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La justicia es clave para una paz estable y duradera

La cuestión de la justicia transicional es compleja, aunque imprescindible para recuperar la confianza pública. Llegar a un acuerdo polémico demoró un año y medio. English

DemocraciaAbierta
23 November 2017
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Firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Septiembre de 2016. Foto: Wikimedia Commons.

Este artículo forma parte de la sección El proceso de paz: de principio a fin, dentro del proyecto conjunto entre DemocraciaAbierta y el IFIT “Construcción de paz en Colombia: lecciones de los negociadores”.

Visite la cronología del proceso de paz aquí. 

Diseño de proceso 

Durante la discusión todos los puntos de la agenda, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz fue la encargada diseñar el proceso de paz. Sin embargo, durante la discusión de este punto en particular, el presidente Juan Manuel Santos creó una comisión de abogados expertos que tenía el mandato de "asesorar a la delegación gubernamental", con una influencia significativa en el diseño del proceso y los acuerdos alcanzados. Sobre todo, el diseño se basó en un buen mapeo de otros procesos de paz. La referencia principal fue el proceso de paz anterior del gobierno de Andrés Pastrana con las guerrillas de las FARC, conocido como el proceso del Caguán. La mayor parte del diseño del proceso se basó en las lecciones aprendidas en el intento anterior. Esta fase exploratoria no incluyó un documento o reglas básicas. Lo que tenía que suceder en esta fase de diseño era establecer un proceso de acercamiento. A partir de ahí, la metodología se construyó poco a poco, y las reglas del proceso se combinaron en el Acuerdo General. El Acuerdo General estableció el tipo de negociación (directa y reservada), el mecanismo de participación, el mecanismo de validación y la agenda incluida en la lista.  Esta fase consistió, básicamente, en crear la estructura del proceso.

 

Las negociaciones y los desafíos 

Uno de los períodos más tensos en las negociaciones se produjo con respecto a la justicia transicional, en particular alrededor de la creación de un subcomité legal para resolver lo que sucedería con los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado. El principal participante internacional activo en este tema fue Noruega, que ayudó a financiar a los abogados de las FARC para garantizar que sus líderes tuvieran un buen asesoramiento legal. Sin embargo, estos asesores sobre justicia transicional también incluyeron expertos internacionales de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, hubo un español, que aconsejaba a la delegación de las FARC y un canadiense, que aconsejaba a la delegación gubernamental.

 

Mecanismos de construcción de confianza (MCC) 

El proceso de construcción de confianza, en este caso, se remonta a la parte exploratoria de la fase de diseño del proceso, en la cual el gobierno tuvo que extraer a las guerrillas de las FARC involucradas en las negociaciones y llevarlas a La Habana. Este mero acto representó un ejercicio temprano de construcción de confianza, ya que algunos miembros de las FARC fueron puestos en manos del gobierno y el gobierno los protegió y transportó a La Habana, tal como habían acordado. Esto continuó durante todo el proceso, comenzando por otorgar amnistías y perdones en base a la legislación vigente. Estas personas amnistiadas, al ser liberadas de la prisión, pudieron comenzar a explicar el acuerdo de paz a los diferentes sectores dentro de la organización. En 2014, las medidas de construcción de confianza dirigidas a las víctimas comenzaron a aplicarse en esferas como el desminado humanitario, la búsqueda de personas desaparecidas y la erradicación de cultivos ilícitos. Estas MCC se implementaron para generar confianza en las delegaciones y en la sociedad civil.

 

Refrendación 

Desde el comienzo del proceso de paz, en parte porque las conversaciones iban a ser a puerta cerrada y no habría una participación pública abierta – especialmente después de los problemas que esto había causado en procesos anteriores, como el del Caguán ­–, se acordó que, fuese cual fuese el resultado, serían los colombianos quienes votarían para aprobar o rechazar el acuerdo de paz. Se exploraron diferentes mecanismos de refrendación y, por distintas razones legales, se eligió el plebiscito como el mecanismo de validación a utilizar más apropiado. Los negociadores cambiaron las reglas del plebiscito de un umbral mínimo de participación a un umbral mínimo de aprobación, y ello para desalentar a la oposición de que promoviese la abstención y, en cualquier caso, intentar alentar a la gente a votar por una posición u otra.

El plebiscito tuvo finalmente lugar el 2 de octubre y el 'No' terminó ganando por un estrecho margen. Después del plebiscito, comenzó la fase de renegociación, en la cual se introdujeron serios cambios al Acuerdo de Paz: se trabajó mucho con representantes de diferentes sectores del 'No', tanto políticos como organizativos. Incluso así, al final de este proceso, los diferentes líderes políticos del ‘No’ rechazaron el Nuevo Acuerdo, y el gobierno tomó la decisión de llevarlo al Congreso para que fuera respaldado por los diputados. 

Independientemente de si había otras alternativas o no, al final quedó claro que el objetivo buscado por el plebiscito fue proteger políticamente y legalmente el acuerdo para que tuviera sostenibilidad a largo plazo. Este objetivo se vio obstaculizado por la victoria del 'No', y hoy existen riesgos, tanto políticos (frente a las próximas elecciones presidenciales) como legales (frente a sentencias de tribunales constitucionales), que pueden poner en peligro ciertos elementos del acuerdo.

 

Implementación y validación

Hay dos desafíos principales, uno a corto y otro a largo plazo. El desafío a corto plazo que más preocupa es la reintegración de los miembros de las FARC. Esta fue una de las cuestiones que quedó poco definida en el Acuerdo de Paz, ya que fue un tema que se dejó para el final, y en la última fase solo se alcanzó a enumerar ciertas actividades, pero no se desarrolló realmente un programa de reincorporación. Este es un problema serio para el país porque, a fines de agosto 2017, los programas de reincorporación deberían haber sido desplegados y la cuestión no estaba clara.

Si no hay un programa claro de reintegración, existen riesgos de reincidencia – personas que puedan comenzar a cometer crímenes porque no tengan otra fuente de ingresos. A largo plazo, preocupa el compromiso político con los cambios, particularmente en cuestiones de acceso a la tierra y construcción del Estado en las áreas más afectadas por el conflicto, donde nunca ha habido incentivos políticos para llevar bienes y servicios, porque allí no hay suficientes votos. Es necesario un compromiso político muy serio por parte de los líderes que lleguen a la presidencia, así como al Congreso, para materializar realmente el Acuerdo de Paz. De lo contrario, sería muy fácil dejar que se  hunda, y en ese sentido, el mayor desafío son las elecciones presidenciales de 2018.

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