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En Latinoamérica, los “izquierdistas” autoritarios están creando nuevos Muros de Berlín

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Mientras celebramos la caída del Muro de Berlín, los gobiernos autoritarios a lo largo de América Latina están erigiendo nuevas barreras que son igual de perjudiciales. ¿Están los ciudadanos cediendo sus derechos mediante el voto a favor de estos líderes? English

Bertha María Carrillo
13 February 2015

Hace poco, el mundo celebró el Día de la Libertad que conmemora la caída del Muro de Berlín, un símbolo de la Guerra Fría que miles de personas intentaron cruzar, por arriba, por debajo o rodeándolo. Cientos de ellas murieron en el intento. La barrera dividió a Alemania y Europa en dos sistemas económicos y políticos antagonistas durante 28 años, pero después cayó tan pronto como fue erigida.

Es claro que debemos celebrar la desaparición del Muro de Berlín. ¿Pero qué hay con los otros muros, algunos de los cuales se están levantando por toda Latinoamérica? Los gobiernos totalitarios de mi región no están construyendo muros físicos de concreto, pero están erigiendo barreras casi igual de opresivas. Las esperanzas que surgieron a partir de la derrota del comunismo soviético ahora están siendo aplastadas. Aunque estos muros son menos visibles que el Muro de Berlín, son igualmente perjudiciales. Además, la maquinaría de derechos humanos existente no cuenta con la fortaleza suficiente para derribarlos.

Como señalan otros autores en openGlobalRights, el simple hecho de legalizar los derechos económicos y sociales no garantiza su respeto. Podríamos argumentar que no necesitamos crear más normas de las que ya existen. Necesitamos una mejor organización por parte de quienes trabajamos a favor de los derechos humanos, pero también necesitamos que los gobiernos se comprometan realmente a respetar las convenciones y tratados que firman. Quizás lo más importante es que necesitamos ciudadanos que hagan suyos esos derechos y los defiendan, y que no los cedan a los gobiernos autoritarios.

Los nuevos muros del siglo XXI

América Latina contiene muchos ejemplos de estructuras gubernamentales rígidas que refuerzan el poder del Estado en detrimento de la autonomía de los pueblos. Después, para justificar sus acaparamientos de poder y las violaciones de derechos civiles y políticos relacionadas, estos dictadores invocan la importancia de los derechos económicos y sociales. Como señala Pedro Pizano, los derechos económicos y sociales son “los ‘derechos’ que los dictadores adoran. Estos líderes usan las políticas sociales para encubrir sus terribles historiales en materia de derechos humanos”. En efecto, es mucho más fácil justificar las violaciones de derechos civiles y políticos en el nombre de la calidad económica y social, quizás incluso invocando la justicia social, en vez de realmente corregir estas violaciones y proteger a los ciudadanos.

Pero el truco es que muchos de estos gobiernos primero fueron electos democráticamente y sólo entonces se atrincheraron en el poder, a menudo reescribiendo constituciones para poderse reelegir una y otra vez.  Venezuela, Ecuador y Bolivia son ejemplos claros de cómo se establece el poder dictatorial a través de las elecciones, a pesar de que la transparencia de estos procesos electorales aún no queda en claro. Por ejemplo, durante las elecciones presidenciales de 2013 en Venezuela, el Centro Carter informó  no encontró señales de transparencia en la manera en que el candidato oficial, Nicolás Maduro, utilizó los recursos financieros y la propaganda, en comparación con los candidatos de la oposición.

Asimismo, los ex presidentes de siete países de América Latina (Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, México y Guatemala) atrajeron atención debido a la posibilidad de fraudes electorales, cuando los candidatos oficiales se apropiaron de los medios de comunicación para que hicieran campaña a su favor.

En Ecuador, Rafael Correa ha sido elegido presidente tres veces y aprobó leyes que lo benefician, con la ambición de seguir gobernando en nombre de la llamada “Revolución Ciudadana”. Correa cuenta con un amplio apoyo popular gracias a la marcada reducción de la pobreza en el país desde que asumió el poder. Sin embargo, sus detractores cuestionan qué tan sostenibles son sus políticas sociales realmente, y se le ha criticado intensamente por utilizar las leyes de difamación para atacar a los medios periodísticos de oposición. Correa, al parecer, es el ejemplo perfecto del uso de las políticas sociales para justificar la restricción de los derechos civiles y políticos. Pero aún así, muchas personas en Ecuador lo apoyan con entusiasmo.

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Demotix/Sandra ten Zijthoff (All rights reserved)

Rafael Correa celebrates winning a third consecutive term as president of Ecuador.


Los nuevos muros latinoamericanos no dividen territorios, dividen grupos; las barreras ideológicas han convertido en enemigos a quienes se encuentran en lados opuestos. Países que antes eran ejemplos de libertades y desarrollo económicos, como Argentina, Chile y Brasil, también han sucumbido a esta nueva estirpe de socialismo divisorio. Como señala Ricardo Santos Gomes, consejero del Instituto de Estudios Empresariales (IEE) de Brasil, “Durante las elecciones de octubre en Brasil, por ejemplo, quienes apoyaban la candidatura de la oposición contra la presidenta Dilma Roussef eran etiquetados como ‘Paulistas blancos de élite’. Es decir, representaban la suma de tres grupos: un grupo económico de élite (los ricos), un grupo étnico (los blancos) y un grupo regional (el sudeste de Brasil, el grupo más desarrollado en el país)”. Los nuevos muros latinoamericanos no dividen territorios, dividen grupos; las barreras ideológicas han convertido en enemigos a quienes se encuentran en lados opuestos.

En Argentina, Cristina Kirchner ha adoptado una serie de medidas económicas y políticas desde que asumió el poder en 2007 que han generado controversia y alterado drásticamente la dirección de la política y la economía. Su populismo se caracterizó por la propiedad pública, los controles excesivos que restringen las iniciativas empresariales y las subvenciones que hacen que la sociedad dependa del gobierno. Ahora está llevando a la nación hacia una crisis inminente, con una tasa de inflación de casi 40%.

Perú y Chile, por otra parte, representan dos de las economías más libres de Latinoamérica, con una tasa de crecimiento anual del 6% y esfuerzos notables por reducir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, la administración de Bachelet en Chile ahora está introduciendo un ambicioso programa de reformas en materia constitucional, fiscal, educativa, de salud y laboral. Con un objetivo general de aumentar el poder estatal, el gobierno de Bachelet ha impuesto políticas que eliminan varias de las opciones de los ciudadanos, particularmente en torno a las políticas de reforma fiscal y la educación.

Perú ha levantado barreras masivas con su deficiente marco regulatorio, el cual aumentó el empleo informal hasta abarcar un impresionante 70% de la totalidad del sector laboral peruano. Los costos de emplear un trabajador que superan el salario han aumentado al 60%, el mayor excedente de la región. La productividad de los trabajadores es mucho menor de lo que debería ser, pero estas políticas han hecho que el costo de contratar empleados formales sea prohibitivo. Aún hay varias desregularizaciones en camino para el país andino, las cuales solamente levantarán barreras adicionales y harán que muchos trabajadores sean incapaces de elegir trabajar formalmente.

Este año se cumplen 25 años desde que cientos de valientes ciudadanos demolieron el muro que los estaba asfixiando en Berlín. Ahora es el momento de reflexionar sobre los numerosos muros que siguen siendo construidos, frecuentemente por los líderes “democráticos”. Pero este aniversario debe ir más allá de la nostalgia y la reflexión; debe ser una exhortación a que renovemos y reforcemos nuestro compromiso con la promoción de la libertad, la democracia y la paz, y a que luchemos contra la opresión en todas sus formas, incluidas aquellas que se disfrazan de políticas socioeconómicas progresistas.

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