El presidente de Bolivia, Evo Morales habla en el Palacio Presidencial, en La Paz, Bolivia. 1 de mayo de 2016. AP Photo / Juan Karita

Durante los últimos años del siglo pasado y los primeros del nuevo Bolivia mostraba niveles de inestabilidad política muy altos, inusuales incluso para una región como América Latina, históricamente acostumbrada a los cambios apresurados de gobierno dentro y fuera de las reglas de juego de la democracia. La existencia de una sociedad civil organizada y activa tanto en las áreas urbanas como en las rurales, combinada con una situación económica que brindaba pocas perspectivas de mejoramiento personal y nacional y con la politización de temas como el del gas natural resultó en un clima de efervescencia popular que planteaba serios desafíos para la gobernabilidad democrática. Sólo en los seis primeros años del milenio la presidencia de la República tuvo 6 titulares distintos quienes tuvieron que enfrentar el asedio de los sectores populares en el marco de una crisis profunda del sistema de partidos y de una falta de legitimidad muy seria de parte del Estado y sus principales instituciones.

Apenas 10 años después la situación en el país es sustancialmente diferente. El gobierno del presidente Evo Morales, instaurado en enero de 2006, ha gozado de condiciones de estabilidad y bonanza económica que muchos ciudadanos, especialmente los más jóvenes, no habían conocido en sus vidas. Morales fue elegido en 2005 y, bajo una nueva Constitución, en 2009, lo que después de un amplio debate legal lo habilitó para volver a presentarse y ganar ampliamente la elección nacional de 2014. Para 2016 Morales ya es la persona que más tiempo ha ocupado la presidencia en la historia del país. Y si bien su gobierno tuvo algunos momentos difíciles a finales de la década como consecuencia de la polarización política y una relación conflictiva con los movimientos regionales del oriente del país, en general su relación con las organizaciones sociales más importantes le ha garantizado un gobierno con pocos sobresaltos.

Al mismo tiempo, los indicadores económicos nacionales han mostrado una evolución positiva durante la última década. Las magras tasas de crecimiento del PIB a inicios de los 2000 fueron creciendo sostenidamente hasta llegar (y mantenerse) alrededor de 5% anual, uno de los valores más altos de la región. La inversión pública se ha multiplicado por 8 en sólo 10 años, convirtiendo al Estado en el actor central de la economía y en el motor del desarrollo del país. El PIB per cápita se ha triplicado y el porcentaje de pobres ha caído en 20 puntos porcentuales en el mismo período (según datos oficiales la pobreza extrema se ha reducido del 39 al 18% y la pobreza moderada del 63 al 43%).

Esta situación de bonanza económica y estabilidad política ha llevado a instaurar en la opinión pública un clima de optimismo político y económico que se refleja en altos niveles de aprobación del presidente y su gobierno. Según los datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), la última década ha visto incrementos importantes en los niveles de legitimidad de las instituciones estatales, que con la excepción de las instituciones judiciales han incrementado sus promedios de confianza. Pero la misma fuente muestra también que la tolerancia política, la disposición a respetar a quienes piensan distinto de la mayoría, ha venido a la baja de manera significativa.

De la mano del optimismo se ha instaurado una forma de hacer política fuertemente personalizada y centrada en la figura de Morales. El liderazgo de Evo está marcado por su origen social y su tradición sindical, su carisma y su capacidad de establecer alianzas con líderes y representantes de organizaciones sociales y políticas, todo bajo una fuerte dosis de decisionismo presidencial. Una de las consecuencias de esta forma de hacer política ha sido el debilitamiento de las instituciones responsables de la división de poderes y del control y seguimiento de la gestión. Esto se traduce en concentración y abuso de poder, falta de transparencia en la gestión pública, y escándalos de corrupción cada vez más frecuentes. Otra consecuencia es la anulación de liderazgos nuevos que podrían tomar la posta de Morales y convertirse en candidatos viables para el oficialismo; el proceso de cambio no ha generado un relevo natural y evidente para Morales.

El 21 de febrero de este año, a solicitud de algunas organizaciones sociales cercanas al gobierno, el país realizó un referéndum de consulta para la aprobación de una reforma constitucional que permitiría que Morales vuelva a presentarse como candidato a la presidencia el año 2019. Como se sabe, la enmienda fue rechazada por la mayoría de la población y el MAS tendrá que asistir a las elecciones presidenciales con otro candidato. Lo que es relevante aquí es que, para muchos, incluido el gobierno y todo su aparato de campaña, el referéndum obligaba a los ciudadanos a escoger entre la estabilidad y prosperidad que sólo garantizaría Morales y el retorno a un pasado de inestabilidad política y crisis económica crónica del que todos buscan huir. En otras palabras el voto ciudadano se impuso al chantaje del miedo difundido por la campaña gubernamental.

Una de las explicaciones para la derrota de la propuesta de modificación constitucional tiene que ver precisamente con el éxito de las políticas sociales del gobierno: la superación de la pobreza de millones de bolivianos hace que la amenaza de la inestabilidad política promovida por los sectores populares sea poco creíble. Muchos de quienes hace 15 años ponían en vilo al país desde la acción callejera han salido de la pobreza, y algunos se han convertido en parte de una nueva y creciente clase media (tradicionalmente muy pequeña en el país). Y la clase media no tiene ni el interés ni el tiempo de embarcarse en luchas ideológicas desgastantes sino que busca la estabilidad que le permita consolidar su capital económico y social y ejercer derechos y oportunidades a su alcance.

Además de ser menos proclives a la acción política callejera, estos sectores medios emergentes parecen haber sido reacios a votar por el partido de Morales en las elecciones más recientes. Las grandes ciudades, donde según el último Informe de Desarrollo Humano del PNUD vive la mayor parte de esta población que ha salido de la pobreza, han sido los escenarios más claros de derrota electoral del Movimiento al Socialismo en el reciente referéndum, pero también en las elecciones subnacionales de 2014 (el MAS perdió las alcaldías de todas las ciudades principales). Ya sea porque la gestión municipal del MAS ha sido incapaz de satisfacer sus expectativas o porque explícitamente buscan evitar la concentración de poder, los sectores medios emergentes no le resultan favorables al partido oficialista.

El problema está en que el ascenso social podría ser menos definitivo de lo que las voces triunfalistas claman. Muchos de quienes abandonaron recientemente la pobreza están en condición de vulnerabilidad, lo que significa que podrían volver a un estado de insatisfacción de necesidades, en tanto no han consolidado una posición económica de estabilidad laboral. La recesión económica internacional ya ha golpeado a otros países de la región y la baja de los precios del petróleo amenaza reducir los ingresos y la capacidad de gasto estatales de manera importante en el futuro inmediato. En un contexto en el que la base productiva se ha diversificado muy poco y el Estado tiene un papel central en la economía, estos son factores de riesgo importantes para el retorno a la pobreza y la pérdida de la calidad de vida de una gran cantidad de población.

La existencia de una clase media numerosa cuyas expectativas de participación ciudadana y acceso a servicios están satisfechas por parte de la acción estatal es una de las condiciones para el funcionamiento y la estabilidad de una democracia. Esta clase media debería, por su parte, convertirse en un dique de contención contra posibles tendencias autoritarias de parte de los gobernantes. En el caso boliviano, los últimos años han visto una importante cantidad de población dejando atrás la pobreza, aunque muchos de ellos son todavía vulnerables y no se han consolidado plenamente como sectores medios.

Entender a estos sectores emergentes es clave para entender los riesgos que vive el país. Un contexto de crisis económica podría regresar a mucha gente a la pobreza, generando una situación de descontento que podría traer de regreso el clima de inestabilidad e incertidumbre política de principios del siglo. Por otro lado, el apoyo incondicional a un gobierno que ya es fuerte podría desembocar en la consolidación de un régimen autoritario que desconozca la Constitución y los mecanismos de división de poder. Sólo una combinación de relativa bonanza económica y de responsabilidad en los liderazgos políticos posibilitaría que estos sectores medios emergentes logren llenar sus expectativas y vengan a llenar el vacío histórico de la clase media nacional.