elaborados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

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