Dilan Cruz, Javier Ordóñez, Juliana Giraldo, Juan de Jesús Monroy Ayala, Luis Alexander Largo. Son algunas de las personas asesinadas recientemente en Colombia. En lo que va de año, se han producido más de 50 masacres y 200 personas han sido asesinadas. El mundo no puede guardar silencio.

Siguen las protestas masivas, pero, como se dice en Colombia, todo pasa y nada pasa. Eso es precisamente lo que hay que cambiar: que a las protestas en el país se sume la presión internacional para que la violencia y la injusticia dejen paso a la paz y la justicia social.

El movimiento Black Lives Matter en EE.UU. es una luz de esperanza que, a buen seguro, puede revitalizar la organización de base a nivel nacional e internacional. La Minga ha marchado por la justicia frente a las tendencias derivadas del colonialismo y la esclavitud que buscan criminalizar y estigmatizar la protesta social. Estas manifestaciones han dejado a su paso una ejemplar muestra de fuerza, voluntad y solidaridad que, no obstante, ha sido desconocida por el gobierno.

Las interconexiones entre los poderes estatales con empresarios, narcotraficantes, paramilitares y otros grupos al margen de la ley, con apoyo o silencio de los gobiernos y las empresas transnacionales, hacen de Colombia un país donde abundan las violaciones de los derechos humanos, la desigualdad y, especialmente, el desconocimiento de su gran diversidad cultural y medioambiental, su principal fuente de fortaleza.

Desde la perspectiva de los Estudios para la Paz, queremos resaltar algunos aspectos cotidianos de la vida en Colombia, como son la violencia directa, los conflictos estructurales y la agresividad comunicativa. Al tratarse de fenómenos interrelacionados, los hacedores de paz subrayan la necesidad de reducir la violencia física en combinación con el desarrollo de justicia económica y el reconocimiento de la diversidad.

Violencia armada

Los hacedores de paz y los líderes sociales y ambientales han sido las principales víctimas de la violencia. En perspectiva histórica, cabe recordar el conocido magnicidio del candidato presidencial Jorge Gaitán en 1948, quien había denunciado el inútil enfrentamiento de la población en nombre de las banderas de las élites nacionales. A partir de 1964, la violencia armada aumentó con el surgimiento y los enfrentamientos con el ejército y la policía de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Como de costumbre, las bases de las fuerzas en lucha estaban conformadas por jóvenes humildes.

No faltaron negociaciones para la paz, si bien casi siempre terminaron en fracaso. El mayor referente histórico de éxito es el Acuerdo de Paz con la guerrilla Movimiento 19 de abril (M-19) en 1990, que, no sin dificultades, supuso su desmovilización, dejación de armas, reinserción social y conversión en partido político tras 20 años de actividad.

Más recientemente, en el escándalo de los “falsos positivos” entre 2002 y 2010, miembros del ejército asesinaron a 10.000 civiles, haciéndolos pasar por combatientes para mejorar estadísticas y así poder obtener ayuda militar de EE.UU., según encontró una investigación realizada por Omar Rojas, coronel retirado de la policía, que fue reportada por The Guardian. Esta cifra es tres veces superior a la que habían calculado las organizaciones de derechos humanos.

El Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP en noviembre de 2016 trajo esperanza a una parte importante de la población. Sin embargo, la violencia prosiguió. Un informe especial del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señala que, desde la firma del Acuerdo a julio del 2020, han sido asesinados 971 líderes y defensores de los derechos humanos. Los conflictos asociados a la tierra, el narcotráfico, la minería y los recursos naturales representan el 70% de estos homicidios.

Grupos armados han aprovechado las limitaciones a la movilidad impuestas por la pandemia derivada de la Covid-19 para atacar a activistas sociales, tal y como informó BBC. En los dos primeros meses de confinamiento 28 líderes sociales y comunales fueron asesinados y en menos de dos semanas del mes de agosto se produjeron siete masacres.

Conflictos estructurales

Los colombianos han ido perdiendo confianza en sus instituciones a raíz de la corrupción y el clientelismo que durante años han vaciado las arcas del estado. A esto se le suma la incapacidad de dar respuestas eficaces a los problemas sociales que atraviesa el país y la cooptación del aparato estatal por parte de grupos ilegales que operan en las diferentes regiones del país –la llamada parapolítica.

De acuerdo con el último informe de la Corporación Transparencia por Colombia, existen diversos obstáculos para denunciar hechos de corrupción en el país, entre los que se encuentran el desconocimiento de canales y procedimientos, ausencia de interés en los asuntos públicos, falta de confianza y, especialmente, miedo a las represalias.

La corrupción, junto a la alta concentración de la riqueza y de los recursos y un modelo económico neoliberal basado en el extractivismo hacen de Colombia el país más desigual de Latinoamérica y el séptimo del mundo. Los ingresos del 10% de la población más rica son cuatro veces superiores a los del 40% de los más pobres.

Comunicación

Es habitual que las personas que se manifiestan sean estigmatizadas con la etiqueta de vándalos, guerrilleros, comunistas o pro-venezolanos, así como los ataques ad hominem para desprestigiarlas. A menudo, las redes sociales son instrumento de los discursos de odio y la difusión de fake news.

Son muchos los ejemplos de violencia simbólica que pueden legitimar las otras violencias y crear una sensación de impunidad. Por ejemplo, Juan Carlos Vélez, el jefe de campaña por el ‘No’ en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz, reconoció que manipuló a la opinión pública alentando la rabia y evitando hablar de sus contenidos.

La Iglesia evangélica de Colombia, con apoyo de la estadounidense, también desempeñó un papel importante en la campaña contra el Acuerdo de Paz por ir a favor de la igualdad de género y orientación sexual, según afirmaron sus líderes. El presidente de la Confederación Evangélica de Colombia Edgar Castaño calcula que dos millones de fieles votaron en contra del Acuerdo.

No puede olvidarse el papel de los medios nacionales. El Observatorios de la Propiedad de los Medios realizado por Reporteros Sin Fronteras e Intervozes ha encontrado que tres grupos empresariales concentran el 57% de los contenidos a los que puede acceder la sociedad tanto en radio, TV, prensa e internet. Estos tres grupos también poseen grandes empresas y bancos y están entre los principales financiadores de las campañas electorales. La financiación política no debe utilizarse para “intervenir en la toma de decisiones de los elegidos”, ha recordado el director de Transparencia por Colombia Andrés Hernández.

Un peligro añadido al ejercicio y respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información lo constituyen los recientes procesos de judicialización y señalamiento iniciados por la Fiscalía contra los periodistas que denunciaron censura en los medios públicos. Estos procesos sientan un grave precedente que se une a los ejercicios de amenaza y violencia sistémica que sufren periodistas y comunicadores. En el ranking mundial de libertad de prensa que realiza Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa la posición 130 de 180 países.

Hacia la paz y la justicia

Los colectivos sociales siguen movilizándose con el objetivo de reducir sustancialmente las violencias estructurales, simbólicas y directas. Los firmantes de este artículo pensamos que son el mayor signo de esperanza para favorecer el reconocimiento de la verdad y de la diversidad y poder transitar hacia una paz duradera, basada en la igualdad.

Sabemos que los obstáculos son enormes, pero, con apoyo internacional, los defensores de los derechos humanos en Colombia bien podrían estar iniciando un proceso de justicia transicional que desemboque en el respeto de la dignidad de todas las personas y en la reconciliación nacional.