Protesta contra el asesinato de Marielle Franco, en Río de Janeiro, el 15 de marzo de 2018. Foto: Thiago Dinz Favela en Foco. Todos los derechos reservados.

Transcurrido menos un mes de la intervención militar federal en Río de Janeiro, el asesinato de Marielle Franco arrastró nuevos actores, ahora internacionales, al ya de por sí intrincado tablero político brasileño incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ya venía dando señales de preocupación sobre loe que estaba pasando, y que ahora puede meterse de lleno.

El caso de Marielle tiene todos los ingredientes para que ello ocurra. Políticamente, debido a la gran conmoción generada, la historia adquirió relevancia internacional y llamó la atención de la organización, que escoge estratégicamente casos emblemáticos que puedan servir de ejemplo de la lucha por los derechos humanos en todo el mundo. Técnicamente, además del historial de otros casos recientes en Brasil, el perfil de la víctima, las circunstancias del crimen, su modus operandi y las alegaciones de personas cercanas eran ya suficientes para que el caso fuera seleccionado.

Las tragedias suelen unir a personas, y eso es lo que el mundo entero vio en la mañana del jueves 15 de Marzo: un país dividido de repente unido por el duelo de Marielle. De la Presidencia de la República a los principales medios de comunicación; de las redes sociales a los grandes partidos políticos; todos hablaron, incluso importó el silencio de los que no se pronunciaron. Los medios internacionales, los gobiernos y los activistas alrededor del mundo reaccionaron retransmitiendo el mensaje en solidaridad. Por un momento, Marielle unió a Brasil a los ojos del mundo.

En menos de 24 horas, el caso de la concejal de Río de Janeiro ya había dado una vuelta completa en la Tierra. La ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron comunicados. Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ONGs internacionales con sede en Brasil, emitieron notas condenatorias. Parlamentarios Europeos politizaron el caso en el marco de las negociaciones con el Mercosur; y se organizaron manifestaciones en varias capitales alrededor del globo. En Nueva York, se rindió homenaje a Marielle en un evento de la ONU. Su historia es ahora global. Es nuestro deber entender la dimensión que el caso está tomando; y como podrá desarrollarse a partir de ahora, dentro y fuera de Brasil.

Marielle también llamó la atención del órgano de la ONU con sede en Ginebra que monitorea la situación de los derechos humanos en todo el mundo y, si es necesario, procura actuar sobre ellas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene ahora 51 relatores especiales - que trabajan con autonomía pero que a menudo se complementan. Las relatorías tratan los temas más diversos, tales como libertad de expresión, la defensa de derechos humanos, temas de racismo, violencia contra la mujer y ejecuciones extrajudiciales. A menudo, los ponentes trabajan conjuntamente sobre un mismo caso. Por limitación de recursos financieros, de equipo y de tiempo, sus investigadores buscan seleccionar con criterio los casos sobre los que van a trabajar. Por lo tanto, es natural que se pregunte: de tantos temas y relatorías, ¿cómo definir quién se ocupa de qué? En el caso de la Relatoría Especial para Ejecuciones Arbitrarias, Sumarias o Extrajudiciales, encabezada por Agnès Callamard, hay una respuesta, y en ella hay pistas para pensar si y cómo encaja el caso de Marielle.

De acuerdo con Callamard, "asesinatos que puedan haber tenido motivación política o cuyo mentor pueda estar relacionado con agentes públicos" encajan en la definición de asesinatos extrajudiciales. Una ejecución extrajudicial es un asesinato cometido por un agente público fuera de cualquier proceso legal pero motivado por una agenda de Estado.

El mandato de la relatoría amplió su alcance en los últimos 20 años, y actualmente tiene por objetivo monitorear e informar sobre situaciones un que haya alegaciones o evidencias de privación arbitraria de la vida. Los informes temáticos se presentan al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y al 3º Comité de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Además, sin necesariamente visitar el país concernido, la Relatoría Especial puede emitir comunicados a los gobiernos expresando preocupación sobre las situaciones identificadas, y hacerles llegar sus recomendaciones.

El resultado esperado de esta actuación es establecer un diálogo con el Estado en sus múltiples esferas, así como con actores de la sociedad civil, de quienes también se espera una participación activa en el proceso de adopción de las medidas preventivas acordadas. Por lo tanto, implica el aumento de la transparencia, la legitimidad y la eficacia de las políticas de derechos humanos y la seguridad pública.

De todos modos, aunque exista una definición restrictiva de los casos en que la relatoría de la ONU pueda actuar, esto no basta para limitar el creciente interés en la muerte de Marielle.

En efecto, Callamard es enfática al afirmar que no puede comentar sobre el caso específico de Marielle Franco y Anderson Gomes. Por un lado, porque todavía es pronto para emitir cualquier juicio mientras las piezas del rompecabezas continúen llegando a Nueva York. Por otro lado, el protocolo interno de la ONU es claro: la Relatora debe comunicar al país en cuestión antes de emitir cualquier opinión pública.

Dicho esto, ¿qué hace que casos similares al de Marielle entren en el radar de la Relatora? Básicamente dos cosas: la repercusión global y la reacción de la opinión pública. Tomemos por ejemplo los dos recientes asesinatos de periodistas en Europa, uno en Eslovaquia y otro en Malta. En ambos casos, la inmensa conmoción internacional resultó en un gran número de peticiones para que el Alto Comisionado entrara en escena, lo que, aunque no fuera necesariamente decisivo, ciertamente contribuyó a crear la presión que llevó al castigo de los involucrados - y en el caso eslovaco, a la renuncia del Presidente de la república

Sin empergo, todavía cabe preguntarse por qué nos e tomaron en consideración otros casos de asesinatos que ocurrieron la misma noche en que murió Marielle. "Creo que no se puede obviar esta crítica" responde Callamard, "pero hay que tener presente cuál es la justificación y la naturaleza de mi mandato. Es decir, debo fijarme en crímenes que se cometieron en nombre del Estado, por agentes del Estado para implementar una política de Estado. En segundo lugar, una lectura tradicional de los derechos humanos nos lleva a priorizar asesinatos donde la responsabilidad del Estado y su falta de respeto al derecho a la vida pueden ser claramente demostrados. No estoy diciendo que eso esealo que sucedió en el caso de Marielle. Tercero, es necesario considerar la identidad de la víctima y entender por qué habría que priorizar ese asesinato en particular.

Esto no significa que la vida de algunas personas sea más importante que la de otras, pero que la muerte de unos puede tener más impacto social que la de otros; especialmente cuando los individuos concernidos ocupan posiciones públicas que representan un gran número de personas, o cuando representan a aquellos que estuvieron históricamente ausentes del espacio público, cuando fueron elegidos democráticamente, cuando son periodistas, cuando son activistas de derechos humanos. En suma, todos estos individuos presentes en la esfera pública que ejercen el papel social de informar al público, defenderlo y reportar a él, si son asesinados, muy probablemente eso llamará mi atención y la de otras personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos. , concluye Callamard.

Desafortunadamente, si se demuestra que éste es el caso de Marielle, su caso entrará en una perversa estadística de asesinatos de activistas de derechos humanos. Según el informe de Front Line Defenders, sólo en 2017, 312 activistas fueron asesinados en 27 países. En el 84% de los casos las víctimas habían recibido al menos una amenaza de muerte. Hasta enero pasado, sólo el 12% de los casos resultaron en la detención de los sospechosos. El 80% de esos asesinatos ocurrieron en Brasil, Colombia, México y Filipinas.

En los próximos días es probable que el gobierno brasileño reciba un comunicado oficial de la oficina de Callamard y otros relatores del Alto Comisionado. Si esto ocurre, no será algo excepcional. En los últimos 16 meses, sólo la relatoría de Callamard ya ha enviado cinco comunicados al gobierno brasileño referidos a episodios acontecidos en prácticamente todo el territorio nacional. Una carta se refiere a la ola de asesinatos que asolaron el Estado del Espirito Santo durante el febrero de 2017. Las demás cartas, firmadas con otros relatores de la ONU, se refieren al asesinato de 11 campesinos en el Pará, la alerta sobre situaciones de amenaza a activistas por todo Brasil, el asesinato de 5 menores en las favelas de Río de Janeiro en el contexto de una operación militar anti-drogas, y las amenazas de muerte de al menos 6 activistas en Minas Gerais.

A diferencia de la mayoría de los países con los que se comunica, la Relatora reconoce que "Brasil tiende a responder a todas las cartas que enviamos; y suele siempre proveer mayor información sobre los casos, además de explicar lo que se está haciendo al respecto. No todos los gobiernos son tan diligentes".

La verdad es que la crisis de los derechos humanos es global. De acuerdo con la base de datos de la ONU, en los últimos 16 meses transcurridos desde que Agnès Callamard ocupa el puesto, tramitó 133 comunicados a 50 países en todos los continentes. De los cinco países que más recibieron comunicados, además de Irán, Filipinas, Bahrein y Pakistán, destacan los Estados Unidos, situados en tercer lugar.

Preguntada por el criterio de selección de los casos, o sobre si también actúa sobre los llamados países desarrollados, la ponente rebate: "Por supuesto (...) envié comunicados a los Estados Unidos, al Reino Unido y a Francia sobre asesinatos cometidos por las policías o que tuvieron lugar bajo custodia. Tal como hicieran mis predecesores, también envié cartas a Estados Unidos referentes al uso de drones para llevar a cabo 'asesinatos selectivos'. Estos asesinatos son extraterritoriales, pero la responsabilidad es generalmente de países del Norte Global. (...) También estuve recientemente en Italia y en Bélgica ,discutiendo el asesinato de inmigrantes…”. 

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Una cosa es cierta. El éxito de la investigación sobre el caso Marielle dependerá de la presión que se ejerza a nivel doméstico e internacional; y exigirá diálogo entre diversos sectores del Estado y de la sociedad brasileña. El caso ganó proyección internacional y probablemente será politizado, como es natural cuando se trata de todas las cuestiones de derechos humanos. Los gobiernos, las organizaciones y la opinión pública internacional fueron cautivados por la historia de esta joven activista negra, de origen humilde y que fue, muy probablemente a causa de su actividad política, brutalmente asesinada. Si toda crisis es una oportunidad, esta es la oportunidad de que Brasil muestre dónde está. Gracias a Marielle, el mundo entero sigue ahora el drama de la intervención militar federal en Río de Janeiro. Hoy, Marielle tiene el tamaño del mundo.