Un cliente examina un arma en la tienda de Top Gun en el centro de Sao Paulo, el 21 de enero de 2019, día en que el presidente Bolsonaro aprobó una ley que facilita el acceso a las armas de fuego en Brasil. Foto por Cris Faga / NurPhoto / Sipa USA. PA Images. Todos los derechos reservados

Analizamos las tendencias más importantes del crimen organizado en el continente americano durante el año. Desde el aumento de la oferta de las drogas ilícitas, pasando por el resurgimiento de grupos criminales monolíticos, hasta el debilitamiento de los programas anticorrupción y una ola de respuestas militarizadas frente al crimen, 2018 fue un año en el que los asuntos políticos continuaron enmarcados en la dicotomía izquierda-derecha, pero la única ideología que importó fue la del crimen organizado.

Algunas de las peores noticias que se dieron en 2018 procedieron de Colombia, donde la producción de coca y cocaína alcanzó niveles récord, coincidiendo con otro año aciago para el histórico acuerdo de paz con la insurgencia política más antigua de la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El proceso de desmovilización de los miembros de las ex-FARC ha estado plagado de ineptitudes gubernamentales, corrupción, violaciones de los derechos humanos y acusaciones de que algunos ex altos dirigentes de la guerrilla están implicados en el narcotráfico.

La alianza entre Duque y Uribe en Colombia podría afectar no solo lo que queda del acuerdo de paz, sino toda la estructura de la criminalidad en el país.

Todo ello puedo haber contribuido directa e indirectamente al aumento de la producción de coca y de cocaína.

En medio de esta agitada situación, en el mes de mayo Colombia eligió presidente al derechista Iván Duque, un protegido del ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe.

La alianza entre ambos podría afectar no solo lo que queda del acuerdo de paz, sino toda la estructura de la criminalidad en el país ya que los disidentes de las ex-FARC han estado reestableciendo antiguos feudos criminales o se han aliado con otras facciones delincuenciales.

El último grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha ido llenando los vacíos de poder tanto en Colombia como en la vecina Venezuela - lo que lo coloca en el podio de grupos criminales ganadores del año.

Por otro lado, cabe señalar que ha surgido una nueva generación de narcotraficantes, que opta por el anonimato en lugar de los vistosos ejércitos del pasado.

También cabe resaltar el aumento que han registrado las drogas sintéticas, sobre todo el fentanilo. Este opiáceo sintético causó en 2018 más muertes por sobredosis en Estados Unidos que cualquier otra droga.

El fentanilo ya no se consume hoy como sustituto de la heroína, sino que se oculta en píldoras de prescripción médica falsificadas, mezclado con cocaína o con medicamentos no aprobados.

Se produce en China, y aunque gran parte de la droga se transporta a través del sistema postal estadounidense, otra parte atraviesa México rumbo a Estados Unidos.

En 2018, los grupos criminales de México orientaron sus operaciones cada vez más en función de esta droga por su creciente popularidad, disponibilidad y rentabilidad.

A resultas de esta reorientación, se están dando algunas alianzas que podrían entrañar cambios en los tableros de juego, sobre todo entre las organizaciones criminales mexicanas y dominicanas.

Los cárteles de México se enfrentaron entre sí en pleno auge de las economías criminales. Esto se evidenció en los niveles récord de homicidios de este pasado año.

Una de estas estructuras criminales mexicanas es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), otro grupo criminal ganador del año.

El CJNG ha sabido eludir los intentos de debilitarlo mediante una estrategia que combina sofisticadas relaciones públicas y tácticas militares, y se ha beneficiado además de las circunstancias, que le han sido favorables - el gobierno ha andado distraído con otras cuestiones.

Pero esto no significa que sea invulnerable.

En 2018, el grupo recibió algunos duros golpes en su mismo núcleo y las autoridades estadounidenses le pusieron su radar y lanzaron una serie de acusaciones contra él.

Los cárteles de México se enfrentaron entre sí en pleno auge de las economías criminales. Esto se evidenció en los niveles récord de homicidios de este pasado año.

El deterioro de la seguridad en el país allanó el camino para la victoria electoral en julio del candidato izquierdista a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. AMLO, como se le conoce afectuosamente, no basó su campaña en el tema de la seguridad, pero es posible que ganara gracias a él.

En cualquier caso, ha heredado de su predecesor un cáliz envenenado: mientras que Peña Nieto puede ufanarse de que durante su mandato se descabezaron 110 de los 122 grupos criminales del país, cuyos jefes fueron arrestados o eliminados, AMLO tiene ante sí a más de mil cabecillas futuribles y a cientos de grupos criminales.

El aumento de la oferta de cocaína y fentanilo afectó en gran manera a Estados Unidos, que continúa siendo uno de los mayores consumidores de drogas en el mundo.

Los dos años de extraña y caótica política exterior de Donald Trump han tenido un impacto devastador en las relaciones de Estados Unidos con los países de la región y han allanado el camino al crimen organizado transnacional

Pero lo que 2018 vino a demostrar es que la era en que Estados Unidos utilizaba la guerra contra las drogas como instrumento de política exterior puede estar llegando a su fin.

En vísperas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la “llamada a la acción” de Trump no consiguió apoyos por parte de los otros países de la región.

Por el contrario, Canadá legalizó la marihuana y el recién electo presidente de México plantea distanciarse radicalmente de la política de mano dura que promueve Trump.

Aun así, los dos años de extraña y caótica política exterior de Donald Trump han tenido un impacto devastador en las relaciones de Estados Unidos con los países de la región y han allanado el camino al crimen organizado transnacional.

En primer lugar, la administración Trump ha abandonado prácticamente todos los programas de lucha contra la corrupción en Centroamérica, que llevaban años funcionando, al tiempo que enfrenta ella misma constantes acusaciones de corrupción en Estados Unidos.

Concretamente, 2018 se recordará como el año en que el gobierno de Estados Unidos dejó de dar apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU.

Durante casi diez años, los casos liderados por la CICIG han llevado al encarcelamiento de presidentes, vicepresidentes, candidatos vicepresidenciales, ex ministros, banqueros, propietarios de hoteles y muchos otros.

Pero este año, el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales - que también está siendo investigado por la CICIG – estuvo presionando  a la Casa Blanca y a sus aliados y logró organizar una coalición de miembros de las élites que han sido objeto de acusaciones, marginar a la CICIG y sacar del país a su prestigioso comisionado.

Otros mandatarios han emprendido un camino similar. Concretamente, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha logrado neutralizar la versión de la CICIG en ese país, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

En febrero del pasado año, Juan Jiménez Mayor, director de la MACCIH, presentó por sorpresa su dimisión. En una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter, explicó que dimitía por la falta de apoyo del progenitor de la MACCIH, la Organización de Estados Americanos (OEA), y por los esfuerzos concertados del Congreso hondureño por socavar su misión.

Tanto Honduras como Guatemala han tenido que enfrentar desafíos constitucionales en relación a los mandatos de la MACCIH y la CICIG.

Sin embargo, cabe señalar como signo positivo la reelección del fiscal general de Honduras, cuya gestión ha sido relativamente satisfactoria, que podría impedir que los intentos de neutralizar allí los programas anticorrupción consigan sus objetivos, especialmente en lo que respecta a una investigación en curso que afecta muy de cerca al propio presidente Hernández.

Nada de esto parece preocupar a Trump, que durante el pasado año se dedicó casi de modo permanente a llevar a cabo su campaña particular en torno al tema de la inmigración, vinculando a las personas que huyen de la violencia del crimen organizado con los grupos criminales que los acosan, como la Mara Salvatrucha (MS13) en El Salvador.

Y lo que es peor aún, la política de fronteras de Trump está de hecho favoreciendo al crimen organizado.

La indiferencia de Trump ante la ley, el orden y la verdad ha permitido el avance de la demagogia, algo muy evidente en Brasil, donde el triunfo de la derecha ha sido mucho más rotundo que en Colombia.

Su administración parece haber abandonado toda intención de defender los derechos humanos o la libertad de prensa, a pesar de que la región sigue siendo el lugar más peligroso del planeta para ejercer el periodismo debido al crimen organizado, la corrupción y la impunidad que promueven los aliados de Estados Unidos como Morales y Hernández.

De hecho, la indiferencia de Trump ante la ley, el orden y la verdad ha permitido el avance de la demagogia, algo muy evidente en Brasil, donde el triunfo de la derecha ha sido mucho más rotundo que en Colombia.

Después de sufrir un apuñalamiento en un mítin político, el populista militar-evangélico Jair Bolsonaro – al que se ha dado en llamar el “Donald Trump brasileño”- se vió impulsado en su camino hacia la presidencia sobre la base a un programa racista y xenófobo que incluye penas de prisión más largas, la militarización de la lucha contra el crimen y un retroceso en los esfuerzos regionales por legalizar ciertas sustancias ilegales.

Pero a juzgar por lo ocurrido en 2018, lograr una mayor seguridad en Brasil - donde en 2017 se registró el asombroso récord de 63.880 homicidios - puede no resultar fácil, incluso aunque la solución que propugna Bolsonaro goce de cierta popularidad.

Durante el pasado año, se produjo en distintas partes del país una nueva ola de violencia, como la registrada en la serie de enfrentamientos entre la Familia del Norte y el Comando Rojo que puso fin a un pacto de tres años entre ambos grupos.

Sin embargo, el que continuó representando la mayor amenaza para la seguridad fue el Primer Comando Capital (PCC), que se expandió tanto en Brasil como en otras zonas de la región, lo que lo sitúa en el primer puesto del podio de ganadores de 2018.

Irónicamente, el gobierno izquierdista de El Salvador fue el que más se aproximó a la estrategia militarista de Bolsonaro en su lucha contra el crimen.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dio luz verde a una política de mano dura que recuerda mucho al régimen contra el que la guerrilla del FMLN luchó en el pasado, antes de convertirse en partido político.

En 2018, el FMLN codificó además sus medidas más draconianas, ofreciendo amplia protección a los autores intelectuales de las violaciones de derechos humanos, perono consiguió que los resultados de dichas medidas pasaran de mediocres.

Por otra parte, durante 2018, las bandas salvadoreñas como la MS13 demostraron su capacidad de adaptación y su sorprendente habilidad para mover los hilos políticos, especialmente en la capital, San Salvador.

El ex alcalde de la ciudad, Nayib Bukele, actualmente uno de los candidatos a la presidencia del país mejor situados - un auténtico camaleón político que ha pasado del FMLN a un pequeño partido rival de derechas - llevó a cabo una negociación con las bandas que le ha perimitido empezar a renovar el centro histórico de la ciudad y transformarlo en un área más acogedora para el público - o por lo menos para los turistas.

Su estrategia ha funcionado en tanto que la violencia ha disminuido, el centro ha sido objeto de algunas mejoras estructurales necesarias y se han abierto nuevos negocios.

La disminución de los homicidios durante este pasado año hace suponer que el FMLN y otros partidos políticos se han dado cuenta de los resultados de esta estrategia y podrían estar tratando también de dar espacio a las pandillas con miras a las elecciones presidenciales de febrero.

Más hacia el centro del espectro político se ubica Costa Rica, que en abril eligió presidente a Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), de centroizquierda.

Allí, las elecciones no giraron en torno al tema de la seguridad ciudadana, aunque de ella sí podría depender la supervivencia del nuevo gobierno.

Las tasas de homicidios han llegado a niveles récord, sobre todo porque Costa Rica desempeña un papel cada vez más importante en el marco de la actividad criminal transnacional, pero quizás también porque hay indicaciones de que, ahora más que nunca, las fuerzas de seguridad del país podrían estar involucradas en asuntos criminales.

Venezuela se ha convertido de hecho en un vehículo para los intereses criminales.

En un espectro político propio se ubica la Venezuela de Nicolás Maduro, que fue reelegido en abril en un contexto que pareció confirmar que ha descartado cualquier pretensión de democracia.

Venezuela se ha convertido de hecho en un vehículo para los intereses criminales y la razón tiene que ver con la aparición de grupos criminales autóctonos que operan tanto en el interior del gobierno como vinculados a él, pero también con la dejación de funciones del Estado, especialmente en relación a las cárceles, y con la inexistencia de un sistema económico viable, que facilita que prevalezca la corrupción y la ineptitud en el gobierno.

Todo lo anterior desembocó en una situación de caos en 2018 y, desde entonces, miles de refugiados salen diariamente de Venezuela hacia otros países.

La crisis de los refugiados, sin precedentes, ha traído consigo desesperación e, inevitablemente, más crimen organizado.

En pocas palabras: en 2018 Venezuela se convirtió en epicentro regional del crimen, un lugar donde se vende de todo, desde combustible robado a adolescentes y alimentos caducados, y donde cualquier ámbito es objeto de negocio.

Y al gobierno no parece importarle. Su respuesta fue el lanzamiento de una criptomoneda vinculada a la industria petrolera en quiebra, mientras la primera dama se defendía de acusaciones que la vinculan al narcotráfico.

En medio de tantos juegos políticos de suma cero, hay un caso aparte, una luz de esperanza incluso.

En 2018, Argentina pareció empeñada en hallar un término medio operativo en la batalla contra el crimen.

El gobierno impulsó mejoras en la recolección y recopilación de datos de inteligencia y se registró un aumento en las estadísticas de arrestos e incautaciones.

El gobierno implementó además un  programa de policía comunitaria, aunque coqueteó con la militarización de la seguridad en las fronteras y otras áreas sensibles.

Los resultados han tenido sus más y sus menos. El desmantelamiento y enjuiciamiento de uno de los grupos criminales más violentos del país, por ejemplo, quedó eclipsado por la capacidad que dicho grupo ha demostrado tener para seguir operando desde la cárcel.

Por otra parte, la nueva ley que regula los tratos y acuerdos con la Fiscalía ha permitido asomarse a la corrupción oficial, sobre todo de políticos vinculados al antiguo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Como dice la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, el plan del gobierno es casi perfecto: “Nosotros planteamos lo que llamamos el modelo 80/20: 80% de inteligencia, 20% de casualidad”.

Es este sin duda un comentario que, en un año como el que acabamos de cerrar, se agradece por su sinceridad: es el reconocimiento de que no todos los programas son como se anuncian.

Este articulo fue previamente públicado en InSight Crime. Leer el original aquí.