Presentación del libro de Mónica López Baltodano sobre el Canal de Nicaragua (imagen: Jorge Mejia, cortesia Popol Na).
En cierto sentido, no importa tanto que el ambientalmente catastrófico megaproyecto del Gran Canal de Nicaragua – de 278 kilómetros de largo y cuya inversión asciende a 50.000 millones de dólares - siga adelante o no. Sus efectos adversos sobre los derechos humanos de los nicaragüenses ya se están haciendo notar. Este es el mensaje que lanza Mónica López Baltodano, directora de la ONG nicaragüense Fundación Popol Na.
“La gente dice: si ni siquiera hay canal, entonces ¿por qué está luchando?”, explica López Baltodano. Su respuesta es que la propia existencia de la Ley del Canal (conocida como la Ley 840) significa que el gobierno puede suprimir legalmente el derecho a impugnar el proyecto y la expropiación de tierras.
