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Alerta ante el genocidio indígena en Colombia

Hoy es urgente evitar que la escalada de violencia contra los pueblos indígenas colombianos, que han sobrevivido a la guerra, acabe en su exterminio. English

Francisco Quintana
30 August 2019
30 de abril de 2019 - Bogotá, Colombia - Diferentes comunidades y grupos indígenas de todo el país se reúnen en la plaza Bolívar para encender una vela para los líderes de la comunidad
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Francesco Molteni/Zuma Press/PA Images

Por más de cinco décadas, los pueblos indígenas de Colombia resistieron el látigo de la guerra, negándose a abandonar sus tierras. Cuando por fin, en noviembre de 2016 los ecos del acuerdo paz llegaron hasta sus territorios, muchos pensaron que las balas y las bombas se habían alejado para siempre. Pero dos años después del acuerdo, la amenaza de exterminio, físico y cultural, no se detiene.

Así podría leerse el prefacio de la historia por la que atraviesa el Pueblo Siona, que se encuentra asentado en la puerta de la Amazonía colombiana, en los resguardos de Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco. Una vez salieron las tropas de las FARC de la zona, la guardia indígena del Pueblo Siona intentó ejercer el control territorial, como ocurrió en muchas regiones del país, para recuperar su cultura saturada de dolor. Pero a raíz de los enfrentamientos entre grupos legales e ilegales armados que pretenden intervenir en este territorio fronterizo de Colombia y Ecuador, el pueblo se ha quedado confinado sin posibilidad alguna de vivir sin miedo dentro de sus tierras.

La Corte Constitucional de Colombia ya había reconocido en el 2009 que el pueblo Siona está en riesgo de desaparecer. Frente a las nuevas amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar en el 2018 para que el Estado colombiano reforzara protecciones a los miembros de los resguardos.

Pero mucho de lo desarrollado hasta la fecha ha quedado como tinta muerta. Aún no hay avances ni en las solicitudes fundamentales, como la protección del derecho a la vida. El 8 de agosto de 2019, por ejemplo, el Estado colombiano intentó concertar las medidas cautelares con el pueblo. Los delegados de las instituciones estatales que asistieron a la reunión con las autoridades del pueblo no tenían poder de decisión para adquirir ciertos compromisos derivados de la decisión de la CIDH.

Mientras tanto, los líderes del pueblo han alertado un posible desplazamiento masivo, ante una situación que se agrava por la presencia de actores armados cerca de sus resguardos. El reclutamiento forzado, los campos minados en los territorios ancestrales y la imposición de normas por grupos armados, siguen reinando.

Entre el 1º de enero de 2016 y junio de este año, 43 líderes indígenas han sido asesinados en todo el país.

Lamentablemente, esta falta de voluntad de proteger a los Siona, al igual que la historia de riesgo por la cual atraviesan, se replica frente a otros pueblos ancestrales que están lidiando con lo que muchos tildan como un “etnocidio”. Desde la firma del Acuerdo de Paz, reveló la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), han sido asesinados 159 indígenas en todo el país. Nada más en el norte del Cauca, el pueblo Nasa, vecino de los Siona, está sufriendo ataques sistemáticos contra las autoridades encargadas de hacer control territorial y aplicar justicia. Ya son 36 los indígenas asesinados de este pueblo, de los cuales 14 ejercían algún tipo de función dentro de las organizaciones comunitarias. Siete de ellos eran guardias y autoridades ancestrales. La situación, que llegó a un recrudecimiento el pasado sábado 10 de agosto a 24 horas después de la celebración internacional de los pueblos indígenas, es una de alerta máxima.

Sin embargo, para la Fiscalía de la Nación, entre el 1º de enero de 2016 y junio de este año, 43 líderes indígenas han sido asesinados en todo el país. De estos casos, 24 tienen sentencias contra los homicidas, cuatro de esos fallos emitidos por la justicia propia de estos pueblos. No hay nada que apunte a la investigación tras la autoría intelectual o estructura criminal de estos asesinatos; o una estrategia de protección que no involucre más militarización y mucho menos medidas culturalmente apropiadas.

La situación de los pueblos indígenas en Colombia lleva a reflexionar de que la sociedad civil, las organizaciones sociales y el Estado deben dialogar para convenir las medidas de protección colectivas de las comunidades y para procurar que la justicia salga del hueco de la impunidad. Si bien la situación de personas defensoras se ha ido documentando, el riesgo particular de los pueblos indígenas se está evidenciando cada día más y más.

Es urgente evitar que la violencia se ensañe y desaparezca físicamente a los pueblos indígenas, que -más allá de la guerra- han logrado sobrevivir las convulsiones y cambios de un continente, protegiendo una parte importante de nuestra herencia cultural, natural y espiritual.

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Una versión reducida de este artículo de opinión se publicó previamente en el diario colombiano El Tiempo.

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