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El caso de los apátridas en Estados Unidos

En Estados Unidos, el gobierno ha tomado recientemente medidas para limitar el acceso a la ciudadanía de las personas nacidas en su territorio y despojar a otras de ciudadanía. English

Pasaporte estadounidense. Pixabay: dominio público.

Este mes, la comunidad mundial celebra el aniversario de la campaña para erradicar la apatridia de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Es una excelente oportunidad para reflexionar sobre desarrollos recientes relacionados con el derecho de ciudadanía en Estados Unidos.

La Constitución de los Estados Unidos garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos, con algunas pocas excepciones.

Sin embargo, durante su campaña electoral, Donald Trump señaló que el país debería revisar esta norma por la que se otorga la nacionalidad estadounidense por derecho de nacimiento y, una vez elegido presidente, se ha rodeado de asesores de confianza, como Michael Anton, que han defendido públicamente la necesidad de dicha revisión.

Sugerir cambios constitucionales no es, de por sí, algo malo ni peligroso. Sin embargo, noticias recientes aparecidas en la prensa parecen indicar que el Departamento de Estado ya estaría ejecutando esta visión restrictiva del derecho de ciudadanía estadounidense por la vía de denegar el pasaporte a ciudadanos estadounidenses nacidos cerca de la frontera de México.

Se da el caso de que algunas comadronas han confesado haber realizado informes falsos de nacimientos para ayudar a personas nacidas en México a obtener la ciudadanía estadounidense, lo cual es sin duda motivo de preocupación.

Sin embargo, el incremento de denegación de pasaportes que se da en la actualidad va más allá de estos casos, y no hay duda de que los principales afectados son los ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana.

Esta tendencia a negar la nacionalidad por derecho de nacimiento ha ido acompañada de un renovado esfuerzo por despojar a determinados ciudadanos estadounidenses de su ciudadanía.

A principios de este año, el Departamento de Justicia desnaturalizó a un hombre, identificado a través de la Operación Janus, que había usado dos nombres distintos para evadir la aplicación de la legislación vigente en materia de inmigración y conseguir el estatus de inmigrante legal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (CIS, por sus siglas en inglés) ha declarado su intención de presentar cerca de 1.600 casos de desnaturalización al Departamento de Justicia a fin de que se entable el proceso judicial para despojar a estas personas de su ciudadanía adquirida por vía de naturalización.

Estos casos surgen a raíz de una investigación conocida como "Operación Janus", mediante la cual se ha comprobado que en los expedientes correspondientes a unas 315.000 naturalizaciones faltan los datos de las huellas dactilares, lo que ha levantado la sospecha de que un número indeterminado de personas haya adquirido la ciudadanía de manera fraudulenta.

A principios de este año, el Departamento de Justicia desnaturalizó a un hombre, identificado a través de la Operación Janus, que había usado dos nombres distintos para evadir la aplicación de la legislación vigente en materia de inmigración y conseguir el estatus de inmigrante legal.

Pero el anuncio de un gran número de nuevos procesos judiciales de desnaturalización genera preocupación sobre el alcance de esta iniciativa y plantea interrogantes sobre qué ciudadanos serán los próximos a los que apuntará el Departamento de Justicia.

Hasta el momento, la condición de apátrida ha estado ausente de la discusión sobre las posibles implicaciones de estas iniciativas del gobierno federal para restringir el acceso a la ciudadanía en la frontera y despojar de ciudadanía a otras personas.

Una persona apátrida carece de nacionalidad en cualquier país del mundo y, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional reconoce el carácter inhumano de dicha condición.

Miles de inmigrantes apátridas residen actualmente en Estados Unidos, desde ciudadanos de la antigua Unión Soviética hasta ciudadanos etíopes ​​de etnia eritrea que han sido expulsados de su país.

En el caso de que estas personas apátridas no reúnan los requisitos para permanecer legalmente en Estados Unidos, no se les puede expatriar, ya que ningún país del mundo va a proporcionarles los documentos necesarios para poder viajar.

Hasta ahora, el Congreso ha paralizado las iniciativas para otorgar a estas personas estatus de inmigrantes legales y brindarles protección pero, hasta la fecha, el problema de la apatridia en Estados Unidos se ha circunscrito a personas que se han convertido en apátridas a causa de acciones emprendidas por otros países.

Observadores y defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por el hecho de que muchos han quedado como apátridas, sin nacionalidad reconocida en ningún lugar del mundo, lo que ha dado lugar a protestas internacionales.

Sin embargo, existe ahora el riesgo de que las iniciativas actuales para restringir el derecho a la ciudadanía estadounidense podrían crear nuevos apátridas dentro de las fronteras de Estados Unidos.

Un ejemplo regional de cómo unos derechos de ciudadanía venidos a menos pueden provocar apátridas es lo sucedido en los últimos años en la República Dominicana.

Allí, una decisión del Tribunal Constitucional en 2013  reinterpretando una norma de ciudadanía hasta entonces inclusiva  para excluir de la nacionalidad dominicana a los niños nacidos en el país hijos de padres inmigrantes ilegales, hizo que las autoridades de ese país denegaran pasaportes, se negaran a emitir documentos de identidad y rechazaran las solicitudes de certificados de nacimiento de cientos de miles de dominicanos de padres haitianos.

Observadores y defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por el hecho de que muchos han quedado como apátridas, sin nacionalidad reconocida en ningún lugar del mundo, lo que ha dado lugar a protestas internacionales.

Aunque los estadounidenses hagan caso omiso de la advertencia de que Estados Unidos podría seguir el mismo camino que sus vecinos dominicanos, el paralelo es sin duda preocupante.

Hace tan solo unos años, era un hecho ampliamente aceptado que toda persona nacida en la República Dominicana era dominicana.

Luego, algunos observadores cualificados empezaron a argumentar a favor de una interpretación restrictiva de la constitución dominicana y esta visión fue abriéndose camino hasta que, finalmente, se convirtió en una iniciativa de reforma de la ley, provocando cientos de miles de denegaciones y privaciones de nacionalidad y la extensión de la apatridia.

Estados Unidos debería ser consciente de lo resbaladiza que puede llegar a ser la pendiente de las medidas restrictivas de ciudadanía y cuan necesario es crear salvaguardias para prevenir la apatridia.

About the author

David Baluarte es Profesor Asociado de Derecho, Director de la Clínica de Derechos del Inmigrante de la Universidad Washington & Lee y miembro del Comité Directivo de la Red de las Américas para la Nacionalidad y la Apatridia. 

David Baluarte is Associate Clinical Professor of Law and Director, Immigrant Rights Clinic, Washington & Lee University; and Steering Committee Member of the Americas Network for Nationality and Statelessness, a project based out of the Center for Justice and International Law.


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