El 25 de octubre de este año Chile realizará un plebiscito para decidir si el país debe embarcarse en la redacción de una nueva constitución política. Una constitución nueva con legitimación popular promete arreglar la profunda crisis política que llevó al país a cinco meses de protestas a fines de 2019 e inicios de 2020, y que ha agravado severamente la respuesta del país a la pandemia de la Covid-19. Ahora bien, aquí argumentamos que este proceso constitucional sólo será exitoso si logra representar diversamente a la ciudadanía.
Protestas y demandas insatisfechas
Las protestas que comenzaron en octubre de 2019 no tienen precedente porque tuvieron un involucramiento juvenil altísimo (55% de las y los jóvenes entre 18-24 años participaron en al menos una protesta), sin líderes claras, con clases e ideologías diversas, y porque involucraron niveles de violencia no registrados desde la dictadura. Llamando a rechazar el “abuso” de la elite y el Estado, múltiples demandas se fusionaron en estas movilizaciones. Muchas y muchos protestantes pertenecían a un diverso grupo de organizaciones sociales que se han manifestado por demandas no resueltas desde hace décadas. Aunque esas demandas apuntaban a problemas en salud, educación, vivienda, empleo y pensiones, todas ellas develaban un sistema de protección social inefectivo y cooptado por intereses económicos.
Por ejemplo, desde la dictadura de Pinochet, en los 1980s, el Estado chileno ha insistido en debilitar sus escuelas públicas en beneficio del sector privado. De hecho, actualmente un 60% de las y los escolares pertenecen a algún tipo de escuela privada (privada o semi-privada). Eso quiere decir que la gran mayoría de las y los estudiantes paga mensualmente a instituciones para obtener educación.
