Un estudiante agita una bandera durante una protesta en Cali, Colombia. Foto AP/Juan Bautista Díaz. Todos los derechos reservados.

En 2016, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Este premio es un homenaje a los incesantes esfuerzos de su gobierno en los últimos años para alcanzar un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un acuerdo que pondrá fin a más de cinco décadas de conflicto armado. La implementación del acuerdo es una oportunidad histórica para los más de 8 millones de víctimas de este conflicto y traerá esperanza a la próxima generación de colombianos. En particular, los niños, los adolescentes y los jóvenes tendrán la oportunidad de escapar del sufrimiento y la violencia y regresar a la escuela.

Dos de cada diez niños que viven en áreas rurales en Colombia nunca van a la escuela. La mitad de los que obtienen acceso a la educación no superan el nivel primario (cinco años de educación). Cuando llegan a la edad de 17 años, casi el 75% han abandonado el sistema educativo. Esto significa que los niños y jóvenes de 12, 13 y 14 años se enfrentan a un futuro incierto, con exigua educación y oportunidades de trabajo escasas o inexistentes, lo que los hace extremadamente vulnerables al reclutamiento por parte de grupos armados o la economía de drogas ilegales.

La desigualdad en Colombia tiene un marcado carácter rural. Un informe conjunto del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos (NOREF) y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), titulado El verdadero fin del conflicto armado, muestra cómo cinco décadas de conflicto han reforzado las desigualdades económicas y han ampliado la división entre las zonas urbanas y rurales. Las tasas de pobreza y marginación, los servicios públicos ausentes o disfuncionales y la falta de acceso a una educación de calidad son excepcionales en estas últimas áreas. Según las últimas estadísticas nacionales, más del 45% de las personas en las zonas rurales viven en la pobreza, cifra que alcanza el 63,8% para los grupos indígenas y las personas desplazadas por la violencia. Estas cifras superan ampliamente los promedios nacionales.

Dos elementos principales se combinan para explicar las terribles condiciones de vida y la falta de oportunidades para los niños y jóvenes en las zonas rurales. En primer lugar, ellos han sufrido desproporcionadamente los efectos del conflicto. En el Registro Oficial hay más de 8 millones de víctimas, de las cuales un tercio tiene menos de 18 años y la mitad están por debajo de los 28. Las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que afectan a los niños y los jóvenes han sido generalizadas: desplazamiento forzado, reclutamiento por grupos armados, violencia sexual, secuestros, amenazas, desapariciones y asesinatos. Los actores, que incluyen la ONU y la Corte Constitucional del país, han definido el reclutamiento forzoso de niños en Colombia como una práctica extensa y sistemática.

El segundo elemento que está detrás de la situación precaria de estos niños es la amplia gama de problemas que afectan a la educación rural. Las escuelas han sido objeto de ataques armados y de diversas manifestaciones del conflicto. Tanto las fuerzas armadas oficiales como los actores armados no estatales las utilizan a menudo como bases temporales para sus operaciones; los caminos que condicen a ellas se siembran con minas y artefactos explosivos; y las escuelas a menudo se convierten en lugares de propaganda y reclutamiento por parte de actores armados, en lugar de ser entornos protectores. Muchos maestros que tratan de detener esta situación se ven forzados a huir cuando están amenazados.

En las zonas rurales, el sistema educativo no puede garantizar ni la calidad de la educación, ni el acceso y la asistencia regular a la escuela. Los hogares de los niños a menudo se encuentran a una gran distancia de las escuelas; hay pocos maestros; los uniformes y los materiales educativos resultan muy caros para las familias pobres; y las exigencias de la agricultura familiar obligan a muchos niños a dejar la escuela para ayudar con la cosecha. Muchos nunca vuelven. El estado físico de la infraestructura escolar es grave, y las inversiones han tendido a centrarse en las zonas más pobladas.

Colombia ha hecho un importante esfuerzo para mejorar la educación, pero esto apenas ha llegado a las regiones rurales. En los últimos años, se ha invertido en educación el 4,6% del PIB anual, pero sólo el 0,5% se destina a las zonas rurales. Esto tiene consecuencias desastrosas. Hoy existe una diferencia de tres años en los niveles de aprendizaje entre los niños del mismo curso en las zonas urbanas y en las rurales.

Romper el ciclo de violencia

Históricamente, estas áreas son más afectadas por la ausencia o la fragilidad de las instituciones estatales y por la presencia de grupos armados y de la violencia. Alrededor del 57% de los niños y jóvenes reclutados por grupos armados proceden de familias pobres, que sufren de falta de acceso a los alimentos y que, en promedio, han sido desplazadas 4,5 veces por la violencia armada. Sus niveles de educación están incluso por debajo de la mediana de las zonas rurales. Ocho de cada diez niños y jóvenes que han abandonado grupos armados dicen que han recibido amenazas por parte de sus antiguos grupos armados, que les exigen que vuelvan con ellos sino quieren sufrir las consecuencias. Simultáneamente, los niños y jóvenes que carecen de educación se convierten en presa fácil para los grupos armados no estatales.

La falta de educación y de oportunidades de trabajo, combinada con la pobreza, se ha convertido en la receta perfecta para la continuación del conflicto armado. Romper el ciclo de violencia requerirá oportunidades educativas para los jóvenes. Un profesional del sector educativo, entrevistado para el mencionado informe, lo decía con estas palabras: "si Colombia decide ahorrar en educación, tendrá que gastar en actividades anti-subversión".

A pesar del acuerdo de paz, los riesgos asociados a la violencia continúan estando presentes en el país. Existen diversas amenazas, y otros grupos armados, aparte de las FARC, siguen activos, incluyendo el ELN y el EPL. La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) paramilitares en 2005 abrió el camino para una nueva generación de grupos violentos, que heredaron parte de la ideología de las AUC, además de territorios, rutas y segmentos de negocios asociados con el narcotráfico. Persisten las estructuras socioeconómicas y políticas que apoyaban a los paramilitares, especialmente en las zonas rurales, y han surgido nuevos grupos armados locales. Todos ellos constituyen un peligro para los civiles, como lo demuestran las continuas amenazas y asesinatos que sufren los líderes sociales.

En estas condiciones, para muchos niños y jóvenes, unirse a un grupo armado sigue siendo un riesgo real, y a menudo una de sus pocas opciones de supervivencia.

La educación como clave de la paz

En las últimas décadas, la educación ha sido incluida en acuerdos a nivel mundial diseñados para poner fin a conflictos armados. Un estudio muestra que entre 1989 y 2005 se alcanzaron 144 acuerdos de paz, totales o parciales, en el mundo. Alrededor del 70% de estos acuerdos contenían iniciativas relacionadas con la educación. Pero sin la voluntad política y el desarrollo de estrategias reales para utilizar la educación como motor de la paz, su inclusión en un acuerdo de paz no es suficiente. En muchos casos, el enfoque predominante para la consolidación de la paz ha sido el denominado enfoque de "seguridad primero", que asume una secuencia temporal que avanza desde el conflicto a la seguridad, y desde ésta, al desarrollo, y deja a la educación de lado, como si fuera una cuestión vinculada al desarrollo, que puede abordarse en una etapa posterior.

Sin embargo, el acceso a una educación de calidad es una contribución fundamental a la estabilización y consolidación de la paz, ya que puede ofrecer dividendos de la paz rápidos y tangibles para las personas afectadas por la violencia. Demuestra que los servicios públicos mejoran después de los acuerdos de paz y, al hacerlo, este tipo de acuerdos aumentan la legitimidad de las instituciones y crean oportunidades para la transformación social.

Colombia tiene una tarea inmensa por delante para implementar el acuerdo de paz y construir una paz sostenible, pero también tiene las herramientas necesarias y una enorme oportunidad para mejorar las vidas de sus jóvenes. La primera sección del Acuerdo General para la Resolución del Conflicto (que trata de la reforma rural integral) incluye medidas y acciones encaminadas a fortalecer y mejorar la educación rural. También cuenta con disposiciones para garantizar las reparaciones y el restablecimiento de los derechos de los niños y jóvenes afectados por el conflicto (especialmente, pero no sólo, alentándolos a ingresar en el sistema escolar).

Más allá del imperativo ético y de la justicia, y en términos muy pragmáticos, la expansión y mejora de los servicios educativos puede ser crítica para la estabilización a corto plazo de las áreas más afectadas por el conflicto. Al hacerlo, el Estado colombiano puede ofrecer un dividendo de paz rápido, con el potencial de promover un cambio real y ofrecer oportunidades reales. Un sistema de educación de calidad, que promueve oportunidades, aumenta los costos de la violencia en curso y reduce la motivación para involucrarse en tal violencia. Por lo tanto, la educación será clave para construir una paz sostenible.