Print Friendly and PDF
only search openDemocracy.net

Las desigualdades y los gobiernos de centro-izquierda en Chile

Bajo los gobiernos de la centro-izquierda chilena la cuestión de la legitimidad de las desigualdades económicas no fue particularmente contestada. English

Marcha de estudiantes en Santiago de Chiile en abril de 2017 para exigir una educación pública gratuita, de calidad, democrática y sin fines de lucro, y contra el proyecto de reforma educativa. Foto de Mauricio Gomez / NurPhoto. PA Images. Todos los derechos reservados.

Este artículo forma parte de la serie "Desigualdad persistente: el controvertido legado de la marea rosa en América Latina" producida en alianza con el Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Sociología de la Freie Universität Berlin.

Chile ha estado gobernado veinticuatro de los últimos veintiocho años por una coalición de centro-izquierda. Los primeros veinte años (1990-2010), bajo al denominación de Concertación de partidos por al democracia, sin interrupción.

Luego de su vuelta al poder en el 2014 convertida en Nueva Mayoría, esta vez en alianza también con el Partido Comunista, y en una versión más representativa del ala izquierda de la misma, ha debido volver a ceder su lugar este año (2018) a la coalición de centro-derecha que rompió su prolongada estadía en el gobierno.  

Es en este contexto, y poniendo el acento en el legado de todos estos años de gobierno centro-izquierdista, que este artículo quiere preguntarse por el destino de las desigualdades en el país. Pero lo quiere hacer desde una perspectiva algo diferente a la usual.

Una desigualdad solo puede ser percibida como tal y, luego, politizada si es que ella es producida y reconocida como algo normativamente inaceptable.

Parte de la premisa que toda transformación social requiere un cambio en las legitimidades, pues esto es un requisito esencial para sostener la misma. Es precisamente el transformar en ilegítima una relación o una situación lo que abre las vías para su construcción como una demanda social y política, esto es, abre las vías para su politización.

Una desigualdad solo puede ser percibida como tal y, luego, politizada si es que ella es producida y reconocida como algo normativamente inaceptable, empezando, y por sobre todo, por quienes padecen las consecuencias negativas de las mismas, como lo muestra bien, por ejemplo, el caso de las causas promovidas por los movimientos feministas. 

¿Cuáles son, entonces, los rendimientos bajo los gobiernos de la centro-izquierda a este nivel? Por razones de espacio, me centraré solo en dos tipos de desigualdades, poniendo énfasis en el segundo tipo dada su novedad e importancia en el momento actual. 

Resulta evidente que bajo los gobiernos de la centro-izquierda chilena la cuestión de la legitimidad de las desigualdades económicas no fue particularmente contestada, no al menos hasta el último de sus gobiernos, liderado por Bachelet en el marco de una nueva coalición, la Nueva Mayoría y el que, más allá de su disputado éxito o fracaso, intentó impulsar reformas que tocaban dimensiones más estructurales. Chile está afectado aún por una alta desigualdad.

Es el país más desigual de la OCDE, y es uno de los más desiguales del continente más desigual, a saber, América Latina. Basta un dato para percibir la dimensión de esta hecho: en el país, el 1% de la población se queda con el 33% de los ingresos globales.

Pero, la legitimidad de las desigualdades no fue puesta en cuestión, y ello no solo porque de manera estructural ni se interrogó el modelo de desarrollo ni se enfrentó consistentemente la regulación de la acumulación, como tampoco se restringieron las esferas de la vida social sometidas a las lógicas de mercantilización, sino porque la fuerza de los principios de ordenamiento social que acompañaron la instalación del modelo neo-liberal en el país (competencia, carácter individual de las mejoras, confianza en el esfuerzo propio, retribuciones diferenciales según rendimiento individual, entre otras), no fueron desmontadas, neutralizadas o matizadas, sino al contrario.

Las desigualdades económicas no son consideradas como especialmente ilegítimas. 

Esto no es sin consecuencias. Las desigualdades económicas no son consideradas como especialmente ilegítimas. Un ejemplo de la expresión política de lo anterior lo da el hecho que frente a las medidas que pretendían des-mercantilizar la educación escolar, promovidas en el último gobierno de Bachelet (2014-2018), fueron los propios padres de familia los que protestaron contra éstas, para sorpresa y consternación del propio gobierno y otros sectores de izquierda.

La cuestión es más compleja, y tiene más aristas, pero tomando una de ellas, es posible sostener que este ejemplo muestra que un largo entrenamiento adquirido al enfrentar la vida social ordinaria generó, por un lado, un sentido común compartido en el cual la parte de lo que se obtiene de la riqueza o los bienes sociales es entendido como resultado del esfuerzo personal.

Por otro: la convicción extendida que un buen “servicio” se paga. Dos creencias que en última instancia justifican la existencia y permanencia de la desigualdades económicas. Pero, estos gobiernos de la centro-izquierda están vinculados a otro destino para las desigualdades.

La expansión normativa de la idea del derecho y la ciudadanía fue promovida con fuerza en el contexto de estos gobiernos, y ello ha tenido como efecto, impensado y en mucho no percibido por la misma clase política, que la legitimidad de un tipo particular de desigualdades se haya puesto en tela de juicio y éstas se hayan constituido en un elemento especialmente relevante, como veremos, en la estructuración de las demandas sociales y políticas, y en un factor relevante en los modos en que se perfilan los juicios y la relación con la política. 

Como lo muestran diversos estudios, las desigualdades más percibidas, y más rechazadas, en Chile son las que tienen que ver con el trato recibido en las interacciones ordinarias y cotidianas entre individuos y entre estos y las instituciones.

Por supuesto, las desigualdades en las interacciones son esencialmente leídas como resultado de las maneras en que se define la posición social que se ocupa, principalmente, aunque no solamente, por el hecho de ser pobre.

El llamado “proceso de ciudadanización” implicó la preeminencia de la figura del ciudadano y el fortalecimiento de la idea del derecho como herramienta de ordenamiento social.

Por supuesto, hay una sensibilidad a las diferencias económicas, pero, lo esencial es que son las formas diferenciales en el trato en las relaciones cara a cara, las que son el verdadero centro gravitacional de las lecturas que hacen los individuos sobre su experiencia social en Chile, y el fundamento de las maneras en que establecen la relación con la sociedad, y, de manera creciente, el combustible para sus demandas y juicios políticos, las que tienen enormes efectos para las formas que toma la democracia y la política en ella.

El surgimiento y relevancia de la percepción de este tipo de desigualdades, debe vincularse con el llamado “proceso de ciudadanización”, el que ha implicado la preeminencia de la figura del ciudadano y el fortalecimiento de la idea del derecho como herramienta de ordenamiento social así como su constitución en un auténtico ideal normativo.

En el caso de Chile este proceso fue de la mano del regreso de la democracia y se inició muy tempranamente en la década de los noventa. La modernización del estado, una de las tareas que se propuso la centro-izquierda al llegar al poder, incorporó la instalación de este nuevo paradigma como marco de la acción estatal.

Varias razones confluyeron a esto. Por un lado, la presión internacional prioritariamente por vía de organismos internacionales, condicionaron las transferencias de fondos a la adopción de estas perspectivas.

Pero, por otro, la ciudadanización y el paradigma de los derechos, y con ellos, y esto es esencial, la promesa de igualdad, entregaban a la centro-izquierda una formulación renovada de sus metas políticas y sus compromisos con la sociedad.

Más allá de que, como se ha señalado con insistencia, la magnitud y consistencia con la que este paradigma se cristalizó concretamente en la relación del Estado con la sociedad no fuera la esperada, lo central es que la cuestión de los derechos y la promesa de igualdad se expandieron en la sociedad.

Lo hicieron, es cierto, por las formas que tomó la interpelación estatal a los miembros de la sociedad, pero también por la acción de otros actores como los movimientos sociales, los medios de comunicación, o los actores políticos, por ejemplo.

La igualdad se inscribió como ideal en los individuos.

En cualquier caso,  ellas cobraron cuerpo en formas tan disímiles como las propagandas electorales, las políticas públicas, los programas de intervención estatal, o las nuevas reglamentaciones jurídicas.

Todavía más, como lo muestran resultados de investigación empírica, la igualdad, se inscribió como ideal en los individuos. Esto quiere decir, que la igualdad se constituyó en un elemento central a partir del cual ellos construyeron sus expectativas ideales sobre lo que debería ser la sociedad, sobre la relación con los otros, y sobre lo que deberían, por ende, recibir del mundo social. 

Pero, como vimos, la inscripción de esta promesa de igualdad terminó haciéndose, en Chile, en términos novedosos. Ello se explica, al menos en parte, por el contexto de creciente apelación al individuo como responsable de sí y como pivote de su propia vida y sus experiencias, en virtud de las consecuencias de la mercantilización de las diferentes esferas de la vida y la retracción del Estado.

Pero, también por el debilitamiento de un modelo de relación al colectivo mediado por la política. La promesa de igualdad, lejos de reducirse a una traducción en términos abstractos políticos y jurídicos, o económico sociales, terminó por concernir principalmente a las formas de trato en la sociedad y en particular en las relaciones sociales cara a cara.

Lo que ha surgido son expectativas de recibir un trato horizontal tanto en las relaciones simétricas (entre colegas o transeúntes) como asimétricas (de parte de los superiores jerárquicos o de las autoridades políticas), que se ponen a prueba en las interacciones, en las experiencias cotidianas y ordinarias tales como tomar el bus, postular a un empleo o ir a un hospital público. 

Es así, entonces, que el acento perceptivo crítico se ha colocado no tan solo en la distribución de los bienes sociales (salud, salarios, educación), o simbólica institucional (reconocimiento como sujetos políticos o de derechos), sino, principalmente, y ésta es una verdadera novedad, en las prácticas relacionales concretas expresadas en el uso o no para con ellos de las señales del respeto, del ejercicio de la contención en el uso del poder, de las consideraciones de justicia, o de la amabilidad, entre otros.  

Los individuos provistos de este nuevo lente de aumento que es la promesa de igualdad aplicada al ámbito de las interacciones, han percibido con gran claridad los efectos de las aún muy vigentes lógicas sociales que han ordenado históricamente las relaciones sociales en el país (como la lógica del privilegio, del autoritarismo, entre otras), y se han sentido justificados a leerlas como espúreas e inaceptables y como una afrenta a su propia dignidad.

Las representaciones que han emanado de este proceso se han convertido, entonces, en un instrumento de interpretación general de la sociedad y en esta medida han adquirido una importancia política mayor.

Los actores políticos son menos juzgados por sus grandes actos que por sus pequeñas acciones.

Ellas han intervenido en modelar los juicios sobre el mundo social y sus actores, las actitudes hacia  la política y la clase política, la adhesión a la política y la sociedad, pero también las formas de estructuración de las demandas sociales y políticas.

Expresivo de lo anterior es el cambio de los criterios por los que se enjuicia a la política y la clase política. Dos cuestiones esenciales se juegan aquí. Por un lado, la importancia adquirida por la dimensión de las interacciones ordinarias vinculadas a las relaciones interpersonales ha implicado que el acento y la atención de las personas están puestos más en lo que les dicen sus experiencias sociales concretas que en los discursos y nociones abstractas.

Los actores políticos son menos juzgados por sus grandes actos que por sus pequeñas acciones. Por el otro, pero en relación estrecha con lo anterior, el lenguaje del abuso y de la falta de respeto se ha convertido en expresión habitual para designar lo que se juzga como actitudes política y moralmente intolerables.

El proceder abusivo ordinario justifica hoy con creces la consideración de falta de legitimidad pública y política, y, aún más, se constituye en un argumento válido para la desafección o la desobediencia.

Las demandas por horizontalizar o democratizar las relaciones sociales se han constituido en un elemento estructurante central de la acción colectiva.

Pero, las cosas han ido un poco más lejos. Las demandas por horizontalizar o democratizar las relaciones sociales se han constituido, en efecto, en un elemento estructurante central de la acción colectiva: fundamento de demandas políticas, de sus formas retóricas, del modo de justificación de las mismas, y elemento decisivo respecto del apoyo potencial que pueden recibir.

Lo muestran las recientes y masivas movilizaciones de las jóvenes estudiantes universitarias contra la violencia de género y la educación no sexista en el país, pero, por sobre todo, la enorme resonancia y apoyo de la población que han conseguido, inesperado para lo que es la historia de este tipo de movimientos y demandas.

Otro aspecto que lo sustenta es, sin duda, la importancia del abuso como elemento retórico principal para legitimar las demandas en causas que van desde las quejas contra el transporte hasta las movilizaciones contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Así, de manera no calculada, e incluso en varios aspectos ciega a ello, la centro-izquierda ha contribuido a la erosión de la legitimidad de formas diferenciales de trato, y con ello, a la emergencia de nuevas formas de desigualdades percibidas.

Ha aportado, en esta medida, a darle legitimidad a la demanda por la democratización de las relaciones sociales. Y, sin que necesariamente lo haya percibido y menos aún haya sacado las consecuencias de lo anterior, éstas han terminado de más en más siendo la expresión principal de la politización de la desigualdad.

Dos destinos muy distintos los de estas desigualdades. Ambos, no obstante, tienen algo en común. Son, sin ninguna duda, objetos esenciales para la reflexión de una centro-izquierda, aquella que ha estado largo tiempo en el poder, que necesita volver sobre sus pasos de cara a sus reveses, pero también para esa nueva izquierda que confluye hoy en el Frente Amplio buscando construir de manera más perfilada sus promesas políticas para el país.

Lo son, porque en esos dos destinos se encuentran, a mi juicio, las claves más importantes de lo que serán los desafíos políticos en los años a venir.

About the author

Kathya Araujo es socióloga peruana, radicada en Chile hace 20 años y académica de la Universidad de Santiago de Chile. Su último libro es “El miedo a los subordinados” (LOM, 2016).

Kathya Araujo is a Peruvian sociologist, based in Chile 20 years ago and an academic from the University of Santiago de Chile. Her latest book is "Fear of subordinates" (LOM, 2016).


We encourage anyone to comment, please consult the
oD commenting guidelines if you have any questions.