“El ataque empezó cuando yo era presidenta”. Margarette May Macaulay, abogada y exmagistrada de Jamaica que fue elegida para encabezar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018 relató a openDemocracy cómo el Departamento de Estado de EEUU “dijo que no podía entregar dinero para mi relatoría porque estábamos promoviendo el aborto”.

“Nosotros no promovemos nada”, dijo la abogada al explicar el trabajo del órgano que encabezó el año pasado. Su mandato incluye investigar violaciones de derechos humanos tales como juicios injustos, ejecuciones extrajudiciales y violencia contra las mujeres. “Lo único por lo que hacemos lobby es por la ratificación de las convenciones”, agregó Macaulay. “Pero ellos igual nos cortaron el dinero porque creo que querían hacerlo de cualquier forma”.

La CIDH es uno de los dos principales órganos autónomos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), conformada por 35 estados miembros: todos los latinoamericanos y caribeños, aunque Cuba no participa, más Canadá y EEUU, su principal financiador pese a que nunca ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En diciembre de 2018, nueve senadores estadounidenses reclamaron públicamente al secretario de Estado Mike Pompeo que redujera los fondos a la OEA alegando que ese dinero se usaba para “hacer lobby por el aborto en América Latina”. Criticaron especialmente a Macaulay por organizar una audiencia pública sobre derechos sexuales y reproductivos en Argentina cuando el Congreso discutía legalizar el aborto.

En marzo de este año, en una reunión de la US National Hispanic Christian Leadership Conference, el activista conservador Alfonso Aguilar explicó que estaba trabajando de manera estrecha con la administración Trump y su embajador en la OEA para oponerse a intentos de ampliar protecciones a los derechos sexuales y reproductivos en una CIDH “totalmente cooptada por grupos liberales”, alegó. “Podemos tomar el control de la OEA”, agregó.

Seis días después, Pompeo anunció una reducción de 210.00 dólares en los fondos entregados a la OEA “habida cuenta de la reciente evidencia de promoción del aborto”. La medida fue celebrada por grupos internacionales del lobby conservador como la plataforma de origen español CitizenGo, el sitio de noticias Actuall y ACI Prensa, un medio en línea que hace parte de la católica US Eternal Word Television Network.

‘Ataque a la OEA’

En la última década, la OEA adoptó nuevas convenciones sobre derechos humanos incluyendo dos en 2013 contra el racismo, la discriminación y la intolerancia. La sociedad civil llegó incluso a proponer otra sobre derechos sexuales y reproductivos si bien nunca fue formalmente introducida a debate.

La tracción política para lograr esos acuerdos la aportaron alianzas estratégicas de movimientos negros, LGBTIQ y feministas, según una abogada que sigue las negociaciones de la OEA y que pidió anonimato. Pero esos logros han pasado a estar bajo fuego graneado de estados conservadores, pero también de grupos de la sociedad civil.

“Es un fenómeno nuevo que la sociedad civil, que colaboraba con el fortalecimiento del sistema y lo defendía, ahora exige cambios oponiéndose al enfoque de género, a los derechos LGBTI y reproductivos. La estrategia apunta a que el sistema pierda fuerza para exigir estándares de protección”, dijo a openDemocracy el abogado peruano de derechos humanos Pedro Calvay Torres.

A la cabeza de esta nueva embestida de la sociedad civil conservadora están grupos de EEUU, algunos estrechamente vinculados al gobierno de Trump, como las entidades de la derecha cristiana Alliance Defending Freedom (ADF), Human Life International y sus varias oficinas locales, Population Research Institute, Focus on the Family, C-FAM, World Youth Alliance y la plataforma de origen español CitizenGo.

Sus tácticas incluyen presiones para reducir la financiación, campañas de descrédito a integrantes de los órganos de la OEA y cuestionamientos a la naturaleza obligatoria de las normas del sistema.

Cuando Macaulay se presentó a la reelección este año, siete grupos religiosos de Jamaica pidieron al primer ministro Andrew Holness que no apoyara su postulación. En otra carta, autoridades de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile advirtieron a la OEA y a la CIDH que no debían excederse en sus mandatos y reclamaron una revisión y reforma del sistema.

“Esa carta era realmente un ataque a nuestra autonomía, del mismo modo que lo era la postura de EEUU”, dijo Macaulay. La presión fue creciendo a medida que se acercaba la asamblea general de la OEA de junio en Colombia, donde debían renovarse cuatro de los siete comisionados de la CIDH. “Algunos delegados, incluyendo a EEUU o liderados por este, se opusieron activamente… a nuestras nominaciones”, agregó.

Cientos de activistas también acudieron a esa asamblea de la OEA, divididos en 33 coaliciones, de las cuales 11 abogaron por medidas ultraconservadoras, según una revisión de openDemocracy de sus miembros y posturas. 

ADF, que tiene su sede en Arizona y nexos con el gobierno de Trump, encabezó una de estas coaliciones. El portavoz de este grupo, un joven colombiano, lanzó a los gritos acusaciones de ‘corrupción’ y ‘falta de independencia’ contra la CIDH y su actual presidenta, la panameña Esmeralda Arosemena, quien fue incluso acosada en la calle por una secretaria del Senado colombiano, luego de advertir sobre el crecimiento de los movimientos ‘antiderechos’.

Pese a esta oposición, Arosemena y Macaulay fueron reelegidas como comisionadas de la CIDH. Los otros dos lugares fueron para el abogado guatemalteco Edgar Stuardo Ralón Orellana, alineado con posiciones conservadoras, y la abogada peruana Julissa Mantilla Falcón, especializada en género y violencia sexual.

Los lobbies conservadores tampoco pudieron impedir un pequeño avance en la protección de las personas intersexuales, que por primera vez este año fueron incluidas de forma expresa en una resolución de la OEA. Desde entonces, “las cosas se están moviendo en silencio; ya veremos si hay más turbulencias en el futuro”, dijo Macaulay.

Propaganda y estrategia legal

El grupo estadounidense ADF obtuvo su acreditación para actuar en la OEA en 2014. Pero un año antes se presentó en la asamblea general en Guatemala donde encabezó un contingente de un centenar de activistas conservadores que intentaron sin éxito frustrar las dos nuevas convenciones contra el racismo, la discriminación y la intolerancia, según la abogada que sigue las negociaciones y que habló con nosotros a condición de anonimato.

Desde entonces, esta organización de lobby está activa en la OEA, coordinando “la estrategia legal de estos grupos, desde la cuestión del lenguaje, la argumentación para bajar los estándares en temas de derechos sexuales y reproductivos, hasta articular la estrategia de incidencia con los países”, dijo la fuente.

Una “estrategia de propaganda” clave que utilizan, agregó, son las manifestaciones y peticiones contra la supuesta ‘inminente aprobación’ del aborto o el matrimonio igualitario, que en realidad no figuran en la agenda oficial de la OEA, y entonces luego pueden cantar victoria.

El informe anual 2018 de ADF indica que ese año organizaron “una capacitación para 70 líderes latinoamericanos de nueve países” previa a otra cumbre en Washington. Los participantes eran miembros de una coalición de pastores y legisladores evangélicos llamada Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que organiza costosas conferencias a puertas cerradas.

La capacitación en un el lujoso hotel Ritz-Carlton en Pentagon City, sirvió para unificar criterios y estrategias con miras a incrementar la influencia en las decisiones de la OEA, según una investigación de Columbia University.

Fundado en 2017, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia se ha convertido en otro actor influyente en la OEA. Encabezó cinco coaliciones temáticas de la sociedad civil en la asamblea de este año en Colombia y organizó una actividad paralela con participación de ADF. En una reunión el año pasado en Uruguay, debatió planes para lanzarse a otros organismos multilaterales en 2020, como la OMS, la Unesco y el FMI. 

ADF no respondió nuestra solicitud de entrevista para este artículo.

Avance y reacción

En la OEA se adoptaron en los últimos años varias medidas para enfrentar la discriminación sexual y de género, como la conformación por parte de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, México y Uruguay del LGBTI Core Group, días después del mortal ataque de 2016 en una discoteca gay en Orlando. 

Al año siguiente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió su histórica opinión consultiva declarando que los derechos a la identidad de género están protegidos por la Convención Americana. La corte recomendó asimismo a los estados extender todos los mecanismos legales existentes, incluso el matrimonio, a sus habitantes LGBTIQ.

ADF, entre decenas de grupos conservadores, había intervenido en este caso oponiéndose a la idea misma de que un organismo regional hiciera recomendaciones a los países sobre estos temas.

También en 2017, la CIDH reclamó “a todos los estados adoptar medidas inmediatas para asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, y advirtió “el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre la dignidad y los derechos a la vida” de las mujeres.

El año pasado, la CIDH saludó las medidas de Chile para despenalizar el aborto en algunas circunstancias, así como la decisión de las autoridades de El Salvador de conmutar una pena de 30 años de prisión a una mujer que ya había cumplido 10 por perder un embarazo, bajouna ley contra el aborto especialmente restrictiva y punitiva.

Mientras las voces de grupos de lobby ‘anti-derechos’ se multiplicaban desde 2013 en los espacios de la sociedad civil en la OEA, gobiernos más conservadores asumieron en Argentina, Chile, EEUU, Colombia y Brasil, países que poco antes habían liderado iniciativas como el lanzamiento del LGBTI Core Group.

“A algunos de esos estados los veíamos como amigos de la comisión, así que es alarmante”, dijo Macaulay.

La interacción entre estos dos actores conservadores, estado y sociedad civil, se está desplegando ahora en medio de las discusiones sobre lo que debería pasar cuando expire el mandato del actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, en mayo de 2020.

Almagro ha sido un aliado clave del gobierno de Trump contra Venezuela y Cuba, pero últimamente fue atacado por una coalición de grupos antiabortistas estadounidenses que piden a su gobierno retirarle el apoyo para un segundo mandato.

Estos grupos “representan a ciudadanos americanos que han apoyado al presidente Trump”, dijo el portavoz de esta coalición, Alfonso Aguilar, quien aseguró que mantienen “conversaciones constructivas” con funcionarios estadounidenses sobre este asunto.