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La presión internacional sobre los derechos humanos en Estados Unidos importa ahora más que nunca

La política nacional es importante, pero en los Estados Unidos, las leyes internacionales de derechos humanos ahora son más necesarias que nunca. EnglishFrançais

Esta es una época llena de peligros. Nunca ha sido tan importante que los defensores y los académicos de derechos humanos nacionales e internacionales colaboren. Los éxitos de promoción de los derechos humanos anteriores deben guiar esta colaboración, con base en nuestros mejores conocimientos de historia y ciencias sociales. Comparto la sensación de urgencia de Stephen Hopgood, pero no estoy de acuerdo con su recomendación de enfocarnos únicamente en la política nacional y abandonar las normas y las leyes internacionales de derechos humanos.

Necesitaremos movimientos nacionales todavía más fuertes para proteger a las poblaciones vulnerables del odio y la discriminación y para movilizar a los grupos perjudicados por la globalización. Los movimientos nacionales, como siempre, deben plantear su trabajo de maneras que hagan eco desde el punto de vista político. Pero los derechos humanos seguirán siendo un lenguaje importante para movilizar públicos nacionales e internacionales. La elección estadounidense no reveló un cambio tectónico en el electorado. Clinton ganó el voto popular y Trump recibió menos votos de los que obtuvo Romney en 2012. Esto tiene que ver menos con una realineación importante de la política estadounidense y más con el colegio electoral, la participación de los votantes y la influencia de terceros. El sexismo y la xenofobia, nada nuevo en la política de Estados Unidos, también contribuyeron. Todas estas cuestiones son importantes, pero no suficientes como para concluir que de pronto debamos abandonar los derechos humanos.

Los derechos humanos seguirán siendo un lenguaje importante para movilizar públicos nacionales e internacionales. Durante largo tiempo, los oprimidos han utilizado las ideas de los derechos humanos para librar sus batallas, mientras que las élites, y a menudo las élites estadounidenses, se abstuvieron de intervenir o exacerbaron el problema. Como muestra Steven Jensen en su nuevo e importante libro The Making of International Human Rights (La creación de los derechos humanos internacionales), los Estados recién descolonizados impulsaron la agenda de los derechos humanos, mientras que los EE. UU. estaban inmersos en la discriminación racial. El gobierno estadounidense, presionado por los segregacionistas del sur, obstaculizó la institucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, ya que temía que pudiera utilizarse para poner fin a las leyes de Jim Crow. Los países recién descolonizados no tardaron en redactar la Convención contra la Discriminación Racial (CERD), con lo que se estableció un órgano de derechos humanos creado en virtud de tratados y un mecanismo de petición individual. Una vez que se incluyeron en la CERD, estas disposiciones de aplicación se aceptaron en todos los tratados de derechos humanos posteriores. Pero lo más importante es que los poderosos movimientos sociales a nivel nacional, respaldados por las presiones internacionales de muchos países del Sur Global, impulsaron el movimiento de derechos civiles en los EE. UU. En el contexto de la Guerra Fría, las políticas de discriminación racial de los Estados Unidos pusieron al país en desventaja en la guerra por las mentes y los corazones de las personas, algo que la URSS explotó. Estas presiones internacionales animaron al gobierno estadounidense a intervenir en asuntos que antes se percibían como parte de la jurisdicción de los estados, lo que llevó a eliminar la segregación en el transporte, la educación y la ciudadanía. Por lo tanto, es necesario entender cómo los movimientos sociales fuertes a nivel nacional se pueden beneficiar del apoyo de las redes transnacionales y las instituciones internacionales.


Wikimedia/Rowland Scherman (Some rights reserved)

Cvil Rights March on Washington, D.C in August 1963. Powerful domestic social movements, supported by international pressures from many states in the global South, drove the movement for US civil rights.


Los gobiernos latinoamericanos lucharon por construir un régimen de derechos humanos de la década de los 1950 hasta la de los 1970, mientras el gobierno de los EE. UU. apoyaba los golpes militares contra gobiernos electos y aceptaba los regímenes militares brutales que los sustituyeron. Hacia el final de este periodo, el esfuerzo por construir instituciones regionales de derechos humanos recibió un apoyo genuino, y bienvenido, de la administración Carter, la cual instó a distintos países a ratificar la Convención Americana y proporcionó apoyo económico para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero el protagonismo se originó a partir de los gobiernos latinoamericanos y los activistas de derechos humanos de la región.

Más recientemente, las prácticas que finalmente ayudaron a limitar las políticas del gobierno de George W. Bush sobre la tortura y la entrega se debieron en gran medida a la oposición por parte de las ONG y de algunos medios de comunicación, así como de funcionarios dentro de la administración Bush con conocimientos e interés respecto al derecho internacional. La respuesta de William Taft, asesor legal del Departamento de Estado, a los memorandos en los que se afirmaba que los Convenios de Ginebra no eran aplicables al conflicto en Afganistán, las decisiones de Jack Goldsmith de retirar los memorandos más graves sobre la tortura y la lucha de Alberto Mora, asesor legal de la Marina, contra la política de crueldad estuvieron motivadas por su comprensión de las obligaciones de los EE. UU. conforme a las leyes tanto nacionales como internacionales.

Finalmente, la oposición tanto de sus aliados como de sus adversarios evitó que el gobierno de Bush debilitara aún más la norma global contra la tortura. Lo que convenció a Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld no fueron los argumentos sobre las normas y las leyes internacionales, y puede que tampoco convenzan a Trump. Sin embargo, ellos finalmente entendieron que no podían promover sus intereses debido a la resistencia que enfrentaban, incluida la posibilidad de la responsabilidad penal para los funcionarios estadounidenses. Las leyes y normas internacionales inspiraron a otros países a adoptar una posición firme contra la política estadounidense de tortura, lo que a su vez limitó la capacidad de los EE. UU. para promover lo que consideraba como sus intereses. En un artículo reciente en Foreign Affairs, Douglas Johnson, Alberto Mora y Averell Schmidt documentaron los costos estratégicos de la política de tortura y entrega para los intereses estadounidenses a largo plazo; sostuvieron que la política perjudica a los EE. UU. porque otras instituciones y otros países creen en el derecho internacional de los derechos humanos y lo hacen cumplir.

Para contrarrestar una política de tortura y crueldad por parte del gobierno de Trump se requerirá una colaboración amplia a nivel internacional entre los distintos movimientos e instituciones de derechos humanos. No se deben desechar los derechos humanos con el argumento de que están comprometidos por su asociación con las élites liberales. Según han demostrado las encuestas de James Ron y sus colegas, las ideas de derechos humanos cuentan con una base de apoyo alrededor del mundo mucho más amplia de lo que entiende Hopgood.

Como sostengo en mi libro Making Human Rights Work: Evidence for Hope (Cómo lograr que funcionen los derechos humanos: Evidencias para tener esperanza), que será publicado próximamente por la Princeton University Press, el cambio de derechos humanos es un proceso de largo plazo que ha experimentado, y seguirá experimentando, retrocesos dramáticos; la elección de Trump es el ejemplo aterrador más reciente de ellos. Pero esta no será, por mucho, la primera vez en que el gobierno de los Estados Unidos esté en el lado equivocado de las cuestiones de derechos humanos. Los esfuerzos concertados a nivel nacional en colaboración con las presiones internacionales de los gobiernos extranjeros y de los movimientos y las instituciones de derechos humanos serán esenciales para mitigar el potencial de la administración Trump para cometer violaciones de derechos humanos. A partir de una mirada más atenta a la historia de los derechos humanos se pueden extraer modelos de colaboración entre los movimientos nacionales y las presiones internacionales, modelos que ofrecen esperanza y orientación en este difícil momento. En vez de dejar de lado la idea de los derechos humanos, ahora la necesitamos más que nunca.

About the author

Kathryn Sikkink is a Regents Professor Emerita at the University of Minnesota and the Ryan Family Professor of Human Rights Policy at the Harvard Kennedy School.

Kathryn Sikkink es profesora emérita Regents en la Universidad de Minnesota y la profesora Ryan Family de Política de Derechos Humanos en la Escuela Kennedy de Harvard.

Kathryn Sikkink est professeur émérite à l’université du Minnesota et professeur en politique des droits humains à Harvard.

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