Venezuela se dispone a celebrar elecciones presidenciales y legislativas en 2024 y 2025, respectivamente, bajo condiciones que claramente favorecen al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las conversaciones entre el gobierno y la oposición están una vez más estancadas. Mientras tanto, persiste la crisis económica que ha llevado a una cuarta parte de la población venezolana a abandonar el país.
Con algunos políticos de la oposición inhabilitados, partidos secuestrados y sin la presencia de observadores electorales profesionales, unas elecciones realizadas en los términos del gobierno dejarían la crisis de Venezuela sin resolver y la mayoría de las sanciones estadounidenses en vigor, lo que amenaza con empeorar la difícil situación económica del país. El impacto podría seguir sintiéndose en toda la región, especialmente en la vecina Colombia.
Los Estados latinoamericanos y las potencias extranjeras deben presionar para que se reanuden urgentemente las negociaciones con el objetivo de llegar a acuerdos concretos. Washington debe intensificar la diplomacia bilateral con Caracas y ofrecer un alivio tangible de las sanciones para tratar de persuadir a Maduro de regresar a las conversaciones y hacer concesiones electorales y así evitar una profundización del conflicto.
