El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas emitió recomendaciones históricas, al determinar que España está violando el derecho a la vivienda, en el primer caso decidido en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC). El caso, que fue desestimado por el Tribunal Constitucional de España, involucraba a una propietaria que descubrió que su casa sería subastada después de demorarse en los pagos durante la crisis económica.
Este caso (I.D.G. contra España) es importante por al menos cinco razones. En primer lugar, refuerza el principio del acceso a la justicia. Los individuos o grupos de individuos tienen derecho a interponer recurso si se violan sus derechos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales. Los Estados son responsables de hacer efectivos todos los derechos humanos, desde los derechos a la vivienda y la atención a la salud hasta los derechos a la vida y la participación política, según se reafirma en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Declaración de Viena y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (1993) y las constituciones nacionales de todas las regiones. Tal vez lo más importante es que las luchas populares en España y en otros países alrededor del mundo han puesto de relieve que los derechos humanos son interdependientes y están interconectados en las experiencias de vida de los seres humanos.
En segundo lugar, al tomar este caso y ofrecer recomendaciones fuertes, el Comité de DESC de la ONU ofrece una valiosa orientación para España, la sociedad civil española y, en última instancia, los países de todo el mundo. Estas recomendaciones abarcan tanto a la querellante individual como el cambio estructural que se requiere para evitar violaciones similares en el futuro. El Comité afirmó que España debe asegurarse de que I.D.G. no sea desalojada si no está protegida por garantías de debido proceso y, además, instó al gobierno a cubrir sus gastos jurídicos. El Comité también le recordó a España que tiene la obligación de asegurarse de que las leyes del país y su aplicación sean congruentes con los derechos humanos, lo que incluye garantizar el acceso a los recursos, notificaciones adecuadas y protecciones procesales en casos de ejecución hipotecaria.
