“El ataque empezó cuando yo era presidenta”. Margarette May Macaulay, abogada y exmagistrada de Jamaica que fue elegida para encabezar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018 relató a openDemocracy cómo el Departamento de Estado de EEUU “dijo que no podía entregar dinero para mi relatoría porque estábamos promoviendo el aborto”.
“Nosotros no promovemos nada”, dijo la abogada al explicar el trabajo del órgano que encabezó el año pasado. Su mandato incluye investigar violaciones de derechos humanos tales como juicios injustos, ejecuciones extrajudiciales y violencia contra las mujeres. “Lo único por lo que hacemos lobby es por la ratificación de las convenciones”, agregó Macaulay. “Pero ellos igual nos cortaron el dinero porque creo que querían hacerlo de cualquier forma”.
La CIDH es uno de los dos principales órganos autónomos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), conformada por 35 estados miembros: todos los latinoamericanos y caribeños, aunque Cuba no participa, más Canadá y EEUU, su principal financiador pese a que nunca ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
