_{La serie openMovements invita a politólogos líderes en sus campos de investigación para compartir sus resultados y sus perspectivas sobre luchas sociales contemporáneas.}

Asistimos durante las últimas semanas a numerosas movilizaciones de jóvenes en el mundo entero exigiendo medidas urgentes a los mandatarios reunidos en la Cumbre de la Tierra en Nueva York para proteger el futuro de nuestro planeta.

La importancia de estas protestas por una mayor justicia ambiental no pueden hacernos olvidar otros gritos, otras luchas cotidianas, la mayoría de las vezes invisibilizadas, que se multiplican por diversos territorios, configurando lo que Joan Martínez Alier denomina Ecologismo de los pobres, y que son esenciales para pensar salidas a la crisis ambiental que enfrenta el planeta.

El punto de partida es entender que la degradación del clima no es democrática, no afecta a todas y todos de la misma manera. Existe una desigual exposición a la contaminación en función de la posición sistémica de países, de las relaciones de poder, así como de variables como raza, clase o género.

Por ello, es esencial politizar el debate de la sostenilidad más allá del conservacionismo, de la modernizacion tecnológica o de la internalización de externalidades ambientales, que ofrecen resupuestas la más de las veces técnicas, sin tener en cuenta las relaciones de poder y los temas distributivos. Es importante entender como se distribuyen desigualmente la producción y el consumo de los bienes y males ambientales.

El ecologismo de los pobres llama así la atención sobre la relación que existe entre la expansión del capitalismo, la acumulación capitalista a escala global, y la desposesión ecológica, mostrando varias fracturas espaciales y generando conflictos a lo largo de las cadenas productivas de commodities, en sus fases extractiva, de transporte, o de generación de residuos, etc.).

Politizar el debate implica incluir las diversas luchas a lo largo de esas cadenas productivas, y tratar de vincularlas en torno a las reivindicaciones de justicia ambiental, entendida en un sentido fuerte.

En este contexto, quienes sufren las consecuencias de la injusticia ambiental de forma más directa suelen gritar sin tanto eco como el recibido por las movilizaciones de las últimas semanas. Y, la violencia y la represión a la que se ven expuestas y expuestos hace urgente una mayor atención y solidaridad transnacional.

Según Global Witness, en 2018 fueron asesinadas 164 defensoras y defensores de la tierra y del medio ambiente, y muchos más fueron silenciados, con arrestos, demandas judiciales o amenazas de muerte. Más de la mitad de estos asesinatos ocurrió en América Latina y la mayor parte se concentra en los sectores de minería e industrias extractivas (43), agroindustria (21), agua y represas (17) y explotación forestal (13).

La impunidad generalizada que garantiza la perpetuación de estos actos, así como la represión y la criminalización ejercida sobre las poblaciones que defienden sus territorios y el derecho a la vida, son elementos que dan cuenta del avance incuestionado del extractivismo capitalista.

El extractivismo puede ser definido como una modalidad de acumulación basada en la explotación a gran escala de recursos naturales con fines de exportación, sin preocurse respecto a la sostenibilidad o a los impactos de sus prácticas.

En plena globalización, como resultado de la demanda incesante de materias primas y de la disposición de nuevas tecnologías y mejores medios de transporte, las actividades extractivistas se han ampliado hasta englobar proyectos de minería o explotación de petróleo, actividades del agronegocio, plantación industrial de árboles, pesca predatoria, construcción de grandes proyectos de infraestructura e incluso turismo de lujo a gran escala.

En el caso de América Latina y Caribe, el extractivismo es el modelo histórico que estructura las economías de la región. Desde la colonización, la inserción periférica de los países latinoamericanos en la economía capitalista se dio de forma dependiente respecto a las economías centrales, mediante la explotación y exportación de materias primas.

En este contexto, los países del centro determinaban la producción y volumen de los productos exportables, al tiempo que industrializaban sus economías y utilizaban a los países latinoamericanos como mercados para sus productos manufacturados. El modelo primario exportador se consolidó después de los procesos de independencia y, a pesar de los esfuerzos nacionales y de la apuesta por la estrategia regional de Industrialización por Sustitución de Importaciones, se mantuvo a lo largo del siglo XX.

Con el boom de las commodities, a comienzos del siglo XXI, este modelo experimentó un fuerte crecimiento determinando la reprimarización de las economías regionales. Como muestran las contribuciones de la teoría del sistema mundo formuladas especialmente por Immanuel Wallerstein, las relaciones económicas constituyen un sistema global en el que la división internacional del trabajo beneficia a las naciones del centro que explotan la mano de obra y los recursos de los países periféricos.

En otros términos, la dinámica del mercado del capitalismo global institucionaliza las desigualdades entre centro y periferia, impidiendo el desarrollo de los países pobres, al tiempo que garantiza que los países ricos sean los principales beneficiarios de las cadenas globales de materias primas y de la riqueza generada por el capitalismo global.

El extractivismo es hoy el modelo de producción y desarrollo dominante en la región y su avance, además de contaminar y destruir ecosistemas, acabar con formas tradicionales de vida y desplazar a la población, genera numerosos conflictos socioambientales.

Quienes se ven directamente afectados por las actividades extractivas -individual, pero sobre todo colectivamente- no permanecen pasivos frente a sus prácticas, sino que son protagonistas de procesos de resistencia y lucha a favor de otras formas de desarrollo. Los discursos y prácticas del desarrollo son, por lo tanto, objeto de disputa en la región y ante los mismos se formulan no únicamente estrategias de resistencia, sino también propuestas alternativas.

El enfoque del Ecologismo de los Pobres ilustra cómo, a raíz de factores como el racismo ambiental, la contaminación del medio ambiente y la destrucción de los ecosistemas afectan en mayor medida a las poblaciones negras

Desde los países del Sur, al margen de los fracasos y de las promesas incumplidas del desarrollo occidental, se cuestionan también las raíces etnocéntricas, capitalistas, coloniales y patriarcales de este modelo, así como su perspectiva universal y homogeneizadora que invisibiliza las diferencias y otras concepciones de bienestar.

El enfoque del Ecologismo de los Pobres, propuesto por Joan Martínez Alier, analiza este proceso, ilustrando cómo, a raíz de factores como el racismo ambiental, la contaminación del medio ambiente y la destrucción de los ecosistemas afectan en mayor medida a las poblaciones negras, indígenas y campesinas, sobre todo de los países del Sur.

Como corolario, las críticas al desarrollo y el reclamo de nuevos modelos de bienestar conforman un movimiento global que visibiliza las asimetrías del crecimiento económico, a la vez que promueve formas de justicia ambiental en beneficio de las actuales y futuras generaciones. Las protestas y resistencias surgidas en este marco también denuncian la deuda ecológica de los países del Norte respecto a los del Sur y la continuidad de las formas de explotación sin que se midan las consecuencias sobre los territorios o las personas.

En este contexto, la lucha por la sobrevivencia es el eje central del Ecologismo de los Pobres, que supone la defensa de la tierra y de los recursos naturales por parte de los movimientos sociales y las comunidades afectadas por las estrategias de desarrollo dominantes.

La defensa, resistencia y luchas de estos colectivos incluyen protestas, bloqueos, ocupaciones, manifestaciones artísticas y narrativas estratégicas sobre la Pacha Mama, o la defensa de los recursos naturales. Además, ante la represión y criminalización de las luchas y resistencias por parte de los Estados, estas estrategias atraviesan las fronteras y se articulan con redes de solidaridad internacional y movimientos trasnacionales a favor de la justicia ambiental y climática.

A partir de estas premisas, en el Grupo de Relaciones Internacionales y Sur Global (GRISUL) elaboramos Pacha: Defendiendo la Tierra, una cartografía de las luchas y resistencias de los movimientos sociales en América Latina y Caribe, para escuchar y trasmitir sus voces, evidenciando el protagonismo de estos colectivos en los conflictos socioambientales derivados del extractivismo.

Nuestra investigación utilizó como principal fuente de información la base de datos del Environmental Justice Atlas (EJATLAS), plataforma que reúne 2.903 conflictos socioambientales, además del análisis de documentos oficiales y diálogos con organizaciones locales y regionales en defensa del medio ambiente.

Considerando que América Latina y Caribe es la región más letal para activistas medioambientales y opositores al extractivismo, seleccionamos 259 conflictos socioambientales derivados del extractivismo minero en la región, de acuerdo a criterios como los impactos ambientales, de género o étnicos de estos conflictos, el desplazamiento forzado que provocan, la activa participación que en ellos desempeñan las mujeres, afrodescendientes e indígenas, el papel de las multinacionales, y las alternativas que de ellos se derivan.

Entre los principales resultados de nuestra investigación destaca la ampliación y diversificación de las actividades extractivas en América Latina y Caribe. Tal tendencia se mantuvo incluso durante el periodo de los gobiernos progresistas en América del Sur e implica, entre otros efectos, el crecimiento de las actividades de minería en países no tradicionalmente mineros como Uruguay, o la ampliación de la frontera extractiva en países como Brasil, Colombia, Ecuador, México o Perú.

A pesar de que desde comienzos del siglo XXI el extractivismo renovó sus discursos y algunas de sus prácticas, intentando mitigar sus efectos con políticas sociales, lo cierto es que su nocividad permanece y ha aumentado, generando numerosos conflictos socioambientales.

El extractivismo provoca contaminación ambiental y daños a la salud, violencia, desapropiación de tierras y expulsión forzada de las poblaciones afectadas. Amenaza también la seguridad alimentaria y las formas de vida tradicionales, a la vez que supone la transformación permanente de los ecosistemas, lo que refuerza la gravedad de la acción de fenómenos globales como el cambio climático.

No obstante, estos elementos no afectan a todos por igual: los colectivos más damnificados son los indígenas, negros, campesinos y mujeres, históricamente más expuestos a la imposición de los proyectos de las élites latinoamericanas. Además, estos efectos son reforzados por fenómenos como el centralismo, el colonialismo interno y el sistema racista y patriarcal que caracterizan históricamente a los países de la región.

Sin embargo, estos grupos son también protagonistas de los procesos de lucha y resistencia ante el avance de este modelo hegemónico de desarrollo. Como demuestran los casos de los proyectos Aratirí (Uruguay), Pacific Rim El Dorado (El Salvador) o Conga (Perú), las mujeres tienen un papel central en los procesos de lucha y resistencia. Los indígenas y afrodescendientes son también protagonistas centrales de estos procesos.

Frente a la nocividad de las actividades extractivistas y las amenazas que estas suponen para sus derechos colectivos y sus formas tradicionales de vida estos colectivos reaccionan promoviendo marchas por el “Agua, la Dignidad y la Vida” o “Contra la Minería”, ocupaciones, denuncias y campañas (nacionales e internacionales) de visibilización de su realidad, al igual que actividades artísticas, y constituyen redes de solidaridad y articulaciones de carácter regional y global.

Algunos ejemplos de estos procesos son la ocupación de los territorios amenazados por la minería como en el caso de Intag (Ecuador); la organización comunitaria para defender los territorios en Challapata (Bolivia), Cajamarca (Perú) y Huasco (Chile), o la organización del pueblo Saramaka para reivindicar sus territorios ancestrales y su derecho a mantener sus prácticas tradicionales de vida ante el Estado de Surinam.

La oposición al extractivismo y el protagonismo por la defensa de la vida y los territorios comportan un alto precio para quienes protagonizan estos procesos. Según un reciente artículo publicado en Nature Sustentability, en el periodo 2002-2017, fueron asesinadas 1.558 personas en 50 países por defender el medio ambiente. Como mencionamos, América Latina y Caribe es la región más letal para las defensoras y los defensores de la tierra y del medioambiente. Brasil y Colombia son los países más peligrosos, pero ningún Estado latinoamericano está fuera de este trágico primado.

En Brasil 700 defensores han sido asesinados desde inicios del siglo XXI y, según un reciente informe de Human Rights Watch, en apenas 10 años, 300 personas fueron asesinadas por redes criminales vinculadas a la industria de la deforestación e invasiones de tierra en la Amazonía, y tan sólo 14 de esos casos fueron juzgados en los tribunales.

A mediados del 2019, las muertes de Dilma Ferreira da Silva (coordinadora del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) en Brasil), Uriel Piranga Valencia (líder indígena y ex Cacique del Resguardo Maticurú en Colombia), Sergio Rojas (dirigente indígena Bribri en Costa Rica), Estelina López (defensora de la tierra y miembro del Movimiento Luz y Fuerza del Pueblo en México), Jorge Juc Cucul (líder campesino e indígena del Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala) son algunos de los muchos ejemplos que ilustran la brutalidad de la violencia que caracteriza el avance del extractivismo.

Más allá del número creciente de asesinatos, la violencia que estas personas enfrentan se agrava por la impunidad que caracteriza estos crímenes, así como por las amenazas y los procesos judiciales que estos defensores y defensoras sufren constantemente.

La violencia contra estas poblaciones -en sus múltiples expresiones- es ejercida por las empresas transnacionales, agentes del crimen organizado, grupos paramilitares y por actores estatales como la Polícia, las Fuerzas Armadas o por quienes deberían ser los representantes de la justicia. Tales acciones se enmarcan en un proceso de criminalización de los defensores de la tierra y del medio ambiente.

En América Latina y Caribe abundan campañas de deslegitimación y criminalización de la resistencia, que acusan a sus líderes de atentar contra la seguridad y los intereses nacionales mediante actos de “terrorismo”, “sabotaje”, “sedición”, o de no querer el progreso en sus territorios.

Las diversas formas de violencia, así como la estigmatización contra los líderes de movimientos sociales y defensores de la tierra incluyen amenazas contra ellas/os y sus familias, detenciones arbitrarias, causas judiciales, desalojos, desplazamiento forzado, y no pocas veces asesinatos. Estos actos adquieren características específicas en los casos de mujeres y comunidades tradicionales, donde se agrega la violencia sexual y el uso de violaciones colectivas como forma de castigo o represalia contra las acciones promovidas por los movimientos.

Un elemento clave a la hora de entender la complejidad del extractivismo capitalista en América Latina es que el mismo es promovido por empresas multinacionales del Norte, pero también de forma creciente por multinacionales del Sur, sobre todo asiáticas y latinoamericanas.

A título ilustrativo destacamos el caso de la empresa multinacional de origen brasileño Vale S.A. La multinacional está presente en más de 30 países alrededor del mundo y, entre otros casos, es la responsable por la ruptura de la Represa de Residuos de Fundão y por la ruptura de la Represa de Brumadinho, registradas respectivamente en 2015 y 2019 en el estado brasileño de Minas Gerais.

Las consecuencias del desastre de Mariana incluyen la contaminación permanente de más de 300 km del Rio Doce y la liberación de 60 millones de metros cúbicos de lodo de residuos que provocaron la muerte de 19 personas, destruyeron pueblos y dejaron a más de mil habitantes de la región desabrigados y sin agua, además de haber causado la muerte de diversas especies de animales.

Pero el hecho más grave de este caso es que, según el informe elaborado por el grupo internacional de especialistas que analizó el proceso, la empresa, aún impune, es responsable por crímenes ambientales y penales, pues conocía los riesgos de la actividad de la represa y, a pesar de ello, prosiguió con sus actividades, poniendo en riesgo la vida de la población adyacente. De forma semejante, según la Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho, la ruptura de la represa de Brumadinho es responsabilidad directa de la Vale S.A, que no tomó las medidas necesarias para evitar el desastre que dejó un saldo de 249 muertos y 21 desaparecidos.

A pesar de la nocividad y de la letalidad del sistema extractivista, las respuestas de los movimientos sociales y de las poblaciones afectadas por sus prácticas no se limitan a defender sus territorios y a resistir frente a su expansión. La fuerza y el valor de las defensoras y los defensores de la tierra y del medio ambiente -sobre todo mujeres, indígenas y afrodescendientes- también reside en las alternativas que crean.

Casos como la creación del Parque Nacional Gandarela (Brasil), que incluye formas de turismo comunitario en oposición a un proyecto de minería preexistente en la región; el surgimiento de proyectos inspirados en la noción de Sumak Kawsay o Buen vivir en Ecuador y Bolivia; la creación de legislación de protección ambiental o la generación de redes de turismo alternativo para evitar la explotación minera en Sierra de la Ventana (Argentina) son algunos ejemplos relevantes.

Además, la paralización de proyectos mineros en Intag (Ecuador), Cajamarca (Perú) o Challapata (Bolivia), algunos de los cuales aún están en disputa, ha permitido el mantenimiento de formas tradicionales de vida, mediante la agricultura orgánica o la ganadería de subsistencia, pero también ha dado lugar a transformaciones e innovaciones que incluyen formas de turismo religioso, ecológico o cultural.

Según Mariastella Svampa, las propuestas formuladas por estos movimientos tienen un carácter flexible, experimental y están en constante transformación. Aunque los desafíos que enfrentan son enormes, no cabe duda de que cuestionan la explotación predatoria de los recursos naturales en busca del crecimiento económico y de la supuesta promoción de progreso.

Quienes resisten y luchan contra el extractivismo no solo critican el fracaso de este modelo a la hora de garantizar condiciones de vida dignas, sino también la letalidad de sus prácticas. Al movilizarse en torno a la distribución de costes y beneficios del medio ambiente, llaman la atención, no sólo sobre posibles cambios en la forma de producir y extraer recursos, sino también sobre cómo se gobiernan, vinculando esa distribución con demandas de participación en la toma de decisiones y la necesidad de reconocimiento de las identidades de esos grupos, incluyendo así una dimensión política, democrática.

Además, ponen en entredicho la universalidad del deseo de consumo a cualquier precio, implícito al modelo de desarrollo hegemónico occidental, así como la homogeneidad de visiones y formas de entender el mundo que este propicia. En definitiva, nos invitan a soñar que otro mundo y otro desarrollo son posibles.

Es esencial visibilizar sus luchas como parte de un amplio movimiento global en defensa de nuestro planeta, de la Pacha Mama, dejando de verlas como casos aislados, o como víctimas de proyectos extractivistas, para pasar a incorporar sus propuestas alternativas como parte de la fuerza motora, inspiradora y necesaria para la transformación que precisamos hacia una justicia ambiental.

^{Nota: Este artículo y los mapas que en él se utilizan son resultado de la investigación “Cooperación Sur-Sur y Modelos de Desarrollo en América Latina”, realizada con apoyo del Programa Jovem Cientista do Nosso Estado de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), y desarrollada con el Grupo de Investigación sobre Relaciones Internacionales y Sur Global (GRISUL) de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro (UNIRIO). Agradecemos a los/as investigadores/as del GRISUL el trabajo de recogida y organización de los datos referentes a los conflictos por extractivismo (compilados en la cartilla Pacha: defendiendo la tierra. Extractivismo, conflictos y alternativas en América Latina, 2018 también disponible en inglés y portugués ), así como al Ateliê de Cartografia del Labmundo/IESP por la elaboración de los mapas que ilustran este artículo.}