En la vida cotidiana de los colombianos, la invisibilidad es la vasalla obediente del abuso de poder. Por esto, impera la comprensión plena del contexto de los eventos recientes en esta nación, post-Acuerdos de Paz, ya que ilustra el difícil camino que habrá que atravesar hacia una paz y democracia real.

En Junio 2018 – hace ahora un año, cuando se esperaba que una alianza opositora de fuerzas políticas (consistiendo de la progresista Colombia Humana / Decentes, la Alianza Verde y el izquierdista Polo Democrático) le diese una vuelta transformadora y masiva a esta nación – los mismos de siempre ganaron las elecciones. La ventaja (54% versus 42%) fue alcanzada con cierto grado de intimidación y compra de votos.

Seamos claros. Lo que los colombianos tienen ahora no es, simplemente, un gobierno “de derecha”. Es un gobierno infundido con cobardía cruel, incompetencia y engaño, en el cual, esa minoría que ha desecado al país (y también desangrado – porque por lo menos 533 defensores de derechos humanos han sido asesinados, desde 2016), continúa implementando una versión moribunda y salvaje del neoliberalismo.

Este es el credo: un proyecto inhumano elaborado por medio de una alianza dual entre una minoritaria elite de negocios / latifundista, con un apoyo militar /narco-paramilitar, financiada por billones de dólares belicosos proviniendo del extranjero. Pero, extrañamente, siempre destinados a fracasar en sus sucesivas metas de “derrotar el comunismo”, “erradicar el mercado de drogas” y “expulsar al terrorismo”.

En verdad, los billones de fondos militares invertidos han resultado en una consolidación de un Estado brutal y su aparato represivo, en favor de sus compadres, que continúan prosperando en un país donde “la democracia más antigua del continente” paradójicamente existe al lado de extrema desigualdad e injusticia. Y aunque la mayor parte del conflicto con la organización guerrillera más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha cesado, ahora abundan los esfuerzos para aguar los Acuerdos de Paz y, las negociaciones con el otro grupo significativo de guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se han estancado.

Así es que, en Agosto 2018, bajo la tutela del ultra-derechista ex-presidente Álvaro Uribe, Iván Duque, un tecnócrata del Banco Interamericano de Desarrollo, a pesar de sus refutadas calificaciones de Harvard, se posesionó como presidente. En sus primeros 100 días, mientras el país se convulsiona de crisis en crisis, Duque se comportaba con una aparente vacuidad pre-programada.

De vez en cuando, aparece para amenazar las continuas protestas nacionales convocadas por los asediados movimientos sociales y sindicatos. Esto lo hace con la ayuda de su ministro de defensa, Guillermo Botero – un industrialista y firme creyente, tanto en la fumigación de las plantaciones de coca con glifosato, como en el control de protestas pacíficas por medio de los escuadrones antidisturbios, ESMAD, si necesario.

El presidente Duque, por medio de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha renegado de sus promesas electorales de no subir impuestos a los de bajos recursos y de invertir adecuadamente en educación y salud, para mencionar solo un par de decepciones. Su apoyo a las iniciativas anticorrupción es tibio y la urgencia del cambio climático también se esfumó de esta administración. El plan nacional es seguir con la extracción de combustibles fósiles para exportación, incluyendo al fracking.

Los augurios para los próximos cuatro años no son buenos. Su aprobación ya está en 22%. Pero Duque no es el que controla las riendas, sino que forma parte del "gran plan". Esto es aún más obvio, especialmente después de la repentina muerte del auditor del Grupo Aval, Jorge Enrique Pizano, el 8 de noviembre 2018, y del envenenamiento con cianuro de su hijo, tres días después, ambos siendo testigos claves en las ramificaciones del escándalo de Odebrecht en Colombia.

Como es de conocimiento general, el conglomerado gigante de construcción de infraestructura brasileño Odebrecht ha estado implicado en grandes escándalos de sobornos por toda Latinoamérica. En la mayoría de países, los procesos judiciales han progresado. Pero en Colombia, los procedimientos de la justicia han sido lentos y e incluso se han visto obstruidos con frecuencia.

Pizano, en presentimiento de su muerte o desaparición, dejó su evidencia investigativa con unos cuantos periodistas y parlamentarios confiables – incluyendo al Senador Gustavo Petro del movimiento y partido Colombia Humana / Decentes. Las grabaciones y documentos entregados se referían a la sospechada corrupción él identificó durante sus auditorias de las cuentas de empresas de negocios claves, asociadas con Odebrecht. En particular, el banco Corficolombiana, parte del Grupo Aval, ambos pertenecientes al hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento.

Jorge Pizano también se refiere en los documentos y grabaciones a la inexplicable falta de cooperación del abogado de Sarmiento, en ese entonces, Néstor Humberto Martínez (NHM). La paradoja es que este último ocupó hasta hace poco el puesto de Fiscal General de Colombia – encargado de investigar la corrupción de Odebrecht. Y más aun, negaba conocer las acusaciones de Pizano – lo cual resulta evidentemente desmentido por las grabaciones de Pizano.

En consecuencia, el Martes 27 Noviembre 2018, los senadores de la oposición programaron un histórico debate de emergencia sobre la corrupción Odebrecht. La sesión, que se alargó 8 horas, fue liderada por los senadores Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), and Angélica Lozano (Partido Verde). Fue uno de esos momentos devastadores cuando seguir como siempre no era posible porque la cortina de humo que escondía las causas de la opresión se esfumó. La sesión puso en evidencia la razón de ser de la extrema violencia y de la corrupción desenfrenada en Colombia. Y la realidad no es nada agradable de ver.

El debate demostró ampliamente la increíble telaraña de relaciones entre los sobornos de Odebrecht, las empresas privadas y el estado colombiano. Tanto las campañas presidenciales de Uribe, como la de Santos aparentan haber sido financiadas por dinero de Odebrecht. Y también Duque ha sido identificado por haber estado presente en una reunión en Brasil con funcionarios de Odebrecht, cuando era Senador, en 2014. En clarificación, dijo haber estado fuera del salón, en una visita al baño, mientras se discutían los sobornos.

Obviamente, lo que le ha interesado a Odebrecht, han sido los contratos jugosos de infraestructura que podría obtener asignando sobornos estratégicos a los políticos y a los ministerios. Varios de los más grandes contratos de infraestructura en Colombia han sido entregados a Odebrecht y sus compañías colaboradoras en Colombia, por medio de complejos arreglos financieros, terceros y con métodos que ocultan el sistema de sobornos, como empresas fantasma y sobreprecios. El desastre para los Colombianos es que con frecuente regularidad, las mismas obras o se han ejecutado mal (a veces causando perdidas de vidas) y/o se han vuelto exponencialmente costosas causando graves presiones financieras sobre el presupuesto publico.

De acuerdo con la evidencia, presentada durante el debate en el Senado, la declaración de Odebrecht al Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha minimizado el número de contratos ficticios y montos de dinero lavados como sobornos en Colombia. Aparentemente solo alrededor de 1/3 de las transacciones han sido reportadas y más aun, la Fiscalía de Colombia se ha tomado su tiempo en investigar todos estos hechos.

Pero, como puso en evidencia el debate de los Senadores, es aun más preocupante el hecho que el señor NHM, con todos sus empleos anteriores, donde actuaba como abogado de las compañías involucradas, sumado a su subsecuente empleo como funcionario público, indican que ha jugado tanto el rol de arquitecto, como también el de legislador, para muchas de estas mismas transacciones cuestionables.

Durante el debate, los Senadores de la oposición pidieron la renuncia inmediata a NHM, de su puesto de Fiscal General, mínimo por conflicto de intereses, lo que finalmente ha acabado ocurriendo a cargo de las maniobras del ex guerrillero José Santrich. Pero entonces él rechazaba esta solicitud y desplegaba su politizada defensa personal, durante el debate del Senado, profiriendo amenazas, no solo a los Senadores opositores, sino también a los miembros de la prensa que publicaron los detalles de este cuestionado laberinto de negocios sospechosos. Las amenazas también se dirigieron a los periodistas Daniel Coronell y Maria Jimena Duzán, reconocidos nacional e internacionalmente.

En consecuencia, ellos, y también la gerente de la red de medios, Noticas Uno, Cecilia Orozco Tascón, se vieron obligados a reunirse con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para proteger sus derechos de libre expresión.

Pero las poderosas corrientes de corrupción que dominan Colombia no pueden perdonar a los senadores, y en especial a Gustavo Petro. El senador ha sido una espina en su costado, por lo menos a partir de sus debates claves en 2007, que revelaron los fuertes vínculos entre políticos, negocios corruptos y abusos de derechos humanos de la mafia narco-paramilitar.

Estos últimos, y sus más cercanos aliados en gobierno – el partido Centro Democrático - han hecho todo lo posible para sacar a Gustavo Petro de la política, durante varios años. Vale la pena recordar que, durante su tiempo como Alcalde de Bogotá (2012-2015), trataron de destituirlo por lo menos 3 veces, con acusaciones arcaicas y fallidas, como: “amenazas contra la privatización”, “caos en la recolección de basuras” (por darle trabajo a los recicladores), y el “crimen de subsidios de transporte a los más necesitados”.

Un intento para descalificarlo e impedirle ejercer oficios públicos por un periodo de al menos 15 años, también falló en 2017, después de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, el resultado fue que lograron llevarlo casi a la bancarrota, reviviendo las multas (previamente congeladas) por los citados “crímenes”.

El Martes 28 Noviembre 2018, durante su airada defensa que fue, en cierto manera, inapropiada, el Fiscal General Martínez admitió que usaba la Fiscalía para hackear y espiar a los que consideraba sus objetivos, incluyendo al senador Petro. El problema es que parece que haya muy poco control judicial para determinar quienes serán esos objetivos.

Para muchos Colombianos, esto trae memorias de los tiempos del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) cuando el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue utilizado para escuchas ilegales y espionaje a la oposición. En ese entonces, esto no era solamente ilegal – los nombres y detalles personales de las personas hackeadas fueron pasados a los paramilitares y muchas personas inocentes fueron, no solo señaladas como objetivos, sino directamente asesinadas.

Al final del histórico debate de ese fin de Noviembre 2018, Paloma Valencia, una senadora del Centro Democrático, un tanto trastornada, declaró tener evidencia de procedimientos ilegales perpetrados por Gustavo Petro. Esto lo quiso demostrar por medio de un video (convenientemente sin sonido, fechado de hace 14 años), donde Petro es visto recibiendo dinero en efectivo de una fuente indefinida.

Esta semana, se ha demostrado que es otro montaje contra Petro. El dinero que recibe eran 6.000 dólares en donaciones de simpatizantes, que fueron declarados al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los medios vendidos han aprovechado la oportunidad que causó esta distracción, para bajarle el tono a reportajes del escándalo de Odebrecht, aun cuando no ha sido adecuadamente investigado, y aun cuando los montos de dineros en este caso son por lo menos 50 millones de dólares en transferencias irregulares.

Positivamente, los eventos recientes sí apuntan a que la corrupción, ahora, tiene menos lugares donde esconderse y los Colombianos están obviamente repugnados por este panorama. La impresión que todos los ciudadanos tienen es que el país está manipulado por una mafia totalmente abarcadora, que parece haber capturado, no solo significativas obras públicas sino, posiblemente, también secciones de las instituciones de justicia.

En respuesta, las redes corruptas han lanzado amenazas de muerte, en todos sus canales. Los que se sienten en peligro de ser expuestos en sus fechorías, todavía esperan poder callar a sus críticos y, por lo menos, hacerle algún tipo de jugada a Petro, tal vez al estilo Lula, dentro de poco.

Pero en Colombia, la resistencia a décadas de opresión no será silenciada.

El paro nacional por miles de estudiantes, sindicalistas y campesinos sigue en marcha. Adicionalmente, activistas en twitter, en las ultimas semanas, les han pedido a todos sacar su dinero y pensiones fuera del imperio banquero de Sarmiento Angulo y depositarlo en otras entidades, incluyendo el sistema publico de pensiones, que, por cierto, les dará mejores rendimientos finales.

Todo esto aun mientras continua la violencia del ESMAD, sumada a amenazas legales contra los activistas, proviniendo de la vicepresidenta de Duque, Marta Lucia Ramirez, “por generar pánico financiero”. El dilema de Ramirez es que sus amenazas están en directa contradicción con los valores neoliberales de su gobierno, específicamente, el valor de “libertad individual de elección”.

En todo caso, las redes han menospreciado sus advertencias y miles han cerrado sus cuentas con el grupo Aval. El grupo Aval de Sarmiento se desploma en los mercados de valores.

Colombia ahora tiene una crisis institucional de gran tamaño, y su ciudadanía se pregunta que si se podrá tener en un gobierno que no solo bloquea la oposición del poder legal a debatir, como pasó dos veces esta semana, pero que también permite que su Fiscal General se comporte de esa manera tan asombrosa y anómala.