Print Friendly and PDF
only search openDemocracy.net

Verdad, memoria y democracia en Latinoamérica

Para que el recuerdo colectivo de los crímenes vaya más allá de la narración y de la indignación momentánea, los ciudadanos deben ser parte de la proyección, creación y difusión de la memoria. English

Foto: Anyone's Child.

Durante las décadas de 1970 y 1980, mientras la región se encontraba sumida en numerosas dictaduras militares, y los conflictos entre grupos guerrilleros y fuerzas paramilitares se abrían paso en su desaforada historia política, comenzaron a germinar en ella múltiples iniciativas de memoria y olvido. Estas primeras iniciativas de la sociedad civil, posteriormente institucionalizadas dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los Estados, jugaron un papel central en la tematización de las experiencias de descomunal violencia y terror vividas en la región.

Para responder a la necesidad urgente de reunir pruebas sobre las violaciones de derechos humanos, llegaron a complementar, e incluso a reemplazar las funciones del Estado en tiempos de regímenes autoritarios, vislumbrando, a su vez, la posibilidad de alcanzar la paz. La resistencia de la sociedad latinoamericana—cuyo ímpetu  ha sido ampliamente documentado y ha consistido en todo tipo de acciones institucionales y extra-institucionales dirigidas a la rendición de cuentas y a fortalecer el Estado de derecho—dejó huellas que continúan, hasta el día de hoy, configurando el debate político y el papel de la sociedad civil en tiempos de represión estatal y terrorismo.

Las movilizaciones ocurrieron en circunstancias de impunidad flagrante, y fueron desencadenadas por numerosos miembros de la sociedad civil, incluyendo periodistas, activistas, estudiantes, artistas, asociaciones de víctimas y sus familias, quienes actuaron en conjunto con ONGs, líderes religiosos e instituciones internacionales. Lo hicieron con el propósito de denunciar, tanto a nivel nacional como internacional, los abusos y crímenes cometidos por aquellos que ejercían el poder absoluto en sus países de origen. Al exigir el reconocimiento y la protección activa de los derechos humanos, estos grupos promovieron la comprensión de realidades complejas, a menudo inefables; reunieron los testimonios de los sobrevivientes, generando y preservando la memoria social; y años más tarde, se convirtieron en la piedra angular de las instituciones de transición, permitiendo su formación e institucionalización.

Durante ese período, alrededor de 30.000 ciudadanos fueron sometidos a tortura; forzados al exilio o desaparecidos; ejecutados de forma anónima u obligados a presenciar el secuestro de sus hijos.

El proceso conocido como la “tercera ola de democratización” dio la oportunidad de cambiar radicalmente el papel de la participación ciudadana organizada. A medida que se construyeron los cimientos de los museos de la memoria, comenzaron a surgir cada vez más innovaciones democráticas que apuntaban a la creación de entornos institucionales con el objetivo de documentar el pasado y preservar la memoria social.

Las comisiones de la verdad son el primer y más extendido modelo de colaboración entre el Estado y la sociedad civil, destinadas a la investigación, documentación y en algunos casos incluso participación en los procedimientos judiciales. El primer intento de establecer una Comisión de la Verdad ocurrió en Bolivia con la Comisión Nacional para la Investigación de Desapariciones Forzadas, pero el caso más emblemático fue seguramente el de CONADEP en Argentina, el cual comenzó a desarrollarse un año después, en 1983. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas se estableció después del fin del régimen militar y de la denominada "Guerra Sucia".

Durante ese período, alrededor de 30.000 ciudadanos fueron sometidos a tortura; forzados al exilio o desaparecidos; ejecutados de forma anónima u obligados a presenciar el secuestro de sus hijos como parte de las políticas antisubversivas y la represión de la disidencia del gobierno de facto. En aquella época, las prácticas que eliminaban las libertades políticas y descaradamente hacían caso omiso de los derechos humanos se extendían a lo largo de la región; sin embargo, a su vez aumentaban las valientes y decididas reivindicaciones por la justicia de la sociedad civil. Su lucha por la democracia y su deseo de cambios políticos radicales condujeron finalmente a la implementación de comisiones de investigación también en países como Chile, Guatemala, Perú, Brasil y Colombia.

Es de notar que el llamado "boom de la memoria" tuvo lugar de forma bastante irregular.

Es de notar que el llamado "boom de la memoria" tuvo lugar de forma bastante irregular: respondiendo no sólo a los contextos políticos e históricos de cada país; sino también a la fuerza de las organizaciones de la sociedad civil, al alcance de sus demandas y al entorno institucional cambiante que hizo eco de ellas. Las narrativas creadas por estas iniciativas—especialmente por las comisiones de verdad—eran, al mismo tiempo, polémicas entre los distintos sectores de la sociedad latinoamericana. Estas verdades irreconciliables afectaron no sólo a las generaciones de la Guerra Fría sino que se abrieron paso a través del tiempo y continuaron a perjudicar las políticas de la memoria de las generaciones del posconflicto.

Sin embargo, hoy, a pesar de vivir en sociedades predominantemente polarizadas y fragmentadas, el papel de la participación ciudadana organizada continúa a crecer y a evolucionarse; y con ello la memoria histórica, que comenzó a transformarse, sobre todo a través de la narrativa multimedia. Nuevos espacios colaborativos han asumido el papel de reflexionar no sólo sobre los fantasmas no resueltos del pasado de la región, sino también sobre el número devastador de muertes, desapariciones y violencia de Estado; recuperando la memoria, la verdad y la justicia a través de la experimentación política.

El Proyecto Quipu, por ejemplo, —que lleva el nombre del sistema inca de nudos que solía preservar registros y narrativas—es un proyecto transmedial de memoria colectiva desarrollado por un equipo de investigadores, defensores de derechos humanos y productores de cine, junto con organizaciones de la sociedad civil y diferentes ONGs en Perú. El objetivo de esta innovación es dar voz y buscar justicia para las mujeres y los hombres que fueron víctimas de una campaña de esterilización forzada llevada a cabo durante el gobierno de Alberto Fujimori; en la que miles de personas, principalmente indígenas residentes en zonas rurales del país, fueron esterilizadas sin su consentimiento previo.

En México, el proyecto Anyone's Child recoge las voces de las familias en duelo a causa de la guerra contra las drogas, con el propósito de abogar por la legislación y la regulación de las mismas.

La particularidad de este espacio participativo es que, además de tener una plataforma en línea, también se lleva a cabo a través de diferentes tecnologías, ya que cuenta con una línea telefónica gratuita y radios locales. Estas tecnologías permiten al proyecto denunciar las violaciones de los derechos humanos perpetradas en zonas remotas del país, ya que permite que las personas que no tienen acceso a Internet compartan y escuchen los testimonios de lucha y resiliencia recopilados.

Siguiendo la misma línea, en México, el proyecto Anyone's Child recoge las voces de las familias en duelo a causa de la guerra contra las drogas, con el propósito de abogar por la legislación y la regulación de las mismas. Esta iniciativa permite a los familiares de las víctimas compartir anónimamente sus testimonios a través de una línea gratuita y escuchar las historias de los hombres y mujeres que han perdido la vida o desaparecido debido a los fuegos cruzados de la guerra.

Estas dos innovaciones abordan crímenes cometidos en diferentes momentos históricos, pero como pilar de ambos proyectos, se puede ver cómo la historia reconoce un propósito bien definido que va más allá de una concatenación de eventos. Al involucrar a los ciudadanos directamente en la defensa y denuncia de los crímenes cometidos, estas iniciativas permiten a los sobrevivientes, a sus familiares y a los activistas políticos entender los abusos pasados y presentes no como una realidad dada para ser pasivamente aceptada, sino como el reflejo de políticas fallidas y gobiernos abusivos.

Repensar las formas de participación digital y de representación ciudadana en iniciativas de conmemoración colectiva se ha hecho en América Latina desde el nivel local hasta el nacional. 

La posibilidad de dar voz a un gran número de historias silenciadas y sectores históricamente marginados de la sociedad podría arrojar luz y ayudar tanto a los políticos como a los gobiernos a entender y afrontar la fuerte relación de la historia con los desafíos de hoy, así como a aumentar la calidad de la rendición de cuentas y a fortalecer el estado de derecho.

Repensar las formas de participación digital y de representación ciudadana en iniciativas de conmemoración colectiva se ha hecho en América Latina desde el nivel local hasta el nacional. En México, por ejemplo, se han creado iniciativas que buscan descubrir el número real de personas desaparecidas a nivel regional y nacional. El Registro de Ciudadanos de los Desaparecidos en Coahuila, por ejemplo, es un espacio en línea desarrollado por la organización de la sociedad civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, con el objetivo de crear una base de datos de personas desaparecidas que no han adquirido el status "oficial" de desaparecido.

A nivel nacional, por otro lado, la iniciativa Ciencias Forenses Ciudadanas creó una base de datos en línea generada con la información proporcionada por los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas. El proyecto ofrece a los miembros de la familia la posibilidad de contribuir a la construcción de un banco de ADN: el Biobanco Ciudadano Nacional de Familiares de Personas Desaparecidas. Una experiencia exitosa similar en la identificación de ADN ocurrió en Argentina en 1987, gracias al compromiso activo de las Abuelas de Plaza de Mayo en la redacción de la ley. El Banco Nacional de Datos Genéticos recoge el ADN de todos los parientes sobrevivientes de los desaparecidos y lo hace coincidir con las posibles víctimas de secuestro durante la dictadura. Esta herramienta ha demostrado ser esencial durante los procedimientos judiciales contra los perpetradores de estos crímenes. Por otro lado, toda persona que dude de su identidad y sospeche haber sido víctima de una adopción clandestina durante la dictadura puede contrastar su ADN con los archivos, con la esperanza de encontrar la identidad de sus padres desaparecidos y reunirse con sus abuelos.

Muchos de estos espacios de colaboración forman parte de una nueva ola que desafía la política representativa de la región.

Otra iniciativa interesante concebida en México es Memoria y Verdad, una plataforma y espacio virtual creado para difundir y promover el uso de la información pública existente sobre casos de presuntas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El objetivo de esta iniciativa es promover la transparencia, el derecho de acceso a la información, la garantía de no repetición, al mismo tiempo que se recuerdan aquellos que fueron víctimas de la negligencia del Estado y de la violencia generalizada.

Muchos de estos espacios de colaboración forman parte de una nueva ola que desafía la política representativa de la región; desde el desierto de Chihuahua hasta el extremo sur de la Patagonia, se han implementado más de 2.400 innovaciones políticas con el objetivo de reforzar la democracia a través de la participación ciudadana. Estas innovaciones pueden ser consultadas en latinno.net, un proyecto que hace que la experimentación política participativa sea mensurable y comparable. Los fracasos y las victorias de los proyectos de memoria colectiva necesitan ser evaluados urgentemente y no deben separarse de la actual política latinoamericana.

Para que el recuerdo colectivo vaya más allá de la narración y de la indignación momentánea, la historia necesita seguir abrazando su propósito y convertirse en una herramienta para la creación participativa de políticas públicas, en las que los ciudadanos sean parte de la proyección, creación y difusión de la memoria.

About the authors

Azucena Morán es candidata a Master en Relaciones Internacionales y asistente de investigación en el Proyecto LATINNO-Innovaciones para la Democracia en América Latina, con sede en WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Azucena Morán is a Master of International Relations candidate and a research assistant at the LATINNO Project - Innovations for Democracy in Latin America, based at the WZB Berlin Social Science Center.

Melisa Ross es Master en Ciencias Sociales y asistente de investigación en el Proyecto LATINNO-Innovaciones para la Democracia en América Latina, con sede en WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Melisa Ross holds a Master in Social Sciences and is a research assistant at the LATINNO Project - Innovations for Democracy in Latin America, based at the WZB Berlin Social Science Center.


We encourage anyone to comment, please consult the
oD commenting guidelines if you have any questions.