Este domingo, miles de personas nicaragüenses serán convocadas para votar quién debe gobernar su país en crisis. Pero no se dejen confundir por los discursos públicos de los pocos candidatos políticos que aún se están postulando para la presidencia. El concepto de “elegir” es más una ilusión que una realidad para la mayoría en este rincón de Centroamérica. A medida que se siguen imponiendo estrictas restricciones a los derechos humanos básicos, como expresar una opinión disidente o incluso organizarse para visibilizar los abusos cometidos por las autoridades, se establecen las condiciones para un nuevo periodo de represión.
Durante los últimos cuatro años, Amnistía Internacional, en conjunto con organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales, ha documentado el deterioro rápido y sistemático de los derechos humanos en Nicaragua.
Desde 2018, cuando las autoridades respondieron a protestas contra las reformas propuestas al sistema de seguridad nacional con fuerza desproporcionada, e incluso en momentos, letal, más de 300 personas perdieron la vida y miles más resultaron heridas. Decenas de personas que se unieron a las protestas o expresaron una visión crítica sobre el gobierno fueron encarceladas, la mayoría con acusaciones falsas por parte de un poder judicial que ha sido cooptado durante mucho tiempo por el poder ejecutivo, encabezado por Daniel Ortega.
