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Sed de democracia en Chile: ¿Saciará el actual proceso constituyente a sus ciudadanas y ciudadanos?

Una constitución nueva con legitimación popular promete arreglar la profunda crisis política en Chile, pero sólo será exitosa si logra representar diversamente a la ciudadanía.

Simón Escoffier Anna Clemente
29 September 2020
Una protesta en Santiago de Chile, el 8 de noviembre de 2019
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Jorge Villegas/Xinhua News Agency/PA Images

El 25 de octubre de este año Chile realizará un plebiscito para decidir si el país debe embarcarse en la redacción de una nueva constitución política. Una constitución nueva con legitimación popular promete arreglar la profunda crisis política que llevó al país a cinco meses de protestas a fines de 2019 e inicios de 2020, y que ha agravado severamente la respuesta del país a la pandemia de la Covid-19. Ahora bien, aquí argumentamos que este proceso constitucional sólo será exitoso si logra representar diversamente a la ciudadanía.

Protestas y demandas insatisfechas

Las protestas que comenzaron en octubre de 2019 no tienen precedente porque tuvieron un involucramiento juvenil altísimo (55% de las y los jóvenes entre 18-24 años participaron en al menos una protesta), sin líderes claras, con clases e ideologías diversas, y porque involucraron niveles de violencia no registrados desde la dictadura. Llamando a rechazar el “abuso” de la elite y el Estado, múltiples demandas se fusionaron en estas movilizaciones. Muchas y muchos protestantes pertenecían a un diverso grupo de organizaciones sociales que se han manifestado por demandas no resueltas desde hace décadas. Aunque esas demandas apuntaban a problemas en salud, educación, vivienda, empleo y pensiones, todas ellas develaban un sistema de protección social inefectivo y cooptado por intereses económicos.

Por ejemplo, desde la dictadura de Pinochet, en los 1980s, el Estado chileno ha insistido en debilitar sus escuelas públicas en beneficio del sector privado. De hecho, actualmente un 60% de las y los escolares pertenecen a algún tipo de escuela privada (privada o semi-privada). Eso quiere decir que la gran mayoría de las y los estudiantes paga mensualmente a instituciones para obtener educación.

Las movilizaciones también demandaron una reforma urgente al sistema de pensiones. Introducido por el régimen de Pinochet, el sistema de pensiones chileno recauda principalmente contribuciones de trabajadores administradas por empresas con fines de lucro, llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Aunque las y los trabajadores aportan aproximadamente un 10% mensual de su salario, su pensión termina siendo muy baja. Un 80% de las y los pensionados recibe menos del salario mínimo cada mes, y esto es peor en el caso de las mujeres.

Insistentemente, las autoridades han demostrado ser reacias o muy lentas para reaccionar a las demandas ciudadanas. Es por esto que, desde octubre del pasado año, las y los protestantes demostraron estar desproporcionadamente desilusionadas/os con su régimen político (vea Gráfico 1).

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Satisfacción con la democracia entre quienes participaron y no participaron en protestas | Elaboración de autores basada en datos CEP

Crisis política

En 2014, las autoridades tributarias chilenas descubrieron una red de política que financiaba ilegalmente campañas con contribuciones de una compañía minera llamada Soquimich. El fraude llegó a los US$6,6 millones y atravesó el espectro político, involucrando a miembros de partidos de las dos principales coaliciones. Un perdón fue entonces diseñado por la administración de Bachelet para prevenir que esas personas enfrentaran juicios por corrupción. Desde entonces, escándalos similares han involucrado a más miembros de partidos políticos, la Iglesia Católica, las fuerzas armadas y la policía.

Estos escándalos incrementan la frustración que la ciudadanía chilena venía ya acumulando hacia sus elites. El resultado es una alta desafección política. Desde su transición democrática en 1990, el divorcio entre las personas y sus instituciones políticas se ha ampliado progresivamente. Las encuestas anuales indican que los niveles más altos de confianza hacia el parlamento y partidos políticos entre 2015 y 2019 fue de un escueto 6%. De hecho, en 2019 sólo un 2% de las personas declaró confiar en partidos políticos. Similarmente, el 44% de las personas indicaron no tener identificación política en 2006. Eso contrasta fuertemente con el 72% que contestó lo mismo en 2019.

Esta dinámica se refleja en las elecciones: Chile sufrió la caída más fuerte de las democracias del globo en su participación electoral, desde el 86% de participación en 1989 al 46,6% en 2017. Eso quiere decir que la mayoría de la población apta para hacerlo no votó en las últimas elecciones presidenciales. Dado que la frecuencia de voto disminuye junto con el ingreso de las personas, esta desafección también involucra alta desigualdad política. En otras palabras, las voces de las personas más pobres cuentan menos, lo que a su vez refuerza la sensación colectiva de ineficacia política y apatía.

Sin embargo, pese a la sostenida desconexión entre ciudadanía y política institucional, el número de personas que apoya la democracia ha venido creciendo (véase Gráfico 2). En otras palabras, la insatisfacción ciudadana con sus autoridades políticas es, en parte, el resultado de que la gente quiere vivir en un sistema más democrático; un sistema que responda menos a los intereses de las elites y más a las necesidades de la mayoría de las personas.

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Apoyo a la democracia como el major regimen | Elaboración de autores basada en datos Latinobarometro

Nueva constitución: ¿Más democracia?

Uno de los legados más importantes de la dictadura militar que terminó en 1990 es la Constitución Política de Chile. Aunque ha sufrido muchas modificaciones, el corazón del documento se ha mantenido igual desde que fue aprobado autoritariamente en 1980. Por eso, la Constitución es ampliamente impopular.

Además, es un documento que, sin duda, daña la democracia. La Constitución chilena, por ejemplo, establece un Tribunal Constitucional políticamente elegido que es capaz de vetar legislación ya aprobada por el parlamento. Este tribunal ha bloqueado insistentemente legislación que no favorece a grandes empresas y a la elite. La Constitución también hace casi imposible cambiar un grupo de Leyes Orgánicas que son críticas en la estructura política del país. Estas leyes promueven la alta centralización política del estado chileno, la casi completa autonomía de las fuerzas armadas, y partidos políticos con estructuras de poder altamente concentrado. Ellas también norman un sistema de pensiones altamente mercantilizado y financiarizado. Adicionalmente, la Constitución erosiona los derechos sociales al priorizar la inversión privada por sobre la provisión de servicios del estado.

Hace ya tiempo que las personas en Chile han deslegitimado la Constitución chilena y entienden cuán central es una nueva Carta Magna para el futuro desarrollo democrático del país. Al enfrentarse con la violenta crisis política que emergió a fines del año pasado, el parlamento chileno decidió comenzar un proceso constitucional que pudiese redibujar el involucramiento político. Como resultado, un plebiscito nacional será llevado a cabo el 25 de octubre de este 2020 para decidir si el país necesita una nueva Constitución y sobre el método para realizar ese objetivo – o bien a través de una Convención Constitucional (CC), o bien a través de una Convención Mixta Constitucional (CMC). Mientras la CMC estará compuesta por miembros de la ciudadanía y del parlamento (86 en cada caso), la CC sólo tendrá ciudadanas y ciudadanos de elección popular (155).

Las encuestas indican que la gran mayoría de la población aprobará un proceso constituyente y preferirá la CC para redactar el texto del nuevo documento. Estas decisión deberían, presumiblemente, evitar que las elites políticas y económicas controlen el proceso constituyente. Además, luego de hacer un arduo lobby, un grupo de académicas y activistas lograron asegurar que, de realizarse, la CC tenga paridad de género. Este paso, sin duda, hará más representativa a la convención.

Pese a estas preparaciones electorales, sin embargo, un par de factores hacen improbable que este proceso constituyente satisfaga apropiadamente la sed de democracia en Chile. Primero, el sistema D’Hondt, que se utilizará al elegir las y los miembros de la CC y la CMC, hace casi imposible el éxito electoral de personas independientes que no pertenecen a partidos políticos. En otras palabras, el proceso constitucional excluirá a líderes sociales y a otras personas que están fuera del sistema político institucional. Muchas decisiones cruciales en el borrador constitucional podrán estar influidas por las ya altamente impopulares elites de partidos. Esto erosionará la legitimidad popular de la nueva constitución.

Segundo, ni la CC, ni la CMC planean contar con cuotas para pueblos originarios. Históricamente marginada y políticamente subrepresentada, la población indígena nuevamente tendrá una voz más débil en la redacción de la nueva constitución. Varias organizaciones, activistas y figuras públicas han llamado la atención sobre estos desafíos. Las autoridades aún tienen tiempo de asegurar una constitución propiamente democrática para Chile. Desperdiciar esta oportunidad histórica será traicionar las esperanzas de ciudadanas y ciudadanos; será desconectarles aún más de los procesos políticos.

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