El Salvador, como varios países de Centroamérica y el mundo, se encuentra en una situación limítrofe a la tragedia al enfrentar una pandemia bajo las inmensas fallas estructurales cimentadas por siglos de explotación ambiental y humana. Quedan pocas alternativas cuando se han tenido regímenes dictatoriales, guerra civil y apertura de la democracia representativa partidaria: O participación ciudadana democrática o un regreso a la dictadura.

La crisis política salvadoreña antes de la pandemia

El Salvador tiene registros históricos importantes en cuanto a la evolución hacia una democracia relativamente naciente. Apenas en 1992 finaliza una guerra civil de 12 años, se abre el espectro ideológico para representatividad partidaria en elecciones libres, y se comienza un duro capítulo de amnistías sociales y penales y liberalismo económico que afectaron a la mayoría de la población con sendos procesos de privatización, establecimiento de grupos criminales y redes de corrupción, teniendo a la migración forzada como última expresión de búsqueda de supervivencia y dignidad.

Todo esto y más, ha sucedido con partidos políticos representantes de la guerra civil, y que en 30 años, tuvieron el poder Ejecutivo, sin poder resolver los principales problemas estructurales del país: pobreza y desigualdad, degradación ambiental, violencia e irrespeto a derechos humanos, entre otros. Este desgaste, y otros factores de incidencia, generaron la alternancia en el poder con la victoria presidencial de Nayib Bukele en junio de 2019.

Sin embargo, apenas 8 meses después de la toma de posesión de la presidencia de El Salvador y de continuar las políticas de fortalecimiento de las fuerzas armadas para frenar la violencia, el presidente tuvo el mayor de sus abruptos amenazando con tomar el control de la Asamblea Legislativa por la falta de aprobación de un préstamo el 9 de febrero de 2020. Militares, alrededor de 30 congresistas en su mayoría afines y una turba apoyando a Bukele, fueron principales testigxs de una especie de “auto golpe fallido”.

Aunque la comunidad nacional e internacional pro democracia, incluyendo una fuerte influencia del Embajador de Estados Unidos en El Salvador, detuvo los intentos de Bukele para probablemente abolir el Órgano Legislativo, el fantasma de la “insurrección focalizada” promovida por él y sus seguidores seguía latente antes de la pandemia.

El gobierno central actual a través del presidente como única figura de mando e ilusión de incorruptible, promueve permanentemente el conflicto entre poderes de Estado para continuar con el desgaste político que colaboró a llevarle al poder Ejecutivo. Bukele representa un extraño híbrido para la cultura política salvadoreña: Es alguien con un legado empresarial que le ha brindado privilegios en su vida personal y familiar, con poca educación académica formal, vinculado a un partido de izquierda en sus inicios, y ligado actualmente a personas de derecha extrema que se dedican al ataque inmisericorde de figuras opositoras a las decisiones autoritarias. La manipulación mediática, como en el caso de Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, son ejemplos concretos de lo que también sucede en su estrategia de comunicación.

Por tanto, el presidente de El Salvador representa tanto el caudillismo que la mayoría de la gente exige para el enfrentamiento de fenómenos históricos violentos, como a la persona promedio que actúa basándose en instintos, emociones o “sentido común”.

Todo esto, ocasiona desdén e incluso ataques a personas y entidades que podrían colaborar antes, durante y después de la pandemia para tomar las mejores decisiones científicas y académicas, haciendo que el presidente prefiera ensayo y error como única vía para el establecimiento y mejoramiento de políticas públicas de emergencia. Esta práctica, inicia como un posible acto de ignorancia sobre las leyes, pero luego se convierte en irrespeto al orden constitucional con alevosía y ventaja.

Crisis mundial: la pandemia de la Covid-19 como amenaza para un país en riesgo

En un país como El Salvador, donde la vulnerabilidad social, ambiental, económica y democrática existe desde hace décadas, una pandemia resulta ser un completo atentado a la existencia misma de la nación y sus habitantes. Por esa misma razón, las primeras decisiones del gobierno salvadoreño fueron drásticas pero necesarias: el cierre de fronteras fue realizado sin haber tenido aún un caso de contagio en el país, y aunque muchas personas fueron directamente afectadas en el aeropuerto internacional y en fronteras terrestres, el bien de la mayoría se impuso.

Sin embargo, los mensajes del presidente Bukele vía Twitter y cadena nacional de radio y televisión, comenzaron a infundir miedo de muerte por contagio como principal razón para que la población obedeciera medidas restrictivas a la movilidad y a la imposición de la cuarentena domiciliar. Además de que se promueve todo el tiempo que la voz del presidente Bukele sea la única voz autorizada para establecer una acción gubernamental, también se asume desde el poder Ejecutivo que la población no seguirá instrucciones si no es por la imposición de la fuerza o incluso la violencia.

Esto ha conducido a una situación de “profecía auto cumplida”, donde la necesidad de controles policiales y militares para hacer obedecer las medidas públicas sanitarias se ve como imprescindible, en un país donde ni siquiera el mismo presidente sigue las leyes del Estado de derecho democrático, como Bukele ha demostrado en varias ocasiones.

Las decisiones inconsultas como expresión de la ausencia de diálogo con muchos sectores organizados de la población, han sido la norma desde que el gobierno central tomó el poder en junio de 2019, acusándolos de pertenecer a líneas ideológicas partidarias. Los grandes aciertos de la administración presidencial ante la pandemia, han sido hasta el momento el cierre de fronteras ya mencionado, el subsidio económico de $300 dólares para un mes dedicado a más del 70% de la población, detener el pago de servicios básicos de suministro de agua, electricidad, impuestos y telecomunicaciones por 3 meses, y la conformación de centros de contención para personas que pudieron estar contagiadas al entrar al territorio salvadoreño.

Por cada acierto, es sumamente necesario que se revisen y mejoren las políticas públicas destinadas a enfrentar la pandemia. Por ejemplo, el subsidio económico corresponde a un porcentaje de un préstamo por 2 mil millones de dólares, aumentando automáticamente la deuda externa histórica que hasta enero de 2020 representaba el 71.3% del Producto Interno Bruto, y al ser un subsidio para un mes, no se tiene certeza de lo que la mayoría de la gente dedicada al sector informal y sin ingresos diarios hará cuando el hambre derrote al miedo, sin mencionar el caos logístico con la que esta medida inició.

Para lidiar con el pago del préstamo y la medida subsidiaria, el gobierno central pudo haber evitado errores, al hacer que diversos sectores participaran de la toma de decisiones. En cuanto a los centros de contención, y a pesar de su vital misión, se han convertido en centros de aislamiento forzoso sin protocolos estables que permitan a las personas sanas regresar a sus hogares oportunamente.

Además, representan la crisis del sistema de salud, donde la mayoría de personas de doctorado en medicina, enfermería y personas expertas en tratamiento de enfermedades respiratorias, se ven cerca del contagio, del cansancio extremo, y de la discriminación de sectores de la población que interpretan el miedo difundido por el poder Ejecutivo como un temor irracional a cualquiera que sea sospechosx de contagio.

El sector que más incertidumbre ha generado, es el del control territorial, antes y durante la pandemia. Los últimos cuatro gobiernos establecieron desde 2003 planes de “mano dura” con variaciones, para enfrentar grupos criminales en El Salvador. Las pandillas y maras han sido las asociaciones ilegales y criminales más fuertes de la región, que incluso forzaron a una tregua secreta en 2010 durante el primer gobierno ejecutivo de un partido de izquierda.

Antes que la presidencia actual, “medidas extraordinarias” fueron implementadas legalizando y normalizando el concepto de terrorismo vinculado a estos grupos criminales. Estos grupos llamados por un periodista salvadoreño como “la mafia de los pobres”, aún representan a los sectores más vulnerables y más peligrosos de la población en El Salvador: la gente más pobre y excluida que se convirtió en una entidad de poder más allá de las leyes y el crimen, tomando ventaja de décadas de corrupción, desigualdad y clasismo. El gobierno de Bukele aplicó su propia forma de control, aún sin conocerse detalles ante la población, y parece que había encontrado la solución para manejar este problema histórico con las estadísticas homicidas más bajas en los últimos meses.

Desafortunadamente, este aparente éxito no aplica cuando se trata de la protección a mujeres. 13 feminicidios durante la cuarentena no son considerados como un asunto importante en los mensajes de Twitter del presidente, y hay un aumento del 70% de violencia de género domiciliar durante la pandemia.

Aunque solo hay hipótesis de un pacto entre gobierno y grupos criminales para tener un descenso de asesinatos en el país, el aumento del presupuesto 2019 en seguridad y fuerzas armadas en un 18.43% con respecto al año anterior, y la solicitud de préstamo para compra de equipo militar, predice que parte de las soluciones del presidente y su gobierno están y estarán basadas en el uso de la fuerza. Esto posibilitará actos de violencia y abuso como suele ocurrir en países con frágil institucionalidad jurídica, y por antecedentes de ejecuciones extrajudiciales registrados.

Durante la pandemia, los controles policiales y militares han capturado a varios cientos de personas que, después de cadenas nacionales de televisión donde el presidente se ha pronunciado para endurecer la prohibición de movilidad, han sido llevadas a centros de contención como castigo y no por tener un contagio necesariamente. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró el 15 de abril de 2020, que estas detenciones son inconstitucionales, y que sus pronunciamientos deben ser acatados por el Órgano Ejecutivo.

El presidente Bukele ha actuado en desacato a esa resolución, y el Estado de derecho permanece en una crisis abstracta que se expresa en la realidad como confusión y tendencia a la anomia de parte de la población, y aumento de represión de parte de autoridades armadas en complicidad con el presidente.

Estas violaciones al Estado de derecho no son nuevas desde la administración del actual gobierno, y seguirán ocurriendo mientras el presidente salga favorecido al controlar los conflictos políticos y mantener el apoyo popular a pesar de los daños colaterales autoritarios contra la población misma. La Asamblea Legislativa, desde sus partidos mayoritarios, actúa tímidamente en esta situación declarándose contra el autoritarismo, pero resolviendo generalmente a favor del presidente, haciendo alusión al estado de emergencia por la pandemia.

Además, el problema de la violencia en El Salvador podría ser una bomba de tiempo. En el último fin de semana del mes de abril 2020, setenta y seis homicidios fueron cometidos en tan solo cuatro días, contradiciendo los informes del gobierno sobre el control territorial. No se sabe si un pacto entre gobierno y pandillas ha terminado, o si la crisis económica debido a la pandemia afectó las extorsiones de las pandillas, o si estos grupos, siendo actores políticos, tienen antiguas y nuevas demandas al gobierno y lo obligan a negociar, nadie parece tener certeza, explicaciones o justificaciones de este brote violento.

El presidente Bukele junto a su gobierno y fuerzas armadas, ha expresado que no tendrán una reacción débil ante esta situación. Tomando en cuenta que muchas familias salvadoreñas han perdido a seres queridos ante estos grupos criminales, muchos crímenes y abusos más podrían ser cometidos a corto plazo. El control territorial y la inversión social desde el Estado continúan siendo los principales desafíos aumentados por la pandemia.

De la crisis por pandemia, a la crisis democrática

En este panorama, y considerando que el virus COVID-19 sigue siendo un enigma para la atención médica en buena parte del mundo, las decisiones unidireccionales solo ponen en riesgo máximo a países vulnerables como El Salvador. La costumbre del presidente salvadoreño de infundir miedo y terror por la pandemia, expresando que las medidas restrictivas e intolerantes son únicamente para el bien común, constituyen a largo plazo un maltrato psicosocial con fuertes similitudes al abuso por violencia. Aunque las restricciones sanitarias son necesarias, la abolición de algunos derechos humanos fundamentales para que se proteja el derecho a la salud, sigue siendo una tesis equivocada del presidente y su gobierno: los derechos humanos son complementarios, y no excluyentes entre sí.

El temor principal de sectores progresistas del país, es que esta tendencia se mantenga o empeore después de la pandemia, como signo inequívoco de un régimen autoritario. La constante censura y detrimento de la libertad de prensa contra periódicos digitales, organismos de derechos humanos y medios de comunicación críticos a decisiones inconsultas del presidente, son otro síntoma perpetuo en democracias debilitadas que se convierten paso a paso en neo dictaduras.

Periódicos digitales de análisis crítico e investigativo como el Periódico digital El Faro, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), y la Mesa de Protección a Periodistas de El Salvador coinciden en que hay bloqueo al acceso a la información y hostigamiento recurrente a periodistas antes y durante la crisis de la Covid-19. Una señal de alerta reforzada por ataques de trolls contra comentarios o análisis críticos al gobierno en las redes sociales.

El caso Ortega en Nicaragua es el más cercano geográficamente, y salvadas las diferencias históricas, expresa un cierto parecido en la progresión comparada con la actuación de Bukele en El Salvador para intentar tomar poderes sin restricciones. El 9 de febrero y el 15 de abril de 2020 simbolizan para el caso Bukele el inicio del paso 4 “Dismantle Judicial and Political Mechanisms” del libro “How to lose a country in 7 steps” de Ece Temelkuran, amenazando al poder Legislativo y desobedeciendo al Judicial.

La fuerte corriente de populismo en Latinoamérica, sigue siendo efectiva para ganar elecciones y perpetuarse en el poder en un ejercicio autocrático, disfrazado de clamor y beneficio popular. La pandemia se muestra como un contexto ideal para que estos escenarios anti democráticos prevalezcan y se fortalezcan.

La autocracia se define como un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura, con acciones que no están sujetas a restricciones legales o jurídicas, rompiendo y eliminando el Estado de derecho. El gobierno salvadoreño a través de las acciones, mensajes y simbolismos del mismo presidente con el apoyo de las fuerzas armadas, indican de manera inequívoca que él y su círculo de confianza considera al poder absoluto como única vía para gobernar.

Como uno de los principales indicadores de esta tendencia, cualquier análisis político coyuntural sobre El Salvador debe examinar las acciones u omisiones de Bukele como dínamo clave de un país, invisibilizando las propuestas y opiniones de una parte de la población que se ha dedicado por décadas a luchar por generar y fortalecer una verdadera democracia participativa.

Organizaciones a favor de derechos humanos atemporales, entidades de análisis económico que pujan por una reforma económica y pacto fiscal, tanques de pensamiento progresista que exigen la participación ciudadana en política, redes nacionales e internacionales de protección al medioambiente y a grupos vulnerables (niñez, adolescencia, mujeres, diversidad sexual y adultez mayor) y aquellas que generan alternativas contra la violencia, son claros ejemplos del conocimiento y experiencia acumulados que son claves para el devenir de una nación.

Su participación a través del diálogo con los poderes del Estado, incluyendo al Ejecutivo, pueden garantizar el enfrentamiento de crisis agudas y crónicas de todo tipo que poco a poco llegarán con la pandemia en una región que clama por la auto sostenibilidad. Las elecciones legislativas y de alcaldías planificadas en 2021, podrían ser superadas o incluso anuladas tanto por las consecuencias de la pandemia como por posibles acciones políticas.

También podrían llevar al control del poder Legislativo por parte de grupos afines al presidente, dejando un escenario plenipotenciario para el actual poder Ejecutivo. Ante la protección de la vida como fin último de la actividad del Estado, todos los caminos por recorrer llevan mensajes de alerta para la vulnerable democracia salvadoreña, una democracia que solo sobrevivirá sin autoritarismo.