Imagen: Tony Hall, CC BY 2.0

Con Trump, el Brexit, la formación de una coalición derechista en Austria y ahora el gobierno M5S/Lega en Italia, está cada vez más claro cómo podrían acabar las cosas. El populismo de derecha exige poner fin a la inmigración y a la deslocalización. Ante ello, los conservadores de derecha salen al contraataque con un programa económico de libre mercado centrado en la nación -  llamémosle "Thatcherismo en Un Solo País".

Mientras, la sempiterna guerra híbrida de Rusia contra las democracias occidentales todavía abre más fisuras sociales en su seno.

El fracaso del G7 tras el desplante de Trump y su negativa a comprometerse con un "orden global basado en reglas" presagia la parálisis de las instituciones multilaterales. En el peor de los casos, el derrumbe de la UE, la OTAN y la zona euro.

Por supuesto, podríamos imaginar que los populistas, los demagogos y los votantes partidarios de una derecha autoritaria van a cansarse de pronto y mostrarse satisfechos con el mundo que tenemos. Pero es mucho más fácil imaginar que la ira de estos votantes irá en aumento, que las instituciones democráticas se irán desgastando y desacreditando y que a los tecnócratas liberales les fallarán los nervios.

En cualquier caso, el proyecto que intento esbozar - es decir, el programa, la filosofía y la base moral para una socialdemocracia radical del siglo XXI - debe concebirse más como un plan para recoger los platos rotos que para profundizar en un sistema entendido como básicamente estable.

En mi libro Postcapitalismo, argumentaba que las tecnologías de la información crean la posibilidad de una transición más allá de las sociedades basadas en el mercado hacia una economía fundamentada en la abundancia relativa, altos niveles de automatización, menos horas laborables y utilidades gratuitas producidas por los efectos de red. Este sigue siendo, para mí, el equivalente actual del "programa máximo" que adoptó la socialdemocracia en la década de 1890.

Sin embargo, la crisis a corto plazo exige respuestas - y respuestas algo mejores que el tipo de keynesianismo recalentado que viene ofreciéndose desde la izquierda socialdemócrata tradicional.

Un programa de acciones inmediatas y principios "mínimos" que los partidos socialdemócratas de toda Europa y América del Norte podrían suscribir, tendría dos objetivos centrales:

1. Reanimar el crecimiento económico, la prosperidad y la cohesión social en las democracias occidentales; y

2. Defender y profundizar los derechos e instituciones democráticas.

También debería contener elementos de "transición" - aunque no del tipo que definió la Internacional Comunista en la década de 1920 y que más tarde se asoció con la Cuarta Internacional de Trotsky. En aquel entonces el objetivo era introducir, sobre la base de una escasez generalizada, elementos de planificación y de control obrero en los programas de los gobiernos de izquierda. Hoy, el camino de la transición debería contemplar el potencial de abundancia que albergan las tecnologías de la información y, por supuesto, abordar el cambio climático como problema urgente.

Así que el tema clave para aquellos que quieren radicalizar la socialdemocracia es: ¿qué tipo de capitalismo podemos crear en estas condiciones?

Antes de intentar dar respuesta a esta pregunta, quisiera recapitular el argumento de mis ensayos anteriores en openDemocracy:

◦   Para resolver el problema de la atomización de la clase obrera y crear una narrativa para la socialdemocracia, el Partido Laborista británico y otros partidos socialdemócratas deberían centrarse en lograr un incremento tangible en los próximos 10 años en cuanto a ingresos, salud y perspectivas de vida para la población adulta en edad laboral.

◦   Para resolver el problema de que la globalización ha empoderado a las corporaciones y ha limitado la soberanía de los electores, debemos estar preparados a abandonar la globalización extrema y retirarnos a una "segunda trinchera" en la que formulemos políticas económicas nacionales en un contexto de solidaridad internacional, abandonando ciertas regulaciones supranacionales que tienen hoy consideración de ley eterna.

◦   Para resolver el problema de la acción, debemos entender que las formas de opresión y explotación en el capitalismo neoliberal tardío son muchas y diversas y que el movimiento para lograr un gobierno de progreso será probablemente el resultado de una alianza tribal de personas afectadas. En esa alianza persistirán las tradicionales estructuras de la clase trabajadora y del movimiento obrero, pero no serán hegemónicas, y allí donde la cultura de la clase trabajadora se haya invertido y tome la forma de un etno-nacionalismo nostálgico, sus manifestaciones y demandas deberán ser resistidas.

En el Reino Unido, las implicaciones prácticas de lo que antecede para los laboristas son la necesidad de centrarse en lograr una alianza electoral o gubernamental progresista con los Verdes y los nacionalistas de izquierda; conseguir un rápido aumento de los ingresos reales disponibles como resultado número uno de un gobierno progresista; y en luchar desde el gobierno por la reforma de todos los tratados y obligaciones multilaterales – ya sean de la UE o de la Organización Mundial del Comercio - que se interpongan en el camino de la justicia social.

Pero, en términos prácticos, ¿qué es lo que debería hacer un gobierno de izquierda y en qué orden de prioridades? La respuesta a esta pregunta no es obvia si nos remitimos al manifiesto (de 20.000 palabras) con el que el Partido Laborista se presentó a las elecciones generales de 2017, ni tampoco a los más de 100 puntos del manifiesto de Podemos, ni siquiera a los 83 capítulos de L’Avenir En Commun con los que Jean-Luc Melenchon luchó por la presidencia en 2017.

Ninguno de estos documentos es un plan de batalla. De hecho, se leen más como un manual de infantería lleno de procedimientos, reglas y principios. Es probable que ninguno de ellos habría sobrevivido al contacto con el enemigo si los partidos que los produjeron hubiesen alcanzado el poder.

Para transformar rápidamente el capitalismo en la dirección de la democracia y la justicia social se precisa una serie de acciones vinculadas - y una gestión de proyecto que tome en cuenta sus sinergias e interrelaciones.

El Día Uno

¿Qué debería hacer un gobierno laborista de izquierda en el Reino Unido, o una coalición Podemos-PSOE en España, o una presidencia de France Insoumise en Francia respaldada por los sindicatos y los restos del partido socialista, en su primer día en el cargo? La respuesta obvia es: sobrevivir a la reacción del mercado financiero. Si observamos la agitación que produce en este mercado la alianza de la extrema derecha y el populismo en Italia, podemos hacernos idea de lo que pasaría con un gobierno de izquierda radical.

El peligro es que se dé no ya el mismo tipo de fuga de capitales que ocurrió en Francia con Mitterrand en 1981-83, sino que tenga una magnitud parecida a la del fenómeno de "paro repentino" que afectó a América Latina y partes de Asia a mediados de la década de 1990 y que se ha reproducido con  posterioridad a 2008 (se define paro repentino como una reversión repentina de las entradas de capital que provoca una disminución del PIB en torno al 6% en un período de doce meses).

Casi en todas partes donde puede concebirse un gobierno de izquierda, los mercados financieros serían capaces de combinar su aversión racional al riesgo con movimientos de capital especulativos, políticamente motivados, para provocar la caída de la moneda, el desplome del crecimiento y el agotamiento de las reservas de divisas, obligando al banco central a actuar para neutralizar el programa del partido que ha ganado las elecciones.

Es para esto - y no para una repetición del golpe de Estado contra Allende en Chile en 1973 – que deben estar preparados los gobiernos de izquierda.

François Mitterrand durante la campaña presidencial de 1981. Imagen: Jacques Paillette, CC BY-SA 3.0

De las cuatro recetas a las que se suele echar mano ante un paro repentino - política fiscal, política monetaria, depreciación de la moneda y reforma estructural pro mercado -, la última es letal para un gobierno de izquierda. Descartado el control de capitales salvo en circunstancias extremas, cualquier partido de izquierda que quiera ejercer el poder tiene que estudiar cómo usar tácticamente las reservas, la política monetaria, la expansión fiscal y las maniobras monetarias para aguantar los tres o cuatro trimestres que duran de promedio los episodios de paro repentino.

No tengo la intención de enumerar este tipo de tácticas, ya que son  muy específicas de cada momento y lugar. Baste decir que a medida que la izquierda parece acercarse al poder, lo más probable es que sus oponentes de derecha nacionalista y de centro neoliberal intenten atarles las manos - por ejemplo, agotando las reservas de divisas.

Pero lo cierto es que todo gobierno de izquierda que accede al poder tiene que dar, desde el primer día, a la mayor cantidad posible de gente cartas en el asunto de su supervivencia.

En los últimos 30 años, el modelo de capitalismo neoliberal, de manera fortuita, ha ido vaciando el poder de los parlamentos a favor del ejecutivo. Aunque el objetivo a medio plazo de un gobierno de izquierda sería invertir esta tendencia, la pregunta del primer día sería: ¿qué es lo que puede hacerse mediante acciones ministeriales urgentes?

Tomemos el ejemplo del Reino Unido. Aquí, los ministros pueden, técnicamente, ordenar a sus departamentos que hagan cualquier cosa que no sea ilegal o esté prohibida por los tratados suscritos. Sin embargo, se otorga un gran poder de auditoría - en tiempo real - a los altos funcionarios, en tanto que "contables" de cada departamento. Pueden impugnar las iniciativas ministeriales y suelen hacerlo a menudo aludiendo por lo general a motivos de "calidad-precio". Si no hacer algo es más barato que hacerlo, o si un ministro propone algo que se sale de los parámetro de calidad-precio establecidos, el secretario permanente puede plantear una objeción, con lo que obliga al ministro a emitir una "directiva" - que pasa entonces a ser motivo de controversia pública.

En el caso de un hipotético gobierno laborista de izquierda en el Reino Unido, no es difícil imaginar este tipo de proceder como arma en su contra y que viéramos a un ministro tras otro enfrentándose públicamente a altos funcionarios de sus departamentos acerca de si un banco de inversión público, o las ayudas públicas a una empresa siderúrgica, o la elección de un proveedor público de servicios de salud en lugar de Richard Branson, obedece o no a criterios de “calidad-precio”. Este es un poder que continuaría estando en manos de los altos funcionarios incluso después del Brexit. Sin el Brexit, las reglas del mercado único simplemente darían una justificación añadida a las objeciones de los secretarios permanentes.

Sin embargo, la definición de la relación calidad-precio corresponde al Ministerio de Hacienda. Aunque un alto cargo nombrado por la Reina dirige el Tribunal de Cuentas, las directrices que fijan los criterios de la relación calidad-precio (cuya última publicación es de 2004) emanan del Ministerio de Hacienda.

Así, lo más trascendental que un gobierno laborista de izquierda podría hacer el primer día sería establecer nuevas reglas de valoración de la relación calidad-precio alineadas con la filosofía macroeconómica de su nuevo equipo económico, tomando en cuenta el poder de los multiplicadores del gasto público para estimular el crecimiento por encima de las cantidades invertidas.

Esta revisión de la filosofía del gasto público se propagaría por todos los departamentos del gobierno en cuestión de días. Probablemente a algunos les levantaría ampollas, sobre todo en el Tribunal de Cuentas, que lleva tiempo trabajando con pautas distintas. Pero eliminaría una de las objeciones neoliberales típicas ante los actos ministeriales y liberaría a los departamentos para que pudieran tomar decisiones operativas encaminadas a lograr objetivos a corto plazo.

Los primeros 100 días

¿De qué objetivos se trata? Si las cosas fuesen mal, la respuesta podría acabar siendo: un conjunto de medidas reactivas o fragmentarias diseñadas para abordar antiguas demandas o para aplacar la opinión pública. O medidas que tienen sentido en el largo plazo, pero que dan muy poco juego a los votantes que han hecho posible el gobierno de izquierda.

Para que las cosas funcionen durante las primeras semanas de un gobierno de izquierda, debe comprenderse el siguiente objetivo estratégico: hay que cambiar la dinámica de toda la economía para que, si alguna vez un gobierno de derecha volviese al poder, tuviese que aceptar, como lo hicieron los conservadores en 1951, gran parte de los logros de la izquierda en tanto que base de un nuevo consenso.

Teniendo esto presente, he aquí las cinco cosas que yo instaría a un gobierno de Corbyn/Sturgeon en el Reino Unido, o de Sánchez/Iglesias en España, o a un gobierno demócrata en los Estados Unidos con Bernie Sanders, a que emprendiera en los primeros 100 días:

1. Parar la máquina de privatizaciones neoliberal. No se trata todavía de revertir las existentes, pero sí de declarar que no habrá nuevas privatizaciones y afirmar que ya no se harán subcontrataciones sobre la base de la oferta más baja, o teniendo preferencia por lo privado en lugar de lo público. El gobierno debe declarar que prefiere que los servicios públicos esenciales sean prestados por organismos de titularidad pública y que se compromete a encontrarle la vuelta a las normas de mercado y de competencia exigidas por la Unión Europea (UE), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, que los servicios y monopolios privatizados existentes, una vez recuperada su titularidad pública, no se gestionarán como corporaciones con afán de lucro, sino con el objetivo de proporcionar valor social en forma de energía más barata, transportes ferroviarios más baratos, salarios más altos y la creación de modelos y patrones para nuevas formas de propiedad social a gran escala, como cooperativas de producción, plataformas cooperativas de bienes y servicios, cooperativas de crédito, bancos éticos y empresas sociales.

2. Publicar, y por lo tanto señalar la inminencia de un paquete básico de nuevos derechos laborales que se legislarán sin consulta previa. El argumento debería ser que la etapa de consulta ya se dio en la campaña electoral. Estos nuevos derechos deberían ser una mezcla de derechos individuales y colectivos:

• En cuanto a los derechos individuales, el objetivo sería el acceso general, gratuito y fácil al sistema de justicia, para que los trabajadores, a título individual, puedan hacer que los empleadores respeten sus derechos humanos. Aunque en el Reino Unido esto requeriría revocar legislación de la era neoliberal, las directivas ministeriales podrían hacer mucho por preparar el terreno.
•  En cuanto a los derechos colectivos, la eliminación de las exenciones a pequeñas empresas y a personas por un límite de tiempo arbitrario sería una manera fácil de darle un cambio al tablero de juego antes de la entrada en vigor de la legislación básica. Un Ministro de Trabajo presentándose de pronto, sin anunciar su visita, en un McDonalds, un TGI Fridays o un Pret A Manger para decirle a los trabajadores, ante las cámaras, que dentro de seis meses tendrán derecho a un salario digno, a representación sindical en el consejo de administración, a negociación salarial colectiva, al pago de las vacaciones y al permiso de maternidad podría tener tanto o más efecto sobre el cambio de comportamientos como la legislación misma.
• En cuanto al falso autoempleo que afecta a sectores tan diversos como la construcción, la peluquería o el periodismo, podría abordarse por parte del departamento correspondiente del Ministerio de Hacienda triplicando su personal y pagando bonificaciones por cada procesamiento exitoso de los empleadores implicados. Dado que el modelo de negocio en varios sectores debería cambiar, se precisaría arbitrar un período de transición a fin de regularizar la mano de obra en términos de contrato, impuestos y prestaciones. Pero dar prontas señales de todo ello debería espolear un rápido cambio de comportamiento por parte de las empresas que quieran seguir operando.

1. Establecer una Comisión de Infraestructuras. El Reino Unido ya dispone de una Comisión Nacional de Infraestructuras que asesora sobre proyectos a largo plazo, pero una medida de progreso sería establecer una comisión con poderes ejecutivos, apoyada por un banco de inversiones públicas encargado de recaudar fondos y de realizar el gasto. Aunque podría llevar más de 12 meses tramitar la ley de creación de un Banco de Inversiones Públicas, recaudar los fondos necesarios y obtener el visto bueno de la UE, Hacienda podría encargar a un sub-departamento empezar a operar de inmediato “a la sombra” del banco previsto, evaluando posibles decisiones de financiación, elaborando modelos de resultados, etc. Mientras tanto, la Comisión de Infraestructuras debería reunir a los principales sectores, ciudades y gobiernos locales y establecer un plan detallado de gasto de miles de millones, obtenidos bajo nuevas reglas que permitieran el endeudamiento para la inversión.

En la medida en que un gobierno laborista de izquierda – o un gobierno español o francés - permaneciera bajo la tutela de la Unión Europea, debería presionar para que se reformaran los criterios de Maastricht o para asegurarse la opción de quedar al margen de ellos - sobre todo para poder quedar exento de los límites de déficit en cuanto a la capacidad de endeudamiento para la inversión. Un gobierno de izquierda en Estados Unidos, a condición de que tuviera mayoría en el Congreso, enfrentaría muy pocos obstáculos para llevar adelante un importante estímulo fiscal, a menos que China decidiera aprovechar el endeudamiento adicional para desencadenar una crisis monetaria y de deuda.

A medio plazo, el éxito de estas iniciativas se mediría por el grado de transformación iniciado en las comunidades más degradadas y no por los kilómetros de nuevas autopistas o por la mejora de los ferrocarriles. La tarea más importante, sin embargo, es dar señales previas. El sector privado - tanto el nacional como el internacional - debería reaccionar positivamente ante claras e irreversibles señales a largo plazo de que el gobierno se dispone a actualizar no solo las infraestructuras físicas, sino también las condiciones sociales y ambientales. Cuanto antes se den y más claras sean estas señales, mejor.

1. Cambiar el mandato del banco central. Para los gobiernos de izquierda de la zona euro, esto requeriría un esfuerzo prolongado y coordinado para reformar el Banco Central Europeo (BCE). En Gran Bretaña y Estados Unidos, el cambio se podría conseguir en gran parte con una disposición del Ministro de Hacienda. Los principios que deberían regir un mandato postneoliberal para, pongamos, el Banco de Inglaterra no son difíciles de especificar. Deberían ser estos:

• No intervención en política fiscal. Mervyn King, el que fuera gobernador del Banco de Inglaterra, amenazó en una ocasión con contrarrestar cualquier estímulo fiscal del gobierno de Gordon Brown que superara lo que él consideraba estrictamente necesario para mantener la inflación controlada en torno al 2%. La posibilidad de hacer razonamientos de este tipo debe descartarse explícitamente y desplazar así al banco central de su posición en la cúspide de la jerarquía neoliberal.
• Estímulo de una inflación moderada. Bajo el neoliberalismo, debido al temor implícito a un despegue de los salarios que nunca ha llegado a materializarse, los bancos centrales – entre ellos, el Banco de Inglaterra – han frenado el crecimiento pero nunca han frenado lo suficiente durante las recesiones.
• Regulación macroprudencial. Es decir, detectar y prevenir los ciclos de expansión y contracción económica y la quiebra de los bancos sistémicos, más o menos como se viene haciendo hoy pero con mayor transparencia política y con preferencia por la intervención temprana.

Ahí está. También se precisa una política industrial, pero como ya expliqué en un anterior ensayo, si se quiere mantener un sistema más o menos multilateral y global, la política industrial viene ya más o menos dada: hay que colocar las industrias heredadas más arriba en la cadena de valor, crear "capital humano" ( es decir, capacitación y potencial de trabajo remunerado) y mantener como núcleo algunos sectores - siderurgia, energía y defensa – no deslocalizados y de propiedad nacional por razones de seguridad (en un contexto de deterioro del entorno mundial).

Tanto una política industrial de este tipo como una expansión fiscal a largo plazo darían dividendos a entre cinco y diez años vista, no a 90 días. Pero los cuatro grandes compresores que todo gobierno de izquierda necesita que funcionen en combinación son estos: acabar con las privatizaciones, empoderar a la fuerza de trabajo, endeudarse para invertir en infraestructuras y subordinar el banco central a los intereses de la economía nacional y no a la doctrina de las élites globales.

Huelga de los trabajadores de McDonald en Crayford, Reino Unido, 2017. Imagen: War on Want, CC BY 2.0

Por muy difícil que sea para algunos corbynistas tener que aceptarlo, el resto es básicamente cuestión de táctica. Volver a poner las viviendas de titularidad pública bajo el control de los consejos municipales o incentivar la formación de comunidades de propietarios para conseguir unos resultados similares, o si hay que construir una planta de energía mareomotriz en Swansea o una central nuclear en Hinkley Point son temas legítimos de debate en el seno de la izquierda y que movilizan a grupos de interés con obsesiones y prioridades distintas. Pero son cuestiones secundarias cuando de lo que se trata es de implementar un nuevo modelo, estabilizar la posición del país dentro de un sistema global en vías de fragmentación y darle a la gente "cartas en el asunto".

El problema es que, incluso cuando se reactiva un modelo económico de alto crecimiento y salarios elevados liderado por el Estado en los países del hemisferio norte, la dinámica que se produce en todo el mundo desarrollado y que describí en Postcapitalismo es inevitable. Y es esta dinámica la que hace que los programas de expansión del keynesianismo clásico sean inadecuados para el siglo XXI.

Cómo la tecnología altera la agenda a medio plazo

Hay cuatro grandes procesos que desencadenan las tecnologías de la información a los que, a medio plazo, los gobiernos de izquierda tienen que dar respuesta. Son estos:

• El desplome de los costes de producción de todo aquello que tocan las tecnologías de la información, lo que a su vez altera el mecanismo de fijación de precios (abaratando los productos y servicios o haciéndolos gratuitos).
• La desvinculación entre trabajo y salario, lo que permite que se entremezcle tiempo libre y trabajo, lo que favorece el subempleo a gran escala y la precariedad laboral.
• La aparición de nuevos y positivos efectos de red que producen nuevos valores de uso a escala exponencial y que no son a primera vista propiedad de ninguna compañía o individuo.
• Enormes asimetrías de información y, por lo tanto, de poder.

Como argumenté en Postcapitalismo, estos procesos básicamente cuestionan las relaciones de propiedad sobre las que descansa el sistema de mercado. Como respuesta a ello, en los últimos 15 años se han producido una serie de mutaciones estructurales con las que un gobierno de izquierda debe lidiar:

• El efecto del coste marginal cero, que provoca la creación de grandes monopolios como Facebook, Google, IBM y Microsoft, cuyo único objetivo es suprimir los mecanismos de fijación de precios.
• La posibilidad de rápida automatización, provocando lo opuesto: enorme precariedad y subempleo. Estamos creando millones de empleos que no deberían existir, únicamente para poder utilizar mano de obra con salarios bajos en los mecanismos de explotación más lucrativos - a saber, el sistema crediticio y las redes sociales (vía teléfono inteligente).
• Efectos de red que los economistas denominan externalidades positivas, de los que se adueñan los monopolios de la información impidiendo una explotación socialmente útil de los datos de los usuarios, excepto en el caso de ser de utilidad para los monopolios.
• Nuevas asimetrías de información, que según la teoría del mercado debería erosionar la competencia, pero que se institucionalizan vía copyright, IP y patentes y el poder de las corporaciones globales extiende hasta el infinito, mientras la masa de pequeños inversores permanece desempoderada frente a los grandes y exclusivos inversores que no rinden cuentas a nadie.

Del contraste entre el potencial de la economía de la información y su malformación presente surge la necesidad de un programa de transición que la socialdemocracia radical debería injertar - e inyectar - en las medidas esbozadas más arriba. Este programa debe incluir las siguientes medidas:

1. Romper o nacionalizar los monopolios de la información, como Facebook y Amazon, para que la competencia de precios pueda llevar los costes de los bienes de información a niveles cercanos a cero.

2. Subvencionar un programa de automatización rápida, con servicios básicos financiados por los contribuyentes y renta básica: el transporte, la educación hasta el nivel universitario, la asistencia sanitaria y la vivienda deberían ser, a nivel básico, gratuitos y, por encima de este, baratos.

3. Prohibir la incautación y colonización de datos colectivos de usuarios por parte de la industria de las tecnologías de la información y convertir estos datos en un bien público. Facultar a los ciudadanos para que modifiquen y controlen las condiciones bajo las cuales las empresas privadas poseen y explotan sus datos, utilizando mecanismos como el blockchain. Este es el principio bajo el que se están desarrollando actualmente pruebas tanto en Barcelona como en Amsterdam que, de generalizarse, trastocaría y limitaría notablemente el poder de los monopolios de la información.

4. Promulgar un nuevo derecho humano universal: el derecho a la simetría de la información. "Ninguna decisión sobre mí, sin mí", traducido a la esfera de la información, obligaría a las corporaciones globales a dejar de construir modelos comerciales sobre la base de una asimetría permanente entre poder e información. Los algoritmos deben ser transparentes y la inteligencia artificial implementarse solo con el consentimiento informado y bajo estrictas pautas éticas. La privacidad de los datos debe ser un derecho humano fundamental, y no respetarla debe conllevar la anulación de la licencia de la empresa para operar.

Aunque disolver monopolios tecnológicos no cuesta nada (aparte de dolores de cabeza políticos), pasar a un modelo de renta y servicios básicos financiados vía impuestos, exige un reequilibrio importante del sistema tributario a favor de la redistribución. Ganar la discusión en este asunto se convierte, pues, en el objetivo clave de una socialdemocracia radical. Por consiguiente, debería evitarse en la medida de lo posible derrochar medidas impositivas redistributivas en función de los objetivos socialdemócratas tradicionales.

En lugar de hacerlo con medidas impositivas redistributivas, un estado soberano como Gran Bretaña, Estados Unidos o la Eurozona tiene la capacidad de financiar, utilizando su banco central, su moneda y nuevo endeudamiento, la mitad "keynesiana" de lo que aquí propongo. La otra mitad - el drástico abaratamiento de bienes y servicios para que sea posible una vida con pocas horas laborables, requiere nuevos impuestos redistributivos.

"Tus hijos van a la escuela, dispones de atención sanitaria de primera clase, tus trayectos para ir y volver del trabajo son económicos, tu vivienda es asequible ... y esto lo paga Facebook, Google, Deutsche Bank y determinados fondos de inversión" es un relato que, si se comunica con la debida confianza, podría permitir a la izquierda radical hacerse con el gobierno en todo el mundo desarrollado. Especialmente después de que las utopías étnicas de la derecha demagógica produzcan, como es de esperar, solo lágrimas y decepción.

El Presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, se reune con miembros del Parlamento Europeo. Imagen: Parlamento Europeo, CC BY-NC-ND 2.0

Para los laboristas en el Reino Unido, el arte de ganar las próximas elecciones estriba en desactivar el arma de las promesas progresistas y construir una narrativa concisa sobre la transformación económica, el incremento salarial y el derecho a servicios básicos gratuitos. Que la izquierda llegue a tener el control del aerosol y no la derecha no resuelve el problema esencial que ya señalaba RH Tawney en los años 1930: o los laboristas tienen una estrategia clara, o lo que tienen es simplemente una lista de la compra escrita por un comité.

El estudio de Tawney sobre los laboristas liderados por George Lansbury en 1934 describía su programa de entonces como "un brillante bosque de árboles de Navidad con obsequios para todos, en lugar de un plan de campaña para... una situación bastante desesperada".

Tawney aconsejó a la jerarquía laborista que precisara qué tipo de sociedad quería establecer, qué resistencias esperaba encontrar y los mecanismos necesarios para superarlas. Aunque Podemos y France Insoumise adolecen también de un planteamiento de "bosque de árboles de Navidad", debe decirse que sus líderes no han ocultado nunca la necesidad de organizaciones de masas centradas en la superación de las resistencias.

La primera mitad de la estrategia que propongo aquí se basa en el keynesianismo clásico, pero va mucho más allá: requiere una revolución en la manera de pensar el papel del banco central, eliminar la cultura orientada al mercado en todo el gobierno y adoptar explícitamente una política de salarios altos y de moderada inflación que, con el tiempo, podría empezar a des-financializar la sociedad. Requiere también la imposición de un nuevo pensamiento macroeconómico en departamentos gubernamentales clave a fin de tener en cuenta los probables efectos positivos del endeudamiento, el gasto y la emisión de moneda.

La segunda mitad, aunque más orientada al futuro, tiene menos dogmas que superar. El arte de permanecer en el gobierno y generar un cambio irreversible estriba en conseguir incorporar esta nueva estrategia de transición – cuanta más, mejor – en el programa de cambio de los laboristas (o cualquier otra formación socialdemócrata de izquierda) en los primeros cinco años.

Supongamos que todo va bien. ¿Qué podría esperar lograr un gobierno de izquierda radical en cuatro o cinco años?

En la primera semana y el primer mes: sobrevivir a la reacción financiera y movilizar a la gente dándoles cosas claras y tangibles que defender. En el primer año, poner en marcha el crecimiento económico y el crecimiento de los salarios a través de la expansión fiscal y monetaria. Entre los años dos y cinco, dejar que la inversión en infraestructuras y el crecimiento de capital humano tomen la batuta y produzcan, si es posible, un crecimiento sostenible. Mientras tanto, empezar a acometer la transformación microeconómica hacia los nuevos tipos de modelo de negocio, de propiedad y de regulaciones tecnológicas que son necesarios para permitir el cambio a una economía de bienestar y menos horas laborables.

Esto es todavía simplemente un esquema. Pero es un bosquejo más claro que los que figuran en cualquier manifiesto de la izquierda de los últimos tres años. Cuanto más claro y sencillo sea el esquema, más fácil será comunicarlo a los gestores, funcionarios, sindicalistas/activistas comunitarios y a los empresarios.

Puedo anticipar numerosas objeciones y las abordaré en la medida que la gente responda a este ensayo. Pero hay una objeción ante la que quisiera ser brutalmente honesto de antemano.

¿Está esta estrategia diseñada para permitir que la población del mundo desarrollado pueda captar una proporción mayor del crecimiento económico anticipado de los próximos 5 a 15 años, de ser necesario a costa de que China, India y Brasil tengan que encontrar nuevas formas para salir de la franja de ingreso medio? En otras palabras, ¿serviría para aplanar e invertir las tendencias que describe el famoso "gráfico del elefante" de Branko Milanovic para los próximos veinte años?

Para mí, la respuesta es sí. Este es un programa para salvar la democracia, las instituciones y los valores democráticos en el mundo desarrollado invirtiendo las políticas de los últimos 30 años encaminadas a enriquecer al 60% inferior y al 1% superior de la población mundial.

Es un programa para generar crecimiento y prosperidad en Wigan, Newport y Kirkcaldy - si es preciso a cambio de no hacerlo en Shenzhen, Bombay y Dubai.