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La desigualdad persiste en Venezuela

¿Por qué el chavismo – con un amplio respaldo electoral, una agenda claramente redistributiva y un contexto macroeconómico favorable – no fue capaz de reducir la desigualdad estructural en Venezuela? English

Una mujer protesta ante una formación de la policía nacional en Caracas, Venezuela, Martes 7, de junio 2016. AP Photo/Ariana Cubillos

Este artículo forma parte de la serie "Desigualdad persistente: el controvertido legado de la marea rosa en América Latina" producida en alianza con el Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Sociología de la Freie Universität Berlin.

A primera vista, el caso de Venezuela sobresale dentro del ciclo de las mareas rosas en América Latina y su esfuerzo por revertir los altísimos niveles de desigualdad en la región.

En los años de bonanza del petróleo durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2013), el gobierno hizo lo que se supone que debe hacer un gobierno de izquierdas que promete justicia social y redistribución de la riqueza. Consiguió sacar a miles, quizás incluso a millones de venezolanos de la pobreza y reducir las desigualdades de ingresos hasta tal punto que Venezuela fue, en 2010, el país más igualitario de toda Latinoamérica.

Esta disminución de la pobreza y la desigualdad – medida en términos de distribución de los ingresos, ingreso medio por hogar, consumo de calorías o acceso a la sanidad y la educación - fue real y tuvo un impacto político de largo alcance, como lo demuestran las repetidas victorias electorales del chavismo.

La dramática implosión económica de Venezuela desde 2015 ha borrado rápidamente la mayoría de mejoras logradas en la década anterior.

Hoy, en un contexto macroeconómico de caída de los precios mundiales del petróleo, hiperinflación y descenso de las importaciones incluso de bienes de primera necesidad, la pobreza vuelve a incrementarse de modo alarmante. Los venezolanos de a pie tienen que hacer frente a la hambruna y a estanterías vacías en los supermercados y se pasan el día haciendo cola para acceder a alimentos subvencionados como pasta, harina y azúcar.

En un contexto macroeconómico de caída de los precios del petróleo, hiperinflación y descenso de las importaciones incluso de bienes de primera necesidad, la pobreza vuelve a incrementarse de modo alarmante.

Los hospitales dan cuenta del incremento espectacular de niños y bebés desnutridos y la mitad de la población ha perdido como mínimo 11kg de peso. La crisis ha agravado también la desigualdad. La sociedad se divide ahora entre los que tienen acceso a petrodólares y los que no.

Las clases “dolarizadas” todavía pueden pagar los altos precios del mercado negro e incluso se benefician de la debilidad de la moneda nacional, ya que los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado local les resultan baratos.

Con todo, la actual crisis económica es también un síntoma de la persistencia de desigualdades estructurales más profundas. Un análisis minucioso revela que esto se debe a que el chavismo no consiguió alterar de manera radical la distribución de activos y de riqueza en el país.

Tampoco consiguió transformar el gobierno los mecanismos redistributivos a su alcance para lidiar con ello. Venezuela continúa padeciendo una crisis de la vivienda importante. Incluso durante los prósperos años de la década del 2000, la promoción de nuevas viviendas se estancó y costaba encontrar viviendas de calidad a precios asequibles, lo que obligaba a muchos ciudadanos a construirse ellos mismos sus propias casas, a menudo en “terrenos baldíos” con títulos de propiedad nada claros.

La inversión pública en infraestructuras, desde parques a transportes públicos, centros cívicos o el alumbrado de las calles, también se quedó en mínimos. Lo mismo sucedió con la atención sanitaria.

El gobierno consiguió establecer el acceso a la sanidad gratuita para todos los venezolanos, pero la dependencia excesiva de personal médico cubano y de medicamentos y material sanitario importado hizo que el sistema sanitario público fuese vulnerable y, en última instancia, insostenible ante el envite de la crisis económica.

¿Por qué el chavismo – con un amplio respaldo electoral, una agenda claramente redistributiva y un contexto macroeconómico favorable – no fue capaz de reducir la desigualdad estructural en Venezuela?

Para responder a esta pregunta, hay que tener en cuenta dos factores clave: a) la extrema polarización política entre dos bloques claramente delimitados, y b) el legado institucional del régimen anterior. El poder del chavismo se ha fundamentado en una amplia pero difusa coalición que incluye sectores populares, colectivos civiles progubernamentales, el ejército y algunas iglesias evangélicas.

Chávez también consiguió establecer control sobre las principales instituciones del gobierno central y la compañía estatal de petróleo. El bloque chavista en el poder contrasta claramente con la oposición. El movimiento opositor, que pelea con uñas y dientes contra el chavismo, tiene el apoyo de las clases media-alta y alta, la industria agroalimentaria y las finanzas, la jerarquía de la Iglesia Católica y los sindicatos.

Cuando Chávez fue elegido presidente en 1999, no se encontró con vacío de poder sino con un entramado estatal que funcionaba razonablemente bien.

Cuando Chávez fue elegido presidente en 1999, no se encontró con vacío de poder sino con un entramado estatal que funcionaba razonablemente bien, y su gobierno tuvo por consiguiente que ajustar sus planes en función de estas estructuras institucionales preexistentes y de los funcionarios que se encontraban en ellas.

La educación ilustra perfectamente este argumento. Inmediatamente después de que Chávez fuera elegido en 1999, su gobierno procedió rápidamente a implementar una ambiciosa agenda de reformas en este sector. Aumentó el presupuesto de escolarización, amplió el número de escuelas y de profesores y mejoró la formación de estos últimos, todo ello con el claro objetivo de promover una educación pública más inclusiva y accesible para los sectores subordinados de la población.

Un elemento especialmente importante de esta iniciativa fueron las llamadas Escuelas Bolivarianas que se abrieron principalmente en barrios marginales y que ofrecían escolarización a jornada completa, actividades extraescolares y alimentación gratuita.

Otra innovación institucional fueron las Misiones Educativas, que operaban fuera del sistema educativo tradicional y se diseñaron para ofrecer nuevas oportunidades a personas adultas, desde alfabetización a títulos universitarios.

Con todo, estas reformas educativas se convirtieron rápidamente en el principal campo de batalla entre el chavismo y la oposición. Especialmente de 2005 en adelante, Chávez dejó de asociar educación con reducción de la desigualdad y la exclusión social.

El gobierno empezó a considerar que la escolarización era un elemento crucial para promover los principios del “socialismo del siglo XXI” e inculcar el nuevo nacionalismo bolivariano a los alumnos. La oposición respondió inmediatamente.

Utilizó su acceso preferente y el control ideológico que ejercía en las universidades públicas más prestigiosas y en los principales medios de comunicación del país para atacar a Chávez acusándole de politizar la educación pública y rechazar cualquier intento de reforma educativa.

Según la oposición, el nuevo plan de estudios nacional consistía en un plan de lavado de cerebro de los niños venezolanos, mientras que las Misiones Educativas no eran más que una herramienta política corrupta y de muy baja calidad educativa.

Las reformas chavistas se toparon también con un aparato educativo sólidamente establecido y con rutinas fijas. La mayoría de los profesores se habían formado en la ideología del régimen anterior e incluso profesores que simpatizaban políticamente con Chávez vieron en el nuevo plan de estudios bolivariano una amenaza directa a su identidad profesional.

Los profesores y demás personal educativo podían recurrir también a organizaciones colectivas (sindicatos de profesores) para luchar contra las reformas educativas. El resultado fue que un gobierno cada vez más decidido trató de imponer el nuevo plan de estudios sin mediar demasiada consulta previa, a la vez que una oposición igualmente decidida, en sintonía con el personal docente de las escuelas públicas, trataba de mantener el status quo.

Las inscripciones a los centros de enseñanza privada se dispararon durante los años del gobierno de Chávez.

No es de extrañar que las inscripciones a los centros de enseñanza privada se dispararan durante los años del gobierno de Chávez y que los títulos conseguidos en las Misiones Educativas carecieran de reconocimiento en el mercado laboral, contribuyendo así a la persistencia de la desigualdad en la educación.

           La reproducción de desigualdades estructurales profundas en áreas como la acumulación de riqueza, la vivienda, la sanidad y la educación arrojan luz también sobre otra particularidad venezolana: desafiando la sabiduría teórica convencional, la disminución de la pobreza y la desigualdad durante los años 2000 no conllevó una disminución de la criminalidad.

Todo lo contrario, las tasas de homicidio alcanzaron niveles sin precedentes bajo Chávez, a lo que contribuyeron sin duda las desigualdades persistentes en la distribución de la riqueza y en las oportunidades de alcanzar una vida mejor.

Pero también la polarización política y los legados institucionales del pasado jugaron un papel decisivo. El ascenso del chavismo dio inicio a un prolongado conflicto entre el gobierno y el sindicato de trabajadores más importante de Venezuela, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) por el control del movimiento sindical.

Por otra parte, Chávez consideró inicialmente que las políticas sociales eran el mejor remedio contra el crimen, lo que conllevó un progresivo deterioro de la calidad y profesionalidad de las fuerzas de seguridad. Y cuando la reforma policial se incorporó a la agenda política en 2008, cayó  - al igual que la reforma educativa - víctima de la polarización política.

Como argumentan de manera convincente el sociólogo David Smilde y co-autores, los partidarios de Chávez aplaudían cualquier iniciativa política, independientemente del modelo de reforma propuesto, mientras que la oposición las rechazaba por principio. Además, los legados institucionales del pasado implicaron que se favoreciera la reforma del ejército antes que la de la policía.

El ejército ha sido una de las instituciones con mayor índice de aprobación en Venezuela y ha representado y representa un recurso de poder clave para Chávez y su sucesor Nicolás Maduro. No es de extrañar que ambos líderes chavistas se hayan mostrado por lo general más favorables a respaldar operaciones policiales militarizadas, como las de la Guardia Nacional contra supuestos traficantes de drogas, lo cual ha contribuido a la escalada de la violencia.

Considerados conjuntamente, los ejemplos de las reformas educativa y de seguridad en la Venezuela chavista ilustran la importancia de tomar en consideración las relaciones de poder, máxime cuando se intenta dar respuesta a por qué los gobiernos, durante la marea rosa, han visto limitada su capacidad para redistribuir la riqueza y luchar contra la violencia.

En concreto, es preciso tener en cuenta la polarización política y los remanentes institucionales del régimen anterior para entender las razones por las que persisten las desigualdades estructurales en Latinoamérica y sus consecuencias.

About the author

Matthias es Profesor Asociado e Investigador Ramón y Cajal en el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). De formación sociólogo, es Doctor por la Brown University y cursó estudios de posgrado en la Universidad de Manchester.

Matthias is Associate Professor and Ramón y Cajal Researcher at the Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). A trained sociologist, he holds a Ph.D. from Brown University and attended postgraduate studies at the University of Manchester.


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