Estamos asistiendo a una repentina aceleración sísmica de las fronteras. Esta aceleración se despliega no sólo a lo largo de las fronteras nacionales, sino dentro de ellas: entre estados y provincias, alrededor de las ciudades, residencias de ancianos, edificios de apartamentos, hospitales, cruceros, apartamentos, cuerpos - dos metros, para ser precisos. Los espacios de confinamiento proliferan a medida que nuestros cuerpos se convierten en islas. Pero ningún hombre es una isla, como dice el famoso poema de John Donne, y continuamos, interconectados pero socialmente distanciados.

Y sin embargo, para muchos, estos espacios de confinamiento no son nuevos. La aceleración de la frontera continúa las tendencias que estaban en marcha antes del impacto de la Covid-19: el endurecimiento de la seguridad, la expansión de los espacios confinados y la criminalización de la movilidad. Las personas encarceladas, ya sea que estén confinadas por los barrotes de las prisiones estatales o de los centros de detención, se cuentan entre las más vulnerables al coronavirus.

Décadas de disertaciones sobre la globalización, la integración mundial y el transnacionalismo denmandan ahora un giro abrupto. Debemos hacer una pausa. Esto no es ni una especulación ni un argumento, sino una llamada a hacer preguntas y a plantear preocupaciones. Las preguntas cruciales determinarán nuestro futuro colectivo. ¿Qué nuevas formas de frontera vamos a vivir? ¿Cuánto tiempo intentarán los gobiernos preservar su nuevo estatus de isla?

El temor al contagio ha impulsado durante mucho tiempo las prácticas fronterizas fortificadas, pero ahora se acelera a un ritmo febril. Hace un par de semanas, Canadá emitió advertencias de emergencia a las personas que regresaban de Florida, ya que los floridanos prohibieron la presencia de neoyorquinos y la administración Trump se preparó para enviar fuerzas militares a la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Una semana después, cada país amenazó con detener el abastecimiento de suministros médicos y personal sanitario de urgencias en cada dirección.

La Covid-19 no sólo impulsa el miedo al contagio, sino también la preocupación por las demandas de los sistemas de atención médica a medida que la pandemia apura a los hospitales. El derecho de ciudadanía tiene valor sobre la vida y la muerte puesto que las autoridades se mueven para proteger a los suyos, en casa y en el extranjero. Pero la pregunta sigue siendo: ¿qué pasa con los demás?

A medida que las autoridades cerraron las fronteras en todo el mundo, se comunicaron rápidamente con los ciudadanos dentro del país y en el extranjero diciendo: “te protegeremos” y “te ayudaremos, vuelve a casa”. La ciudadanía, hoy en día, es una categoría cada vez más restringida, al mismo tiempo que proliferan formas de precariedad y exclusión con los no-ciudadanos que viven fuera.

Vulnerabilidades múltiples

Con tanto hablar de las múltiples formas en que las personas son más o menos vulnerables a la Covid-19 - edad, género, "condiciones subyacentes" - debemos hablar de la raza, la inmigración y el estatus legal.

Aunque nadie es inmune, muchos se vuelven aún más vulnerables debido a su clase, raza, geografía, estatus legal y lugar en el mercado laboral. No es coincidencia que el Hospital Elmhurst de Queens sea uno de los más afectados de la ciudad de Nueva York.

Elmhurst es un vecindario de diversas comunidades de inmigrantes en el que muchas personas de clase trabajadora continúan con trabajos considerados esenciales, algunos viviendo en barrios cercanos y sin acceso adecuado al aislamiento, la atención médica o los medios de vida que permiten la posibilidad y el privilegio del aislamiento.

COVID-19 alcanza el máximo histórico de los flujos de refugiados en el mundo. ¿Qué será de los 70 millones de refugiados desplazados por la guerra, la hambruna y las revueltas, el 84% de los cuales en regiones de bajos ingresos, varios millones de ellos en campamentos de refugiados y en zonas urbanas densas con capacidad e infraestructura sanitaria limitadas?

Los Estados signatarios de los Convenios de Ginebra relativos a los refugiados adoptaron medidas rápidas para devolver a los solicitantes de asilo que pedían protección, incluidos Canadá y Estados Unidos, al tiempo que declararon que esos cambios podían no ser permanentes.

La pandemia, casi de la noche a la mañana, introdujo nuevas y sorprendentes restricciones en medio de la idea de que la salud de los ciudadanos está por encima de los derechos de los no ciudadanos. La ubicación geográfica está en el centro de esta negación de derechos, ya sea que las personas se encuentren confinadas espacialmente en un centro de detención o devueltas en una frontera.

Esta pandemia golpea en el momento en que estamos viviendo el apogeo de la detención a nivel mundial, ya que este tipo de instalaciones proliferaron en más países que nunca. Los Estados Unidos, por ejemplo, son los más afectados por la pandemia en el mismo momento histórico en que operan el mayor sistema de detención de migrantes del mundo.

Si bien se produjo cierta preocupación por los reclusos y las liberaciones anticipadas, poco se dijo públicamente sobre la suerte de las personas encarceladas en centros de detención, y menos sobre los más precarios de ellos, incluidos los niños, los ancianos y los que tienen condiciones subyacentes, que ahora se ven sometidos a condiciones que son ideales para que el virus se propague. Este patrón sacrifica las vidas de las personas marginadas -las que trabajan y las que están detenidas- para proteger a los privilegiados.

Las personas detenidas no son las únicas comunidades que llevan una vida diaria separadas de sus familias. Los trabajadores más ricos y los pueblos en diáspora del mundo sienten de repente la distancia de su hogar de forma más aguda. Las familias de cualquier nivel socioeconómico se encuentran divididas geográficamente. Mi propia familia en los Estados Unidos permanece tentadoramente cerca, pero más lejos que nunca, al otro lado de una frontera celebrada por su apertura hace sólo unas semanas, ahora cerrada para todo tipo de negocios esenciales.

Los estudiantes internacionales también sienten su precariedad. En Canadá, Migrant Students United se organizó, preguntando si los estudiantes internacionales tienen derecho a nuevos apoyos de ingresos, asistencia sanitaria y de inmigración, y discutiendo qué significará el cierre de las fronteras para la separación a largo plazo de sus familias.

La idea de la "temporalidad permanente" circuló entre los investigadores sobre la migración mucho antes de la pandemia, ya que los visados de trabajadores extranjeros temporales proliferaron por cientos de miles en todo el mundo, una forma de asegurar que la economía mundial se alimentara de mano de obra barata en sectores que iban desde la manufactura hasta la agricultura y la atención de la salud.

El estatus temporal no sólo deja a las personas en el limbo, sino que es precario debido a la migración estacional y a la posible pérdida de medios de vida y de estatus legal. En la India, imágenes recientes muestran a miles de trabajadores migrantes abarrotando las estaciones de autobuses y trenes mientras intentaban volver a casa en respuesta a las órdenes de cierre.

Es probable que la inmigración y las fronteras no vuelvan a abrirse con normalidad. ¿Qué nuevas restricciones se impondrán? ¿Cómo se incorporarán aún más profundamente los controles sanitarios en las políticas de inmigración? ¿Quién vigilará a los guardias fronterizos? ¿Cuántas de estas medidas han llegado para quedarse?

La movilidad humana siempre ha funcionado simultáneamente como un privilegio y un castigo, dependiendo de quién y dónde estamos en el mundo. La Covid-19 pone de manifiesto cómo la inmovilidad también funciona como privilegio y como castigo, ejerciendo por un lado el derecho a permanecer, el privilegio de refugiarse en el lugar, y por otro la violencia para las personas para las que el hogar mismo no es un refugio.

Nuestra sociedad liberal vive una contradicción fundamental: la libertad de movilidad del capital, pero no de las personas. En medio del postureo política y del rescate corporativo, la propia Covid-19 se mueve rápidamente y refuerza la noción de que la riqueza importa más que la vida. Desde luego que la salud importa, pero ¿de qué sirve la seguridad del cuerpo físico si los derechos humanos se pierden para nuestra entidad política común?