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Flexibilizando y precarizando el mercado laboral: una agenda neoliberal en Puerto Rico

Si las políticas de austeridad, la desregulación y flexibilización del mercado laboral no han funcionado en el pasado, ¿por qué el Gobernador de Puerto Rico espera que vayan a funcionar ahora? English

Banderas Puerto Rico y Estados Unidos. Arturo de La Barrera/Flickr. Algunos derechos reservados.

El pasado 26 de enero de 2017, el gobernador conservador de Puerto Rico aprobó una ley, conocida popularmente en el archipiélago caribeño como la Reforma Laboral. En ‘arroz y habichuelas’ – como los puertorriqueños suelen referirse para explicar conceptos complejos – esta ley flexibiliza y desregula aún más el mercado laboral insular. El principal motivo detrás de la reforma laboral, según el actual gobierno, es la creación de un clima de inversión, la reducción de costos operacionales de los negocios, y el aumento de la competitividad de empresas puertorriqueñas. Existen una serie de implicaciones de la ley para con la fuerza laboral puertorriqueña y los derechos laborales, que han sido vulnerados con la denominada reforma. Así mismo examina la hipotética relación positiva entre la flexibilización del mercado laboral y la creación de empleo. Conocer el contexto histórico de la crisis económica y fiscal en Puerto Rico ayudará a la comprensión de cómo se ha llegado a la situación actual.

¿Qué cambió con la reforma laboral?

Un artículo reciente publicado en Diálogo[i] – periódico de la Universidad de Puerto Rico – demuestra que como consecuencia de la reforma, 12 leyes laborales fueron modificadas o eliminadas. Por ejemplo, la reforma laboral reduce el número de días de vacaciones de 15 a 6 días durante el primer año de empleo[ii], aumenta de 115 a 130 horas el número de horas mensuales que un individuo debe trabajar para poder tener acceso a días por enfermedad y vacaciones, aumenta de 3 a 9 meses el periodo probatorio donde el empleador puede terminar el contrato sin la necesidad de compensación o razón justificada (12 meses para aquellos considerados como ejecutivos, administradores y profesionales), y reduce el bono de navidad. Adicionalmente, el contrato laboral puede ser terminado como una medida que busque aumentar el nivel de competitividad o productividad de una empresa, se reduce la indemnización por despido, y el número de horas extras trabajadas pasa a ser compensado a razón de 1.5 del salario convenido – anteriormente el trabajo de horas extras era compensado con doble salario.

No es necesario ser un erudito para confirmar que la nueva reforma laboral atenta contra los derechos de la población trabajadora en Puerto Rico. Sin embargo, debemos preguntarnos si la evidencia académica confirma que la flexibilización laboral viene acompañada de la esperada creación de empleo. Y también, cuestionar el tipo de empleo que este tipo de reformas crea.

¿La desregulación y flexibilización del mercado laboral contribuye a la creación de empleos?

Utilizando a Italia como caso de estudio, dos investigadores descubrieron que las expectativas positivas de la flexibilización y desregulación del mercado laboral italiano no fueron alcanzadas. La población trabajadora joven se encontró en un ciclo de empleos precarios, y la entrada en el mercado laboral de este grupo no se vio agilizada como consecuencia de la reforma laboral. Su investigación “arroja luz sobre lo que puede ser considerado como el ‘lado oscuro’ de la desregulación: la sustitución de posiciones regulares de empleo por trabajos subprotegidos y marginales”.[iii] Pero Italia no es un caso aislado, Portugal, España y otros gobiernos conservadores europeos han implementado recientemente las recetas neoliberales de flexibilización y desregulación impuestas por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) con efectos desastrosos en el empleo.

Haciendo referencia a la reforma laboral española de 2010, el Profesor Dani Rodrik comenta: “Yo espero que alguien del FMI o de la OCDE – las dos instituciones responsables de convencer a los españoles que dichas reformas son una prioridad urgente – me pueda explicar cómo reduciendo el costo de despedir empleados se puede reducir el desempleo en medio de una disminución de la demanda de mano de obra”.[iv] En 2017, aun varios exigirían una explicación a dichas instituciones cuando España presenta cifras de desempleo del 19.35% y cifras de desempleo juvenil de 48.4%.[v]

Adicionalmente, examinemos algunos de los resultados de la flexibilización y desregulación del mercado laboral español: una reducción en el número total de horas trabajadas (de 722 a 620 millones de horas colectivas), un abandono masivo del mercado laboral (más de 650 mil personas), y llegar a ser uno de los países europeos líderes en temporalidad laboral.[vi] ¿Es esto lo que el gobierno de Puerto Rico quiere lograr con su reforma laboral? Mayor precariedad, menos seguridad laboral y menos personas trabajando en el mercado laboral – y como consecuencia menos ingresos fiscales para el gobierno.

 Un estudio comparado de 15 países europeos en el periodo 1992-2007 encontró que la desregulación del mercado laboral no se ha traducido a menores riesgos de desempleo de los trabajadores de baja cualificación.[vii] En sintonía con previas investigaciones, el estudio también confirma que el principal efecto de la desregulación ha sido el reemplazo de trabajos permanentes por trabajos temporeros para empleados de baja cualificación.[viii] Dado los efectos socioeconómicos negativos del empleo temporal,[ix] la reforma laboral en Puerto Rico podría aumentar las tasas de desigualdad social en el país.  

Ante la existencia de una abundante evidencia académica que demuestra los impactos negativos de la flexibilización y desregulación del mercado laboral en la población, debemos asumir que el gobierno de Puerto Rico pretende arreglar los problemas económicos del archipiélago con una varita en un acto de magia.

Contexto histórico de la crisis puertorriqueña

Desde 2006 la economía de Puerto Rico se ha reducido en más de un 10%, sobre 250 mil empleos se han perdido, más de un 45% de la población es considerada en situación de pobreza monetaria, y alrededor del 60% de la población adulta se encuentra desempleada o fuera del mercado laboral.

Ha habido drásticas consecuencias socioeconómicas como resultado de la crisis económica. Durante los últimos 5 años, más de 150 escuelas (alrededor del 11% del país) han sido cerradas, y la tasa de pobreza monetaria infantil ha aumentado a un 56%. Miles de empleados públicos han sido despedidos, especialmente durante el periodo de 2009-2012. El gobierno anterior destinaba alrededor del 16% del presupuesto al pago de la deuda, duplicando la cuota destinada a educación y salud, y siendo casi 6 veces superior al presupuesto destinado al departamento de la policía. Otra grave consecuencia ha sido la emigración desmedida. Sobre 50 mil residentes de Puerto Rico se están relocalizando anualmente en los Estados Unidos de América (EEUU); representando una reducción anual de la población superior al 1%.

Para hacer frente a la crisis económica, los anteriores gobiernos han recurrido a la continua emisión – constitucional e inconstitucional – de deuda. Según Sergio Marxuach – director de política pública de un ‘think-tank’ económico puertorriqueño -  el país “logro triplicar su deuda pública de US$ 24 billones en 2000 a US$72 billones en 2015. De hecho, durante este periodo la tasa de endeudamiento de Puerto Rico creció a una tasa anual compuesta del 7.6%, mientras que sus ingresos (producto nacional bruto) creció a una tasa nominal de solo 3.6%”.[x]

Las herramientas de política pública disponibles para Puerto Rico son limitadas. Por su estatus colonial, Puerto Rico no puede recurrir al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial a pedir préstamos. En 1984, el Congreso de los EEUU destituyó a Puerto Rico de su derecho a declarar bancarrota. Sin embargo, los EEUU consideraron como una solución viable el nombramiento de una junta de siete individuos que velarían las finanzas del país, ‘recomendarían’ políticas de austeridad fiscal, repensarían maneras de pagar la deuda contraída y encaminarían a Puerto Rico hacia la ruta del crecimiento económico.

Esta entidad es conocida como la Junta de Control Fiscal – oficialmente, la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico – y se ha estado reuniendo regularmente desde septiembre de 2016. Uno de los poderes más criticados de la junta es la inmunidad de sus miembros hacia demandas, y cargos penales o civiles por decisiones que hayan tomado en nombre de la Junta de Control Fiscal.

Muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que los EEUU sea capaz de imponer leyes sobre Puerto Rico en pleno siglo XXI? La realidad es que Puerto Rico es solo uno de los diversos territorios que aún permanecen con un estatus colonial. Puerto Rico ha sido un territorio no soberano de los EEUU desde la invasión militar de los norteamericanos en 1898. En 2005, bajo la administración de George W. Bush, se reafirmó que Puerto Rico es un territorio sujeto a la autoridad del Congreso estadounidense bajo la denominada clausula territorial. Se confirmó también que el Congreso de los EEUU puede revisar o revocar el actual estatus a su discreción y legislar directamente en asuntos locales del archipiélago. Por lo tanto, los EEUU tienen el poder de legislar sobre los residentes de Puerto Rico, aun cuando Puerto Rico no tiene derecho a representantes con votos en el Congreso ni el Senado estadounidense, ni tampoco tiene el derecho a votar por el presidente de los EEUU.

Ahora bien, la crisis económica y fiscal no es causa del estatus colonial de Puerto Rico sino de la ineficiencia de las pasadas administraciones. La situación colonial simplemente ha limitado y aun limita las opciones y herramientas disponibles que tiene Puerto Rico para resolver su crisis. 

Luego de tomar en consideración el estatus de Puerto Rico y la decisión del gobierno incumbente de flexibilizar el mercado laboral, una de las preguntas a considerar es quienes serán los ganadores y perdedores de esta reforma. Tal y como fue confirmado por la ‘década perdida’ Latinoamericana, y la actual ‘década perdida’ europea, las políticas de austeridad no funcionan para promover crecimiento económico, reducir la pobreza y promover el bienestar general de la población. Por lo tanto, se espera que con menos beneficios y derechos la población trabajadora resulte como el grupo perdedor de la reforma laboral. Mientras que los dueños de los medios de producción será el grupo ganador, ya que tendrán una nueva herramienta para continuar aumentando su parte del pastel a costa de sus empleados. Si las políticas de austeridad, la desregulación y flexibilización del mercado laboral no han funcionado en el pasado, ¿por qué el Gobernador de Puerto Rico espera que vayan a funcionar ahora? Parece que solo él y su grupo de asesores conocen la respuesta a esta interrogante.


[i] Adriana De Jesús Salamán, "Reforma Laboral: Trastoque De Derechos Y Leyes Datadas Desde El 1935," Dialogo, January 19: http://dialogoupr.com/reforma-laboral-trastoque-de-derechos-y-leyes-datadas-desde-el-1935/ 2017.

[ii] Aquellos individuos que hayan trabajado para el mismo empleador entre 1-5 años acumularan 9 días de vacaciones al año, aquellos con un historial de trabajo entre 5-10 años acumularan 12 días de vacaciones al año, y solo aquellos con más de 15 años de experiencia laboral con el mismo empleador podrán acumular los antiguos 15 días de vacaciones al año previo a la reforma laboral. Importante destacar que cada vez que el empleado comienza a trabajar bajo un nuevo empleador, tendrá que comenzar a acumular nuevamente los días de vacaciones desde 6 días al ano. Esto puede llevar a un comportamiento vicioso por parte de los empleadores, donde a través de un flujo de empleados a través de sus diversas corporaciones puedan someterlos a perpetuidad a un número precario de días de vacaciones.

[iii] Paolo Barbieri and Stefani Scherer, "Labour Market Flexibilization and Its Consequences in Italy," European Sociological Review 25, no. 6 (2009): 689.

[iv] Dani Rodrik to Unconventional thoughts on economic development and globalization, 09 September, 2010, http://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2010/09/some-economists-topsy-turvy-world.html.

[v] OECD (2017), Youth unemployment rate (indicator). doi: 10.1787/c3634df7-en (Accessed on 26 January 2017); OECD (2017), Unemployment rate (indicator). doi: 10.1787/997c8750-en (Accessed on 26 January 2017).

[vi] Stuart Medina, Miguel Carrion, and Esteban Cruz to Tribuna Abierta, 23 January, 2017, http://www.eldiario.es/tribunaabierta/desempleo-siempre-decision-politica_6_604799552.html.

[vii] Michael Gebel and Johannes Giesecke, "Labor Market Flexibility and Inequality: The Changing Skill-Based Temporary Employment and Unemployment Risks in Europe," Social Forces 90, no. 1 (2011).

[viii] Lawrence M Kahn, "Employment Protection Reforms, Employment and the Incidence of Temporary Jobs in Europe: 1996-2001," Labour Economics 17, no. 1 (2010).

[ix] Johannes Giesecke and Martin Groß, "External Labour Market Flexibility and Social Inequality," European Societies 6, no. 3 (2004).

[x] Sergio Marxuach to Center for a New Economy 2015, http://bit.ly/2bhixY2.

About the author

Gibrán Cruz-Martínez es investigador Postdoctoral del Departamento de Desarrollo Global y Planificación de la Universidad de Agder, Noruega. Actualmente enseña Introducción a los Estudios Latinoamericanos: Historia, Desarrollo y Sociedad. Gibrán completó su Ph.D. en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, España. Antes de unirse a UiA, estuvo afiliado al Instituto de las Américas, University College London (Reino Unido).


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