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BTS en Español

Una agenda nueva para facilitar la movilidad humana después de las cumbres de Naciones Unidas sobre personas refugiadas y migrantes

La movilidad es clave para el desarrollo y la prosperidad, y con la visión adecuada podemos crear vías legales más amplias para que la migración funcione para todo el mundo. English

Tastetwo/Flickr. (CC BY-NC-ND 2.0)

El fracaso de las políticas de disuasión y de prohibición

Existen múltiples factores que influyen en el proceso de toma de decisiones de una persona que está pensando en migrar con respecto a cuándo, dónde y por qué desea migrar. Algunos de estos factores se describen a menudo como factores de «incitación y disuasión», cuyos ejemplos clásicos —aunque demasiados generalizados— son la pobreza y la guerra por un parte, y la oportunidad y la paz por la otra. Sin embargo, la discusión sobre estos factores es con frecuencia muy superficial, y a menudo no es más que alarmismo en relación con quienes «gorronean de la beneficencia» y «nos quitan el trabajo».

Si bien los incentivos económicos para migrar son diversos y muy importantes para la mayoría, también son constantemente evaluados y analizados por quienes podrían ser potenciales migrantes. Es cierto que la mayoría de las personas migrantes, incluidas las refugiadas, intentan ir allí donde hay trabajo, donde pueden comenzar a integrarse y crear un futuro para sus hijas e hijos. También es cierto que en los principales países de destino existen puestos de trabajo disponibles para las personas migrantes, tanto en el mercado laboral formal como en el informal. Las personas migrantes responden a esta demanda de mano de obra; en circunstancias normales, cuando la demanda disminuye en una zona determinada, también disminuye la migración a esa zona.

Ahora bien, si se pone un obstáculo entre las razones por las que las personas desean o requieren desplazarse y las razones por las que a la gente del país de destino les gustaría recibirlas, sin existir ningún otro cambio, se crean las condiciones perfectas para que prosperen los mercados laborales sumergidos y los mercados de tráfico de personas. Esta es una de las razones por la que es tan importante regular los canales de migración para las personas refugiadas y para las personas de bajos salarios que tanto se necesitan; las políticas represivas sólo afianzan aún más las operaciones de tráfico de personas y los mercados laborales sumergidos. La prohibición es parte del problema, no de la solución.

La única manera de reducir realmente el tráfico de personas y la contratación antiética es debilitar a los traficantes de personas y a los reclutadores abusivos ofreciendo soluciones de movilidad reguladas, seguras, accesibles y asequibles, en forma de visados o de oportunidades de viaje sin visado, con todas las verificaciones de identidad y seguridad que un sistema eficaz de visados pueda proporcionar. En efecto, es necesario hacerse cargo del mercado de la movilidad. Las personas migrantes no desean estar indocumentadas. Prefieren pagar a un funcionario de visados que a un traficante de personas, prefieren llegar en avión que en un barco en mal estado, y prefieren ser parte del mercado laboral formal.

Por estas razones, los intentos de externalizar las fronteras nacionales no detienen la migración en mayor grado que otros tipos de obstáculos, ya que no responden a las necesidades de movilidad ni a la escasez del mercado laboral. Además, la premisa de que los países de tránsito retendrán voluntariamente un número ilimitado de personas migrantes dentro de sus fronteras para impedir que lleguen a los destinos que desean, todavía no ha demostrado ser viable, y mucho menos humanitaria.

Desarrollo de políticas de movilidad con visión estratégica y a largo plazo.

El Norte global tiene la capacidad de integrar a millones de personas migrantes y refugiadas, pero no superará la actual sensación de crisis sin una visión y un argumento convincentes. Como ya mencionó el director de Human Rights Watch, Kenneth Roth, «si existiera una crisis, esta sería una crisis política, no de capacidad». No se podrá abordar la actual «crisis migratoria» (en Europa y en otros lugares) hasta que la clase política defina una visión estratégica a largo plazo de la política de movilidad y diversidad basada en los derechos humanos que dé sentido, coherencia y dirección a las acciones emprendidas en la actualidad.

Necesitamos cambiar nuestra mentalidad colectiva y aceptar que las personas migrantes llegarán al Norte, sin importar cuán altos sean los muros, porque hay muchas buenas razones para hacerlo (por ejemplo: trabajo, educación, familia, aspiraciones personales). Por lo tanto, el objetivo debería ser que la mayoría de las personas que migran utilicen los canales oficiales para entrar y permanecer en los países de acogida.

Hay dos ejes clave, que ya he presentado en varios informes1:

• Desarrollar programas de reasentamiento para personas refugiadas que atiendan a un número de personas considerablemente mayor al actual 1%. El patrocinio privado será parte de ello.

• El reconocimiento de nuestras propias necesidades de mano de obra en todos los niveles de habilidades y la oferta de más oportunidades de visado o de programas de viaje sin visado.

Los beneficios potenciales de dicho plan serían considerables, y de esta forma los movimientos de personas estarían en gran medida en sintonía con las necesidades del mercado. Tras la ampliación de la UE en 2005, un millón y medio de personas provenientes de centro Europa llegaron al Reino Unido e Irlanda y realizaron una gran contribución económica. Cuando la crisis estalló en 2009, muchas de ellas abandonaron el Reino Unido. Se trata de una movilidad que hay que destacar, que se ajusta a las necesidades laborales y a las habilidades individuales. Como objetivo a largo plazo deberíamos buscar esta movilidad no sólo entre las ciudades de nuestros países o entre zonas regionales como la UE, sino también a escala mundial.

Esa movilidad facilitada tendría ventajas obvias, tales como:

• Una reducción importante del mercado para quienes trafican con personas

• Permitir que los controles de seguridad se realicen en el extranjero.

• Reducir considerablemente la carga de trabajo de los sistemas encargados de determinar la condición de persona refugiada en los países de destino.

• Y lo que es más importante, ofrecer la oportunidad de demostrar al electorado de los países de destino que se respetan las fronteras, que las autoridades gestionan adecuadamente la migración, que no hay «situaciones caóticas», que existen mecanismos de acogida, que quienes emplean están integrando a las personas inmigrantes en el mercado laboral, que se han realizado inversiones en programas de integración y que la retórica alarmista de los populistas nacionalistas se basa en estereotipos, mitos y fantasías.

Este tipo de movilidad no es ciencia ficción. En las décadas de 1950 y 1960, millones de personas norteafricanas y turcas entraron en Europa a través de programas de transferencia de mano de obra apoyados por el estado, sin visado, o con un visado de visitante de fácil obtención, que luego pudieron convertir en un permiso de trabajo formal al encontrar trabajo. Casi no había mercado para el tráfico de personas. Nadie murió en el Mediterráneo. Sin embargo, los documentos de identidad y de viaje se revisaban en todas las fronteras.

Por consiguiente, la idea no es disminuir los controles fronterizos. Al contrario, es hacerlos más eficaces reduciendo así los incentivos para eludirlos. Al facilitar a la mayoría de personas extranjeras el acceso a los documentos de viaje apropiados (tales como visados de reasentamiento de personas refugiadas, visados de visitantes, visados de reunificación familiar, visados de trabajo, visados de residencia o visados de estudiante), permitimos que los gobiernos concentren sus esfuerzos de inteligencia y disuasión en el pequeño porcentaje de individuos que realmente representan una amenaza.

Podemos fijarnos el objetivo de lograr esta movilidad en el plazo de una generación, digamos un cuarto de siglo, mediante la expansión progresiva de la apertura de visados y de los regímenes de facilitación de visados, con hitos de referencia a lo largo del proceso.

Una visión a largo plazo requiere inversión a largo plazo

Para responder a la complejidad de la movilidad de las personas, los gobiernos necesitan elaborar una visión estratégica a largo plazo de cómo serán sus políticas de movilidad en una generación a partir de ahora, con plazos precisos e hitos de referencia para la evaluación y la rendición de cuentas. Para determinar las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos, los estados ya realizan planificación estratégica en materia de energía, medio ambiente, infraestructuras, transporte público o políticas industriales. En el ámbito de la movilidad, esta estrategia también requerirá inversiones a largo plazo en políticas de diversidad e integración; en estrategias de educación; en proporcionar a las personas migrantes instrumentos para su propio empoderamiento; de acceso a la justicia; y de apoyo contra la marginación y la discriminación que fomentan la privación de sus derechos.

Con respecto al objetivo 10.7 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, los gobiernos acordaron «facilitar» la migración y la movilidad en los próximos quince años. «Facilitar» significa hacer que la migración sea más fácil y reducir los obstáculos a la movilidad. No significa fronteras abiertas ni absoluta libertad de circulación. Significa expandir las vías legales y desarrollar muchos más canales creativos de obtención de visados para todas las personas migrantes y refugiadas. Este es el objetivo principal.

Los gobiernos y las demás partes interesadas deberían aprovechar esta oportunidad para garantizar que los pactos mundiales sobre personas refugiadas y migrantes no sean el final del proceso, sino el comienzo. Se podría concebir que los gobiernos logren acordar un pacto migratorio, por ejemplo, iniciar una «agenda» a quince años, complementaria a la Agenda de desarrollo sostenible de 2030, que incluiría sucesivos parámetros de referencia y mecanismos de rendición de cuentas.

Dicha agenda estaría intercalada con reuniones anuales del Foro mundial sobre migración y desarrollo y con una serie de diálogos de alto nivel en la asamblea general de las Naciones Unidas -por ejemplo, cada cinco años- para garantizar que la implementación de la agenda se mantenga en curso. Dado que la adopción del pacto mundial está prevista para el 2018, la agenda podría comenzar en 2020 y llamarse Agenda 2035 para facilitar la movilidad de personas, o Agenda 2035: implementación del 10.7.

Intercambio de ideas sobre la Agenda de movilidad sostenible 2035

El contenido de la agenda aún está por definirse. Se necesitarán varios apartados, los que podrían incluir: visitas de corta duración, búsqueda de empleo, movilidad de estudiantes, movilidad dentro de las empresas, movilidad de personas jubiladas, movilidad para la creación de empresas, reunificación familiar, patrocinio familiar, residencia de larga duración y acceso a la ciudadanía.

La multiplicación del número de oportunidades de visado no será fácil para muchos países. Podría utilizarse el modelo de la UE de negociación de acuerdos de facilitación y liberalización de visados en otros países. Podría pensarse que para 2035 todos los estados tendrían acuerdos de facilitación de visados con sus países vecinos y de liberalización de visados con la mayoría. Esos acuerdos abarcarían los visados de visitante y de trabajo. No debería desalentarse el uso de un visado de visitante para la búsqueda de trabajo, al contrario: esta sería una manera que permitiría a las empresas empleadoras conocer a personas candidatas para los trabajos ofrecidos.

La unificación familiar debería considerarse un principio clave a implementar por todos los estados. Debería rechazarse completamente la idea de que los trabajadores y las trabajadoras migrantes puedan o deban vivir años, a veces décadas, lejos de sus familias. Todo trabajador o trabajadora migrante que permanezca efectivamente en el país de destino durante al menos seis meses, cualquiera que sea la duración del visado, debería tener la opción de traer a su familia para vivir juntos. Esto no fue un principio clave de los derechos humanos tras la segunda guerra mundial, pero la doctrina de los derechos humanos ha evolucionado y actualmente este principio debería considerarse una prioridad, aunque sólo sea por el bien de las niñas y niños.

Será difícil reducir los mercados laborales sumergidos de forma considerable. En la situación actual las empresas de los sectores económicos con bajos márgenes de ganancia están felices de contar con mano de obra barata, quienes consumen se congratulan de obtener precios bajos, las autoridades están satisfechas de que estas empresas sean rentables y puedan pagar impuestos, y las personas migrantes que son ilegales en virtud de la legislación de inmigración no se quejan por miedo a ser descubiertas, detenidas y deportadas. Sin embargo, la reducción de los mercados laborales sumergidos es fundamental para lograr la movilidad efectiva sin distorsiones. Si esos mercados se formalizaran, las personas migrantes ya no tendrían que vivir en las sombras de la sociedad y bajo el riesgo de ser explotadas, y podrían seguir con su vida si no encontraran un trabajo.

El acceso a la residencia permanente (o a los permisos de residencia de larga duración) debería ser una opción después de un tiempo razonable de residencia efectiva bajo cualquier régimen temporal. Personalmente elegiría cinco o seis años de residencia efectiva como referencia. Esto implicaría la derogación de normas tales como la «4x4» canadiense (cuatro años dentro, cuatro años fuera). Si la trabajadora migrante temporal cuenta con trabajo y paga impuestos, y la persona empleadora está satisfecha, ¿por qué excluirla?

El acceso a la ciudadanía también será difícil para una serie de países que tienen una concepción étnica o culturalmente exclusiva de la ciudadanía. Pero después de cinco o seis años de residencia permanente, que podrían ser seguidos de cinco o seis años más con el estatus de trabajadora o trabajador migrante temporal, pagando impuestos y sin cometer ninguna clase de delito, las personas migrantes deberían tener la opción de integrarse plenamente en la sociedad de acogida. De este modo se aplicaría el principio de «no tributación sin representación».

La incorporación de la diversidad en el relato nacional también se encontrará con resistencia, especialmente en países con una larga historia de discriminación contra las minorías, los pueblos indígenas o las personas extranjeras. Sin embargo, uno de los objetivos de la Agenda 2035 debería ser que se reconociera que, hoy en día, casi todos los países son países de origen, tránsito y destino. Dado que la movilidad debe reconocerse como un factor clave para la prosperidad, la diversidad debe reconocerse como clave para la sostenibilidad: la movilidad como factor de desarrollo no es sostenible si no se reconoce también la diversidad. La movilidad a través de las fronteras y la integración en las sociedades de acogida son interdependientes.

En definitiva, los derechos humanos y laborales de las personas migrantes deberían estar en el epicentro de este proceso y centrarse en los siguientes principios:

• Es necesario reducir la explotación laboral. No se puede tolerar que sectores enteros de las economías nacionales sobrevivan solamente gracias a la «mano de obra barata». La competitividad, la productividad y la innovación requieren garantías para las personas trabajadoras.

• Los sistemas de patrocinio (kafala) que vinculan el visado de trabajo a un empleador deberían eliminarse en favor de un visado de trabajo abierto, que permita a las trabajadoras y trabajadores migrantes moverse en el mercado laboral como cualquier otra persona, respondiendo a la demanda y oferta de puestos de trabajo.

• Las inspecciones de trabajo deben centrarse en la aplicación de las condiciones laborales para todas las personas trabajadoras, independientemente de su estatus, y no en tratar de identificar a aquellas que están indocumentadas.

• Son quienes emplean a personas migrantes indocumentadas las que deben ser denunciadas y castigadas adecuadamente, no las trabajadoras y trabajadores indocumentados. Castigar a las trabajadoras y trabajadores indocumentados los empuja a la clandestinidad, donde son silenciados y corren un mayor riesgo de ser explotados. El castigo al empleador aumenta el costo de la mano de obra barata, proporcionando así un desincentivo efectivo.

• Las personas migrantes necesitan ser empoderadas para defender sus derechos. Debe fomentarse la sindicalización de las trabajadoras y trabajadores migrantes, independientemente de su situación. Debe facilitarse que estas personas tengan acceso a la justicia.

Conclusión: negociar algunas ideas cruciales que sean específicas

Todo esto podría ser parte de la Agenda 2035, pero dado que todas estas ideas seguramente encontrarán una fuerte resistencia, es seguro que no todas serán incorporadas. Sin embargo, si pudiéramos ponernos de acuerdo sobre una proporción modesta de aumento de la movilidad y la diversidad habríamos avanzado y allanado el camino para futuros avances.

Del mismo modo, sugiero que acordemos un pequeño número de medidas que faciliten la movilidad y refuercen el reconocimiento de la diversidad universal durante los próximos quince años. La negociación del pacto mundial sobre la migración nos ofrece esa oportunidad. A pesar de la actual reticencia de los gobiernos y de los controvertidos debates políticos, acontecimientos como la cumbre de septiembre de 2016 en Nueva York sugieren que la movilidad y la diversidad pueden ser cada vez más reconocidas y celebradas como características centrales de nuestras sociedades.

Aunque la retórica de tipo nacionalista populista domina en la actualidad, espero que mediante el desarrollo de una agenda común a largo plazo, podamos ver más allá de sus fantasías y amenazas, y empezar a prepararnos para una narrativa diferente y más productiva.


  1. Véase: Informe de la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes a la Asamblea General de las Naciones Unidas:«Proposals for the development of the global compact on migration», A/71/40767, 20 de julio de 2016; Informe de la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: «Bilateral and multilateral trade agreements and their impact on the human rights of migrants», A/HRC/32/40, 4 de mayo de 2016; Informe de la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes a la Asamblea General de las Naciones Unidas: «Recruitment practices and the human rights of migrants», A/70/310, 11 de agosto de 2015; Informe de la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:«Banking on mobility over a generation: follow-up to the regional study on the management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants», A/HRC/29/36, 8 de mayo de 2015. ↩︎

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BTS en Español has been produced in collaboration with our colleagues at the Global Alliance Against Traffic in Women. Translated with the support of Translators without Borders. #LanguageMatters

About the author

François Crépeau is the Hans & Tamar Oppenheimer Chair in Public International Law at McGill University, as well as the United Nations Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants. He is also the Director of the McGill Centre for Human Rights and Legal Pluralism.

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