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El mito del poderío militar en las opciones de la responsabilidad de proteger

Las discusiones sobre la responsabilidad de proteger (responsibility to protect, R2P), e incluso los términos del debate, suelen privilegiar la alternativa militar, aunque hay pocos fundamentos empíricos para pensar que los ataques militares serán más eficaces para disuadir a quienes dañan a la población civil. Las estrategias de protección requieren de un análisis más profundo sobre todos los posibles elementos con los que  pueden ejercer influencia. Englishالعربية.

Liam Mahony
25 November 2013

En el debate sobre la “responsabilidad de proteger”, las conjeturas, los mitos culturales y el lenguaje conspiran para promover  acciones militares imprudentes. La eficacia de las respuestas militares a los conflictos se ha asumido de una manera amplia e inconscientemente. ¿La popularidad de las respuestas militares se debe a que un análisis científico y objetivo comprobó su eficacia? ¿O más bien este debate refleja en gran medida la lección impartida a diario en varias culturas alrededor del mundo: que el mazo más grande siempre gana? La promoción del uso violento de la fuerza como la alternativa de último recurso para resolver problemas impregna a la cultura popular, desde Hollywood hasta los planes de estudio en las escuelas. E impregna esta discusión. 

Los defensores de la R2P insisten en que esta doctrina prefiere los enfoques no militares. Sin embargo, el lenguaje que se usa en el debate sugiere lo contrario: robusto, por definición, significa fuerte y saludable, pero dentro del debate de la comunidad internacional sobre los enfoques hacia el conflicto, usualmente es sinónimo de militar y violento. La frase de doble filo, último recurso, implica que la opción militar acarrea grandes riesgos, pero también que si fallan todos los otros medios, ésta es la opción que funcionará. La contribución de Gareth Evans a este debate, por ejemplo, se refiere a la opción militar como algo a tener en cuenta cuando no haya “medidas menores” (“no lesser measure”) disponibles.

Con miles de vidas en juego, ¿por qué nos conformaríamos con “medidas menores”? Ese lenguaje, utilizado con tanta frecuencia incluso por aquéllos que están sinceramente comprometidos con la protección de la población civil, inevitablemente respalda las llamadas a la acción militar, aun cuando no sea aconsejable. El mensaje implícito es que la única acción realmente seria es la acción militar. Todo lo demás es débil y poco entusiasta. 

Este lenguaje también invita a las potencias mundiales como los Estados Unidos a cubrir sus aspiraciones militares con la retórica humanitaria, independientemente de si su impacto final o sus intenciones ayudan o no a la población civil de base. Siria, con su apoyo constante a Hezbollah, ha sido considerado un país enemigo de los Estados Unidos durante décadas. ¿Realmente podemos pensar que los Estados Unidos de pronto se están involucrando porque les preocupa la población civil siria? Los EE. UU. ya están involucrados, al apoyar militarmente a una de las partes de esta guerra, y el número de muertes de la población civil sólo ha aumentado como consecuencia. En todo caso, es demasiado tarde para el debate sobre la mejor manera de proteger a la población civil en Siria, la correlación de las consecuencias para la población civil se debió haber evaluado desde antes de ofrecer apoyo político o militar por primera vez a los rebeldes, en 2011.

He tenido la oportunidad de pasar algún tiempo en la República Democrática del Congo en los últimos años y evaluar las estrategias para la protección de los civiles en una situación donde la comunidad internacional y la ONU pusieron todos sus huevos en la canasta militar. Muchos de los propios congoleños también confían desesperadamente en la salvación militar. Sin embargo, después de una década de boinas azules y miles de millones de dólares gastados, la población civil sigue permaneciendo completamente vulnerable ante las privaciones causadas por los grupos armados y por el ejército congoleño (respaldado por la ONU). Este año, las Naciones Unidas enfrentaron una presión de base amplia para hacer algo más. A pesar de no contar con una evaluación objetiva sobre el verdadero impacto del enfoque militarizado actual en la protección de la población congoleña, la única estrategia “nueva” que se les ocurrió fue fortalecer el enfoque militar y aprobar un contingente de la ONU con un mandato ofensivo explícito: más militar, más “robustamente” ofensivo.

Notablemente, un estudio reciente sobre otro tipo de conflicto, los movimientos de resistencia contra los regímenes represivos, sugiere que durante los últimos cien años, los movimientos de resistencia sin armas tuvieron más éxito en alcanzar sus objetivos que los movimientos armados. (Chenoweth, Erica y Maria J. Stephan. Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict [¿Por qué funciona la resistencia civil?: La lógica estratégica de los conflictos sin violencia]). Mediante la investigación adecuada, será posible demostrar si la hipótesis de que existe una correlación en las intervenciones internacionales entre la fuerza militar y el impacto de protección es válida, o no. Pero mientras tanto, es esencialmente un mito, una simplificación heurística que ofrece una respuesta disponible con demasiada facilidad y demasiada simple para situaciones complejas. También es un mito que brinda esperanza a muchas personas, porque realmente desearíamos que hubiera una solución rápida para el sufrimiento humano que observamos en los conflictos que dan pie a estos debates.

Los responsables de tomar decisiones que realmente se preocupan por la protección de la población civil necesitan reconocer esta suposición inconsciente que privilegia la opción militar. En vez de reaccionar a las presiones instintivas para hacer algo o para hacer más, las decisiones políticas deben fundamentarse en un análisis cuidadoso con base en el contexto de cada caso en particular y una evaluación extremadamente cautelosa de las consecuencias razonables que se puedan esperar. Es necesario realizar este tipo de evaluación antes de emprender acciones militares, imponer sanciones económicas o ejercer cualquier otro tipo de presión.

Las personas en el poder que ordenan las atrocidades, ya sean el Presidente Assad o el líder de un grupo armado en el Congo, usualmente están más interesadas en conservar o aumentar su propio poder. Ese poder es político, económico y militar, y depende de su relación con otros. Una estrategia para proteger a la población civil debe examinar los intereses reales de estas personas e identificar todas las relaciones políticas, económicas y militares que tienen y que presentan oportunidades para ejercer influencia. Una estrategia más matizada y compleja, a partir de ese análisis, combinaría toda la gama de herramientas disponibles para ejercer influencia. Éstas a su vez se adaptarían para llevar al máximo su efecto combinado, y la estrategia evaluaría la correlación de consecuencias esperadas, poniendo énfasis en minimizar los efectos negativos en la población civil.

Por lo general, las personas en el poder que ordenan la aplicación de violencia contra la población civil están ligadas a una variedad de poderosos intereses económicos y es posible que sean aún más susceptibles a las presiones económicas que a las militares. (De hecho, las amenazas militares externas a veces pueden servir para reforzar el apoyo interno hacia la agrupación amenazada; por ejemplo, consideremos la manera en que los ataques israelíes sobre el Líbano han beneficiado a Hezbollah). Tampoco las sanciones económicas son una panacea, y es posible que en algunos casos generen mucho más daño a la población civil del que podría justificar su impacto. Además, así como las decisiones militares suelen basarse en la geopolítica sin considerar los intereses de la población civil, las decisiones sobre medidas económicas tienden a estar sesgadas a favor de los intereses de los agentes de poder económico, quienes consideran inaceptable el sacrificio de las ganancias económicas a cambio de los beneficios humanitarios. No debería sorprendernos nuestra incapacidad para controlar el comercio de armas, por ejemplo, cuando éste genera tanto dinero para enormes intereses multinacionales en los EE.UU. y Europa, o nuestra dificultad para implementar otros tipos de sanciones “inteligentes” incluso cuando cuentan con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. No es un accidente que las sanciones raramente ataquen a los ricos de forma eficaz y, en cambio, con demasiada frecuencia causen más sufrimiento para los pobres.

El punto no es que las medidas económicas sean mejores o peores que las militares, sino que no existe una jerarquía evidente entre ellas. Para tomar decisiones sabias, es necesario evaluar minuciosamente los costos y beneficios de las distintas medidas, con base en las experiencias anteriores y en la dinámica real de cada contexto actual. Sin embargo, esto no está sucediendo. Por el contrario, los mitos, los prejuicios y la retórica dominan la discusión. La crucial evaluación de la correlación de consecuencias esperada se ha convertido en una frase para soundbites [criticas fragmentarias], en vez de un requisito analítico previo a que se emprenda la acción.

Mientras la opción militar se perciba como potencialmente más eficaz de lo que realmente es, y las presiones políticas y económicas se consideren como algo menos eficaz de lo que podrían ser, el resultado serán decisiones poco sensatas. Ésa es la naturaleza fundamental de los prejuicios. 

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