El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas emitió recomendaciones históricas, al determinar que España está violando el derecho a la vivienda, en el primer caso decidido en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC). El caso, que fue desestimado por el Tribunal Constitucional de España, involucraba a una propietaria que descubrió que su casa sería subastada después de demorarse en los pagos durante la crisis económica.

Este caso (I.D.G. contra España) es importante por al menos cinco razones. En primer lugar, refuerza el principio del acceso a la justicia. Los individuos o grupos de individuos tienen derecho a interponer recurso si se violan sus derechos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales. Los Estados son responsables de hacer efectivos todos los derechos humanos, desde los derechos a la vivienda y la atención a la salud hasta los derechos a la vida y la participación política, según se reafirma en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Declaración de Viena y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (1993) y las constituciones nacionales de todas las regiones. Tal vez lo más importante es que las luchas populares en España y en otros países alrededor del mundo han puesto de relieve que los derechos humanos son interdependientes y están interconectados en las experiencias de vida de los seres humanos.

En segundo lugar, al tomar este caso y ofrecer recomendaciones fuertes, el Comité de DESC de la ONU ofrece una valiosa orientación para España, la sociedad civil española y, en última instancia, los países de todo el mundo. Estas recomendaciones abarcan tanto a la querellante individual como el cambio estructural que se requiere para evitar violaciones similares en el futuro. El Comité afirmó que España debe asegurarse de que I.D.G. no sea desalojada si no está protegida por garantías de debido proceso y, además, instó al gobierno a cubrir sus gastos jurídicos. El Comité también le recordó a España que tiene la obligación de asegurarse de que las leyes del país y su aplicación sean congruentes con los derechos humanos, lo que incluye garantizar el acceso a los recursos, notificaciones adecuadas y protecciones procesales en casos de ejecución hipotecaria.

De forma parecida a las tendencias que se vieron originalmente en los Estados Unidos, Observatori DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca estiman que se realizaron 400,000 ejecuciones hipotecarias en España entre 2008 y 2012, mientras millones de personas enfrentaban el desempleo y el presupuesto nacional de vivienda se reducía. Este caso es el primer dictamen del nuevo mecanismo de la ONU y ayudará a que los países entiendan y cumplan sus obligaciones de derechos humanos en situaciones concretas, incluidos los periodos de crisis económica. Los medios en España, así como en América Latina, han cubierto ampliamente el caso, un recordatorio de que, como sostuvo Beth Simmons, los estándares internacionales de derechos humanos son “herramientas útiles para las contiendas políticas nacionales”. Las recomendaciones del Comité de DESC refuerzan y ofrecen una interpretación más detallada de las obligaciones de derechos humanos de España, lo que amplía la legitimidad de las luchas populares a favor de la vivienda y las herramientas de las que pueden disponer.

Demonstrators protest unfair evictions in Madrid, Spain.

Estas medidas se tomarán a través de un diálogo con las comunidades afectadas, las organizaciones de derechos humanos involucradas y el Comité. En tercer lugar, es posible argumentar que este caso demuestra el compromiso del gobierno español con los derechos humanos. En medio de una crisis económica que ha causado un bien documentado deterioro de los derechos humanos, España fue uno de los primeros países del mundo en ratificar el PF-PIDESC. Ya que tomó esta audaz decisión, muchos están volteando hacia España para que siga marcando el rumbo en materia de derechos humanos al tomar medidas para poner en práctica las recomendaciones del Comité de DESC de la ONU. Idealmente, estas medidas se tomarán a través de un diálogo con las comunidades afectadas, las organizaciones de derechos humanos involucradas y el Comité, para crear así medidas concretas que se ajusten a las condiciones particulares de España. Además, la ratificación del PF-PIDESC por parte de España debería alentar al país a garantizar la disponibilidad de recursos eficaces para obtener reparaciones a nivel nacional.

En cuarto lugar, el Comité de DESC de la ONU aceptó una intervención de tercero de la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC). Mediante esta intervención colectiva, los miembros de la Red-DESC, Socio-Economic Rights Institute of South Africa (Instituto de Derechos Socioeconómicos de Sudáfrica), Center for Economic and Social Rights (Centro por los Derechos Económicos y Sociales) y Global Initiative for ESCR (Iniciativa Global para los DESC), presentaron enfoques jurídicos comparados de otros contextos y destacaron los principios jurídicos establecidos. Al aceptar intervenciones de terceros de la sociedad civil, el Comité de la ONU abrió este proceso al razonamiento jurídico y la experiencia relacionada de todas las regiones, en un esfuerzo por proporcionar una orientación constructiva a los Estados sobre los enfoques y recursos de derechos humanos pertinentes.

En quinto lugar, al emitirse en los días inmediatamente anteriores a la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 de parte de la Asamblea General de la ONU, las recomendaciones de este caso también son un recordatorio esencial de que los gobiernos tienen obligaciones vigentes de hacer efectivos los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia. El PIDESC y otros tratados de derechos humanos exigen que los gobiernos respeten, protejan y cumplan los derechos económicos, sociales y culturales, con base en sus máximos recursos disponibles y con asistencia y cooperación internacionales.

Si bien los ODS incorporan aspectos de derechos humanos y se basaron, al menos en parte, en una consulta generalizada, los gobiernos no lograron llegar a un acuerdo para proporcionar una financiación sustancial y necesaria para estos objetivos a 15 años, y promovieron en cambio el papel del sector privado y las asociaciones público-privadas. Sin embargo, en la búsqueda de ganancias y a falta de medidas fuertes de parte de los gobiernos, buena parte del sector privado (corporaciones, inversionistas, financieros) se ha vuelto experto en evitar los impuestos y la regulación, y así ha frustrado los esfuerzos de redistribución que servirían para promover los derechos humanos. Teniendo en cuenta la riqueza mundial actual y las oportunidades que existen para hacer frente a la desigualdad, la persistencia de la pobreza, el hambre y la falta de "”vivienda y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles” (ODS 1, 2 y 11) es una violación de los derechos humanos.

En última instancia, tras una presión intensa por parte de la sociedad civil, el ODS 16.3 insta a los gobiernos a: “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. La ratificación del PF-PIDESC es un paso concreto que todos los países pueden dar para la consecución de este objetivo, lo que reforzaría los compromisos del gobierno para facilitar el acceso a los recursos. Gracias a los esfuerzos de incidencia de la Coalición de ONG por el PF-PIDESC, más de 20 países, en África, Asia, Europa y Latinoamérica, ya han dado este importante paso.