Tras el asesinato hace 3 años de Berta Cáceres, ganadora al premio Goldman, una especie de Premio Nobel medioambiental, la vida de un nuevo líder social en Centroamérica ha sido fulminada. Sergio Rojas, conocido dirigente de recuperación de tierras en Costa Rica, representante de la etnia bribri, perdió la vida en un nuevo asesinato. Al dirigente lo movía el amor por el territorio y su incesante lucha por protegerlo.

Su pérdida significa una nueva alarma para la difícil situación de las comunidades indígenas en Centroamérica, las cuales siguen siendo excluidas, empobrecidas, vulneradas en sus derechos, y nuevamente asesinadas por oscuros intereses económicos que históricamente han querido socavar sus territorios.

Debido a la inacción, inoperancia e incluso al racismo institucionalizado, las organizaciones ecologistas de Costa Rica han señalado que el Estado es responsable de este nuevo crimen de odio. El crimen de Sergio no puede quedar en la impunidad y debe ser investigado y llevado a la justicia cuanto antes.

El racismo institucionalizado

La desventaja histórica de los indígenas que representan una población autóctona inferior al 2.5% a la que pertenecía Sergio sigue latente en un país en donde son continuas las amenazas a estas comunidades, las usurpaciones a sus tierras, su exclusión y la homogeneización de sus culturas. Dado que una gran proporción de la población costarricense que pretende ser blanca, los indígenas han sido marginados a lugares periféricos y riesgosos. Además, este tipo de actos violentos evidencia como se intenta mantener a sus comunidades sistemáticamente aisladas del poder.

104,143 personas indígenas habitan mayoritariamente el sur del país, enfrentándose continuamente a múltiples intereses de acaparadores de tierra e industrias, como la ganadería o la agricultura, que no cesan de presionarlos para que dejen sus territorios ancestrales y los entreguen a los cultivos de larga escala.

El Estado costarricense tiene una enorme deuda con los derechos indígenas que son vulnerados continuamente. El no respeto a procesos como el derecho a las consultas previas o la participación en la formulación de políticas públicas afecta seriamente su legítimo derecho al territorio. Sergio era una de esas voces de incidencia persistente, exigiendo que se suspendieran los abusos a los derechos humanos de su comunidad y proteger su territorio. Este sería el principal motor de su asesinato, en un nuevo crimen político que sacude los derechos humanos de los activistas a través de Centroamérica.

Un crimen anunciado

Como suele pasar con los defensores, las amenazas y instigaciones a Sergio eran constantes. Lo peor es que desde el 2015, Sergio se suponía que estaba protegido por el Estado costarricense por dos medidas cautelares emitidas por la CIDH. La muerte violenta de este dirigente era una muerte anunciada, la cual, tristemente, el Estado no se interesó en detener.

Ahora su comunidad Bribri, que vive en una angustiosa lucha constante por recuperar 11.700 hectáreas en el sureste del país, según ellos ocupadas ilegalmente por finqueros, lamentan la pérdida de su mayor activista y sufren un duro golpe para continuar exigiendo al Estado sus derechos.

La autonomía indígena y la defensa del territorio son banderas fundamentales para el activismo en Costa Rica. Este tipo de vulneraciones violentas a la población que se rebela de manera pacífica contra las opresiones e injusticias es repudiable. Todo esto en un contexto de crímenes premeditados que siguen desenmascarando el hecho de que los poderes económicos y políticos le restan valor a la vida a costa de sus propios beneficios.

La condición de vida de los indígenas en Costa Rica es alarmante. Los niveles de pobreza y desigualdad en el que vive su población requieren de medidas urgentes. Un ejemplo de esto es el cantón de Talamanca, donde habitan alrededor del 50% de la población indígena estimada, allí la mortalidad infantil es un 26% más elevada que el índice nacional.

Esta cifra nos arroja una realidad compleja, y nos muestra que hay que proteger la vida y los territorios de unas comunidades resilientes que con fuerza han permanecido fieles a sus cosmovisiones y tradiciones, pero que hoy exigen urgentemente que se respeten sus derechos.