América latina estalló otra vez. Desde hace meses la región se encuentra nuevamente convulsionada por un nuevo ciclo de protestas. Desde hace décadas que las tensiones sociales producto del neoliberalismo y el populismo siguen sin resolverse. América latina es el continente más desigual y violento del mundo.

De pronto las portadas de los distintos diarios se preguntan ¿Qué está pasando en América Latina? Dadas las condiciones socio-económicas instauradas por el neoliberalismo en la región y los fracasos de los gobiernos populistas, uno debería preguntarse ¿Por qué las protestas deberían detenerse?

La sociedad latinoamericana es un sismo social que nadie puede prever ni cuándo, ni dónde, ni con qué intensidad estallará. La mayor parte de sus habitantes viven con frustración y en estado de exasperación permanente. En Chile, por ejemplo, el 60% de su población tiene que endeudarse para cubrir sus gastos básicos del mes. Cualquier decisión política de los gobiernos que afecte el bolsillo puede desencadenar la protesta.

En Ecuador, el actual presidente Lenin Moreno decidió retirar el subsidio a los combustibles para cumplir con un programa de austeridad acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sebastián Piñera, presidente de Chile, había decretado un aumento de 30 pesos del boleto del metro.

Fin del ciclo progresista

Las protestas en Haití, Ecuador, Chile o Colombia o Bolivia expresan no solo una crisis de legitimidad política de los distintos gobiernos, sino de la democracia en la región. La población latinoamericana cree cada vez menos en la democracia como sistema político para resolver sus problemas económicos y para acceder a servicios públicos de calidad (educación, salud, seguridad, transporte).

En Chile, las movilizaciones exigen una reforma de la Constitución (1980) heredada de la dictadura de Pinochet. En Bolivia, el golpe de estado que destituyó a Evo Morales desató una ola de protestas en defensa de las conquistas sociales y de reconocimiento indígena logradas tras los 14 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

El fin del ciclo de los gobiernos progresistas en la región (2000-2015), producto de las tensiones irresueltas entre el neoliberalismo y la democracia, ha abierto un nuevo ciclo de radicalización política. Las respuestas de los gobiernos a las protestas fueron violentas y exhiben una militarización creciente de las democracias. En Chile, desde el comienzo de las manifestaciones el 18 de octubre murieron 26 personas, hubo más de 11. 000 heridos, y más de 17.000 detenidos.

En Bolivia los enfrentamientos entre el ejército y los seguidores de Evo Morales se cobraron la vida de 23 personas y más de 200 heridos. En Colombia, tras el llamado al paro nacional contra el gobierno de Duque, el más importante en 60 años, las protestas dejaron más de 200 heridos y 3 muertos. Desde agosto de 2018, cuando Duque asumió el gobierno, fueron asesinados 129 indígenas.

A comienzos de los años 2000, producto de las movilizaciones contra las políticas de ajuste neoliberal de la década de los ’90, resultaron electos gobiernos progresistas en la región, más conocida como la Nueva Izquierda en América latina. Su clasificación en el espectro ideológico se basaba de acuerdo con el grado de cuestionamiento del neoliberalismo.

Chile, Brasil y Uruguay aparecían en la clasificación como izquierdas moderadas. Mientras que Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua serían considerados populismos radicales y en menor medida la Argentina. Chile aparecía como el mejor alumno del neoliberalismo, y un ejemplo a imitar para el resto de los países de la región.

El ciclo favorable del precio de las materias en el mercado mundial entre 2003 y 2007 generó tasas de crecimiento económico en promedio del 6.2 % , las más importante desde la Segunda Guerra Mundial. A través de programas de transferencia de fondos se atendieron las demandas de los sectores más vulnerables que permitieron reducir sensiblemente los índices de pobreza.

Entre 2002 y 2014, la tasa de pobreza regional en promedio disminuyó del 45, 4 % al 27, 8 % permitiendo que 66 millones de personas dejaran de ser pobres. Sin embargo, América latina continúa siendo la región más desigual en términos de distribución de la tierra, y la segunda más desigual del mundo en términos de distribución del ingreso .

Las políticas económicas basadas en el aumento de salarios y la expansión del gasto público permitieron incentivar el consumo interno e incorporar nuevos sectores medios. Las élites económicas vinculadas al aparato estatal se vieron beneficiadas por la protección del mercado interno y la expansión de la obra pública.

A través de la operación Lava Jato iniciada en Brasil, se demostró como Oderberch, la empresa de construcción más grande de la región, pagaba coimas desde hace décadas para ganar contratos de obra pública en casi todos los países de América latina, sin distinción ideológica de los gobiernos. Dinero que servía para financiar las campañas presidenciales de los distintos partidos en pugna. La corrupción desde hace décadas constituye la única política de estado donde las élites políticas y económicas parecen haber estado de acuerdo.

Los avances no fueron solo económicos. Sectores que se encontraban históricamente marginados, como las comunidades indígenas en Bolivia, que constituyen el 95 % de su población, dejaron de ser tratados como una subespecie humana por la élite blanca. En 2009, Evo Morales, el entonces presidente, fundó el Estado plurinacional reconoció los derechos indígenas y abrió canales para incorporarlos a la vida política.

El reverso del ciclo favorable del precio de las materias primas fue la multiplicación de conflictos en relación al desarrollo de proyectos extractivos y vinculados con el agrobusinnes en las zonas rurales. Los movimientos indígenas, comunidades campesinas y movimientos socio-ambientales denunciaban los efectos nefastos sobre el ambiente de esos proyectos, y los escasos o nulos beneficios económicos para las comunidades locales, que no hacían más que agravar la desigualad de la tierra en la región.

La protesta nunca alcanzó a generar la solidaridad de los sectores urbanos y fue sistemáticamente ignorada, y desprestigiada, cuando no reprimida por los gobiernos progresistas.

La crisis financiera en 2008 provocó una contracción del comercio mundial y un descenso del precio de las materias primas. Las tasas de crecimiento económico se desaceleraron, y comenzaron a surgir tensiones internas en el seno de las coaliciones de gobierno. La muerte de dos de sus líderes más representativos, Néstor Kirchner en 2010, ex presidente de Argentina, y Hugo Chávez en 2013, líder de la revolución bolivariana en Venezuela preanunciaban el fin de ciclo progresista en la región. Desde entonces Venezuela se sumió en el caos socio-económico y político, y en una crisis humanitaria sin precedentes que obligó a más de 4. 8 millones de venezolanos a inmigrar a otros países de la región.

El deterioro paulatino de la situación económica y el descrédito de la democracia llevó a la ciudadanía a buscar alternativas a los gobiernos progresistas. Una nueva derecha apareció en la región con el libreto ya conocido: “mano dura para acabar con la violencia, la corrupción, y neoliberalismo”.

El péndulo populismo-neoliberalismo en América latina

En 2015, Macri fue electo en Argentina, será recordado por haber sido el primer gobierno no peronista que logró terminar un mandato desde el regreso de la democracia en 1983. Nada más. En cuatro años el gobierno de Macri profundizó la delicada situación socio-económica del país.

Argentina ostenta una tasa de inflación del 57,3%, una de las más altas del mundo, y su deuda pública del 77,4 % del Producto Bruto Interno (PBI) es la más elevada de la región. La economía Argentina cerró el año con una tasa de crecimiento económico negativa del 3,1 %. La pobreza pasó del 30% en 2016 al 35, 4 % en 2019; la tasa del desempleo se duplicó en ese mismo período, siendo actualmente del 10 %, y casi la mitad de su población está subempleada.

En las elecciones del 27 de octubre de 2019 el peronismo ganó una vez más una elección en Argentina. La fórmula del Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández, y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se impusó en primera vuelta con el 48, 26 % de los sufragios contra el 40.28 % obtenidos por Mauricio Macri de Juntos por el Cambio. En 2023, cuando se cumplan 40 años de democracia en Argentina desde 1983, el peronismo, ya sea en sus variantes neoliberal o populista, habrá gobernado el país 28 años, mientras que gobiernos no peronistas solo 12 años.

Sebastián Piñera en Chile, en diciembre de 2017, puso fin al gobierno socialdemócrata de Michelle Bachelet (2014-2018), y aparecía como la consolidación regional hacia la derecha. Sin embargo, desde octubre Chile atraviesa una de las crisis social, económica y política más profunda de su historia.

Chile es el segundo país más desigual de la región, detrás de Brasil, el 1% del país concentra el 26, 5 % de la riqueza nacional. “No son 30 pesos, son 30 años de abuso”. La frase de uno de los manifestantes que se sumó a las protestas hace alusión a los problemas socio-económicos estructurales de la democracia chilena que se vienen acumulando desde hace décadas. Las protestas estudiantiles (2011-2013) demandaban por mayor educación pública por parte del estado chileno y fueron un factor importante en poner fin al primer gobierno de Piñera (2010-2014).

Desde el retorno de la democracia en 1989, ninguno de los gobiernos ha alterado las políticas económicas neoliberales, y la Constitución heredara por la dictadura pinochetista (1973-1989). En respuesta a las protestas, el gobierno de Piñera decretó el estado de sitio. La acción de los carabineros recordó los peores tiempos del régimen autoritario.

Finalmente, el presidente en ejercicio tuvo que ceder a una de las demandas de los manifestantes de abrir el debate para reformar la Constitución, y convocó a un plebiscito para abril 2020. La crisis sigue abierta y la violencia no cesa. La pregunta que se plantea es si ¿La discusión por la reforma constitucional cerrará o abrirá el debate para implementar políticas sociales y económicas para conformar una sociedad chilena más igualitaria en respuesta a las demandas de la calle?

En Bolivia, Evo Morales, en el poder desde el 2005, pretendía ser reelecto por un nuevo mandato presidencial. Durante sus catorce años de gobierno la economía boliviana creció a una tasa promedio del 4% gracias al ciclo favorable del precio de materias primas, particularmente el gas. La tasa de pobreza cayó del 59% al 39%, y fue uno de los países donde más se redujo la desigualdad en la región. Sin embargo, las razones del golpe de estado fueron políticas. Bolivia continúa siendo una sociedad divida por fracturas sociales y raciales.

“Dan el golpe de Estado para defender a la gente pudiente. Usan los aviones y helicópteros para amedrentar al pueblo. Esto es un problema de clases”, señaló el ex presidente en una entrevista al diario El País desde su exilio en México, antes de exiliarse definitivamente en Argentina.

Pese haber perdido el referendo que lo habilitaba para una nueva reelección en 2016, con la venia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pudo competir en una nueva elección presidencial. Desde entonces se abrió un clima de descontento en ciertos sectores de la sociedad, particularmente en la élite blanca urbana. El número de votos lo daba ganador, pero la oposición lo acusó de fraude. La OEA legitimó esa posición denunciando “irregularidades” en el escrutinio.

Según el Center for Economic and Policy Research con sede en Washington la acusación carecería de fundamento. Más allá si hubo o no fraude por parte de Evo Morales, nada justifica el golpe de Estado por parte del ejército. Posteriormente junto con la policía empezaron una persecución de los dirigentes del MAS, y una represión indiscriminada de las protestas contra el golpe de estado que ya ha causado más de 35 muertos y una centena de heridos. El ex dirigente cocalero desde su exilio en Argentina, pretende reorganizar al MAS para las nuevas elecciones presidenciales de este año.

En Brasil, la de derecha quería impedir por todos los medios otro mandato del Partido de los Trabajadores (PT) tras 13 años de gobierno. La destitución de Dilma Rousseff por el Senado brasileño en 2016 y el arresto de Lula en 2018, cuando ostentaba la mayor intención de voto en las encuestas, lograron el objetivo. Jair Bolsonaro, ex militar, fue elegido en segunda vuelta por el Partido Social Liberal (PSL) con el 55 % de los votos contra el 44% de Haddad candidato del PT.

El triunfo del partido de “Dios y Brasil por encima de todo” de tendencia económica neoliberal, hace elogio de la dictadura brasileña (1964-1985), y pretende dar por tierra todos los derechos sociales y económicos logrados durante los gobiernos petistas. Desde la salida del PT del gobierno Brasil hay una fuerte preocupación internacional por el avance extractivo en el Amazonas, en uno de los países del mundo donde más se mata a los líderes y militantes de los movimientos ambientales. Lula, tras salir de prisión recientemente anunció radicalizar la lucha frente a las políticas autoritarias y neoliberales de Bolsonaro.

Post-extractivismo, desigualdad y cambio climático

Desde el retorno de las democracia en los’80 en América latina, ya acumula cuatro décadas sin poder definir un rumbo económico, político, social y ambiental que le permita dar respuesta a los problemas estructurales de la región. Ni tampoco a los desafíos tecnológicos y económicos que plantea al trabajo la nueva economía numérica, y el cambio climático. Las economías latinoamericanas continúan siendo altamente dependientes de la exportación de productos primarios, de hidrocarburos y minería.

El último lustro fue uno de los peores en términos de crecimiento económico de los últimos 70 años, y el 2020, según las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región crecerá apenas en promedio el 1,3 por ciento. Una tasa insuficiente para reducir los índices de pobreza y desempleo en la región.

Las particularidades históricas y políticas de cada país moldean cada uno de los problemas mencionados de diferente forma e intensidad. No hay soluciones mágicas, ni recetas técnicas que puedan suplantar a la política. En ese contexto, es necesario discutir entre los principales actores sociales, políticos y económicos la implementación de políticas públicas a largo plazo capaces de dar respuestas de manera integral a cada uno de los problemas mencionados más arriba.

A medida que se profundiza el fracaso de las políticas neoliberales y populistas, aumenta la resignación en la población. La confianza de la ciudadanía en la democracia se va agotando y las opciones autoritarias aparecen cada vez más con más fuerza. A cada cambio de gobierno la población se pregunta ¿Esta vez será diferente?

Las tensiones irresueltas de la democracia en América Latina están intrínsecamente vinculadas al agotamiento de los modelos neoliberales y populistas que construyen un Estado al servicio de las élites políticas y económicas, y no para la mayoría de sus ciudadanos. La democracia neoliberal conlleva la construcción de sociedades excluyentes, que termina reduciendo la ciudadanía a la figura de cliente.

En la democracia populista, si bien se intenta construir sociedades más igualitarias, al ciudadano se lo reduce a la figura del creyente religioso que le debe obediencia ciega a su líder, erosionando todo tipo de balance de poder.

¿Cómo responder a las demandas de las movilizaciones sin poner en práctica mecanismos de distribución económica y social que afecten los intereses de las élites? ¿Cómo promover espacios democráticos para generar nuevos líderes políticos, sociales e intelectuales que traigan nuevas ideas y programas a una democracia anquilosada? Una era de extremos parece haber comenzado en América latina. La ciudadanía se radicalizó, y en Chile, país hasta hace poco modelo de las políticas neoliberales, hizo estallar sus instituciones por los aires.

La crisis actual ha puesto en evidencia que ha llegado un momento fundacional de la democracia en América latina. Ya no hay tiempo para discursos vacíos.

La democracia actual agoniza, y es necesario construir nuevas instituciones democráticas más justas, igualitarias e inclusivas para reanudar la confianza ciudadana, y evitar que las opciones autoritarias vuelvan a instaurar uno de los períodos más oscuros de la historia reciente en la región.